-Leyes secundarias
Acusan retroceso en reforma telecom
Reforma
Arcelia Maya
2 mayo 2014
En un evento masivo en el Auditorio Nacional académicos, comunicólogos, legisladores, líderes de organizaciones sociales y jefes delegacionales del PRD expusieron los retrocesos que para ellos representa la reforma en telecomunicaciones propuesta por el Ejecutivo.
En el encuentro por la Libertad de Expresión y Derecho a la información, convocado por la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), Beatriz Solís, defensora del radio escucha en Radio Educación, afirmó que no será con más canales de televisión comerciales como se obtendrá una comunicación plural.
“La iniciativa del Ejecutivo federal es absolutamente omisa, ignora las características que deben tener los medios públicos.
“La iniciativa que tenemos enfrente, la iniciativa del Gobierno federal no nos toma en cuenta. Ni a los medios públicos, ni a los medios de uso social, en donde se encuentran los comunitarios y los indígenas”, dijo ante un auditorio lleno.
Por otra parte, Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), reprochó que en el Senado sólo se está tomando en consideración la iniciativa del Ejecutivo y no la propuesta ciudadana de algunas organizaciones.
“No es posible que esa iniciativa del Ejecutivo federal señale que el conjunto de derechos de las audiencias debe estar promovidos en los códigos de ética de los concesionarios”, expuso.
Al evento asistieron algunos senadores como Alejandro Encinas, Dolores Padierna y Lorena Cuéllar, así como los diputados Aleida Alavez y un representante de la organización Artículo 19.
También Antonio Velasco Piña, abogado por la UNAM, y Lourdes Barbosa, directora del consejo ciudadano por la equidad de género.
Al encuentro asistió René Drucker científico y secretario en el gobierno del DF.
El Financiero
Sergio Negrete Cardenas
2 de mayo 2014
No es sólo fundamental poner el huevo, sino saber cacarearlo. La actual impopularidad del gobierno peñista no sólo se explica por un crecimiento que no acelera, un desempleo que sube, la pertinaz inseguridad o la desaseada reforma fiscal (que en los días recientes de declaración anual resintieron muchos individuos y empresas). Ha sido, además, el problema de cacarear huevos que todavía no se ponen.
Peña encabeza un gobierno que gobierna. Parece obvio, pero en un país kafkiano como México es un logro impresionante cuando se recuerdan tiempos cercanos de presidentes (Zedillo, Fox y Calderón) reñidos con el Congreso y en ocasiones hasta con sus propios partidos. El alud de reformas estructurales desde 2013, imposibles por 15 años, ahora se ve como algo normal. Lo malo es que resultados que tardarán años en materializarse fueron presentados como algo que llegaría de inmediato.
El mejor ejemplo es la reforma energética. El gobierno se dio, solito, un tiro formidable en el pie. Con todas sus letras lo prometió: las familias y comercios verán bajar sus recibos de luz y el precio del gas. La reforma constitucional se aprobó en diciembre. Van dos recibos de luz… y nada de reducción; meses y el tanque de gas sigue igual. Evidente, falta aprobar la legislación secundaria, que lleguen las nuevas inversiones privadas y que éstas fructifiquen. Esto es, algunos años. Evidente para los enterados, no para muchos ciudadanos bombardeados por una publicidad siempre simplista y frecuentemente cursi.
Curiosamente, fue el galardonado director de Gravedad el que bajó al gobierno a la tierra. Las preguntas de Alfonso Cuarón acorralaron a la administración porque representaban cuestionamientos legítimos y representativos de los ciudadanos que se rascaban la cabeza, confusos (o furiosos), viendo el recibo de luz o pagando el tanque –o preguntándose si la apertura al capital privado (que el gobierno se obstina en decir que no es privatización) no traerá una crisis económica. Y no es porque las privatizaciones traigan crisis, sino porque ambas cosas están equivocadamente ligadas en la mente de muchos.
Gracias a Cuarón se tuvo al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dando pública y verbalmente una respuesta tan larga que no cabía en ese medio hoy tan socorrido por los funcionarios del gobierno federal: Twitter. La explicación fue minuciosa y además convincente. El detalle, diría Cantinflas, es que los precios bajarán, sí, pero a partir del segundo semestre de 2016. Ese huevo, entonces, no debió cacarearse con alarde en 2013.
Es el problema con otras reformas. El acceso a la banda ancha e Internet está ahora garantizado en la Constitución. Es casi tan realista como ofrecer que todo mexicano tendrá La Arrolladora Banda El Limón amenizando su fiesta de cumpleaños. Esa realidad (la de la banda ancha, claro) llegará, sí, pero también tardará años y no será exactamente como lo entenderían muchos ciudadanos de a pie. Es de esperarse que Cuarón no tenga que pagar otro conjunto de desplegados para que su gravedad aterrice la reforma de telecomunicaciones ante los ciudadanos.
En ese sentido, ni Peña ni sus funcionarios ayudan (ni se ayudan).La distancia presidencial en parte se explica por una disciplina férrea que le dicta no salirse del guión (no sea que la improvisación termine mal). Sus subalternos muchas veces se mantienen en su sombra (nombrar a varios miembros del Gabinete es todo un reto memorístico) y siguen una conducta parecida. La paradoja es que el gobierno tiene un gran producto: el esfuerzo reformista prácticamente no tiene paralelo en la historia reciente. Pero es cuestión de cacarear en forma y, evidentemente, tiempo.
BRASIL Y MÉXICO: CONTRASTES DE LIBERTAD EN LA RED
Sin Embargo
Xanath Lastiri
2 de mayo de 2014
Actualmente, dos países latinoamericanos encabezan la discusión sobre la gobernanza de la Red: Brasil y México. Sin embargo sus caminos van en sentidos opuestos. En México, la discusión de las leyes secundarias a la Reforma en Telecomunicaciones propuestas por el actual Presidente Enrique Peña Nieto provocó la movilización de los ciudadanos en las calles porque –consideran– violenta los derechos humanos y marca un retroceso a la libertad de expresión. En cambio, el gobierno de Brasil, encabezado por Dilma Rousseff, puso el ejemplo con la aprobación del Marco Civil de Internet, una especie de Constitución de la Red que amplía las libertades y la cobertura en el uso de la Red y las protege como un derecho humano. Con esto, Rousseff se ha convertido en la líder de un movimiento internacional para regular Internet formado por países del espacio del Mercosur, la Unasur, el Brics, la Celac y algunos países africanos.
Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).– El pasado 24 de marzo de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto propuso su iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema de Radiodifusión de México, para reformar, derogar y adicionar las disposiciones en materia de telecomunicaciones. Esta iniciativa, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil que se pronuncian por defender los derechos de los usuarios de la Red, promueve la censura y coarta las libertades de los ciudadanos. Aunque la legislación está en proceso de discusión y se pospuso hasta junio de 2014, diversas organizaciones y especialistas en comunicaciones criticaron la iniciativa propuesta por el Jefe del Ejecutivo federal y la consideraron como un retroceso social que se debe a la propia voluntad de los gobernantes y políticos. En contraste, mientras en México los ciudadanos salían a manifestarse en las calles contra las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, apresuró la normatividad tras el escándalo del espionaje de Estados Unidos a ciudadanos, empresas y otros gobernantes revelado por las filtraciones de Edward Snowden, pues argumentó que “para que la Internet sea más democrática, necesita más presencia de los países en desarrollo”. “Queremos proteger la Internet como espacio democrático, de todos, como un bien común, un patrimonio de la humanidad. La Internet que queremos sólo será posible en un escenario de respeto por los derechos humanos, en particular el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión”, afirmó la Presidenta brasileñ en la aprobación del Marco Civil. El Congreso de Brasil aprobó el pasado 22 de abril la Ley que establece la neutralidad en la Red, así como la protección de privacidad de los usuarios que navegan en Internet. El proyecto denominado Marco Civil de Internet fue propuesto desde 2009. Sin embargo, luego de conocerse el caso de espionaje realizado por la Agencia de Seguridad estadounidense NSA retomó mayor fuerza hasta entrar en vigor el 23 del mes pasado como “Constitución Internet”, tras una campaña intensa que se gestó en las redes sociales. Organizaciones y legisladores de Brasil levantaron el debate en el Congreso y en Twitter se colocaron de inmediato los hashtags #MarcoCivil y #EuQueroMarcoCivil (quiero Marco Civil, en portugués), hasta lograr la regulación en el uso de Internet, lo que garantiza la protección y los derechos de los usuarios de la Red. En tanto, según las organizaciones civiles, lo presentado por el Presidente Peña Nieto se traduce en : La iniciativa permite la censura por derechos de autor. El contenido del que hagan uso los usuarios puede ser restringido, ya que se otorga a juicio de los proveedores, es decir, de las empresas de comunicaciones. Proveedores de los servicios de telecomunicación pueden exigir un pago por trato referencial, es decir, incluso por velocidad o banda ancha. Almacenamiento de datos de los usuarios sin ninguna orden judicial, lo que viola totalmente la privacidad de los internautas. Instituciones de gobierno pueden inhibir o anular la señal al momento que lo deseen. RETROCESO TOTAL Antonio Martínez Velázquez, especialista en comunicaciones e integrante de Artículo 19, detalló que con la iniciativa planteada en México “nos enfrentamos a un sistema político que no lo permite por defecto [establecer un marco legal que garantice los derechos de los usuarios] porque los legisladores no dependen del electorado, dependen de las cúpulas de los partidos y los acuerdos que llegue con ellos, de manera que no tienen razón para escuchar al elector si de éste no dependen las decisiones. No hay un vínculo entre el ciudadano y el representante, y el representante tiene que quedar bien con los partidos. El problema tiene que ver con el sistema político que tenemos y el comportamiento de éste a través de los años”. Martínez Velázquez advirtió que “después de 12 años de PAN [Partido Acción Nacional] y 71 de PRI [Partido Revolucionario Institucional] difícilmente se ha generado –o está generándose– un sistema donde la sociedad civil tenga un contrapeso que pueda influir de manera clara en las decisiones de los políticos”. El también integrante de la asociación civil Internet Para Todos consideró que la Reforma planteada en materia de Telecomunicaciones “es un retroceso en el sentido sustantivo, en lo que tiene que ver con la iniciativa, es decir, habrá mayor restricción a los derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión. Es una iniciativa que no está configurada para ser compatible con los derechos consagrados en la Constitución […] parte de la Reforma del Artículo 1º constitucional de 2011 dice que todas las leyes hacia el futuro tendrían que seguir los principios de progresividad; es decir, que cada vez tengamos más derechos y no menos, en ese sentido es un retroceso”, reiteró. El activista añadió que “en términos políticos también es un retroceso el hecho que en un nuevo contexto, los políticos se sigan comportando como en el pasado y que no hagan discusiones abiertas, deliberaciones públicas sobre leyes tan importantes que afectan a muchísimas personas”. Por su parte, Luis Miguel Martínez Cercvantes, coordinador del Programa de Convergencia Digital de la Universidad Iberoamericana, dijo que “en México, el operador, no necesariamente es el Estado, con la iniciativa de EPN se le están dando ciertas facultades al concesionario para regular el canal, y más que regular, controlar, esa es la diferencia [entre la ley en Brasil y la de México en materia de Telecomunicaciones]“. “Se está hablando de un retroceso, justamente cuando la regulación de las telecomunicaciones pasó de una entidad autónoma a un Estado de control, es un retroceso, sin duda” declaró, y dijo que “el poder de organización de las personas a través del internet (lo que pasó en Egipto y Siria) son manifestaciones de la capacidad de organización, que surgen a través de un canal que no era de importancia para los Estados[…] La mayoría de los Estados piensan en los problemas de seguridad que pueden llegar a surgir a partir de la organización de personas, el cual, rebasa las capacidades de vigilancia del Estado], abundó. Mientras tanto, las principales ventajas de la ley de Comunicaciones en Brasil son: Las compañías que ofrecen el servicio de internet no podrán limitar el acceso a los usuarios a determinados contenidos, ni podrán cobrar precios diferentes por cada servicio que se ofrece (conocido como neutralidad de red). Los proveedores de Internet tendrán la obligación de almacenar los registros de conexión por seis meses y ponerlos a disposición de las autoridades previa orden judicial. (Este punto ha sido polémico, ya que algunos señalan que debilita la protección de la privacidad). Las denuncias de usuarios en contra de empresas extranjeras de internet, serán resueltas en tribunales de Brasil y no en Estados Unidos. Con la ley se busca impedir el control que el gobierno de Estados Unidos ejerce sobre la red, aunque especialistas afirman que es difícil de conseguir. Compañías deben informar de forma clara sobre el uso y almacenamiento de sus datos. Sin embargo, Martínez Cervantes consideró que el Marco Civil de Internet impuesto en Brasil se trata de “una posición antagónica totalmente […] se tiene un discurso para la apertura a los valores de la libertad, y por otro lado existe un control del gobierno[…] sea para bien o para mal”, y reconoció que la legislación en ese país “es más explícita, los términos en que se redactó su ley es más explícita y tiene menos variante legales, es una gran diferencia [a la iniciativa presentada en México], y se asume el papel del estado en un ‘doble juego’ entre protector de la libertad, pero controlador del canal”. Así, el especialista en comunicaciones de la Universidad Iberoamericana consideró que “debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones como sociedad, y respetar la libertad que es uno de los valores que están garantizados en nuestra Constitución y que el gobierno nos garantice que lo que hacemos en la red –mientras no sea un acto criminal– se respete la privacidad”
NEUTRALIDAD DE LA RED
La ley aprobada en Brasil logró librar la polémica que ocasionaron las empresas de comunicaciones quienes fueron las primeras en oponerse al Proyecto Marco Civil que las dejó inhabilitadas de querer imponer costos altos por los servicios de banda ancha. A nivel global, la neutralidad de la red es el principal tema por lo que los usuarios luchan garantizar. En Bruselas fue aprobada así como en la Unión Europea, mientras que en Holanda se aprobó desde dos años, lo mismo en Chile y Túnez. Sin embargo, en Estados Unidos no fue admitida por su Congreso. Por su parte, activistas integrados en el colectivo Internet Para Todos, en México, demandó al Congreso de la Unión que se tomen en cuenta las propuestas que hicieron desde que se anunciaron las leyes secundarias a la Ley de Telecomunicaciones, que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha querido incorporar, cuestión que merma la libertad y el derecho a la libertad de expresión además de ignorar las demandas de la ciudadanía. El Colectivo –que reúne a organizaciones de la sociedad civil así como ciudadanos y usuarios de Internet– solicitó a EPN el derecho al acceso a Internet sin restricciones por parte de corporativos de telecomunicaciones, así como un acceso para todos, incluso en las comunidades más alejadas; neutralidad de la Red; garantías contra injerencias arbitrarias de la autoridades ante intervención en las telecomunicaciones y espionaje, así como la liberación de los espacios blancos para que el Estado pueda otorgar servicios gratuitos. Al mismo tiempo, Marco Antonio Martínez, de Artículo 19, explicó en entrevista que en el tema de la neutralidad de la Red lo que hace la iniciativa del Presidente es “subsumir la neutralidad a la legalidad del contenido”, ya que “por principio en Internet ningún dato es discriminado por su origen, ni por su destino, ni por el tipo de contenido, sólo se traslada de un lado a otro sin importar un elemento previo. En una Reforma como la plantea el Presidente, continuó, donde subsume al principio de la legalidad del contenido, la consecuencia que tiene esto es que el proveedor de servicios de Internet tiene que saber el contenido de los datos para entonces discriminar aquellos que no sean legales. “Es como si abrieran todas las cartas de la correspondencia física para saber si las comunicaciones que nos estamos mandando tienen o no algún sentido, el que sea, que sea contrario a la Red”, ejemplificó. El experto en comunicaciones detalló que lo anterior “impone costos a las empresas para tener cierta tecnología para conocer el contenido de los datos. Se les impondría el costo de manera implícita y vulnera el principio a cómo funciona la red en cuanto a no discriminación de contenido, de manera que afecta la libertad de expresión y de acceso a la información, porque se promoverían acuerdos comerciales entre ciertas empresas”. “El beneficio de la neutralidad de la red que todos tenemos es la libertad de lo que queremos ver y siempre lo vamos a ver a la misma velocidad y nadie está discriminando qué tipo de información ves mejor que otra”, reiteró Marco Antonio Martínez. En tanto, Luis Miguel Martínez Cercvantes, coordinador del Programa de Convergencia Digital de la Universidad Iberoamericana, dijo que “en la reforma planteada por Peña Nieto encontramos el ‘permiso’ de la ley para que el operador discrimine los paquetes [de datos] una vez que estos entran a su infraestructura, es decir […] se otorga posibilidad al operador de examinar la información; básicamente le estoy dando ‘permiso’ para que me censure”. También destacó que ”el contenido debe ser regulado por los usuarios por el ser parte de los principios básicos de internet, y reiteró que con la nueva iniciativa el Ifetel no pretende regular el contenido, […] en la mayoría de las legislaciones en el mundo, no hay una legislación sobre el contenido, sin embargo, en la iniciativa presentada [por Peña Nieto] se le dan atribuciones a entidades como la Secretaría de Gobernación para regularlo”. Recordó que Internet surgió de los usuarios, pues “nació por un acuerdo de libre voluntad entre usuarios que conectaron sus máquinas para intercambiar archivos, entonces se crearon unas estructuras de gobierno, la cual se conoce como gobernanza en internet, y tiene diferentes ámbitos, uno de ellos es el direccionamiento internacional, al igual que asociaciones, sin embargo, los gobiernos buscan “adoptar la gobernanza en Internet”. “En el caso de Brasil hay una posición antagónica totalmente […] se tiene un discurso para la apertura a los valores de la libertad, y por otro lado existe un control del gobierno[…] sea para bien o para mal”, opinó el especialista de la Universidad Iberoamericana. Al mismo tiempo, la organización que lleva como bandera #ContraElSilencioMx, donde el colectivo Libre Internet Para Todos también forma parte, ha salido a las calles a demandar claramente se respeten los derechos de los usuarios, así como la imposición a la censura que el gobierno mexicano ha querido imponer con la iniciativa que fue enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión.
La tres reformas, “solo a una brazada”
Milenio Jalisco
Mariana Otero-Briz
3 de mayo de 2014
El presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, aseguró que el Congreso está “a una brazada” de aprobar las leyes secundarias en materia político-electoral, energética y de telecomunicaciones.
“Todas están muy avanzadas, no obstante que no salieron en el periodo ordinario, estamos a una brazada de que salgan prácticamente las tres materias”, aseveró.
En entrevista con MILENIO, Camacho Quiroz confió en que los legisladores honrarán su sentido de responsabilidad para iniciar con los debates y aprobar las reformas que, consideró, quitarán el freno al desarrollo.
“Nosotros estamos confiados en que vamos a lograr sacar todas las leyes secundarias, porque estamos en esa ruta, y al final éste es un ejercicio de aproximaciones sucesivas. Estamos muy cerca de lograrlo, y seguro que habrá acuerdos y legislación secundarias en las próximas semanas”, enfatizó.
Por otra parte, el líder partidista consideró que con el envío de la iniciativa de ley secundaria en materia energética, el presidente Enrique Peña Nieto cumplió con el compromiso de presentar la propuesta antes de que finalizara el periodo ordinario de sesiones en el Congreso.
Además, aseguró que ese planteamiento respeta cabalmente el espíritu de la reforma constitucional, y al crear una nueva categoría administrativa de empresas productivas del Estado se permitirá el fortalecimiento de Pemex y CFE.
Finalmente, reiteró que en la propuesta de ley secundaria se ratifica la propiedad exclusiva de la nación de ambas empresas, además de que se mantiene la tradición de saber que son empresas de los mexicanos.
Slim a su sindicato: no me defiendas compadre
El Financiero
Adrián Trejo García
2 mayo 2014
En una rara jugada, Telmex de Carlos Slim se deslindó de las manifestaciones de protesta en contra de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, realizadas hace unos días por el sindicato de telefonistas que encabeza Francisco Hernández Juárez.
En un desplegado, Telmex-Telcel aseguró no compartir “ la posición del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana de participar en manifestaciones públicas que confunden demandas laborales y procesos legislativos, ni consideramos que éste sea el camino adecuado para manifestar puntos de vista personales y grupales”.
Y es que en la víspera de la posposición de la discusión en el Senado de las leyes secundarias del sector, el sindicato de telefonistas estuvo muy activo defendiendo la posición de la empresa e, incluso, esgrimiendo la posibilidad de una huelga si las prestaciones de los trabajadores resultaban afectadas con motivo de las leyes reglamentarias.
El caso es la discusión -fallida- de las leyes secundarias en telecomunicaciones se empató con la revisión del contrato colectivo Telmex-telefonistas, lo que dio más impacto a las declaraciones de Hernández Juárez.
“Si defender los derechos de los trabajadores’’, dijo el líder, “es defender a la empresa, pues qué se puede hacer’’.
La posición del sindicato fue criticada duramente en el Senado, al que acudió en un par de ocasiones Hernández Juárez, porque se le consideró “un ariete’’ del propio Slim.
Pospuesto el debate y aprobación de las leyes secundarias para un periodo extraordinario, probablemente en junio, Telmex se desmarca de las acciones de su sindicato.
Algo así como un tardío “no me defiendas compadre’’.
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El Plan Nacional de Infraestructura no sólo dota al sector eléctrico de recursos, sino que compromete a la propia Comisión Federal de Electricidad a afianzar un esquema de desarrollo sano y sostenido en el marco de la reforma energética.
Y es que, a la espera del debate de la iniciativa presidencial de leyes secundarias en materia energética, toda la atención está puesta en el futuro de Pemex, que por cierto no es todo el sector.
La CFE, que encabeza Enrique Ochoa Reza, tiene una amplia responsabilidad en el esquema de reforma pues no sólo debe garantizar el servicio para la población, sino además debe contribuir a detonar el crecimiento económico y, desde luego, a desarrollar energías renovables, un tema que es ya central en los países desarrollados.
A ver.
#LeyPeñaTelevisa y #EPNvsInternet, el Factor de la Movilización
Homo Zapping
Jenaro Villamil
3 de mayo del 2014
En la campaña presidencial de 2012 irrumpió en la escena social una movilización juvenil que demandó con fuerza inusitada la democratización de los medios de comunicación en nuestro país. Los jóvenes del YoSoy132 y muchos otros intelectuales, políticos, periodistas, activistas destacaron que sin democratizar la estructura de los medios en México, en especial de la televisión, no hay posibilidad de democratizar la vida política. El debate social necesita información libre, plural y ajena al control de intereses monopólicos.
Por primera vez en muchos años, esa demanda salió a las calles. Puso en jaque el retorno del PRI a la presidencia de la República después de 12 años de una transición fallida y de una traición a la democracia protagonizada por los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón.
El movimiento de los jóvenes no derrotó electoralmente a Enrique Peña Nieto y a la maquinaria del PRI y del evidente apoyo mediático, financiero y publicitario que lo llevaron a Los Pinos. No era ese el objetivo de las movilizaciones. Su victoria fue en otro terreno: fue una victoria social, cultural y cívica. Todos los partidos asumieron la necesidad de frenar el poder de esos monopolios de los medios y de las telecomunicaciones que crecieron sin límites ni contrapesos, que presionan y chantajean, que son cómplices del atraso de una sociedad con serios problemas de educación, información y de convivencia.
Los jóvenes nos demostraron también, por primera vez, el poder de las redes sociales y de la deliberación a través de los medios digitales como el internet. Una generación de universitarios que ya no crecieron con la televisión o que se rebelaron al dominio de la pantalla televisiva demostró que los cambios tecnológicos también pueden ser poderosos aliados de la acción política.
Por esas razones, el 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de asumir el poder, Peña Nieto ofreció acabar con el dominio de los poderes fácticos, democratizar los medios y encabezar una reforma constitucional en este sentido. Fue una de las promesas del Pacto por México, de triste memoria.
No lo ofreció por gusto o por convicción. Era una necesidad. El PRI necesitaba legitimar su retorno al poder presidencial. A Peña Nieto le urgía quitarse la etiqueta del candidato “tele-producido” que le apuesta más a las apariencias y a la mercadotecnia que a los hechos y a los acuerdos reales.
La reforma constitucional, aprobada en abril de 2013 por el Congreso y promulgada en junio del mismo año constituyó un paso importante aunque insuficiente en la democratización del régimen de medios y en el reconocimiento de nuevos derechos como los derechos de las audiencias y de los usuarios de telecomunicaciones y de internet.
Muchos apoyamos esa reforma con reservas muy claras. No fuimos ingenuos. Sabíamos que Peña Nieto necesitaba “vender” esa percepción, pero también necesitábamos incorporar en la Constitución la necesidad de frenar los poderes monopólicos, fomentar la libertad de expresión y el derecho a la información. Incorporamos, por primera vez, en los artículos 6 y 7 los derechos de las audiencias y de los usuarios.
No fue una tarea fácil. Hubo muchas resistencias y presiones dentro y fuera del gobierno. Las televisoras y sus intereses trataron de minimizar los alcances de esta reforma. Muchos de esos jóvenes que se movilizaron en el 2012 estaban escépticos. Y con razón: la reforma constitucional sólo era el primer paso en un largo trayecto contra la cultura de la censura, de la manipulación, de la mentira y de la enajenación.
Con retraso de varios meses, en marzo de 2014 el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de ley secundaria para aterrizar los compromisos de la reforma constitucional.
Desde antes alertamos que esta iniciativa tenía elementos de contrarreforma. Fue redactada de espaldas a la sociedad y a los legisladores. En lo oscurito, entre funcionarios, abogados de las televisoras y un senador como el panista Javier Lozano que aún niega haber participado en su elaboración.
La iniciativa presidencial constituyó un retroceso y una contrarreforma. Privilegió la idea del control autoritario del gobierno sobre los medios digitales y masivos. Se minimizaron los derechos de las audiencias y de los usuarios. Se privilegió, de manera clara, a uno de los dos grandes monopolios que han impedido desde hace décadas el derecho a la información en México. Se violentó y limitó la autonomía del nuevo organismo creado para regular el sector. Se impuso el interés del nuevo control presidencialista.
En el Senado hubo un duro intento de imponer la traición a la reforma constitucional. Se inventó una consulta que, en realidad, fue una pasarela para escuchar los reclamos de los sectores privados e industriales, cuyos intereses son legítimos, pero no son los únicos. La sociedad estuvo ausente de este debate.
Bajo el pretexto de las prisas y de la necesidad de darle certidumbre jurídica a las inversiones, se quiso imponer un dictamen tramposo, violando los procesos y procedimientos parlamentarios.
Fue, de nuevo, la movilización y la protesta social, con un alto impacto en el extranjero, lo que obligó al gobierno y al PRI a posponer el intento de traición. Fueron los jóvenes usuarios de internet, los activistas y organismos de la sociedad civil, la opinión ciudadana que no está controlada por el duopolio televisivo o por el poder gubernamental quienes alertaron y ayudaron a quienes decidimos desde el Poder Legislativo a poner un freno a esa contrarreforma.
Esta ha sido una victoria del movimiento ciudadano, plural y diverso. Nos pertenece a todos. De eso no debemos tener ninguna duda, pero no es aún una victoria completa. Van a tratar de imponer, de nueva cuenta, una ley que vaya en contra de la plena democratización de los medios.
La movilización social no les gusta a los autoritarios. Les molesta, los pone nerviosos. Van tratar de distorsionar la información y la naturaleza de las demandas. Van a tratar de dividir, de alterar o de cooptar a quienes han encabezado estas protestas. Ya comenzaron los #Teletroles de Twitter.
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