Periodistas
-Condiciones laborales
Agreden a 66 periodistas en el primer trimestre de 2014
Animal Político
Tania L. Montalvo
22 de abril de 2014
De enero a marzo de 2014 se registraron 66 agresiones contra la prensa en México entre amenazas, intimidaciones, violencia física, hostigamiento judicial, difamación, detenciones arbitrarias y asesinatos, según datos que publica este martes la organización Artículo 19, que alerta que esa cifra superar por 16 casos a lo que ocurrió en el mismo periodo del año pasado.
“El panorama para la libertad de expresión en este primer trimestre de 2014 no sólo es más adverso por el incremento de las agresiones. La impunidad que suele existir en más del 90% de los casos documentados y la crisis que atraviesa la instancia federal encargada de proteger a los comunicadores amenazados, se han convertido en los mejores alicientes para los agresores de la prensa en México”, concluye la organización defensora de la libertad de expresión sobre la situación en el país tras los primeros tres meses del año. De las 66 agresiones, 23 fueron agresiones físicas a comunicadores, 19 amenazas, 9 intimidaciones, 8 actos de hostigamiento judicial, cinco detenciones arbitrarias, una denuncia por difamación y un asesinato: el del periodista de Veracruz, Gregorio Jiménez en febrero pasado; caso por el que Artículo 19 denuncia deficiencias y omisiones de parte de autoridades encargadas de investigar.
Según el conteo de la organización, en el 59% de las agresiones cometidas contra la prensa entre enero y marzo de 2014 los presuntos responsables son servidores públicos.
Agresiones a la prensa | Create infographics
Destacan el caso del Distrito Federal —segunda entidad con más agresiones— en donde existen al menos cinco casos documentados de que los presuntos responsables de la agresión son policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Mencionan el caso de la periodista Fabiola Gutiérrez Quiroz y su colega Luis Méndez que fueron detenidos arbitrariamente cuando documentaban diferentes operativos en el Metro de la capital.
Asimismo, se hace énfasis en que Veracruz es el estado con más agresiones pues además del asesinato de Gregorio Jiménez, otros diez periodistas y dueños de medios fueron agredidos o amenazados por su labor.
La lista de las entidades con más agresiones sigue con Guerrero, Oaxaca y Sinaloa con nueve, siete y cinco hechos contra la libertad de expresión, respectivamente.
El reporte trimestral enero-marzo 2014 sigue la línea de lo ocurrido durante el año pasado, cuando Artículo 19 documentó 330 agresiones, de las cuáles, 6 de cada 10 fueron cometidas por funcionarios públicos.
Defensoras y mujeres periodistas
El reporte trimestral de Artículo 19 coincide con un comunicado emitido por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México que indicó que durante el primer trimestre del año ha podido documentar 41 agresiones en contra de defensoras y mujeres periodistas.
Esa organización dijo que de enero a la fecha han aumento y han sido sistemáticas los actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias y la emisión de órdenes de aprehensión sin fundamento contra mujeres comunicadoras y activistas.
“La ola de agresiones contra defensoras y mujeres periodistas resulta ser consecuencia de la respuesta que las autoridades están dando a la protesta social, a las denuncias de corrupción, a la documentación y a la denuncia de violaciones de los derechos humanos”.
Según este conteo, de las agresiones documentadas 10 fueron actos de intimidación, 10 amenazas, ocho amenazas de muerte, seis ataques al patrimonio persona, cuatro actos de uso excesivo de la fuerza, tres actos de criminalización y judicialización, tres actos de difamación, dos detenciones arbitrarias, dos agresiones físicas y verbales y uno ataque al patrimonio de la organización.
Estos conteos sobre agresiones ocurren cuando organizaciones civiles identifican que hay una crisis institucional al interior del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancia a cargo de la Secretaría de Gobernación encargada de brindar protección a comunicadores y activistas amenazados por su labor.
El encargado del Mecanismo renunció el 15 de marzo pasado y un mes después se nombró a Víctor Manuel Serrato Lozano como nuevo titular de la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación; quien antes trabajó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Sin embargo, los consejeros ciudadanos que son parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo informaron el mes pasado que hay rezago en la atención de casos debido a diversos problemas estructurales y “falta de voluntad política” de las autoridades, además de que con casi dos años en funciones, no se han ejercido 263 millones de pesos destinados a la protección de periodistas y defensores.
El Universal
Alberto Aziz Nassif
22 de abril de 2014
Poco a poco se van perdiendo libertades y derechos. El último sexenio panista dejó un desastre de muerte, desapariciones forzadas y violación de derechos humanos. El regreso del PRI ha traído un retroceso y una sistemática criminalización de la protesta social. Diez organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos (Artículo 19, Centro Pro, Centro Vitoria, Todos los derechos para todos y todas, Fundar, IMDHD, Propuesta Cívica, Causa, CMDPDH, SERAPAZ) han realizado un documento, Control del Espacio Público, en donde analizan qué ha pasado desde el 1 de diciembre de 2012.
Una regla básica de la democracia es el respeto a los derechos de manifestación y de expresión, a la protesta social. Cuando se empieza a reprimir y criminalizar las acciones se compromete de forma importante este mecanismo que “no pasa por un buen momento en la actualidad” (p. 5). Según el documento la criminalización asumen diversas formas: represión desproporcionada, persecución penal, descalificación automática. Se traslada el conflicto del espacio político al judicial con una sobre-regulación. Desde el regreso del PRI, dicen estas organizaciones, se ha “observado en México un proceso sistemático de violaciones al derecho a la protesta y contra la libertad de expresión” (p. 9). Se tienen un registro de los hechos del 1 de diciembre de 2012, en 2013 en varias fechas, 10 de junio, 1 de septiembre, 13 de septiembre, 2 de octubre y 1 de diciembre.
Una de las tensiones es el incumplimiento de los estándares internacionales, mediante regulaciones que vulneran los derechos. En México ya circulan en el Congreso de la Unión y en la Asamblea del Distrito Federal una serie de iniciativas encaminadas al control y la criminalización directa: la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas (presentada por el PAN, PRI y PVEM en el Senado el 20 de noviembre de 2013); Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal (Ley Sotomayor, PAN); leyes en los estados de Jalisco, San Luis Potosí y Quintana Roo. Además de otros ordenamientos de criminalización indirecta; en estos días está la iniciativa de Peña Nieto, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual deja al criterio discrecional de las agencias del Estado el control de las telecomunicaciones para bloquear señales en “eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional” (p. 25).
Sin duda, el contrapeso que hacen las organizaciones que defienden el ejercicio de libertades y derechos humanos es fundamental. La campaña nacional “Protestar es un derecho, Reprimir es un delito”, se ha vuelto a lanzar como un mecanismo de monitoreo. En su planteamiento sobre el papel de la sociedad civil organizada en una democracia, el autor francés Pierre Rosanvallon desarrolla el concepto de “contrademocracia”, como la forma de vigilancia, observación, crítica social, que se tienen que hacer frente a los abusos del poder. Esta tesis es importante sobre todo en países como el nuestro en donde el estado de derecho es débil y la democracia es “delegativa” (O’Donnell).
Las protestas sociales de la primavera árabe fueron el vector para desmontar regímenes autoritarios; poco tiempo después llegaron los rebotes autoritarios que se resisten ante la voz de la calle. La crisis reciente en países desarrollados ha generado también protestas que visibilizan el malestar social por el crecimiento de la desigualdad, el desempleo y la precarización de las condiciones de vida. La voz de los indignados, los okupa, los estudiantes, expresan que la democracia representativa no los incluye.
La batalla por las libertades y el respeto a los derechos humanos en México va para largo. El control de la protesta es una pieza importante de un tablero en donde el sistema político excluye a una parte de la sociedad que manifiesta su inconformidad ante un sistema político esclerotizado. Una de las principales tareas de la ciudadanía será tener encendidas las alertas porque el escenario de control del espacio público es una lucha que no se puede perder, ya sea en contra de leyes regresivas, de criminalización de protestas o de reducción de derechos.
Libertad de expresión
-Censura
Arranca controvertido juicio Turquía a usuarios de Twitter
Sin embargo
Redacción
21 de abril de 2014
Estambul, 21 abr (dpa) – En la ciudad turca de Esmirna comenzó hoy el proceso contra 29 usuarios de Twitter acusados de realizar llamamientos a comportamientos ilegales durante las protestas en el parque Gezi de Estambul, un juicio criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Algunos de ellos están acusados de haber ofendido al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, en sus mensajes. Según informaron los observadores del proceso de la organización Amnistía Internacional, se les atribuye haber instigado a violar la ley durante los disturbios y protestas del verano pasado que se extendieron de Estambul a todo el país. Los activistas aseguran que los acusados, en su mayoría jóvenes, compartieron información sobre las manifestaciones masivas en las redes sociales, pero que ninguno de ellos violó la ley. El tribunal de la metrópolis de Esmirna, situada en el oeste del país, decidió hoy nombrar formalmente a Erdogan como ”perjudicado” por el caso y después postergó el proceso al 14 de julio. “No sólo creo, sino que estoy segura de que son acusaciones políticas”, dijo a dpa la abogada Duygucan Yazici, que representa a los acusados. Los tuits libres están protegidos como expresiones de opinión libres por la Constitución turca y por la Convención Europea de Derechos Humanos. El observador Andrev Gardner de Amnistía Internacional consideró el proceso una prueba de “lo fuerte que está cayendo el respeto de la libertad de expresión en Turquía”. El magistrado del caso descartó que Erdogan tenga que comparecer en el tribunal. “No hay nada que indique que el primer ministro se quejara sobre el caso”, añadió Gardner. La dureza con que el gobierno turco actúa contra las críticas en las redes sociales ha sido duramente criticada por la Unión europea (UE) y Estados Unidos. Ankara ha estado intentando frenar el uso de las redes sociales, que se usaron para organizar protestas y colgar denuncias de corrupción contra funcionarios del gobierno. Twitter, a la que Erdogan denominó “amenaza” para la sociedad, fue bloqueado durante dos semanas, desatando una orden del Tribunal Constitucional para que restituyera el acceso. YouTube lleva bloqueado desde finales de marzo. Pese al desbloqueo de Twitter, en el país llevan bloqueados desde el domingo los contenidos de las cuentas de dos opositores que tienen casi un millón de usuarios. Se trata de @Bascalan y @Haramzadeler333, las cuentas a través de las que se difundieron videos con conversaciones telefónicas que implicaban a Erdogan en casos de corrupción poco antes de las elecciones municipales de finales de marzo. Twitter negó bloquear información por petición de un representante del gobierno, una medida que según dijo, requiere un proceso judicial, y aseguró que tampoco entregará informaciones de usuarios a las autoridades turcas. La agencia de noticia Anadolu dijo sin embargo que los usuarios de las cuentas serán acusados de violar los derechos personales. Hace unos días una delegación dirigida por el vicepresidente de Twitter, Colin Crowell, mantuvo conversaciones con representantes del gobierno en Turquía y organizaciones no gubernamentales. Twitter dijo entonces que el encuentro fue “productivo y de carácter informativo”.
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