-Legislación en materia de comunicación
El Economista
Gerardo Soria
25 de noviembre de 2014
Algo muy grave pasa al interior del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y es que sus últimas resoluciones no sólo carecen de lógica, sino que llegan a ser abiertamente ilegales y contrarias a la práctica internacional. Tanto, que la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República ha enviado a los comisionados una muy fuerte advertencia sobre las faltas graves en que han incurrido. Permítame explicarle en qué consisten.
La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) estableció expresamente el derecho de todos los usuarios para cambiarnos de operador telefónico en 24 horas y sin mayor requisito que solicitarlo e identificarnos. El IFT debía emitir reglas para eliminar todas las barreras que impidieran este claro objetivo en un plazo máximo de 60 días hábiles. Pues resulta que emitió las reglas en tiempo, pero postergó hasta febrero del 2015 nuestro derecho a la portabilidad en 24 horas y, peor aún, llegó al absurdo de establecer horas hábiles, con lo que en algunos casos en lugar de 24 pueden llegar a ser hasta 90 horas. Aún más, lejos de eliminar requisitos se inventaron algunos que no existían, como solicitar un NIP de confirmación en telefonía fija u obligar al usuario a subir a una página de Internet una imagen de su identificación. Evidentemente, estas reglas violan la ley y vulneran nuestro derecho a cambiarnos de operador en 24 horas y sin requisitos absurdos. Entorpecer la portabilidad y aprisionar al usuario sólo conviene al operador preponderante, no a los competidores ni al usuario.
La LFTR obliga al IFT a someter a consulta pública los ofertas de referencia del agente preponderante, Telmex y Telcel. Pues bien, no lo hizo, argumentando que declaró a Telmex-Telcel preponderantes antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Algo así como el derecho adquirido de Telmex-Telcel a la no consulta pública. Esto es absurdo ya que el mecanismo de consulta pública es de orden público e interés social y por tanto no hay derechos adquiridos. La actitud del IFT sólo puede entenderse como un intento de beneficiar a Telmex-Telcel por encima del mandato legal. De haber hecho la consulta pública quizá se hubieran enterado de que en la práctica internacional las ofertas de referencia de los preponderantes tienen como objetivo establecer condiciones equitativas en la prestación de servicios y acceso a infraestructura para los competidores, toda vez que el preponderante (en este caso Telmex-Telcel) no tiene incentivo alguno para prestar servicios o permitir el acceso a su infraestructura a sus competidores. Precisamente por eso los reguladores tienen que aprobar las ofertas de referencia.
Pues bien, en el colmo del absurdo, el IFT aprobó las ofertas de Telmex y de Telcel, ¡pero sin precios! Esos, dice, los tienen que negociar los competidores con Telmex-Telcel, lo cual simplemente, en la práctica, anula por completo las ofertas. Recordemos que el preponderante no tiene incentivo alguno para llegar a un acuerdo, por lo que puede exigir precios descabellados, y, después de meses perdidos, los competidores tendrán que volver con el IFT para ver si ahora sí les hace el favor de fijar precios. Mientras tanto, los meses pasan, el mandato de la reforma en telecomunicaciones se diluye, y a Telmex-Telcel no le corre ninguna prisa. Parece que al IFT tampoco. ¿Ha usted visto en un supermercado una oferta de pasta de dientes sin precio? Así de ridícula fue la resolución del IFT.
En otro tema pero relacionado. Parece que ahora sí está muy avanzada la investigación que lleva la PGR sobre las corruptelas de Mony de Swaan, ex presidente del órgano regulador de las telecomunicaciones, que le dimos a conocer en esta columna. Varios de sus allegados ocupan altos cargos en el IFT. ¿Será por eso que son tan condescendientes con Telmex-Telcel?
El IFT y las consultas públicas II
El Economista
Gerardo Flores Ramírez
25 de noviembre de 2014
La semana pasada escribí en este espacio sobre la poca convicción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en utilizar el mecanismo de la consulta pública como una herramienta que contribuya a la eficacia y credibilidad de sus decisiones. Obviamente no todas las decisiones pueden ser sometidas a consulta pública, pero no existe duda en que ello sí debe ocurrir en el caso de las disposiciones de carácter general y en los casos que expresamente lo prevea la ley.
Pues bien, la semana pasada pudimos conocer las “Ofertas de Referencia” que el IFT aprobó al agente económico preponderante en el sector telecomunicaciones, América Móvil, tanto por publicación del propio IFT como del mismo agente económico referido. Las obligaciones que el IFT impuso a América Móvil en marzo de este año preveían la figura de la oferta pública de referencia. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) prevé esta figura para el caso de los agentes preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, respectivamente, en sus artículos 266 al 269.
En su reciente comparecencia ante comisiones unidas en el Senado de la República, cuestioné a los comisionados del IFT la ausencia de una consulta pública sobre el tema de las ofertas de referencia, prevista en el artículo 267 de la LFTR. La respuesta simple y llana fue que la ley con la que iniciaron el procedimiento relacionado con las ofertas públicas de referencia no preveía la figura de la consulta pública para tal fin. Ello es verdad, sin embargo el IFT no estaba impedido para recurrir a este tipo de procedimiento abierto.
Ahí está una primera muestra de la falta de convicción del pleno del IFT con respecto a la conveniencia de utilizar, en su provecho, los procedimientos de consulta pública.
Ustedes se preguntarán, ¿dónde está el problema de no haber sometido a consulta pública las ofertas públicas de referencia? Pues bien, el problema está en que las ofertas que aprobó el IFT a América Móvil no contienen tarifas de referencia para el catálogo de servicios que se incluyen en dichas ofertas. Una omisión que raya en lo ridículo, que significa literalmente que lo del IFT es hacer como que interpreta su mandato, como que regula, como que no se toma la molestia de estudiar qué significa aprobar una “oferta pública de referencia”. ¿Acaso necesitan un curso de mejores prácticas internacionales en materia de regulación?
Hubiera bastado con que se asomaran al sitio de Internet www.ictregulationtoolkit.org, avalado por la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) donde, de acuerdo a sus propias palabras, “se presenta una visión global de cómo la política de telecom resulta mejor implementada con materiales prácticos que resaltan la experiencia y resultados.”
En ese sitio, en el tema 2.3 “Acceso a clientes e infraestructura”, en la subsección 2.3.2 “Conceptos clave”, se presentan diversas definiciones; una de ellas es la relativa a la “oferta de interconexión de referencia” -el concepto de oferta de referencia más conocido y más utilizado- que dice: “Oferta de interconexión de referencia (OIR), ésta define las tarifas y los términos no tarifarios de los servicios para el acceso o interconexión con la expectativa de que ello minimizará disputas”.
Al no contener tarifas, lo que aprobó el IFT no sirve para eso, para minimizar disputas. Si el IFT se hubiera tomado la molestia de someter las ofertas de referencia a consulta pública, o por lo menos de leer la literatura en materia regulatoria, podríamos habernos evitado no sólo el bochorno regulatorio, sino más importante aún, corregir la deficiencia para que dichas ofertas sirvan para promover la competencia efectiva. Estamos ante errores graves, no errores sin importancia.
Senado debe iniciar disputa constitucional contra el IFT: Lozano
El Economista
Tania Rosas
26 de noviembre de 2014
El legislador Javier Lozano Alarcón impulsará que el Senado de la República presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de postergar la portabilidad numérica.
Como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Lozano dijo que a lado del panista Roberto Gil pedirá al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Miguel Barbosa, que inicie la controversia constitucional porque pareciera que el IFT hace una “muy caprichosa interpretación de la ley”.
Advirtió que desde el 6 de noviembre se tuvieron que aplicar las nuevas disposiciones para que los usuarios puedan solicitar su cambio de compañía telefónica y conservar su número, con el fin de que en 24 horas las compañías se encargaran de los trámites de forma gratuita, pero el IFT dio un plazo extra de tres meses para ello y puso nuevos obstáculos.
“El IFT se está excediendo en las facultades que tiene en su carácter de órgano autónomo (…) Ahora ponen un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde (para la portabilidad numérica), como si fueran a pagar el predial, y si no entonces te esperas hasta el día siguiente. Y también tienes que tener un NIP que tienes que solicitar vía telefónica o acudir a una oficina, y llevar la vacuna del perro y la factura del refrigerador”, ironizó.
El ex secretario del Trabajo arremetió contra los comisionados del Instituto y puso en duda que respondan a intereses de los usuarios.
Por otro lado, en el Senado pospuso la comparecencia de 19 expertos que buscan ser parte del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, pues la Mesa Directiva de la Cámara acordó que los senadores no podrían hacer reuniones de comisiones al mismo tiempo que la sesión del pleno.
Los expertos estaban citados a las 10 de la mañana en las comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Radio, Televisión y Cinematografía pero, destacó Javier Lozano. La Mesa Directiva no autorizó las comparecencias 20 minutos antes de que éstas comenzaran, lo que le pareció un absurdo, pues ya venció el plazo para la conformación del Consejo.
Luis Sánchez, vicepresidente de la Mesa Directiva, enseguida repartió el acuerdo que prohíbe a los senadores programar las comisiones al mismo tiempo que las sesiones del pleno. Sólo la presidencia podrá autorizar, en casos urgentes o excepcionales, la reunión de comisiones.
Plantearía el PAN en el Senado controversia contra el IFT en materia de portabilidad
El Occidental
Bertha Becerra
26 de noviembre de 2014
Ciudad de México.- En el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República consideran seriamente plantear al presidente de la Mesa Directiva el iniciar una controversia constitucional contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones por el tema de la portabilidad, porque en su muy caprichosa interpretación de las cosas, decidieron darse 3 meses adicionales para la portabilidad en lugar de que se hubiera iniciado el pasado 6 de noviembre. Además de que imponen una serie de requisitos que se trataron de eliminar con la reforma.
Así lo expuso el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el senador panista Javier Lozano Alarcón, quien en conferencia de prensa dijo que los comisionados del IFT actúan en contra de la letra y espíritu de la reciente ley.
Aseveró que si bien no es un hecho, porque interponer una controversia constitucional es una decisión que toma la Mesa Directiva del Senado, “nosotros vamos a hacer el planteamiento: el senador Roberto Gil Zuarth y un servidor, para efectos de que haya una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el IFT es un órgano autónomo que interpreta y excede sus facultades como tal”.
Consideró el legislador del albiceleste que los consejeros del IFT no hicieron a tiempo su tarea. “Pero les dimos 60 días hábiles después de la vacatio legis inicial de 30 días naturales antes de que entrara en vigor la ley”.
w Transparencia en la licitación
En otro asunto, el senador Lozano Alarcón, enfatizó que el proceso de otorgamiento de los nuevos títulos de concesión para quienes pretenden operar nuevas cadenas de televisión a nivel nacional tiene que ser absolutamente transparente y que el precio no puede ni debe ser el criterio determinante. Eso lo dice la Constitución y también la ley reglamentaria.
Reforma en telecom ha reconfigurado el sector
El Occidental
Redacción
26 de noviembre de 2014
Ciudad de México.- El subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez, afirmó que la reforma constitucional contribuye a la reconfiguración del sector de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio de los usuarios, las audiencias y de los participantes de esta industria.
Durante la declaratoria inaugural de la Asamblea del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), con la representación del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, destacó los avances logrados derivados de la reforma y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El reconocimiento de los derechos de las audiencias es otra de las transformaciones fundamentales propuestas por la Ley en la materia, lo cual contribuirá a fortalecer la vida democrática de la sociedad, refirió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en un comunicado.
Peralta Sánchez aseguró que la Ley reconoce y fundamenta la figura del “defensor de la audiencia”, responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de la audiencia.
Ante los representantes de la industria de la radio y la televisión, el funcionario enfatizó que de acuerdo a la Ley todos los concesionarios que presten servicios de radiodifusión deberán contar con un defensor de audiencia, hecho que la CIRT ha apoyado con el nombramiento de su propio defensor.
Asimismo, subrayó el anuncio del Instituto Federal de Telecomunicaciones al recibir las propuestas económicas y de cobertura de tres postores en la licitación de dos cadenas nacionales de televisión digital abierta, la cual beneficiará a los televidentes con más variedad y pluralidad en contenidos.
Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de la CIRT, Alejandro García Gamboa, destacó que desde hace más de 90 años los industriales de la radio y la televisión han estado de lado de las mejores causas de México; fuimos los primeros en darle espacio a la pluralidad, a la diversidad, a todas las voces, y hemos hecho de la defensa de la libertad de expresión una causa a favor del país. (Notimex)
El PAN pacta con el INE no obligar a televisoras a bloquear espots
La Jornada Nacional
Claudia Herrera Beltran
25 de noviembre de 2014
Después de reunirse con Javier Tejado Dondé, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, respaldó seguir una opción gradualista, que no obligue a las televisoras a difundir espots políticos antena por antena, pero que vaya en ese camino.
Francisco Gárate, representante del PAN ante el INE, confirmó ese encuentro a La Jornada, y dijo que evitaron el camino de “ruptura y confrontación”, lo que permitió construir un acuerdo con el INE que borra la opción de pautar los promocionales por estado y abre la puerta a hacerlo según mapas de cobertura.
Gárate explicó que no participó en dicha reunión: “Cross my heart, no conozco a Tejado o Tejeda. En mi vida lo he visto”, y luego añadió: “Si me dicen que la CIRT vio al presidente del partido, seguramente, supongo. Entiendo que un tema crucial era no obligar a bloqueos por antena”.
Dicho encuentro, según fuentes panistas, se realizó en el CEN del blanquiazul el 17 de noviembre y participaron Anaya, Tejado Dondé y la diputada del Partido Verde Mónica García de la Fuente, así como Fernando Agiss Bitar, de Televisión Azteca.
“Por lo menos, lo que me dice el presidente (Anaya) es que en el tema de los medios electrónicos hay preocupación por la capacidad técnica para los bloqueos regionales. Entonces lo que hago es tratar de construir algo que recoja experiencias en el pasado. En algunas zonas sí hubo posibilidades de hacer bloqueos y pautados regionales”.
Añadió: “No hablé con la CIRT. Fue un tema que construimos en el INE. Hay gente de aquí que hizo el planteamiento con los señores de los medios, no sé si con la CIRT, con Televisa, pero se habló con alguien pidiendo una revaloración del tema”.
Al preguntarle si se deslindan de la postura del senador de su partido, Javier Corral, quien exige bloqueo antena por antena, señaló: “Se lo dije a Corral. El PAN ha sido muy criticado. Recordar que cuando se dieron las reformas de 1988 y 1989 al PAN lo llegaron a acusar de gradualista. El Frente Democrático Nacional traía una postura mucho más radical. Al final imperó una postura gradualista, que me parece que permitió ir caminando sin tanto brinco”.
Señaló que para el PAN era crucial que no quedaran los llamados bloqueos estatales en el reglamento de radio y televisión del INE, y puso un ejemplo de los problemas que genera: “¿Qué tiene que oír un habitante de Cosamaloapan un promocional de un candidato en Tuxpan, pegado a Tamaulipas?”
Reconoció que la redacción final del artículo 45, párrafo noveno, no le gustó, es “muy pobre, pero tampoco tiene el contenido inicial, que era el de bloqueos estatales”.
La modificación fue propuesta por el consejero electoral Ciro Murayama y plantea: “Los mensajes de los partidos, de las autoridades electorales y los candidatos independientes se transmitirán en las emisoras que transmiten o retrasmiten dentro de una entidad federativa conforme a las órdenes de transmisión entregadas o puestas a disposición de la autoridad”.
Demandan a Netflix en Francia por cláusulas abusivas
Mediatelecom
Margarita Cruz
26 de noviembre de 2014
Los obstáculos para Netflix en Francia no ceden. Ahora no se trata de las empresas sino de los propios consumidores, ya que la Asociación para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (CLCV) presentó una demanda en un tribunal parisino bajo el alegato de que la empresa estadounidense es “maliciosa y cuenta con cláusulas ilegales”.
La asociación acusa al proveedor de contenido en streaming de no respetar el derecho de los consumidores, al tener la facilidad de modificar en cualquier momento los términos de los contratos sin avisar a sus clientes. Asimismo, argumentan que Netflix no informa sobre la calidad mínima de los videos ofrecidos a sus suscriptores, ni de los reembolsos que puedan existir si las imágenes de video no son buenas.
La CLCV denuncia que las cláusulas de contrato están escritas en inglés, por lo que pueden ser difíciles de entender para aquellos consumidores que tienen poco o nulo conocimiento del idioma.
Por otra parte, destaca que la oferta de prueba gratuita de Netflix pasa a suscripción de pago si el consumidor no reacciona, actividad también empleada por su competidor francés Canal Play, por lo que la asociación hace un llamado a los usuarios para estar pendientes con las pruebas bajo esta modalidad, por ejemplo, si la ejecuta un adolescente.
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