Sin Embargo
Shaila Rosagel y Linaloe R. Flores
25 de abril de 2014
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– El martes 22 de abril se escribió un nuevo episodio de la confrontación entre jóvenes que protestaban frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec contra la Reforma en Telecomunicaciones que limita el acceso a Internet y no combate los monopolios, y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), que resguardaban esas instalaciones. Como ha sucedido desde el 1 de diciembre de 2012 (1D), cuando tomó posesión de la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, hubo golpes, encapsulamientos y detenciones aún no aclaradas. Una vez más se olvidó el Protocolo de Actuación Policial para Control de Multitudes de la SSPDF, un instrumento que fue publicado el 25 de marzo de 2013 en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y cuyo objetivo es evitar violaciones a los derechos humanos, después de la aciaga jornada del 1D. Durante la vigencia del protocolo, 300 personas han sido detenidas en diferentes manifestaciones: 10 de junio durante la marcha conmemorativa de El Halconazo; 1 de septiembre en una manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); 13 de septiembre durante el desalojo del plantón de los profesores disidentes del Zócalo capitalino y 2 de octubre en la manifestación que evocaba a las víctimas de la Matanza de Tlatelolco. En las trifulcas, vividas todas en el Centro Histórico de la capital del país, 67 policías han resultado lesionados, dos de gravedad. También, durante la vigencia del protocolo, los elementos de la SSPDF no han dejando de utilizar el kettling, la táctica que se basa en formar filas de policías que se mueven hasta cerrar círculos y atrapar a manifestantes violentos. En la semántica de las marchas ocurridas en el primer año de gobierno del Presidente Peña Nieto, se le ha llamado “encapsulamiento” y aunque la Corte Europea de Derechos Humanos la considera dentro de los parámetros, más de mil 200 personas (cifra que incluye tanto a manifestantes como a civiles ajenos a las protestas) han quedado atrapadas, según ha documentado el Comité Cerezo. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) observadoras de los derechos humanos en México coinciden en que los elementos policiacos muestran falta de preparación al desplegar el llamado kettling, y la prueba de ello es que entre los detenidos siempre se han encontrado personas ajenas a las protestas. Más aún: los propios elementos de seguridad han resultado con serias lesiones. Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, alertó después de la marcha del martes pasado, que es evidente la falta de trabajo de la policía capitalina en materia de protocolos. “Nos hemos acostumbrado a ver ya imágenes donde la actuación de los elementos de la SSPDF son violaciones flagrantes a los derechos humanos. Cada vez vemos imágenes más brutales. Una ciudad como la que tenemos merecería actuar con profesionalismo, porque es el epicentro de la protesta”, dijo. Ramírez indicó que la discusión no debe centrarse en el uso legítimo de la fuerza, sino en la contención por parte de los elementos de Seguridad Pública en cada manifestación, sin importar la causa. Estas formas que se han vuelto típicas en la Ciudad de México son para la investigadora de Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales (Flacso), Sandra Serrano, la muestra de la incapacidad para utilizar la fuerza pública frente a lo que los ciudadanos desean decir en sus propias calles. “Nos habla, con una apoteosis, de que no existen vías de comunicación política ni capacidad de diálogo”. Sumida en una crisis de imagen, la SSPDF ha vuelto más cerrados los filtros de ingreso a sus corporaciones. Según palabras de su titular, Jesús Rodríguez Almeida, al salir de su informe de labores en septiembre del año pasado, más de 900 servidores públicos de la dependencia han sido destituidos por diferentes razones y 135 elementos puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). El mismo funcionario expuso en esa oportunidad que 50 por ciento de los aspirantes a ingresar al Instituto Técnico de Formación Policial había sido rechazado en la selección por controles de confianza. Este año, la SSPDF ejerce un presupuesto de 13 mil 729.8 millones de pesos, 4.7 por ciento más que el año pasado. ¿Y LOS ANARQUISTAS? Julián Luna, uno de los manifestantes golpeados el pasado 22 de abril. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo. En esta crisis de derechos humanos hay otro lugar común: la presencia del grupo que a veces se hace llamar “anarquista” y otras se identifica como Frente Oriente. Este conglomerado no sólo ha participado en las manifestaciones en el primer cuadro de la capital del país; también en las tomas de las rectorías de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma de México (UAM) y Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Jesse Alejandro Montaño Sánchez es un nombre en las listas de detenidos y golpeados en todas las manifestaciones que se han efectuado desde el 1D. Una subdivisión de este grupo, se identifica en las redes sociales como Alfa y en su dirigencia se encuentra Julián Luna, otro nombre presente en la totalidad de protestas. Han pasado 16 meses desde que el grupo de anarquistas apareció en la escena de las manifestaciones y el GDF no ha expuesto ningún informe sobre quiénes lo integran y por qué continúan con sus acciones. Desde la marcha del 2 de octubre, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos pidió una investigación transparente ante la sociedad civil sobre el grupo de anarquistas en aras de garantizar el derecho a la manifestación. Dejó claro en su petición que la revelación sobre quiénes son los llamados anarquistas le corresponde a las autoridades dado que se trata de “actores de la violencia”. EL 22 de abril, en la defensa de acceso a Internet, algunas escenas se repitieron en un guión consabido. Jesse Alejandro Montaño Sánchez y Julián Luna volvieron a aparecer golpeados, en medio de la confusión. Unos 300 granaderos colocados en doble fila y seis tanquetas habían impedido el paso de los manifestantes hacia la entrada principal de Televisa. Ahí se armó la trifulca. Pronto, quienes protestaban gritaron que había cuatro detenidos elegidos al azar entre la muchedumbre y una mujer clamaba por Jesse Alejandro Montaño Sánchez. “¡Dónde está, qué le hicieron, dónde está Jesse Alejandro!”, gritaba la mujer a los granaderos mientras entregaba una hoja de papel con el nombre del joven detenido escrito. Entonces llegó Alberto García, director de Derechos Humanos de la SSPDF para mediar, pero fue retenido y rodeado por los manifestantes quienes exigieron a los granaderos un intercambio: García, por los cuatro detenidos. Los jóvenes nombraron una comisión de cuatro personas para ingresar al cerco de los granaderos y dialogar en busca de los cuatro detenidos. A las 10 de la noche, un joven que dijo llamarse Emiliano Morales, salió para informar que los policías no sabían nada de los detenidos y que estaban entonces desaparecidos. “Prensa, vengan para acá, prensa, pues dicen que no están aquí, no están detenidos, que no saben nada de ellos. Entonces están desaparecidos”, declaró a los medios de comunicación. Antes, Julián Luna se había abierto paso de entre la valla de policías y había dicho que era uno de los cuatro detenidos. Julián estaba golpeado, escurría sangre y dijo que estaba al frente de la protesta y luchando contra los escudos de los granaderos cuando fue golpeado al grado de la dislocación de la mandíbula y una hemorragia interna a la altura de la cadera. “Nos agarraron y nos putearon los policías, nos pegaron entre 10 y nos metieron a la perrera. Mientras estábamos ahí… nos pegaban más. En la perrera había banda bien madreada y había sangre por todo el piso”, expresó Julián Luna, el mismo que el 31 de agosto de 2013 salió a la luz cuando se enfrentó al contingente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la esquina de Mesones e Izazaga. En esa ocasión se identificó como activista de 23 años, miembro del colectivo Acampada Revolución. En YouTube es dirigente del grupo Alfa. EL PENDIENTE Después de la marcha del 2 de octubre que evocó la Matanza de Tlatelolco, el Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés, informó que el GDF había detectado entre 70 y 150 individuos “que de manera cotidiana actúan de esta manera y que están autodeterminados a actuar con la agresión que hemos podido observar”. En aquella ocasión, el funcionario reconoció: “La forma en la que actúan los grupos anarquistas muestra que ha tenido un entrenamiento intenso, además de que recurren a las redes sociales para compartir información, como los manuales en los que se dan instrucciones para agredir a agentes policiacos e instalaciones”. De las declaraciones del encargado de los asuntos internos de la capital del país, ha transcurrido un semestre y no hay ningún informe disponible sobre el grupo de anarquistas o “infiltrados”. En la coyuntura de aquella marcha, varias organizaciones pidieron el esclarecimiento de la actuación de ese grupo cuyos miembros aparecen con capuchas en las manifestaciones. Por ejemplo, Ana Raczynska, la secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, fue explícita en una rueda de prensa y exigió al jefe de Gobierno Capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, rendición de cuentas. “Deberíamos esperar un informe completo, serio. Me parece que es la constante en las manifestaciones, yo esperaría que las autoridades del DF nos den una investigación. Quiénes son estas personas, en múltiples videos se han identificado”, dijo la activista. Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos, precisó que el gobierno de Mancera debe estudiar y revelar quiénes son los civiles que cometieron actos vandálicos. Recordó que la utilización de infiltrados en los movimientos sociales es una práctica que se utiliza desde hace varios gobiernos en México para justificar políticas públicas y acciones, lo cual llama a la suspicacia.
CDHDF exige castigos en la SSPDF por agresiones a su personal
El Economista
Redacción
25 de abril de 2014
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, señaló la necesidad de que haya consecuencias ejemplares para los policías capitalinos que el martes pasado golpearon a personal de este organismo durante el desarrollo de la manifestación contra la Ley Telecom.
“Queremos que haya una revisión con el debido proceso, consecuencias ejemplares porque no se puede tolerar que en operativos ya llevamos más de 24 acompañamientos en movilizaciones, protestas y demás, jamás habíamos tenido una situación de esta característica y no vamos a tolerar que eso se manifieste”, indicó.
En entrevista posterior a la conmemoración del Séptimo Aniversario de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, pidió que “se nos garanticen las condiciones como órgano autónomo para la verificación de actuación de autoridad en operativos de este tipo”.
La ombudsman capitalina refirió que esas responsabilidades tendrían que tomar en cuenta si hubo o no abuso de autoridad, además de los procedimientos administrativos.
“En este caso puede haber incluso una amonestación pública a los enlaces de derechos humanos de la SSPDF, que lejos de propiciar y coadyuvar, propiciaron las condiciones de agresión y sobre todo que se deslinden las responsabilidades en la coordinación”, indicó.
Gómez Gallardo manifestó la necesidad de que las autoridades tengan un pronunciamiento claro en el sentido de que se les permitirá continuar con su trabajo como organismo autónomo.
Asimismo, detalló que están documentando los hechos para presentar las denuncias correspondientes contra quienes agredieron al personal de la CDHDF.
La queja iniciada de oficio sobre lo ocurrido durante la manifestación contra las leyes secundarias de Telecomunicaciones continúa abierta y están recibiendo información de las personas que de igual manera fueron agredidas, puntualizó.
Almeida: se investiga a policías que agredieron a manifestantes
Homo Zapping
Monitoreo Informativo
25 de abril del 2014
Un enfrentamiento entre policías capitalinos y personas que se manifestaban contra la iniciativa en materia de telecomunicaciones, ocurrido el martes en la noche frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec, derivó en una investigación interna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) por la actuación de los uniformados y el inicio de una queja de oficio por la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF), por las agresiones sufridas, incluso por observadores del organismo.
Jóvenes que participaron en la marcha relataron que ésta había transcurrido con calma, hasta que un grupo de manifestantes trató de acercarse a la entrada principal de la televisora, alrededor de las 20 horas, la cual estaba rodeada por granaderos. En la trifulca, aseguraron, la policía capitalina golpeó y detuvo a cuatro jóvenes, mientras ellos retuvieron al director del área de derechos humanos de la SSPDF.
La CDHDF informó que sus visitadores trataron de impedir las agresiones, pero también fueron golpeados. Los jóvenes de diferentes organizaciones sociales que participaron en la marcha aseguraron que al menos tres de ellos requirieron atención hospitalaria por los golpes propinados por la policía capitalina.
También aceptaron que ante la detención de algunos de ellos, negociaron con personal del gobierno capitalino para conocer el paradero de sus compañeros y que se diera cuenta de su estado de salud, a cambio de liberar al funcionario de la SSPDF, lo que finalmente sucedió.
Ninguno de los jóvenes fue presentado formalmente ante el Ministerio Público, pero, de acuerdo con los activistas, los dejaron muy golpeados. Algunas fotos y videos de estos hechos circularon en Twitter.
Al ser cuestionado sobre estos hechos, el jefe de la policía capitalina, Jesús Rodríguez Almeida, aseguró que desde el martes en la noche ordenó una investigación por este enfrentamiento. Enfatizó que ninguno de los altos mandos de la SSPDF que estuvieron en el lugar dio la orden de hacer detenciones o de extralimitarse en el uso legítimo de la fuerza, por lo que se revisaría la actuación de cada elemento que participó en la contención de los manifestantes.
Habrá sanciones
Rodríguez Almeida admitió que a pesar de la existencia de los protocolos de actuación en manifestaciones, algunos elementos no procedieron conforme a ellos, y que de acreditarse responsabilidades podrían ser sujetos a sanciones que irían desde la suspensión hasta la destitución.
Por la noche, dos jóvenes pertenecientes a la organización Brigada Informativa interpusieron una queja en la CDHDF por la detención arbitraria de que fueron objeto en la estación Pino Suárez del Metro, tras participar en la marcha, ya que traían material videográfico de lo sucedido.
Lilian Marisol Hernández y Andrés Landeros fueron subidos a patrullas y paseados durante horas hasta que fueron entregados a sus familiares fuera de la agencia del Ministerio Público de Cuauhtémoc, en el Centro Histórico, sin ningún cargo y sin las grabaciones, según sus testimonios.
-Diagnósticos sobre libertad de expresión
OEA, satisfecha con libertad de expresión en México
El Universal
Notimex
24 de abril de 2014
Destaca relatoría las reformas al IFAI, en materia de telecomunicaciones, y las acciones emprendidas a favor de la defensa de periodistas en el país
La *Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, *de la*Organización de los Estados Americanos, *se dijo hoy satisfecha por los avances y reformas registrados por México, en particular por la reforma del *Instituto Federal de Acceso a la Información (*IFAI) y la *reforma en materia de Telecomunicaciones*. En su informe anual de labores, la relatoría consideró que México “debe promover la autonomía de los medios como la diversidad y el pluralismo mediático mediante la adopción de medidas estructurales como el establecimiento de un órgano regulador de la radiodifusión que tenga independencia del gobierno”.
El órgano, dependiente de la *Comisión Interamericana de Derechos Humanos* (CIDH) también tomó nota “con satisfacción” por la reforma que regula la competencia de las autoridades federales para*investigador y sancionar los delitos cometidos contra los periodistas *en el ejercicio de su profesión. El informe detalló 15 instancias de amenazas contra periodistas y ocho en que medios de comunicación fueron objeto de ataques, destacando el caso del periódico /El Siglo de Torreón/ en el estado de Coahuila, blanco de atentados con armas de fuego durante tres días consecutivos en febrero de 2013.
La relatoría hizo notar igualmente el efecto “inhibidor” que tienen las denuncias penales contra periodistas por parte de servidores públicos o representantes de grupos de poder fácticos cuando consideran que su derecho al honor se ha visto afectado. La relatoría consideró relevante el caso de Mario Arturo Quiñónez Sánchez, quien presuntamente participó en el atentado contra el periodista Jesús Blanco Ornelas en noviembre de 1997 y quien continúa preso pese a haber sido absuelto de la condena que se le impuso.
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