Libertad de expresión
Usando al INE para Censurar a la Radiodifusión
EL Universal
Javier Tejado Dondé
21 de octubre de 2014
El Senado citó a comparecer a la SCT y la Sedesol para que expliquen cómo va el reparto de más de 13 millones de televisores
El 27 de agosto pasado los legisladores Ricardo Monreal y Ricardo Mejía, ambos del partido Movimiento Ciudadano presentaron una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) acusando a estaciones de radiodifusión de vender cobertura informativa y al gobierno federal de usar indebidamente recursos públicos para contratar entrevistas y hacer promoción personalizada del Presidente Peña.
En concreto, los legisladores federales se quejaron de la entrevista que Denisse Maerker Ciro Gómez Leyva, Pablo Hiriart, Lily Téllez, León Krauze y Pascal Beltrán hicieron al Presidente Peña, misma que fue difundida por el Canal 11 del Politécnico, Canal 2 de Televisa, Canal 13 y Canal 40 de Tv Azteca, Canal 22 de Conaculta, Milenio TV y el nuevo Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
¿Cuál fue la información con que contaron estos dos legisladores para acusar a todos esos Medios –e indirectamente a los comunicadores— de aceptar recursos públicos para realizar una promoción personalizada e ilegal del Presidente Peña? Uno se imaginaría que recibos, cheques, audios en donde se trama un complot con los principales medios de comunicación. Pero no, lo único que tenían para presentar la denuncia era un tuit, desde la cuenta oficial del Fondo de Cultura Económico, invitando a ver la entrevista.
Con base en este tuit el INE ha venido realizando una investigación en la que a todas las autoridades y medios electrónicos involucrados, hasta en tres ocasiones, ha cuestionado. Ha sido el interrogatorio tan severo y a la vez sobre temas tan absurdos, que muchos comunicadores y la mayoría de los concesionarios están ya reacios a dar entrevistas a candidatos ahora que ha iniciado el proceso electoral con miras a la elección de 2015. La cantidad de horas que funcionarios del INE y abogados de los medios de comunicación han dedicado a contestar frivolidades llega ya al absurdo.
Lo extraño del tema es que el INE ha abierto toda una investigación cuando expresamente la nueva Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral señala que “a fin de salvaguardar las libertades de expresión y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas y opiniones de cualquier índole”. Pero al parecer el INE le hace juego a algunos partidos para acotar la libertad de expresión.
Este tema será resuelto por el INE en la sesión de mañana en su Consejo General y sentará la pauta para el régimen de libertades (o no) del siguiente proceso electoral. El tema es probable que llegue al Tribunal Electoral e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero deja un mal sabor de boca el tufo restrictivo de algunos partidos que quieren investigar lo que está a la vista de todos. Mientras que el INE coopera, quizá por desconocimiento del nuevo marco legal, a mermar la libertad de expresión de comunicadores y de medios.
Sería más valioso que con sus atribuciones, el INE investigara los vínculos entre partidos políticos y algunos de sus candidatos —como el prófugo alcalde Iguala— de quien se comenta financiaba las campañas electorales de varios perredistas. Con lo que, ahora sabemos, era dinero proveniente del crimen organizado.
*Cambiando de tema: 1) Si bien la Ley de Ingresos ya pone precio a la banda de 700 MHz para iniciar la construcción de la “Red Mayorista” del Estado —lo que significará un gasto enorme de recursos públicos— la banda de 2.5 GHz, mayoritariamente en poder de MVS, no tiene aún precio asignado. Así que para este año no se podrá hacer nada con ella. Quizá esto derive de los litigios que han surgido luego de los refrendos que la SCT dio a MVS, cuando se alega que debieron de haber sido dados por el IFT. Se argumenta que la SCT ya no tenía facultades para ello. El tema está en juzgados federales.
2) Luego de la comparecencia del IFT ante el Senado, quedó claro que ninguno de los comisionados está seguro de que el apagón de la TV analógica se pueda realizar en diciembre de 2015 como señala la Constitución. Los comisionados dicen no saber cómo está operando el reparto de televisores por parte de la SCT y la Sedesol, lo que motivó que en el Senado se cite a comparecer a estas dependencias para que expliquen cómo va el reparto de más de 13 millones de televisores.
3) Quienes ya empiezan a mostrar inquietud por el reparto de televisores en año electoral son los panistas. El fin de semana, el vocero de los diputados panistas, Juan Pablo Adame, criticó el reparto electoral de televisores y adelanta que el PAN intentará frenar el reparto durante los meses de campañas electorales el año entrante (febrero a junio de 2015). Si esto sucede, la meta de concretar el apagón analógico se vería afectada. Vale la pena recordar que los diputados priistas sí frenaron, en procesos electorales, el reparto de decodificadores que quiso hacer el gobierno del presidente Calderón. Así que ahora el PAN piensa pagarles con la misma moneda. Nada más que habría que recordar que quien arbitrariamente puso la fecha del apagón en año electoral (2015) fue el propio PAN durante la vigencia del “Pacto por México”.
De posponer la entrega de televisores, se tendría un efecto negativo en la digitalización del país y en la licitación de las nuevas cadenas digitales de TV. Pero si avanza la entrega de televisores se darían serios cuestionamientos en el proceso electoral de 2015, incluso pudiéndose anular elecciones. ¿Nadie hizo un balance de estos temas antes de modificar la Constitución?
Milenio Jalisco
Javier orozco
20 octubre 2014
Esta semana será decisiva para la libertad de expresión en la radio y televisión, en lo que concierne al ámbito electoral.
El próximo miércoles se tratarán en el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones (INE) diversos asuntos que pondrán a sus consejeros en una coyuntura muy delicada en su actuar, ya que en las decisiones que adopten está en juego la libertad de expresión.
Uno de los puntos que se abordarán es el relativo al Catálogo de Programas de Radio y Televisión que difunden noticias, es decir, es la tarea que durante varias elecciones hizo el extinto IFE y tocará —hoy— al INE monitorear los noticieros de radio y televisión para conocer su cobertura informativa sobre el proceso electoral en puerta.
La legislación vigente es muy clara al referirse siempre a programas que difundan noticias o noticieros, y los lineamientos que sobre la materia emita el INE no tienen carácter vinculatorio.
Resulta que existen dos consejeros (Pamela San Martín y Ciro Murayama) y diversos partidos de izquierda que buscan incluir en el catálogo de programas que difundan noticias a emisiones de espectáculos, revista o entretenimiento. Situación que ha sido detenida en el Comité de Radio y Televisión por los Consejeros Benito Nacif,Enrique Andrade y Marco Antonio Baños.
Ahora solo falta la discusión en el Consejo General, donde esperamos que el resto de los consejeros tomen una actitud apegada a la ley y de respeto a las libertades, ya que recientemente el INE ha mandado a la industria de radio y televisión peticiones y cuestionarios que rebasan el simple acto de molestia de una autoridad.
En síntesis, el INE, por más órgano autónomo que sea, no puede rebasar los límites de la libertad de expresión, queriendo convertirse en escuela de periodismo e inventar géneros en esa materia; poner en riesgo el proceso electoral por censura, no creo que sea su mejor escenario o el ideal.
Cualquier intento de censura lo único que motivará es ausentar a los medios de la cobertura informativa de las elecciones; finalmente, no hay obligación de transmitir noticias sobre materia alguna; por ello, se defiende la libertad de expresión.
Reporte Índigo
21 de octubre de 2014
J. Jesús Lemus
En Michoacán casi todos los periodistas han sido orillados a dejar de publicar los temas de violencia. Las primeras planas de la mayoría de los diarios locales son solo ‘buenas noticias’
“Nunca como ahora se había impuesto un silencio oficial como parte de la política de comunicación social. La encargada de comunicación social, Georgina Morales, es la promotora de la política mordaza del gobierno estatal”
Periodista de Zamora
“…pues el titular de la Comisión de los Derechos Humanos en Michoacán parece tener una complicidad con las autoridades, llámese Poder Ejecutivo, Gobierno del Estado, Procuraduría de Justicia, Seguridad Pública y con los gobiernos municipales”
Andrés Resillas
Periodista
22
agresiones contra representantes de los medios se registraron de 2010 a la fecha
90
medios locales han dejado de circular en Michoacán por la falta de pagos de Gobierno del Estado
En Michoacán, la mayoría de los periodistas tienen miedo.
Casi todos están convencidos de la imposibilidad para ejercer libremente su profesión sin poner en riesgo la integridad física. Esta entidad en la tercera del ranking nacional en donde las agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación van a la alza. Por encima solo están Tamaulipas y Veracruz.
El miedo de los periodistas está fundado. Tras la aparición del video en donde se observan dos reporteros reunidos con el jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, se ha generalizado un descrédito general para el gremio.
Incluso el gobierno de Michoacán lo ha aprovechado y lanza consignas hacia algunos trabajadores de los medios de comunicación.
“Existe un video que se divulgará cuando la ocasión lo amerite”, asegura un funcionario estatal cercano al gobernador sustituto, Salvador Jara.
El recordatorio se desliza de vez en vez entre los comunicadores locales. Por esa razón, muchos periodistas han dejado de cubrir la información coyuntural que se genera en esta entidad.
Para decenas de medios informativos locales y regionales el tema de la violencia ya no es foco de atención. No existe movilización de grupos de autodefensas ni las células del crimen organizado han tomado por asalto las principales ciudades de la entidad. Las primeras planas de algunos diarios locales son solo “buenas noticias”.
La impunidad es uno de los males que afronta el periodismo michoacano, reconoce el veterano periodista Andrés Resillas.
Él es el coordinador local de un movimiento que pretende reivindicar la función del periodista en la entidad.
Recientemente Resillas acudió ante el gobierno estatal para reclamar el abandono en el que se encuentran las averiguaciones de agravios a periodistas. El gobernador ni siquiera recibió.
De el 2010 a la fecha, en Michoacán se han registrado 22 agresiones contra representantes de los medios de comuicación. Ninguna de ellas se ha resuelto pese a la intervención de la fiscalía especializada en la materia de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Ninguna de esas averiguaciones fue consignada ante un juez”, destaca Resillas.
La mayoría de las agresiones se registraron en los municipios de Morelia, Paracho, Apatzingán, Jacona y Zamora.
“En este caso, el asunto es grave”, explica, “pues el titular de la Comisión de los Derechos Humanos en Michoacán parece tener una complicidad con las autoridades, llámese Poder Ejecutivo, Gobierno del Estado, Procuraduría de Justicia, Seguridad Pública y con los gobiernos municipales, a quienes no ha requerido ni sancionado por las agresiones a periodistas”.
Los periodistas locales tienen miedo
Nadie sabe si la existencia de un segundo video -en donde supuestamente se observa a una treintena de periodistas locales en reunión con el cártel de Los Templarios- es real o es solo una estrategia para contener la crítica de los medios locales de comunicación.
Lo que sí es real es el miedo que aseguran tener muchos de los periodistas locales, los que se dicen perseguidos por el gobierno estatal.
Fuentes de la PGR en la Ciudad de México aseguran que el primer video -que se difundió recientemente- sirvió para abrir de nueva cuenta una investigación archivada sobre los nexos que “unos 32 periodistas” de diversos municipios de Michoacán podrían tener con el crimen organizado.
Funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizan actualmente labores para conformar fichas técnicas de la mayoría de los periodistas que trabajan en Michoacán.
La última vez que el Cisen realizó acciones para “identificar” a representantes de los medios en el estado fue durante la década de 1990, cuando irrumpió en la entidad el grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR).
La existencia del segundo video al que hacen alusión funcionarios en algunas esferas del gobierno estatal de Michoacán no ha podido ser confirmada desde adentro de la PGR. Tampoco en el Cisen.
El gobierno estatal de Michoacán, a través de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) tenía convenios de publicidad para la difusión de programas oficiales con los medios informativos de los principales municipios del estado por un monto anual de cerca de 3 millones
Actualmente, la autoridad ha suprimido esos contratos con algunos medios locales a cambio de que dejen de dar cobertura a la crisis que violencia que se vive en Michoacán.
Desde el arribo del gobernador sustituto Salvador Jara se ha suprimido el pago de esos convenios de publicidad. Cerca de 90 medios locales han dejado de circular en forma regular por la falta de pago de la publicidad pactada con el gobierno estatal.
“La agresión del gobierno estatal a la prensa local se ha acentuado con la llegada de Salvador Jara Guerrero a la gubernatura sustituta”, dice un periodista de Zamora, quien pide el anonimato. “Nunca como ahora se había impuesto un silencio oficial como parte de la política de comunicación social. La encargada de comunicación social, Georgina Morales, es la promotora de la política mordaza del gobierno estatal”.
El video de la discordia
Tras la aparición del video en donde se observan dos reporteros reunidos con el jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, se ha generalizado un descrédito general para el gremio.
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