-Legislación en materia de comunicación

 

SIP denuncia “nueva ofensiva” de Argentino contra Grupo Clarín

El Economista

AFP

10 de octubre de 2014

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este viernes una “nueva ofensiva” del gobierno de Argentina contra el grupo de medios Clarín, y pidió que la ley se le aplique con criterios técnicos y no políticos.

La SIP alertó sobre “una nueva ofensiva legal del gobierno argentino contra el Grupo Clarín que deberá desmantelar sus medios de comunicación según el criterio del Estado”, en un comunicado fechado en su sede de Miami, Florida (EU).

El Estado argentino rechazó el miércoles el plan de reorganización del grupo Clarín, acusado de ser “monopólico”, y anunció que se encargará de llevar a cabo la reorganización del mayor multimedio del país.

Ese anuncio “se pareció más a un acto de propaganda, en los que el gobierno argumenta legalidad pero en los que siempre muestra una actitud arrogante, propia de campañas discriminatorias y de represalias habituales contra la prensa independiente y, particularmente, contra Clarín”, dijo el encargado de libertad de expresión de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo.

Tras una larga batalla judicial que se prolongó durante cuatro años, el poderoso grupo tuvo que avenirse a la ley y presentar un plan para dividirse en distintas empresas como lo establece la ley antimonopólica de medios audiovisuales aprobada en 2009.

Paolillo pidió que la ley se aplique sin “discriminaciones” a través de

rganos estatales técnicos independientes del gobierno.

“Estas son garantías básicas para respetar la libertad de prensa”, subrayó.

La SIP, que reúne a dueños y editores de medios de prensa del continente, ha sido crítica en el pasado de la situación de la libertad de expresión en Argentina, en el marco de una tirante relación entre el gobierno de Cristina Kirchner y medios en el país.

 

 

Legislación secundaria en transparencia

El Universal

Arely Gómez González

11 de octubre de 2014

A ocho meses de la promulgación de la reforma constitucional en materia de transparencia, los principales grupos parlamentarios en el Senado hemos recibido de organismos garantes de la transparencia y acceso a la información, así como de organizaciones de la sociedad civil, propuestas relacionadas con las leyes secundarias.

En este proceso, el pasado martes instalamos el Grupo Redactor, integrado por senadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es elaborar las iniciativas de leyes generales en materia de transparencia, acceso a la información; protección de datos personales y archivos. En dichas leyes, además se incluirán temas que fortalezcan la rendición de cuentas, a través de indicadores de gestión y políticas de apertura gubernamental.

Además del trabajo de análisis que hemos desarrollado entre las fracciones, en las discusiones tomaremos en cuenta los elementos fundamentales de las propuestas recibidas en la Cámara Alta. Una de ellas, presentada por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), que agrupa a los órganos garantes de las entidades; otra del Colectivo por la Transparencia y México Infórmate; una tercera, de la Red por la Rendición de Cuentas; y dos propuestas de leyes generales, de Transparencia y Acceso a la Información y de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, presentadas por el IFAI.

En este grupo de trabajo, nos hemos planteado el reto de hacer operativos y congruentes los ordenamientos jurídicos que derivan de la reforma constitucional, promulgada el pasado 5 de febrero. En el grupo parlamentario del PRI, consideramos algunas directrices que deberán considerar dichas leyes: apego estricto al texto constitucional y a los tratados internacionales ratificados por nuestro país; respeto al federalismo y soberanía de las entidades federativas, a fin no invadir las atribuciones ni disminuir los alcances de los órganismos garantes locales; contemplar las mejores prácticas en derecho comparado y una redacción basada en la simplicidad normativa y sencillez de lenguaje, para que sean instrumentos operativos y utilizables para todos los grupos de la sociedad.

Como un primer paso en este proceso de dictaminación, los senadores que integramos el Grupo Redactor, elaboramos un problemario, que es un cuestionario con 20 planteamientos con diversos escenarios, en los cuales debemos buscar puntos de coincidencia.

Por ejemplo, el Problema 1, sobre cuántas leyes secundarias habremos de construir o reformar, establecimos 10 escenarios: desde expedir una Ley General de Transparencia, Protección de Datos Personales y Archivo y reformar las actuales Leyes Federales de Transparencia y de Archivo. Otro escenario, es crear tres leyes generales. En el Problema 3, sobre la denominación del órgano garante nacional, planteamos la posibilidad de mantener el nombre de Instituto Federal de Acceso la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) o tres nuevas denominaciones, como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INTAI).

El reactivo 15 se refiere al alcance de las medidas de apremio y sanciones que tendrían los organismos garantes para hacer cumplir sus determinaciones. Los cuatro escenarios coinciden en la existencia de dichas medidas, pero difieren en el carácter de la sanción, las cuales pueden ser de tipo impositivo, vinculante, orientador o ilustrador.

En esta ruta de trabajo, tenemos insumos, una calendarización con plazos específicos y, lo más importante, la voluntad política, para generar un marco normativo de avanzada, acorde con lo establecido en la reforma constitucional y los principios de un Parlamento abierto.

 

 

IFT y SCT firman convenios para puesta en marcha de Red Compartida

Homo Zapping

El Zappo

10 de octubre de 2014

 

El día de ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transpotres (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones firmaron los convenios marcos y específicos para la puesta en marcha de la “Red Compartida” en la banda de los 700 MHZ. La fecha límite que se acordó para la puesta en marcha fue a más tardar en el 2018.

Los convenios fueron firmados por Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT, y el Comisionado Presidente del IFT, Gabriel Contreras Saldívar. En estos documentos se establecen las bases de coordinación entre ambos organismos para la puesta en marcha de la “Red Troncal” y “Red Compartida”.

Según señalaron ambas dependencias a través de un comunicado de prensa conjunto, la Red Compartida iniciará operaciones a más tardar en el 2018, “ofreciendo mejores servicios y mayor cobertura en telecomunicaciones para los mexicanos, con estándares superiores al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

Por otra parte, la Red Troncal servirá para robustecer y ampliar la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, transformándola en una red de alta disponiblidad que satisfaga los requerimientos y necesidades de las Red Compartida de Servicios móviles y de otro tipo de operadores, según señaló el funcionario federal. La Red Troncal, agregó, se apegará a la regulación que el IFT establezca a través de los lineamientos que emita de acuerdo a lo señalado en la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones.

Ruiz Esparza informó que la Red Compartida se destinará exclusivamente a la comerzializar capacidad y servicios de telecomuniciones al mayoreo, por conducto de consecionarios y comercializadores. Según dijo, se buscará impulsar el derecho al acceso a teconlogías de la información y la comunicación, incluido el acceso a Internet de banda ancha.

Por su parte, Gabriel Contreras Saldívar puntualizó que frente a la creciente demanda de mayor conectividad se requerirán importantes inversiones en infraestructura. En este sentido, explicó que toda vez que el espectro radioeléctrico es un recurso escaso, se incluyó en la Constitución el ordenamiento de instalar una red pública compartida de carácter mayorista, como un instrumento que impulsará la competencia y el acceso a la banda ancha.

El Subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, resaltó la relevancia en este proyecto y destacó que el primer avance de este trabajo coordinado fue la definición del “Modelo y Uso”, base para la valuación del espectro, de la banda de 700 Mhz. Este definición, señaló, ya fue incluida en el paquete económico para el 2015 y enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

Para el desarrollo de esta Red Compartida se requiere de una inversión que alcanza los 10 mil millones de dólares en los próximos 10 años, el proyecto será realizado a través de una asociación público-privada.