Miguel Ángel Granados Chapa
7 Sep. 09
A plana entera se publicó anteayer sábado, en la página seis de Reforma, una “Carta abierta a la opinión pública (Caso Zorrilla)”, suscrita por María Angélica y Maricela Zorrilla Ruvalcaba, hijas del ex director federal de seguridad, condenado en sentencia firme por el asesinato del periodista Manuel Buendía. El propósito del documento es denunciar al gobierno del Distrito Federal por ceder a las presiones que, desde su punto de vista, yo he ejercido para impedir que José Antonio Zorrilla Pérez quede en libertad 10 años antes de cumplir su sentencia.
Respeto y admiro la posición de las hijas de Zorrilla Pérez en defensa de su padre. Pero rechazo que mi posición en este caso se reduzca, como ellas afirman, a mi pretensión de constituirme “en juzgador y cobrar notoriedad”, “avivando rivalidades políticas y animadversiones personales”. Sólo alego la necesidad de que se cumpla la ley y una sentencia firme. A ese propósito se ha dirigido mi esfuerzo, y el de un numeroso grupo de personas y agrupaciones que, en efecto, como lo recuerdan las firmantes de este mensaje, publicaron el 8 de junio pasado una demanda de revocación a la libertad de Zorrilla Pérez, indebidamente dejado salir de la cárcel en febrero anterior.
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