Síndrome del cangrejo: no compitas ni dejes competir

Mediatlecom

30 de mayo de 2014

 

Definición y (des) ubicación[1]

Wikipedia define a una empresa como “una organización, institución o industria dedicada a actividades o persecución de fines económicoso comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus necesarias inversiones”.

Las más recientes declaraciones de directivos de importantes empresas transnacionales que compiten o son incumbentes en ciertos mercados, y de representantes de cámaras industriales, parecieran que su negocio no es satisfacer las necesidades de sus clientes con mejores y más baratos servicios, sino sólo presionar a las autoridades y comprometer “la continuidad de la estructura productivo-comercial” y las “necesarias inversiones”.

Los operadores de redes que se oponen al agente económico preponderante en telecomunicaciones (Telcel-Telmex) solicitan políticas y regulaciones que ellos mismos no aceptarían para sí mismos o que no existen en los territorios donde compiten, como la tarifa cero de interconexión. Esta regulación va en contra de cualquier empresa dedicada a las telecomunicaciones, precisamente porque interrumpe la continuidad de la estructura productivo-comercial y porque compromete las inversiones.

¿Declaración o balazo en el pie?

En el marco de la Expo Canitec 2013, el presidente ejecutivo del segundo operador móvil más importante en el país, declaró a la prensa especializada (mutatis mutandis) que Telmex no debe ofrecer servicios de televisión de paga sino hasta que venza el plazo de su concesión en 2026. Sólo hasta entonces podrá negociar nuevos términos y condiciones. Mientras no ocurra, el dominante está impedido de prestar TV de paga por la concesión que aceptó y el contrato que signó.

La declaración se pronunció en la reunión anual de la única industria en México que ha recibido la autorización para ofrecer servicios convergentes desde 2006, la de TV de cable. Llama la atención la declaración porque dicho operador no ofrece el servicio de televisión restringida en México, a pesar de que desde el 9 de noviembre de 2010 la empresa recibió la concesión para ofrecer televisión vía satélite en todo el territorio nacional. Es decir, una empresa que no explota su concesión y que, por lo tanto, no enfrenta ninguna barrera para incursionar en el dinámico mercado de DTH, sumar suscriptores y generar ingresos, considera que los demás tampoco deben hacerlo. La pérdida de oportunidad de dicho operador foráneo ha sido notable y el cangrejismo evidentemente nocivo para la convergencia y el bienestar de los consumidores de servicios de telecomunicaciones.

Claramente, la autoridad regulatoria ha sido omisa en la verificación del cumplimiento de las obligaciones plasmadas en los títulos de concesión de los operadores.

Lo mismo se puede decir de la licitación de la fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al consorcio conformado por Televisa-Telefónica-Megacable desde el 10 de junio de 2010, por 880 millones de pesos. La promesa del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas, era iluminar la red en 18 meses, situación que no ocurrió.

El sitio web del Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad (GTAC), ganador de la licitación, no arroja información sobre el avance, uso y prestación de servicios de capacidad en fibra óptica. En cambio, sí hay versiones periodísticas en el sentido de que licitar más hilos de fibra oscura sería “incongruente, inequitativo y riesgoso para los inversionistas que participaron en la licitación original”, y que GTAC tendría que cambiar su modelo de negocio en caso de que entrara un nuevo participante en el mercado de redes de fibra óptica. Si eso ocurriera, los nuevos jugadores tendrían que participar de la inversión de enlaces adicionales de fibra, es decir, obligar al entrante a que contribuya a recuperar la inversión de GTAC. Es decir, quienes defienden tarifa cero de interconexión utilizan los mismos argumentos del incumbente para proteger su nuevo negocio, pero sin explotarlo. Nuevamente el cangrejismo.

Las licencias no se otorgan o no deberían asignarse para guardarse en el cajón, sino para explotarse al máximo y para ofrecer los servicios para los cuales fueron solicitadas. Las concesiones ineficientes o que no se utilizan atentan contra el sano desarrollo de una industria, la rectoría del Estado y, a partir de la reforma constitucional, contra el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

¿Convergencia o marginación?

Sin convergencia no hay derecho a las TIC, porque son los usuarios, las audiencias y los consumidores quienes deciden libremente a través de qué plataformas tecnológicas y digitales recibir información, conocimiento y entretenimiento.

Ese es el nuevo derecho digital del siglo XXI que quedó plasmado en la Constitución y todos (gobierno, empresas y ciudadanos) estamos obligados a llevarlo a la práctica, a través del servicio público de radiodifusión y telecomunicaciones que prestan las empresas, privadas o púbicas.

¿Pobreza u oportunidad digital?

Esta “filosofía de negocios” basada en el cangrejismo fomenta licencias y redes ineficientes. Se deja de generar riqueza, se condena a la marginación y a la pobreza digital a millones de personas, que podrían beneficiarse del acceso a los servicios y la conectividad para mejorar sus condiciones de vida a través del derecho a la información, cultura, trabajo, salud y educación, facilitadas por el alcance y ubicuidad de las TIC. Por lo tanto, también se atenta contra el nuevo derecho digital fundamental que el acceso a las TIC, y sus implicaciones e impactos transversales en los demás derechos sociales consagrados en la Constitución, sin mencionar los retrasos en el resto de las actividades productivas.

El sector de las telecomunicaciones en México necesita empresas rentables, capitalizadas; que den continuidad a la industria y al servicio público de telecomunicaciones; que inviertan y se preocupen por las necesidades de sus clientes, usuarios y consumidores. Empresas que propongan nuevos servicios e innovación en sus ofertas comerciales y modelos de negocio. También necesitamos una autoridad y una legislación que lo promueva y fomente, sin discriminación.

¿Desconocimiento de la ley o voluntarismo?

Lo primero que llama la atención de ciertas declaraciones es el desconocimiento de la reforma constitucional publicada el 11 de junio en el Diario Oficial de la Federación. La Carta Magna señala que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (creado para tal efecto) declarará a los agentes económicos preponderantes (ya ocurrió el 7 de marzo). Sesenta días después, el IFT establecerá, mediante lineamientos de carácter general, los requisitos, términos y condiciones para que a los actuales concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía se les autorice la prestación de servicios adicionales o transiten al modelo de concesión única (publicados en el DOF el 28 de mayo de 2014).

Es verdad que el título de concesión de Telmex le impide ofrecer televisión de paga, pero también lo es que la tecnología ha cambiado, que la digitalización y la convergencia son un hecho y que los operadores buscan estrategias para completar su propia convergencia de servicios y corporativa.

Hasta el momento, el regulador ha cumplido con los plazos que le impone la reforma constitucional, a pesar de carecer de las reglas claras y la certidumbre jurídica que deberá plantear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Por cierto, el directivo de la empresa ibérica que participó en Expo Canitec también declaró, de forma atinada en esta ocasión, que “no podemos decir cuánto vamos a invertir porque depende de cómo quede la legislación secundaria”. Pocas empresas en el sector están en condiciones de plantear sus inversiones ante la incertidumbre y la regulación exorbitante e intrusiva que propone la iniciativa de ley secundaria del Ejecutivo y el pre dictamen conocido en el Senado.

En todo caso, es la autoridad y no las empresas o la presión mediática la que decide autorizar o no servicios adicionales o la concesión única. Hacerlo o no es su atribución y responsabilidad, pero deben saber que su norte es el interés público y el cumplimiento del mandato constitucional. La Carta Magna sí habla detalladamente de regulación, pero también de competencia, convergencia, política de inclusión universal y derechos fundamentales.

 

[1]El cangrejismo o síndrome del cangrejo mexicano es una teoría de la psicología social en la que alguien, al no lograr sus objetivos, o subir de puesto, culpa a la sociedad de sus fracasos personales, creyendo que todos conspiran contra él.

 

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