FOTOS: “Hueva sus comentarios”, actriz de TV Azteca arremete contra Pati Chapoy
Publimetro
Redacción
6 de noviembre de 2014
La conductora Pati Chapoy criticó a la actriz y conductora Betty Monroe, después de que se negara a dar una entrevista a uno de los reporteros de la emisión Ventaneando.
En la entrevista que se negó a dar Monroe se puede ver como el periodista mete por completo el micrófono en la ventanilla de la camioneta de la actriz, por lo que ella molesta lo retiró y dio marcha a su vehículo.
Éste hecho molestó a la famosa periodista de espectáculos, “Nunca voy a entender como una persona que se llama Betty Monroe que ha crecido dentro de Azteca, que aquí se le están dando las oportunidades de trabajo hoy en día se porta grosera con nosotros”.
Monroe no se dejó intimidar por estos comentarios por lo cual se defendió de los ataques en redes sociales, “Si las personas no entienden que no quiero hablar me vale madre… Solo respete”.
Así también la actriz dejó claro que los rumores sobre su tercer embarazo son ciertos.
Transparencia y acceso a la información
Protestas por Ayotzinapa, medios y telemontajes
Homo Zapping
Jenaro Villamil
6 de noviembre de 2014
Es evidente que los “medios institucionales”, es decir, aquellos que dependen de la línea y de los recursos del gobierno federal están haciendo todo lo posible por minimizar el impacto social de las protestas que están en marcha en México y en todo el mundo por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas presos y la demanda porque el gobierno de Enrique Peña Nieto asuma los costos de más de un mes de estos hechos.
Son tres elementos que hablan de esta “sintonización” a la baja, en especial, de la movilización del miércoles 5 de noviembre, convocada en redes sociales como #AcciónGlobalporAyotzinapa:
1.- Inducir la sensación de la anarquía.- Las televisoras comerciales y las estaciones de radio simplemente prefirieron darle el mismo peso al incidente del incendio de la estación del Metrobús de Ciudad Universitaria con la movilización pacífica de más de 30 mil personas que marcharon de Los Pinos al Zócalo.
Incluso, varios sitios informativos online, como el del periódico Reforma, también le dieron un peso gráfico e informativo a este hecho, mientras los sitios informativos independientes desplegaron las fotografías, los discursos y las consignas de la movilización de este miércoles.
2.- Privilegiar la detención de Abarca sobre Reclamo de Renuncia de Peña.- En el Zócalo capitalino y, en al menos, diez grandes ciudades de la República mexicana, el grito más común fue: “Fuera Peña, Fuera Peña”, ante la indignación social creciente por la incapacidad del primer mandatario para responder al compromiso que él mismo hizo en la reunión del 29 de octubre con los padres de familia.
La “narrativa” inducida es presentar como un gran logro la detención de José Luis Abarca, el presunto narcoalcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda, en un cuchitril de la delegación Iztapalapa. Así sucedió en los telenoticiarios de televisión abierta y restringida el 5 de noviembre: no hubo audio a la manifestación en el Zócalo y menos a la marcha que recorrió la avenida Reforma, pero sí detalles del debate sobre “la pareja imperial”.
En sus ediciones de este 6 de noviembre, para muchos periódicos la movilización #AcciónGlobalporAyotzinapa simplemente no mereció mención en primera plana. El caso más claro es el de El Universal. Su nota principal fue “EU y PGR investigan fortuna de los Abarca”. Arriba la foto de un tranvía incendiado. El pie de foto dice: “Anarquistas se salen del control. Encapuchados ajenos a las marchas de Ayotzinapa incendiaron ayer un Metrobús y la estación Ciudad Universitaria”. Ni una sola foto o mención a la marcha.
Caso contrario fue La Jornada: “Más de 80 instituciones educativas paran por Ayotzinapa”. Y su foto en la página principal es sobre la indignación de la marcha. La cabeza informativa indicó: “Universitarios demuestran su rabia en marcha de Los Pinos al Zócalo”.
En contraste con el provincianismo de la mayoría de medios impresos y agencias nacionales que siguieron el ejemplo de El Universal, televisoras internacionales como CNN; BBC, Telesur, Al Jazeera, por mencionar algunas, privilegiaron las imágenes de la marcha.
3.- El “Telemontaje” de los Abarca-Pineda.- Hay un video y fotografías que están circulando en redes sociales donde se ve a María de los Ángeles Pineda detenida en el predio de Iztapalapa con una blusa azul con motivos blancos que, después, no es el mismo de la imagen televisiva de ella saliendo y menos la de su foto ante la PGR donde aparece con un suéter negro y blusa con cuello blanco y motivos como si fuera leopardo.
“¿Fue un show mal montado o hay alguna reglamentación que permite muchos cambios de ropa a los detenidos del narco?” se pregunta el autor de una foto que circula en Twitter.
La sospecha del telemontaje crece cuando vemos el detalle, casi morboso, de Televisa y de TV Azteca sobre la “estancia” de los Abarca en Izatpalapa. Un guión que ya han visto los mexicanos en el caso de Florence Cassez, de la niña Paulette y de tantos otros telemontajes para modificar percepciones sociales.
Cárcel al alcalde de Mixtlán si no informa
El Occidental
Víctor Ramírez Álvarez
6 de noviembre de 2014
GUADALAJARA, Jalisco(OEM-Informex).- Los consejeros del Instituto de Transparencia aperciben al presidente municipal de Mixtlán, Lamberto Guerra Anaya, que de no cumplir con lo que establece la Ley de Transparencia y publicar en su página de Internet toda la información relacionada a las finanzas municipales, actas de cabildo, de comisiones, nóminas, licitaciones, entre otros datos, se le impondrá un arresto administrativo hasta por 36 horas, informó la presidenta del organismo, Cynthia Cantero.
Además se le impuso una sanción de 20 días de salarios mínimos al no cumplir por segunda ocasión la indicación del Instituto d Transparencia para subir a su página datos como las obras públicas, los programas sociales; convenios, contratos firmados; las concesiones, licencias, la gaceta municipal, relación de personal, estados financieros mensuales de al menos los últimos seis años.
También le solicitaron dar a conocer las convocatorias y resoluciones de los últimos seis años, el padrón de proveedores, inventario de los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento, los viajes oficiales en donde se indique costos, itinerario y agenda programada para los mismos.
Es decir prácticamente le faltaba toda la información requerida por las leyes de transparencia, y que en caso de no atender la indicación del instituto sería el tercer presidente en ser sancionado con un arresto administrativo en menos de un año.
Para tales efectos Guerra Anaya tendrá un plazo de diez días hábiles contados a partir de que se le notifique de la resolución para publicar correctamente la información solicitada, en caso de no cumplir el ITEI impondrá arresto administrativo hasta de 36 horas, dentro de los tres días hábiles siguientes y presentará la denuncia penal correspondiente
Reporte Índigo
7 de noviembre de 2014
Jesús Padilla
Estudiantes que colgaron mantas contra el gobierno estatal denuncian que policías y Ministerio Público los acusan de delincuencia organizada para retenerlos más tiempo y reprimir su manifestación pacífica
“Empezamos a preguntar: ‘¿Por qué delito nos tenían aquí?’, y los de Fuerza Civil nos decían que por delincuencia organizada”
“Nos suben a las patrullas y nos dan vueltas por Gonzalitos y Morones Prieto, también nos quitan los celulares… Y bueno, llegamos a la Policía de la zona sur y nos ponen la cara contra la pared”
Universitario
Detenido por colgar mensaje político
La violencia criminal siempre impulsa a las autoridades en turno a tomarse atribuciones legales y armadas para combatirla.
Y en Nuevo León existen señales de que al aumentar sanciones penales contra la delincuencia organizada, las autoridades utilizan estas penas para reprimir a civiles que nada tienen qué ver con la criminalidad.
Es decir, el riesgo del uso de nuevas atribuciones con fines políticos.
Como el hecho de que corporaciones policiales utilizaron el delito de delincuencia organizada como un instrumento de represión en contra de un acto de manifestación política y pacífica contra el Gobierno del Estado.
Como lo denuncian los jóvenes estudiantes detenidos por colocar, el pasado 14 de octubre, mantas criticando a la administración estatal de Rodrigo Medina, o sea un día antes de su Quinto Informe de Gobierno.
Los universitarios narran en exclusiva para Reporte Indigo cómo Fuerza Civil siempre los acusó verbalmente del delito de delincuencia organizada.
Y piden el anonimato por temor a otra represión.
Los estudiantes fueron retenidos por 20 horas en el cuartel de Fuerza Civil de la zona sur, en la Colonia Independencia, y en el edificio de la Policía Ministerial, sobre la avenida Gonzalitos.
“Ahí nos tuvieron y no podíamos preguntar nada.
“Estuvimos parados y nos comenzaron a decir que éramos ‘Zetas’ o ‘halcones’.
“Nos cuestionaban quién era nuestro líder, como si fuéramos de la delincuencia organizada”, cuenta Carlos, uno de los estudiantes detenidos.
Junto con él, otros 23 jóvenes estuvieron incomunicados, de pie por horas, sin alimentación, sin defensoría legal y bajo presión psicológica por la acusación verbal de delincuencia organizada, mientras les definían su situación legal.
“Empezamos a preguntar: ‘¿Por qué delito nos tenían aquí?’, y los de Fuerza Civil nos decían que por delincuencia organizada.
“Entonces, como había varios que estudian leyes, comenzamos a cuestionar, que era una manifestación pacífica contra el gobierno y no delincuencia organizada, entonces los de Fuerza Civil nos cambiaron su versión y nos decían que era por alterar el orden”, explicó Carlos.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su Artículo 16 de la Constitución, párrafo séptimo, permite al Ministerio Público estatal retener a la persona hasta por 48 horas, para ponerlo en libertad o a disposición de una autoridad judicial.
Pero este plazo puede duplicarse hasta 96 horas, en caso que se prevea vincular a proceso al detenido y que éste tiene una relación con la delincuencia organizada.
Además, al sospechoso se le podrá restringir la comunicación y poner medidas de vigilancia personal, por lo que los uniformados estatales en Nuevo León lo aprovecharon como una medida de represión.
Abogados consultados por Reporte Indigo aseguran que las policías estatales pueden vincular al proceso un grupo de personas por el delito de delincuencia organizada, pero tendrían que obtener la confesión del sospechoso, o comprobar la relación con un grupo delictivo.
Motivo por el cual los elementos de Fuerza Civil buscaron por todos los medios obtener una confesión de los estudiantes, lo que podría haberlo perjudicado para toda su vida.
“De una u otra manera, nos querían presionar para decir algo que nos perjudicara. Y yo sólo decía que era una manifestación, solamente. Ellos te quieren perfilar para relacionarte con un grupo delictivo.
“Nos toman foto y video… y nos gritan: ‘¡Ya salva tu pellejo!’ Entonces volvía a preguntar: ‘¿Cuál es el delito que cometí?’, y no te contestan nada, sólo te detienen y ya, sin explicar nada.
“Te dicen que vas directo al Penal, y como te digo, hay mucha presión psicológica por horas. Y una persona débil de mente cae”, explica Alberto, otro estudiante detenido.
El agente del Ministerio Público hace mancuerna con las intimidaciones de los elementos policiales y sólo se limita a decir que el delito es: “Por lo que resulte”.
En el nuevo Código de Procedimiento Penal, en su Artículo 20, apartado “A”, señala que en todo proceso de orden penal el inculpado no podrá ser obligado a declarar.
“Queda prohibido y será sancionada la persona por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta al Ministerio Público o del Juez, o ante estos sin la asistencia de un defensor, carecerá de valor” dice el texto.
Otro beneficio que tiene el acusado está plasmado en el Artículo 163: “El inculpado que se encuentre detenido, incluso ante la Policía, tendrá derecho a entrevistarse previamente con su defensor, desde el inicio de su detención”.
Por ello, abogados consultados indican que en México tenemos doble justicia penal, un sistema general garantista y democrático como es el Código de Procedimiento Penal, y otro parcialmente acusatorio como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La Policía de Nuevo León sabe que imputar el delito de delincuencia organizada le permite interrogar a placer a la persona sin ninguna garantía, lo cual cae en el abuso de autoridad.
Otro caso en el cual denuncian la utilización de este delito para reprimir, ocurrió el pasado 10 de octubre, con la detención del periodista Julio César Dávila, por tomar fotos a unidades oficiales mal estacionadas de la Procuraduría de Justicia estatal.
Dávila fue acusado por el delito de “Halconeo”, por elementos de la Policía Ministerial, quienes lo retuvieron en la Casa del Arraigo d el centro de Monterrey.
Los agentes presionaron al reportero, le dijeron que tenían “pruebas” de que trabajaba como espía para la delincuencia organizada.
Pero Dávila siempre lo negó y salió del arraigo.
En la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada el arraigo de una persona puede ser de hasta 45 días y podrá extenderse sin pasar los 80 días, pero en el caso de Julio fueron tres días.
El representante legal del periodista no quiso hablar sobre la situación jurídica, o abuso de autoridad, por temor a represalias de la Agencia del Ministerio Público Uno.
Para Juan Rivero Legarreta, uno de los penalistas de mayor reconocimiento en el país, es imposible defender a una persona acusada de delincuencia organizada durante el periodo de arraigo.
Asegura que esta figura viola las garantías de seguridad jurídica de la Constitución y los derechos fundamentales de un imputado, plasmado en tratados internacionales.
La figura del arraigo penal se ha convertido de facto, en una forma de detención preventiva mientras se lleva a cabo la investigación para recabar evidencia, incluyendo interrogatorios.
Cifras del Consejo Cívico de las Instituciones indican que en Nuevo León, el abuso de autoridad, aumentó considerablemente. De 92 casos en 2013, pasó a 429 en este año.
‘Nos traían dando vueltas’
Eran las 6:00 horas, Juan Carlos subió al puente peatonal por la Avenida Constitución, se disponía a manifestar su desacuerdo con la deuda estatal adquirida en esta administración del gobierno de Nuevo León.
Al empezar a colocar la manta, decenas de patrullas de Fuerza Civil llegaron para evitar que los ciudadanos vieran el mensaje.
“Nos suben a las patrullas y nos dan vueltas por Gonzalitos y Morones Prieto, también nos quitan los celulares…
“Y bueno, llegamos a la Policía de la zona sur y nos ponen la cara contra la pared”, explica Juan Carlos.
“Llegamos a las 6:00 al puente y comenzamos a poner la lona para hacer una manifestación pacífica.
“Entonces llegan 30 minutos después elementos de Fuerza Civil y nos dicen: ‘Entreguen la lona”, le conteste ¿por qué, si es mía?”, narra el estudiante
“Ya como a las 11:00 horas nos llevan a la Policía Ministerial en Gonzalitos. Hasta las 20:00 horas llegó personal de la Comisión de los Derechos Humanos para preguntar cómo nos habían tratado”. Pero no pasó nada con Derechos Humanos y los retuvieron por 20 horas.
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