-Legislación en materia de comunicación

 

¿Hay vida después del Pacto?

El Universal

Francisco Valdés Ugalde

21 de septiembre de 2014

 

El sistema político mexicano no está construido para el acuerdo racional entre las fuerzas políticas. No obstante, una “anomalía”, el Pacto por México lo permitió. El Pacto fue una iniciativa convergente de los principales partidos y el gobierno para procesar las 10 reformas constitucionales más fuertes que ha habido en los últimos tiempos, excepción hecha de la reforma al artículo primero constitucional de junio de 2011, que constituye un hito particularmente trascendente en la materia y que provino de convergencias de la sociedad civil, del Poder Judicial y del Poder Constituyente.

Pero una vez conseguidas las reformas más importantes, el resto de los compromisos del Pacto pasa a segundo plano en el interés de los partidos. Su atención se desplaza hacia la nueva temporada electoral que culminará en junio de 2015. Termina una fase de acuerdo y convergencia y se pasa a otra de oposición y confrontación. En el PRD y el PAN gravita en esta dirección la presión de sectores de la militancia inconformes con la supuesta docilidad de sus dirigentes por apoyar las acciones del Pacto. Convergencia crítica u oposición intransigente son dos ejes que se vienen combinando en los debates dentro de los partidos para definir sus posiciones externas.

En un sistema presidencial con división de poderes y federalismo es más difícil construir acuerdos si la pluralidad rebasa a dos partidos principales. A diferencia de este sistema, el gobierno parlamentario es más dúctil para ese tipo de conformación de la esfera política. A mayor pluralidad de partidos, mayor dificultad para el consenso en los sistemas presidenciales y menor en los parlamentarios. Por eso, para hacer más eficiente un sistema presidencial como el nuestro, es necesario enfatizar la formación de mayorías. De ahí el dilema que ya se presenta en la intención de reducir la representación plurinominal en el Congreso. Si las voces son más numerosas, el costo de tomar decisiones aumenta, a menos que haya una “anomalía” que permita que la soberanía pacte acuerdos de beneficio general, como lo han sido las reformas señaladas antes, desde el punto de vista de quienes llegaron a los consensos que los implantaron. Desde luego es una “anomalía” en el sistema presidencial, porque el Pacto se coloca como instancia no constitucionalizada. En cambio en un sistema parlamentario pactar es lo que obliga; es regla y no excepción.

El dilema para la democracia mexicana es, pues, este: ordenar el sistema para que incluya a la pluralidad de voces y voluntades o bien someter esa pluralidad a las exigencias del sistema presidencial. Lo primero implicaría mantener la representación proporcional en las cámaras federales y estatales (e inclusive incrementarla reduciendo la de mayoría), e introducir nuevas modalidades de “gobierno mixto”, como llamaba Maquiavelo a la República. Naturalmente, esta ruta implica instaurar en el Ejecutivo mejores herramientas para el consenso, como el ya instituido gobierno de coalición facultativo, que conduzcan al cogobierno entre más de una fuerza política. También implica dotar a las cámaras de mejores herramientas de control sobre el gobierno. La otra ruta conlleva acentuar los puestos de mayoría dejando fuera de la representación a voces que le podrán competir de cerca a la primera pero que serían excluidas. En una configuración pluralista, no bipartidista, como la que tiene hoy México se agrega a ello un riesgo más: que las “mayorías” así conformadas no sean absolutas sino relativas, lo que podría implicar que la mayoría, dividida en distintas opciones, quedase en muchos distritos fuera de la representación.

Este será uno de los debates que inminentemente se presentarán en el Congreso. En él se definirá qué vida política habrá después del Pacto por México y, en más amplio horizonte, el destino de la democracia en México.

@pacovaldesu
Director de Flacso en México

 

 

En el peor de los mundos: regulación para desinvertir

Homo Zapping

Jorge Fernando Negrete P. – Director General de Mediatelecom Policy & Law

20 de septiembre de 2014

 

¿Regulación fallida?

Cuando existe asimetría en la distribución de bienes y servicios comunicacionales, la rectoría económica del Estado interviene para garantizar que dichos servicios lleguen a la mayoría de la población, sin importar su condición social, económica o ubicación geográfica, pues se trata de derechos fundamentales.

El artículo sexto de la reforma constitucional establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y a los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones.

Bajo ese principio constitucional, era de esperarse que la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones garantizara las inversiones público-privadas que hicieran posible dicho derecho. Sin embargo, a casi dos años de que iniciara la discusión y posterior aprobación de la reforma constitucional, el sector de las telecomunicaciones se encuentra en el peor de los escenarios: en lugar de que la regulación creara certidumbre y motivara la inversión (incluida la extranjera en redes fijas, que tanto se buscó), ha ocasionado todo lo contrario en un primer momento, que los principales actores de la industria, los llamados agentes económicos preponderantes, desinviertan de sus redes.

Mientras tanto, los demás actores están buscando las opciones de negocio que les permita consolidar sus operaciones, en un sector de fuertes inversiones de capital e intensiva innovación tecnológica y de modelos de negocio.

Se observó desde los indicios de la reforma en materia de telecomunicaciones que el Estado buscó que la competencia fuera el mecanismo efectivo de mercado que resolviera todas las ineficiencias en precios, calidad y cobertura. Sin embargo, en un país con una desigualdad socioeconómica persistente, la competencia no es suficiente para cumplir con los objetivos de inclusión digital universal planteados en la Constitución.

Como se observa en la gráfica sobre inversión anual en telecomunicaciones, la Licitación 21 (2010) generó un clima de inversión para el despliegue de redes móviles avanzadas, pero dicha inversión disminuyó en los años de la reforma (2013) y de la ley secundaria (2014).

El nuevo escenario regulatorio no ha detonado las inversiones que el sector y el país necesitan, si se considera que las telecomunicaciones impactan de manera transversal en el resto de las actividades económicas.

Si bien de once países relevantes de América Latina México es el segundo país que más invierte en telecomunicaciones después de Brasil, en realidad sólo destina 0.43 por ciento del PIB a las telecomunicaciones (la tercera más baja de la región sólo por encima de Venezuela y Uruguay). Es decir, México apenas destina en inversión de telecomunicaciones 44 dólares por habitante, cuando Chile destina 143 dólares. Según la OCDE, la inversión en telecomunicaciones per cápita de México era de 45.6 dólares en 2011.

Es cierto que para fomentar el crecimiento del sector era necesaria una reforma al régimen legal de las telecomunicaciones que permitiera al país adaptarse a los nuevos paradigmas del mercado y beneficiara al consumidor. Sin embargo, también se requería de una acción decidida del gobierno que fomentara la inversión privada en nuevas tecnologías y para ampliar la cobertura. Más allá de sobre regular y desincorporar a los operadores incumbentes, desde la perspectiva de la competencia, la ley debió complementarse con una política industrial desde la óptica del servicio público que permitiera llevar las telecomunicaciones a las comunidades sin servicio, aprovechando y potenciando las capacidades (en escala, inversión y experiencia) de los operadores privados.

México es un país afectado por la desigualdad económica y social, posee una orografía complicada para la instalación de infraestructura y una población dispersa en cientos de asentamientos rurales. Incluso en países avanzados de Europa y Estados Unidos, la competencia no es suficiente para compensar las ineficiencias de los mercados y para llevar los servicios de telecomunicaciones a toda la población. Países en América Latina han optado por obligar a los operadores a invertir y a expandirse a nuevos mercados como parte de su modelo de negocio.

Aunque se planteó la Estrategia Digital Nacional (EDN) como política pública para lograr la inclusión digital universal, no propuso objetivos concretos, medibles y comprobables, además de basarse en indicadores vagos que no se materializan en objetivos concretos y resultados a mediano plazo. Si bien hoy algunos estudiantes de quinto y sexto de primaria cuentan con una tableta para formarse, sin el apoyo pedagógico, la alfabetización digital y sin herramientas tecnológicas complementarias que permitan a estudiantes y profesores aprovechar su potencial, esta medida reportará resultados limitados, por mencionar un ejemplo.

Así, la desincorporación de activos de América Móvil y la desintegración del consorcio Televisa-TV Azteca en Iusacell, pueden considerarse como efectos inmediatos de una ley que castiga a las empresas por su tamaño y que no las estimula a seguir invirtiendo y expandiéndose a nuevos mercados y tecnologías. Como lo ha señalado Mediatelecom Policy & Law, ante la amenaza de ser castigados por crecer, los operadores optarán por mantener su mercado tradicional. La decisión de Televisa es un ejemplo claro.

(continúa mañana…)