Legislación en materia de comunicación
-Leyes secundarias
Comienza cabildeo en el Senado en materia de telecomunicaciones
El Occidental
Bertha Becerra
2 de abril de 2014
Ciudad de México.- Ya se inició el cabildeo en el Senado de la República en torno a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. El subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez sostuvo un encuentro ayer por la tarde-noche con los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI.
Por la mañana, el líder de la bancada tricolor, el senador Emilio Gamboa Patrón dijo que “hay inquietudes por parte de mi grupo. Vendrá de nuevo el subsecretario José Ignacio Peralta el día de hoy. Vamos a tener reuniones que sean necesarias para que estemos conscientes de qué Ley de Telecomunicaciones queremos”.
También afirmó que su premisa es que haya competencia y que quien gane sea el usuario de las telecomunicaciones en el país.
Y por la noche, al término de ese encuentro, el funcionario de la SCT dijo que la iniciativa presidencial en la materia es un documento muy amplio, muy complejo. “Como ejecutivo federal nos tiene trabajando desde hace 8 meses”, dijo uno de los artífices de la misma. Comentó en entrevista que va a requerir de muchas reuniones. Una no es exhaustiva. Serán necesarias más para poder abordar de forma completa el documento. Se hizo un avance importante, pero seguramente estaremos aquí más veces.
Refirió que se reunirá con las demás bancadas en la Cámara Alta. “Si es una reunión técnica para explicar las razones y fundamentos de la iniciativa que envió el Presidente Peña aquí estaremos”.
Se violenta la Constitución
En entrevista, el presidente del CEN del PRD, Jesús Zambrano Grijalva reiteró su convicción de que la iniciativa que envió el Ejecutivo federal para las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones, violenta la Constitución.
“Son un atentado contra el contenido esencial y aspectos torales, fundamentales de la reforma constitucional del año pasado”.
Adelantó que así como está, no va a pasar.
Externó que mantiene comunicación con la dirección del PAN y con algunos legisladores que están en la misma actitud, tesitura y en la misma convicción de que así como llegó esa iniciativa, no va a pasar.
“Hoy no puede ser que quieran meter por la venta lo que sacamos por la puerta grande el año pasado. Y por lo tanto, tiene que ser resultado de un amplísimo consenso por lo menos de las tres principales fuerzas políticas sino es que de todas en ambas Cámaras.
¿La idea aquí es aprobarla solo en sus términos. El PRI dice que solo le faltan 4 votos?
-Nosotros no la avalaríamos y si no lo hacen el PAN y el PRD aun cuando la quieran sacar por mayoría simple, la van a deslegitimar.
Mediatelecom
AMIC
1 de abril de 2014
Al Ejecutivo Federal, ciudadano presidente Enrique Peña Nieto
Al Congreso de la Unión, representantes de todos los mexicanos
A las comisiones dictaminadoras en el Senado de la República de la iniciativa de ley
A las dirigencias de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión
Al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo constitucional autónomo
A la comunidad académica, especialistas, analistas y periodistas de la fuente especializada
A la opinión pública
El cuerpo colegiado y gremio especializado de investigadores de la comunicación en México expresamos nuestra preocupación por el contenido de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión el 24 de marzo.
Dicha iniciativa de ley se aleja del espíritu de la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, tras décadas de atraso legislativo en materia de medios de comunicación. Los legisladores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión deberán aprobar en el actual periodo legislativo de sesiones que concluye el 30 de abril, una ley convergente que garantice con certidumbre el desarrollo integral de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión los próximos lustros.
México no puede volver a perder la oportunidad de integrar a sus ciudadanos a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de ofrecerles las ventajas sociales de un sistema de medios de comunicación democrático acorde a las nuevas necesidades del país y el avance tecnológico.
La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aleja de los principios rectores de la Constitución en términos de servicio público de interés general, derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), competencia, convergencia, pluralidad, cobertura universal y acceso libre y sin injerencias a las tecnologías y redes de comunicación.
En cambio, la iniciativa de ley regula y reglamenta de manera insuficiente la reforma constitucional e incluso, se opone a ella en diversos aspectos con el riesgo del atraso digital, de las tentaciones de control antidemocrático de los medios y la censura así como de vulnerar los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las TIC.
En materia de telecomunicaciones, la propuesta del Ejecutivo Federal regula de manera desequilibrada y no simultánea (como señala el dictamen y la exposición de motivos de la reforma constitucional) a los agentes económicos preponderantes de telecomunicaciones (América Móvil y Telmex) y radiodifusión (Televisa), dejando a este último sin controles suficientes; subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda; admite que el IFT no defina sus propios mecanismos de mejora regulatoria y de emisión de lineamientos en materia de contenidos.
En materia de derechos, obliga a que el IFT delegue en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) su obligación de fomentar, promover y defender los derechos, quejas y denuncias de las audiencias y usuarios de telecomunicaciones, sin poder mediar y sancionar las prácticas comerciales, tarifarias y de deterioro en la calidad que atenten contra la debida prestación del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión; elude los derechos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, dejándolos en la indefensión por carecer de facultades sancionatorias; llama a que el IFT integre un Consejo Consultivo inoperante, sin auténticos mecanismos de incidencia en la toma de decisiones del Pleno del IFT, con cabida para los representantes y cabilderos de los operadores, pero sin espacio para especialistas en comunicación, audiencias, contenidos mediáticos y convergentes y derechos humanos.
En materia de contenidos, la iniciativa coloca la regulación y supervisión de los mismos, el cumplimiento en la transmisión de los tiempos oficiales, de los encadenamientos nacionales y los boletines oficiales en manos de la Secretaría de Gobernación, cuando se creó un organismo regulador autónomo, competente, técnico y especializado en la materia; también abandona la regulación en materia de tiempos de transmisión publicitaria y programación destinada al público infantil bajo control de la principal secretaría política del país, cuando debiera ser facultad del IFT, como ocurre en países avanzados como Reino Unido o Francia.
En materia de radiodifusión y medios, la iniciativa carece de reglas de propiedad cruzada de medios tan completas como lo marca la constitución y no define límites porcentuales o de otra índole a la concentración de la propiedad mediática en canales de televisión abierta, señales de TV de paga, estaciones de radio y medios impresos por localidad.
En materia de medios públicos y de uso social, se propone una ley que crea un Sistema Público de Radiodifusión subordinado políticamente a la Secretaría de Gobernación en lugar de dotarlo de auténtica autonomía e independencia editorial, en oposición a las mejores prácticas internacionales; también discrimina y dificulta a los concesionarios públicos (medios públicos) y sociales (medios comunitarios e indigenistas) para que adopten mecanismos de autofinanciamiento y sustentabilidad financiera por presiones de los medios electrónicos privados.
En materia de comunicación e igualdad de género, esta iniciativa no promueve el derecho humano de las mujeres a comunicar, lo que involucra garantizar su acceso y participación paritaria en las empresas de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y en particular su influencia en los procesos de toma de decisión. Tampoco señala mecanismos que garanticen la erradicación de estereotipos que promueven la violencia de género en los contenidos mediáticos.
En términos de políticas públicas, torna más errática la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) al posponer el “apagón analógico” de algunas estaciones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2017, pero sin obligar al gobierno a emitir una política pública clara en la materia.
En materia de Internet, soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales de Internet (distintos de los concesionarios de acceso a Internet), en una era de espionaje gubernamental e infiltraciones de empresas proveedoras de bienes y servicios que obtienen ingresos, a partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales. Permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva para los derechos de libertad de expresión y de manifestación.
Para efectos de la neutralidad de redes, la iniciativa deja en indefinición jurídica y en riesgo de penas judiciales a los usuarios que compartan a través de la red contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales.
Mientras que la reforma constitucional de 2013 garantiza derechos humanos de nueva generación, a través del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión y del derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la iniciativa de ley compromete su cumplimiento y alcances.
La iniciativa de ley y su objeto de regulación son de interés general y por ello los abajo firmantes, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, especialistas y posgraduados en materia de comunicación de diversas escuelas, facultades de comunicación y universidades del país públicas y privadas exhortamos al Congreso de la Unión, a las comisiones dictaminadoras de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado de la República y a los partidos políticos a ajustar en todo lo necesario el texto de la iniciativa de ley al sentido original de la reforma constitucional.
También hacemos un llamado a los siete comisionados que integran el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el contexto de discusión de la iniciativa de ley secundaria defiendan las atribuciones, facultades y autonomía técnica y de gestión constitucionales del organismo regulador al cual sirven, so pena de socavar el interés público y el mandato de la Carta Magna en materia de derechos a la libertad de expresión, acceso a la información y acceso a las TIC.
Consideramos que los legisladores y reguladores del sector deben estar abiertos al conocimiento y experiencia en la materia de los científicos sociales del campo de la comunicación y de esta forma no sólo atender los intereses corporativos de los operadores.
Suscriben el documento
Por el Comité Ejecutivo 2013-2015:
María Elena Meneses Rocha, Presidenta; Rebeca Padilla de la Torre, Vicepresidenta; Vicente Castellanos Cerda, Secretario académico; Jorge Bravo Torres Coto, Secretario de investigación; Maricela Portillo, Secretaría de documentación; Erika Rueda Ramos, Secretaría del Comité Ejecutivo; Jorge Alberto Hidalgo Toledo, Secretario de divulgación; Rebeca Domínguez, Tesorera del Comité ejecutivo.
Por el Comité Científico de la AMIC:
Fátima Fernández Christlieb, Patricia Ortega Ramírez, Raúl Fuentes Navarro, Delia Crovi Druetta, Raúl Trejo Delarbre, Guillermo Orozco Gómez, Inés Cornejo Portugal, Florence Toussaint, Enrique Sánchez Ruiz.
Por los grupos de investigación y de trabajo que integran la AMIC:
Javier Esteinou, Roberto Sánchez (Políticas de comunicación), Luz María Garay Cruz (Comunicación y Educación), Aimée Vega Montiel, Josefina Hernández Tellez (Comunicación y Estudios de Género), Marta Rizo (Comunicación Intersubjetiva), Gabriel Pérez Salazar (Nuevas tecnologías, Internet y Sociedad de la Información), Francisco Aceves, Norma Pareja (Comunicación Política), Rafael Ávila (Comunicación integral en las organizaciones), Jerónimo Repoll (Teorías y Metodologías de la comunicación), Tanius Karam (Discurso,Semiótica y Lenguaje), Rodrigo Gómez (Economía Política de la comunicación), Edith Cortés (Comunicación Deporte y Sociedad), Alberto Carrera, Alma Rosa Alva de la Selva (Sociedad civil y Comunicación alternativa), Elvira Hernández Carballido (Estudios de Periodismo).
Por las Vocalías regionales de la AMIC:
Lucila Hinojosa Córdova (Vocalía Noreste), Luis Alfonso Guadarrama (Vocalía Centro), Martín Echeverría (Vocalía Sureste), Gerardo León (Vocalía Noroeste).
México, D.F a 1 de abril de 2014
Homo Zapping
Autor Invitado
2 de abril del 2014
l Ejecutivo Federal, ciudadano presidente Enrique Peña Nieto Al Congreso de la Unión, representantes de todos los mexicanos A las comisiones dictaminadoras en el Senado de la República de la iniciativa de ley A las dirigencias de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión Al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo constitucional autónomo A la comunidad académica, especialistas, analistas y periodistas de la fuente especializada A la opinión pública
El cuerpo colegiado y gremio especializado de investigadores de la comunicación en México expresamos nuestra preocupación por el contenido de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión el 24 de marzo.
Dicha iniciativa de ley se aleja del espíritu de la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, tras décadas de atraso legislativo en materia de medios de comunicación. Los legisladores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión deberán aprobar en el actual periodo legislativo de sesiones que concluye el 30 de abril, una ley convergente que garantice con certidumbre el desarrollo integral de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión los próximos lustros.
México no puede volver a perder la oportunidad de integrar a sus ciudadanos a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de ofrecerles las ventajas sociales de un sistema de medios de comunicación democrático acorde a las nuevas necesidades del país y el avance tecnológico. La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aleja de los principios rectores de la Constitución en términos de servicio público de interés general, derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), competencia, convergencia, pluralidad, cobertura universal y acceso libre y sin injerencias a las tecnologías y redes de comunicación.
En cambio, la iniciativa de ley regula y reglamenta de manera insuficiente la reforma constitucional e incluso, se opone a ella en diversos aspectos con el riesgo del atraso digital, de las tentaciones de control antidemocrático de los medios y la censura así como de vulnerar los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las TIC.
En materia de telecomunicaciones, la propuesta del Ejecutivo Federal regula de manera desequilibrada y no simultánea (como señala el dictamen y la exposición de motivos de la reforma constitucional) a los agentes económicos preponderantes de telecomunicaciones (América Móvil y Telmex) y radiodifusión (Televisa), dejando a este último sin controles suficientes; subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda; admite que el IFT no defina sus propios mecanismos de mejora regulatoria y de emisión de lineamientos en materia de contenidos.
En materia de derechos, obliga a que el IFT delegue en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) su obligación de fomentar, promover y defender los derechos, quejas y denuncias de las audiencias y usuarios de telecomunicaciones, sin poder mediar y sancionar las prácticas comerciales, tarifarias y de deterioro en la calidad que atenten contra la debida prestación del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión; elude los derechos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, dejándolos en la indefensión por carecer de facultades sancionatorias; llama a que el IFT integre un Consejo Consultivo inoperante, sin auténticos mecanismos de incidencia en la toma de decisiones del Pleno del IFT, con cabida para los representantes y cabilderos de los operadores, pero sin espacio para especialistas en comunicación, audiencias, contenidos mediáticos y convergentes y derechos humanos.
En materia de contenidos, la iniciativa coloca la regulación y supervisión de los mismos, el cumplimiento en la transmisión de los tiempos oficiales, de los encadenamientos nacionales y los boletines oficiales en manos de la Secretaría de Gobernación, cuando se creó un organismo regulador autónomo, competente, técnico y especializado en la materia; también abandona la regulación en materia de tiempos de transmisión publicitaria y programación destinada al público infantil bajo control de la principal secretaría política del país, cuando debiera ser facultad del IFT, como ocurre en países avanzados como Reino Unido o Francia.
En materia de radiodifusión y medios, la iniciativa carece de reglas de propiedad cruzada de medios tan completas como lo marca la constitución y no define límites porcentuales o de otra índole a la concentración de la propiedad mediática en canales de televisión abierta, señales de TV de paga, estaciones de radio y medios impresos por localidad.
En materia de medios públicos y de uso social, se propone una ley que crea un Sistema Público de Radiodifusión subordinado políticamente a la Secretaría de Gobernación en lugar de dotarlo de auténtica autonomía e independencia editorial, en oposición a las mejores prácticas internacionales; también discrimina y dificulta a los concesionarios públicos (medios públicos) y sociales (medios comunitarios e indigenistas) para que adopten mecanismos de autofinanciamiento y sustentabilidad financiera por presiones de los medios electrónicos privados.
En materia de comunicación e igualdad de género, esta iniciativa no promueve el derecho humano de las mujeres a comunicar, lo que involucra garantizar su acceso y participación paritaria en las empresas de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y en particular su influencia en los procesos de toma de decisión.Tampoco señala mecanismos que garanticen la erradicación de estereotipos que promueven la violencia de género en los contenidos mediáticos.
En términos de políticas públicas, torna más errática la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) al posponer el “apagón analógico” de algunas estaciones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2017, pero sin obligar al gobierno a emitir una política pública clara en la materia.
En materia de Internet, soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales de Internet (distintos de los concesionarios de acceso a Internet), en una era de espionaje gubernamental e infiltraciones de empresas proveedoras de bienes y servicios que obtienen ingresos, a partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales. Permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva para los derechos de libertad de expresión y de manifestación.
Para efectos de la neutralidad de redes, la iniciativa deja en indefinición jurídica y en riesgo de penas judiciales a los usuarios que compartan a través de la red contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales.
Mientras que la reforma constitucional de 2013 garantiza derechos humanos de nueva generación, a través del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión y del derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la iniciativa de ley compromete su cumplimiento y alcances.
La iniciativa de ley y su objeto de regulación son de interés general y por ello los abajo firmantes, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, especialistas y posgraduados en materia de comunicación de diversas escuelas, facultades de comunicación y universidades del país públicas y privadas exhortamos al Congreso de la Unión, a las comisiones dictaminadoras de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado de la República y a los partidos políticos a ajustar en todo lo necesario el texto de la iniciativa de ley al sentido original de la reforma constitucional.
También hacemos un llamado a los siete comisionados que integran el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el contexto de discusión de la iniciativa de ley secundaria defiendan las atribuciones, facultades y autonomía técnica y de gestión constitucionales del organismo regulador al cual sirven, so pena de socavar el interés público y el mandato de la Carta Magna en materia de derechos a la libertad de expresión, acceso a la información y acceso a las TIC.
Consideramos que los legisladores y reguladores del sector deben estar abiertos al conocimiento y experiencia en la materia de los científicos sociales del campo de la comunicación y de esta forma no sólo atender los intereses corporativos de los operadores.
Suscriben el documento
Por el Comité Ejecutivo 2013-2015: María Elena Meneses Rocha, Presidenta; Rebeca Padilla de la Torre, Vicepresidenta; Vicente Castellanos Cerda, Secretario académico; Jorge Bravo Torres Coto, Secretario de investigación; Maricela Portillo, Secretaría de documentación; Erika Rueda Ramos, Secretaría del Comité Ejecutivo; Jorge Alberto Hidalgo Toledo, Secretario de divulgación; Rebeca Domínguez, Tesorera del Comité ejecutivo.
Por el Comité Científico de la AMIC: Fátima Fernández Christlieb, Patricia Ortega Ramírez, Raúl Fuentes Navarro, Delia Crovi Druetta, Raúl Trejo Delarbre, Guillermo Orozco Gómez, Inés Cornejo Portugal, Florence Toussaint, Enrique Sánchez Ruiz.
Por los grupos de investigación y de trabajo que integran la AMIC: Javier Esteinou, Roberto Sánchez (Políticas de comunicación), Luz María Garay Cruz (Comunicación y Educación), Aimée Vega Montiel, Josefina Hernández Tellez (Comunicación y Estudios de Género), Marta Rizo (Comunicación Intersubjetiva), Gabriel Pérez Salazar (Nuevas tecnologías, Internet y Sociedad de la Información), Francisco Aceves, Norma Pareja (Comunicación Política), Rafael Ávila (Comunicación integral en las organizaciones), Jerónimo Repoll (Teorías y Metodologías de la comunicación), Tanius Karam (Discurso,Semiótica y Lenguaje), Rodrigo Gómez (Economía Política de la comunicación), Edith Cortés (Comunicación Deporte y Sociedad), Alberto Carrera, Alma Rosa Alva de la Selva (Sociedad civil y Comunicación alternativa), Elvira Hernández Carballido (Estudios de Periodismo).
Por las Vocalías regionales de la AMIC: Lucila Hinojosa Córdova (Vocalía Noreste), Luis Alfonso Guadarrama (Vocalía Centro), Martín Echeverría (Vocalía Sureste), Gerardo León (Vocalía Noroeste).
Divide opiniones reforma secundaria en telecom
El Economista
Claudia Juárez Escalona
2 de abril de 2014
La iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones que envío el Ejecutivo al Senado confrontó las opiniones de diversos analistas.
Por un lado, Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), consideró como “sensato” el candado de hasta dos años para que Teléfonos de México pueda entrar al mercado de televisión.
Mientas que Clara Luz Álvarez, especialista en telecomunicaciones convocada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) a un panel de discusión sobre la reforma secundaria en telecomunicaciones, dijo que dicho plazo es “innecesario” y que si lo que se quiere es competencia, se está en el camino correcto con la imposición de medidas asimétricas, pero es necesario que Telmex entre al mercado de TV.
El Idet calificó como más laxa la regulación en telecomunicaciones que para radiodifusión, como por ejemplo, el tema de exclusividades es más estricto para radiodifusión que para telecomunicaciones, donde éstas claramente pueden desplazar a un competidor.
Mientras que Clara Luz consideró que la iniciativa de ley secundaria lejos de frenar la concentración en radiodifusión, la alienta, y dejó fuera de la regulación algunos segmentos del mercado.
El Idet se centró en el mercado de telecomunicaciones; la de los especialistas convocados por el CEEY en radiodifusión.
El Idet dijo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá defender su declaratoria de preponderancia a Grupo Carso e Inbursa; el CEEY dijo que el Instituto tiene más posibilidades de que Televisa le gane un amparo debido a que éste diferenció los mercados cuando en telecomunicaciones generalizó.
En tanto, especialistas del Idet advirtieron que la falta de legislación en telecomunicaciones genera pérdidas por 576 millones de pesos diarios a la industria y deja en indefinición las decisiones del IFT.
Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit explicó que “por cada día que no hay ley, la industria pierde 576 millones de pesos por usuarios que no tienen acceso, tarificación y que se mantienen los costos”.
Por su parte, Gerardo Soria, presidente del Idet, dijo que la falta de sustento legal en las decisiones del IFT ha dado lugar a dejar huecos que permiten la presentación de demandas de amparos.
Soria dijo que “urge que se apruebe la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Sólo con la ley el IFT tendrá herramientas suficientes para que sus resoluciones estén sustentadas jurídicamente y se limite la posibilidad de que los preponderantes demanden el amparo”.
En cuanto a la iniciativa de legislación secundaria que envió el Ejecutivo al Senado, el presidente del IDET dijo que “la iniciativa es mejorable, tiene algunos errores importantes, pero de ninguna manera va en contra de la Constitución”.
Soria dijo que la iniciativa dota al IFT de un marco jurídico que le permite actuar y que sus resoluciones sean sólidas, “que le compliquen la vida a los operadores que pretendan oponerse a sus resoluciones”.
El especialista destacó que “de concretarse la reforma y la aprobación de la iniciativa con algunos ajustes, vamos a tener mayor inversión, más infraestructura, mejores precios y libertad de escoger a nuestro operador telefónico”.
Miguel Calderón, socio del IDET, dijo que la iniciativa del titular del Ejecutivo propicia la inversión.
Baja en interconexión expone 2% de los ingresos de AMX
Con las tarifas de interconexión asimétricas que fijó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a América Móvil, aproximadamente 2% de las ventas consolidadas de América Móvil (AMX) están expuestas a las menores tarifas de interconexión, de acuerdo con Accival Casa de Bolsa.
Explicó que el impacto es difícil de medir, pero direccionalmente negativo; México representa 35% de las ventas consolidadas de la empresa y 47% de su flujo operativo (EBITDA).
Dijo que aunque AMX no ofrece detalles específicos sobre sus ingresos de interconexión y de larga distancia, ambos representan aproximadamente 13% de las ventas de telefonía móvil, tomando en cuenta los negocios de telefonía móvil de Vivo y TIM en Brasil.
En su estudio, cuestionó el porqué el IFT anunció nuevas tarifas de interconexión tras la presentación de las leyes secundarias y antes de su aprobación y promulgación.
Incluso, previó “que las leyes secundarias reemplazarán a las tarifas de interconexión recientemente anunciadas”.
El lunes pasado, el IFT anunció una reducción de 34% de las tarifas asimétricas por los servicios de interconexión de Telcel.
Accival dijo que el nuevo régimen de tarifas de interconexión, junto con otras medidas, debería seguir presionando las ventas consolidadas y los márgenes de AMX a largo plazo.
“Estimamos que aproximadamente 2% de las ventas consolidadas de AMX están expuestas a las menores tarifas de interconexión”, dijo.
Sin embargo, es posible que la exposición de AMX, agregó, sea incluso mayor, debido a su gran participación de mercado en México, aproximadamente 70%, contra 29% de Vivo y 27% de TIM en Brasil, lo cual sugiere que Telcel podría tener más ingresos de interconexión que Vivo y TIM.
Una de estas medidas incluye tarifas asimétricas de interconexión en México para las compañías con una participación de mercado superior 50 por ciento.
De acuerdo con el IFT, Telcel cobrará 0.2045 centavos de peso por minuto por las llamadas de terminación en su red, pero seguirá pagando la tarifa completa de interconexión de 0.3094 por las llamadas salientes off-net que realizan sus suscriptores.
Ley de telcos de EPN debe replantearse: AMIC
El Economista
Redacción
1 de abril de 2014
La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) llamó al Congreso de la Unión a analizar a profundidad el contenido de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Ejecutivo Federal envió al Legislativo el 24 de marzo pasado.
De acuerdo con la AMIC, la propuesta del Ejecutivo se aleja del espíritu de la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión, debido a que varios de sus apartados reglamenta de manera insuficiente e incluso se opone en temas como los derechos de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de las información y las comunicaciones (TICs).
Por el contrario, dijo la AMIC la iniciativa planteada por Los Pinos debiera privilegiar el interés general en telecomunicaciones, derecho de acceso a las TICs, en competencia, convergencia, pluralidad, cobertura universal y acceso libre y sin injerencias a las tecnologías y nuevas redes de comunicación.
La AMIC sostuvo que por como fue diseñada, la propuesta exhibe un espíritu de vulneración a la reforma condicional aprobada en junio de 2013:
En materia de telecomunicaciones.- La propuesta del Ejecutivo regula de manera desequilibrada y no simultánea a los agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones (América Móvil y Telmex) y radiodifusión (Televisa), dejando a este último sin controles suficientes.
Asimismo, “subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda, y admite que el IFT no defina sus propios mecanismos de mejora regulatoria y de emisión de lineamientos en materia de contenidos”.
En materia de derechos.- Obliga a que el IFT delegue en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) su obligación de fomentar, promover y defender los derechos, quejas y denuncias de las audiencias y usuarios de telecomunicaciones, sin poder mediar y sancionar las prácticas comerciales, tarifarias y de deterioro en la calidad que atenten contra la debida prestación del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión.
Por tanto “elude los derechos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, dejándolos en la indefensión por carecer de facultades sancionatorias, pues llama a que el IFT integre un Consejo Consultivo inoperante, sin auténticos mecanismos de incidencia en la toma de decisiones del Pleno del IFT, con cabida para los representantes y cabilderos de los operadores, pero sin espacio para especialistas en comunicación, audiencias, contenidos mediáticos y convergentes y derechos humanos”.
En materia de contenidos.- La iniciativa coloca la regulación y supervisión de los mismos, el cumplimiento en la transmisión de los tiempos oficiales, de los encadenamientos nacionales y los boletines oficiales en manos de la Secretaría de Gobernación, cuando se creó un organismo regulador autónomo, competente, técnico y especializado en la materia.
“También abandona la regulación en materia de tiempos de transmisión publicitaria y programación destinada al público infantil bajo control de la principal secretaría política del país, cuando debiera ser facultad del IFT”.
En materia de radiodifusión y medios.- La iniciativa carece de reglas de propiedad cruzada de medios tan completas como lo marca la constitución y no define límites porcentuales o de otra índole a la concentración de la propiedad mediática en canales de televisión abierta, señales de TV de paga, estaciones de radio y medios impresos por localidad.
En medios públicos y de uso social.- Se propone una ley que crea un Sistema Público de Radiodifusión subordinado políticamente a la Secretaría de Gobernación en lugar de dotarlo de auténtica autonomía e independencia editorial, en oposición a las mejores prácticas internacionales.
“También discrimina y dificulta a los concesionarios públicos (medios públicos) y sociales (medios comunitarios e indigenistas) para que adopten mecanismos de autofinanciamiento y sustentabilidad financiera por presiones de los medios electrónicos privados”.
En políticas públicas.- Torna más errática la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) al posponer el “apagón analógico” de algunas estaciones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2017, pero sin obligar al gobierno a emitir una política pública clara en la materia.
En materia de Internet.- Soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales de Internet (distintos de los concesionarios de acceso a Internet), en una era de espionaje gubernamental e infiltraciones de empresas proveedoras de bienes y servicios que obtienen ingresos, a partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales.
“Permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva para los derechos de libertad de expresión y de manifestación”.
”La iniciativa deja en indefinición jurídica y en riesgo de penas judiciales a los usuarios que compartan a través de la red contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales”.
IDET destaca urgencia de aprobar iniciativa de telcos
El Economista
Notimex
1 de abril de 2014
La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones, que se analiza en la Cámara de Senadores, debe ser aprobada a la brevedad para eliminar lo antes posible las prácticas anticompetitivas y monopólicas que afectan a los usuarios, aseguró el presidente del IDET, Gerardo Soria.
En conferencia de prensa, el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) argumentó que algunos actores involucrados pretenden retrasarla vía foros, “queriendo inventar el hilo negro y el agua tibia. Los foros que se realizarán se deben plantear puntos específicos, claros, técnicos y no rollos dogmáticos”.
En su opinión, si bien la iniciativa que envió el Ejecutivo al Senado el pasado 24 de marzo requiere ajustes, en general es un documento que incentiva la competencia, las inversiones y obliga a los concesionarios a mejorar sus servicios.
“De concretarse la reforma y la aprobación de la iniciativa con algunos ajustes, vamos a tener mayor inversión, más infraestructura, mejores precios y sobre todo la libertad de escoger a nuestro operador telefónico”, enfatizó.
El especialista señaló que la aprobación de la ley secundaria que instrumentará la reforma en la materia es de carácter urgente, ya que ni la industria ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pueden operar en la incertidumbre jurídica.
Y es que dijo, mientras el órgano regulador no tenga una ley que le dé sustento claro a sus decisiones, éstas no tendrán un efecto práctico en los bolsillos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
“A una semana de su presentación hemos trabajado en entender la iniciativa, en profundizar y en tratar de ver su alcance, méritos y errores que detectamos y que creemos que deben ser corregidos en el Poder Legislativo”, señaló.
Por su parte, el socio del IDET, Miguel Calderón, enfatizó que el proyecto de ley secundaria requiere una serie de modificaciones por parte de los legisladores.
“Es buena y tiene cosas que no tiene la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente; el peor escenario sería no ir adelante y no aprobar la ley porque eso significaría no tener un instrumento jurídico que dejará desprotegido al IFT en sus resoluciones”, señaló el también vicepresidente de regulación de Telefónica.
IDET destaca urgencia de aprobar iniciativa de Ley de Telecomunicaciones
Sin embargo
Redacción
1 de abril de 2014
México, 1 Abr. (Notimex).- La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones, que se analiza en el Cámara de Senadores, debe ser aprobada a la brevedad para eliminar lo antes posible las prácticas anticompetitivas y monopólicas que afectan a los usuarios, aseguró el presidente del IDET, Gerardo Soria. En conferencia de prensa, el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) argumentó que algunos actores involucrados pretenden retrasarla vía foros, “queriendo inventar el hilo negro y el agua tibia. Los foros que se realizarán se deben plantear puntos específicos, claros, técnicos y no rollos dogmáticos”. En su opinión, si bien la iniciativa que envió el Ejecutivo al Senado el pasado 24 de marzo requiere ajustes, en general es un documento que incentiva la competencia, las inversiones y obliga a los concesionarios a mejorar sus servicios. “De concretarse la reforma y la aprobación de la iniciativa con algunos ajustes, vamos a tener mayor inversión, más infraestructura, mejores precios y sobre todo la libertad de escoger a nuestro operador telefónico”, enfatizó. El especialista señaló que la aprobación de la ley secundaria que instrumentará la reforma en la materia es de carácter urgente, ya que ni la industria ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) pueden operar en la incertidumbre jurídica. Y es que dijo, mientras el órgano regulador no tenga una ley que le dé sustento claro a sus decisiones, éstas no tendrán un efecto práctico en los bolsillos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. “A una semana de su presentación hemos trabajado en entender la iniciativa, en profundizar y en tratar de ver su alcance, méritos y errores que detectamos y que creemos que deben ser corregidos en el Poder Legislativo”, señaló. Por su parte, el socio del Idet, Miguel Calderón, enfatizó que el proyecto de ley secundaria requiere una serie de modificaciones por parte de los legisladores. “Es buena y tiene cosas que no tiene la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente; el peor escenario sería no ir adelante y no aprobar la ley porque eso significaría no tener un instrumento jurídico que dejará desprotegido al Ifetel en sus resoluciones”, señaló el también vicepresidente de regulación de Telefónica.
Sin embargo
Redacción
1 de abril de 2014
Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– Críticos, políticos y expertos en el sector de las telecomunicaciones coinciden que las leyes secundarias de la reforma aprobada el año pasado alientan la censura y no combaten a los monopolios. De acuerdo con el borrador de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que ya circula en el Senado de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob) se encargará de vigilar el contenido de las emisiones de televisión y radio para asegurarse de que se ajusten a la equidad y otras regulaciones. Para algunos expertos, esto abriría la puerta al tipo de censura que existía cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó antes. La propuesta de ley ” huele a autoritarismo “, señaló Javier Corral, Senador del Partido Acción Nacional, y uno de los principales opositores a las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones. Otros coinciden con él. Así lo dice hoy incluso la prensa extranjera: un reportaje de Los Ángeles Times publicado hoy pone en alerta sobre el regreso de un PRI autoritario, basado en esta misma reforma. “Un número creciente de críticos al interior de México están leyendo la letra chiquita del plan de telecomunicaciones y encontraron muchas cosas de qué preocuparse. Por un lado, la cada vez más poderosa Secretaría de Gobernación se encargará de vigilar el contenido de las emisiones de televisión y radio para asegurarse de que ‘se ajustan a la equidad y otras regulaciones’. Algunos mexicanos temen que abriría la puerta al tipo de censura que existía cuando el PRI gobernó antes, sin restricciones y con una débil oposición”, dice el Times. Este día, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), que agrupa a académicos y científicos de las principales instituciones del país, dijo que la propuesta del Ejecutivo Federal regula de manera desequilibrada y no simultánea a los agentes económicos preponderantes de telecomunicaciones. La Asociación señaló por medio de un comunicado de prensa que la Ley deja a Televisa sin controles suficientes, además de que subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda. “México no puede volver a perder la oportunidad de integrar a sus ciudadanos a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de ofrecerles las ventajas sociales de un sistema de medios de comunicación democrático acorde a las nuevas necesidades del país y el avance tecnológico”, dijeron académicos y científicos que suscribieron el documento. “Mientras que la reforma constitucional de 2013 garantiza derechos humanos de nueva generación, a través del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión y del derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la iniciativa de ley compromete su cumplimiento y alcances”, dijeron los integrantes del AMIC. El Senador Corral lo viene advirtiendo desde hace tiempo. La propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto es regresiva, ha dicho, y atenta contra el espíritu original de la reforma constitucional Telecom, porque disminuye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y al mismo tiempo le entrega un gran poder a Segob, que preside Miguel Ángel Osorio Chong, entre ellas las facultades de vigilar los contenidos de los medios de comunicación y solicitar el bloqueo temporal de “señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública”. “En la práctica quizá [Hugo] Chávez fue más autoritario, o ahora [Nicolás] Maduro, pero sí lees la ley venezolana de radio y televisión, lo que allá es el Servicio de Radiodifusión Abierta, te darás cuenta de que no encuentras disposiciones similares que le otorguen tantas facultades al Ministerio del Interior”, refirió Corral en entrevista para SinEmbargo. En días pasados el Senador Corral y el líder moral del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, acordaron ir juntos contra las leyes secundarias en telecomunicaciones, por considerar que la iniciativa del Jefe del Ejecutivo federal es una “presión autoritaria y de evidente protección al actual esquema monopólico de la Televisión”. Corral dijo que se trata de una especie de frente ciudadano “amplio, plural, que haga conciencia en la sociedad sobre las enormes pérdidas sociales que representaría su aprobación, en términos del ejercicio de derechos fundamentales, como de Libertad de Expresión, derecho a la información, y la negación de un acceso efectivo a las nuevas tecnologías, a una competencia verdadera en la Televisión abierta, así como la ausencia de una diversidad y pluralidad de contenidos informativos”. En este sentido, Raúl Trejo Delarbre, especialista en telecomunicaciones, refirió ayer que el sector de las telecomunicaciones actualmente se encuentra en un momento crítico en su materia normativa, ya que aunque la aprobación de la reforma constitucional dejó entrever que las fuerzas políticas del país ya se habían puesto de acuerdo en este asunto, resulta desconcertante la propuesta de leyes secundarias enviadas. Trejo Delarbe dijo en entrevista para Radio Fórmula que la propuesta de ley reglamentaria del Presidente Peña Nieto, desconoce decenas de normas de la reforma constitucional. Dijo que no toma en cuenta a los medios públicos, deja bajo el mando del gobierno al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que debería ser autónomo y privilegia a las televisoras al establecer reglas de preponderancia más débiles en este sector. “Están muy bien las reglas para telefonía, pero son notablemente laxas las que se establecen par las televisoras y consorcios de radiodifusión, no hay derecho de las audiencias, el manejo de contenidos queda en manos de Gobernación. Vaya, es una iniciativa de ley salpicada, repleta de irregularidades”, comentó a la radiodufusora. Opinó que lo único que han conseguido estas irregularidades es hacer que el consenso alcanzado para esta reforma se haya perdido por completo, por lo que el tema de las telecomunicaciones en nuestro país se ha convertido nuevamente en un problema al que no se le ha dado una solución adecuada para nuestro país. También este lunes, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México (AMARC), así como otras asociaciones civiles y activistas, dijeron que la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión contiene disposiciones que agravian a los ciudadanos y contravienen la reforma constitucional aprobada en junio pasado. “Con ese documento, evidentemente definido por el interés de las corporaciones televisivas, el gobierno y el PRI infringen los compromisos que adquirieron con otras fuerzas políticas, pero sobre todo con la sociedad, cuando aprobaron la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, denunciaron. Por medio de un comunicado de prensa afirmaron que la Ley discrimina a los medios comunitarios e indígenas al impedir que tengan diversidad de opciones de financiamiento, incluyendo la posibilidad de tener espacios comerciales, y se les deja en una alta incertidumbre jurídica al mantener criterios discrecionales para acceder a las frecuencias. Además precisaron que se les piden los mismos requisitos que a los medios de uso público, “lo cual es un absurdo porque no se le puede exigir lo mismo a una comunidad indígena que a una institución del Estado, en un absurdo jurídico de tratar como iguales a los desiguales”. En el documento hecho dijeron que con esta Ley se permitiría a las autoridades ordenar la cancelación de los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas durante eventos de protesta y otros. “Vulneraría la privacidad de los usuarios al ampliar las facultades de intervención de comunicaciones, geolocalización en tiempo real sin controles, además de obligar a empresas de telefonía a conservar datos personales de los usuarios en un registro de comunicaciones, incluso de manera indefinida, y permitir el acceso a los mismos sin autorización judicial ni otras salvaguardas”, indicaron. A su vez la AMIC denunció este martes que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión “soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales de Internet (distintos de los concesionarios de acceso a Internet), en una era de espionaje gubernamental e infiltraciones de empresas proveedoras de bienes y servicios que obtienen ingresos, a partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales. Permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva” Acusó que en materia de comunicación e igualdad de género, esta iniciativa no promueve el derecho humano de las mujeres a comunicar, “lo que involucra garantizar su acceso y participación paritaria en las empresas de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y en particular su influencia en los procesos de toma de decisión. Tampoco señala mecanismos que garanticen la erradicación de estereotipos que promueven la violencia de género en los contenidos mediáticos”. Sin embargo, el día de ayer el PRI, el PAN y algunos legisladores del PRD aprobaron de manera en unos minutos la ruta de la iniciativa de telecomunicaciones del Ejecutivo federal en el Senado. En la reunión de comisiones unidas, este lunes se aprobó por 11 votos a favor, dos en contra y sólo una abstención, la lista de 51 invitados para participar en los foros de consulta. Se informó que de éstos, 29 son empresas y concesionarios y se excluyen a los propios comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). “Constituye un proceso de simulación y ya existe un acuerdo previo”, denunció el Senador Javier Corral, del PAN, quien votó en contra del calendario presentado por su correligionario, Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, quien ha dicho con anterioridad que la ley propuesta promovería la competencia muy necesaria y que debería venir a votación a finales de mes.
IFT tendrá respuesta “técnica” a iniciativa de ley en una semana
Mediatelecom
Mariana Torres
1 de abril de 2014
El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras Saldívar, afirmó que el organismo regulador mexicano tendrá lista su posición sobre la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada al Senado por el Ejecutivo Federal el 24 de marzo pasado, en una semana.
Durante la presentación del Observatorio de Sentencias liderado por la organización Observatel, Contreras Saldívar recalcó que la iniciativa se encuentra en manos del Congreso en este momento y que el regulador hará llegar su “punto de vista técnico” en la materia, por lo que no se pronunció sobre ningún tema en específico.
Cuestionado sobre el amparo interpuesto por Grupo Carso e Inbursa, declarados como agentes económicos preponderantes, bajo el argumento de no contar con concesiones en telecomunicaciones, dijo que la declaración de preponderancia se realiza a “agentes económicos”, no a concesionarios.
Piden a comisionados del IFT defender autonomía
Milenio Jalisco
Susana Mendieta y Milenio Digital
1 de abril de 2014
La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación opinó que la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aleja de los principios rectores de la Constitución ya que regula y reglamenta de manera insuficiente la reforma constitucional.
Argumenta que se opone a la constitución en diversos aspectos con el riesgo del atraso digital, además de que vulnera los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las TIC.
En este contexto la asociación hace un llamado a los siete comisionados que integran el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que defiendan las atribuciones, facultades y autonomía técnica del instituto.
En materia de telecomunicaciones, la propuesta del Ejecutivo Federal regula de manera desequilibrada y no simultánea a los agentes económicos preponderantes de telecomunicaciones, como son América Móvil, Telmex y Televisa, dejando a este último sin controles suficientes; subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda; admite que el IFT no defina sus propios mecanismos de mejora regulatoria y de emisión de lineamientos en materia de contenidos.
En materia de derechos, obliga a que el IFT delegue en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) su obligación de fomentar, promover y defender los derechos, quejas y denuncias de las audiencias y usuarios de telecomunicaciones, sin poder mediar y sancionar las prácticas comerciales, tarifarias y de deterioro en la calidad que atenten contra la debida prestación del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión.
Para la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, el IFT elude los derechos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, dejándolos en la indefensión por carecer de facultades sancionatorias.
En materia de contenidos, la iniciativa coloca la regulación y supervisión de los mismos, el cumplimiento en la transmisión de los tiempos oficiales, de los encadenamientos nacionales y los boletines oficiales en manos de la Secretaría de Gobernación, cuando se creó un organismo regulador autónomo.
En materia de radiodifusión y medios, la iniciativa carece de reglas de propiedad cruzada de medios tan completas como lo marca la constitución y no define límites porcentuales o de otra índole a la concentración de la propiedad mediática en canales de televisión abierta, señales de TV de paga, estaciones de radio y medios impresos por localidad.
En materia de medios públicos y de uso social, se propone una ley que crea un Sistema Público de Radiodifusión subordinado políticamente a la Secretaría de Gobernación en lugar de dotarlo de auténtica autonomía e independencia editorial, en oposición a las mejores prácticas internacionales; también discrimina y dificulta a los concesionarios públicos (medios públicos) y sociales (medios comunitarios e indigenistas) para que adopten mecanismos de autofinanciamiento y sustentabilidad financiera por presiones de los medios electrónicos privados.
En términos de políticas públicas, torna más errática la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) al posponer el “apagón analógico” de algunas estaciones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2017, pero sin obligar al gobierno a emitir una política pública clara en la materia.
En materia de Internet, soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales de Internet (distintos de los concesionarios de acceso a Internet), en una era de espionaje gubernamental e infiltraciones de empresas proveedoras de bienes y servicios que obtienen ingresos, a partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales. Permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva para los derechos de libertad de expresión y de manifestación.
Televisa y Telcel, invitados a foros en el Senado: Lozano
24 Horas
Redacción
1 de Abril de 2014
El presidente de la Comisión de Telecomunicaciones dijo que ambas empresas están invitadas al “maratón de audiencias” con motivo de la discusión de la leyes secundarias.
El senador panista Javier Lozano, adelantó que las leyes secundarias de la reforma en materia de telecomunicaciones podrían ser aprobados a más tardar el 25 de abril, fecha que ya se abordó con la Mesa Directiva del Senado.
En entrevista con Radio Fórmula, Lozano Alarcón detalló la ruta crítica e indicó que desde mañana habrá un “maratón de audiencias” con 51 invitados; la próxima semana se dará la negociación interna, luego la reflexión de textos y el lunes y martes posteriores a Semana Santa, se daría la dictaminación y votación.
El también presidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado señaló que a las audiencias están invitadas todas las empresas, instituciones y permisionarios, entre ellos Emilio Azcárraga, de Televisa y Carlos Slim, de Grupo Carso.
Están invitados “todos los que tienen algo que decir, aunque no han confirmado su participación, pero seguramente querrán estar ahí para decir lo que a su derecho conviene”, aseveró.
Televisa y América Móvil, invitados al foro de telecom en el Senado
Aristegui Noticias
Redacción
1 de abril de 2014
El Senado de la República hará una invitación a los representantes de Televisa y América Móvil para que participen en los foros de análisis de la reforma secundaria en Telecomunicaciones.
Las dos empresas, declaradas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como preponderantes, han hecho cuestionamientosen cuanto al contenido de la propuesta que envió al Senado, el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la reunión de las comisiones unidas de Comunicaciones, Radio y Televisión y Estudios Legislativos, se aprobó la lista de los invitados.
A pesar del acuerdo, fue cuestionada por senadores de la oposición, argumentando la falta de funcionarios del Gobierno Federal, de los comisionados del Ifetel y la sobrerepresentación de los concesionarios.
“Esta propuesta no tiene rubor. De los 41 actores, 29 o son concesionarios directos o representantes de los organismos de la radio y la televisión”.
“¿Esa es la audiencia y el foro de las telecomunicaciones que se prepara? ¿Con actores vinculados directamente con los intereses de la radiodifusión comercial?”, preguntó el senador del PAN, Javier Corral.
Por su parte la panista Marcela Torres Peimbert pidió convocar a los integrantes del Ifetel, por representar al organismo más impactado por la reforma.
Y solicitó la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, ya que la propuesta presidencial otorga gran parte de las facultades de control sobre el sector a esa dependencia.
“Pues que también venga el Secretario de Comunicaciones“, afirmó Corral.
Los senadores del PRD, Fidel Demédicis y Iris Vianey, propusieron sin obtener éxito que se incluyera al ex senador Pablo Gómez entre los ponentes, por considerarlo un experto en el tema.
La lista de invitados que fue finalmente aprobada contempla a concesionarios y permisionarios como MVS Radio, TV Azteca, Telefónica Movistar, Axtel de México, Nextel, Iusacell, Núcleo Radio Mil Comunicaciones, Grupo Fórmula, Grupo Acir, Multimedios, Grupo Imagen, Canal 11, Canal 22, TV UNAM, IMER y Radio Educación.
Será entre el 2 y el 4 de abril cuando las comisiones recibirán en audiencia a las cámaras nacionales de la industria de la Radio y la Televisión (CIRT); de Telecomunicaciones por Cable (Canitec); de Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).
También hay algunas organizaciones convocadas como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI); la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, Asociación Mundial de Radios Comunitarias y el Sistema de Radiodifusoras Indígenas.
De igual forma invitarán a expertos de la OCDE, CIDE, ITESM, UNAM, Observatel, de la Asociación Mexicana de Internet, radio Independiente y A Favor de lo Mejor, además de sindicatos pertenecientes a la industria.
Leyes secundarias podrían modificar tarifas asimétricas: Accival
El Financiero
Redacción
1 abril 2014
Las tarifas asimétricas que impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a América Móvil podrían ser eliminadas en las leyes secundarias, advirtió Accival.
De acuerdo con la casa de bolsa de Banamex, las leyes secundarias propuestas por el Ejecutivo Federal, las cuales aún están pendientes de aprobación y de ser promulgadas, contemplan la posibilidad de que no se apliquen tarifas de interconexión por la terminación de llamadas para compañías preponderantes.
“Desconocemos por qué el IFT anunció nuevas tarifas de interconexión tras la presentación de las leyes secundarias y antes de su aprobación y promulgación. Aunque esto no se ha aclarado, creemos que las leyes secundarias reemplazarán a las tarifas de interconexión recientemente anunciadas”, expuso en un análisis.
Ayer, el IFT decidió imponer una reducción promedio de 37 por ciento en varias tarifas de interconexión de América Móvil en los mercados intermedios, debido a su condición de agente económico preponderante, de acuerdo con comisionados del regulador.
La reducción más representativa del paquete de medidas impuestas por el regulador es la tarifa por terminación conmutada en usuarios móviles bajo las modalidades “el que llama paga” o “el que llama paga nacional”, la cual pasó a 0.2045 pesos, desde 0.32 pesos.
Lucio Aldworth, analista de Accival, expuso que el impacto para América Móvil todavía es difícil de medir, pero anticipó que será “direccionalmente negativo”. México representa el 35 por ciento de las ventas consolidadas y el 47 por ciento del EBITDA del operador de telecomunicaciones.
“Aunque América Móvil no ofrece detalles específicos sobre sus ingresos de interconexión y de larga distancia, ambos representan aproximadamente el 13 por ciento de las ventas de telefonía móvil, tomando en cuenta los negocios de telefonía móvil de Vivo y TIM en Brasil. Por ello, estimamos que aproximadamente el 2 por ciento de las ventas consolidadas de la empresa están expuestas a las menores tarifas de interconexión”, detalló.
Sin embargo, dijo, es posible que la exposición sea incluso mayor, debido a su gran participación de mercado en México.
El Financiero
Mauricio Jalife
2 abril 2014
Finalmente, en cumplimiento a la reforma constitucional en la materia, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión determina que los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde. Es esta la configuración final que asume la polémica figura del “must carry”, que por largos meses fue objeto de toda clase de pronunciamientos.
De manera paralela a este inserto en la Ley de Telecomunicaciones, la Ley Federal del Derecho de Autor fue “remendada”, para incluir sendas menciones a esta figura para excepcionar la aplicación de esa normativa, que en términos generales faculta a los titulares del derecho de autor para autorizar o prohibir por la explotación de sus obras, y a los músicos, compositores, actores, cantantes y demás participantes en las ejecuciones e interpretaciones, titulares de un derecho asociado al de los autores y que les faculta a cobrar regalías por la utilización de las obras en que participan.
Digo “remiendo”, y no “enmienda”, por la innegable condición de “parche” que la pésima técnica legislativa gestó para justificar la inaplicación del dispositivo general del derecho de autor. Por alguna razón explicable, el legislador evitó incluir la excepción del “must carry” en los preceptos que en la ley contemplan, precisamente, las “limitaciones a los derechos patrimoniales” de los autores, optando por disgregarlos en un par de artículos relacionados. La razón parece simple. Las limitaciones a los derechos de autor son casos aislados, breves, discretos y tenues, mientras que el “must carry” es irreverente, letal y contundente, negando la naturaleza misma del principio que consagra que las obras son propiedad de sus autores.
Lo habíamos ya comentado. Pretender aprovechar el trabajo ajeno, de manera gratuita, para “igualar condiciones de competencia”, lo único que provoca es, precisamente, condiciones injustas. Unos producen los contenidos para que otros los aprovechen gratuitamente y los revendan. Es posible, bajo esa visión, calificar la reforma constitucional en la materia como confiscatoria y precipitada. Las limitaciones a los derechos de autor, por definición, son excepcionales y restringidas en tiempo y forma.
Respecto de los derechos de los intérpretes y ejecutantes, la reforma no los salva de la expropiación, y por tanto, el concepto de “gratuidad” parece alcanzarlos. Del mismo modo, todo indica que no se sopesó lo suficiente el que con esta reforma se violan flagrantemente tratados internacionales suscritos por México, que hasta hoy seguía definiéndose como un país de tradición legislativa autoralista. En la parte comercial los efectos también deberán ser evaluados, cuando en lugar de seguirse promoviendo en canales abiertos contenidos de alta audiencia, sean éstos trasladados a señales restringidas para evitar la retransmisión gratuita. Tiempo al tiempo para conocer los verdaderos costos de la reforma.
EPN, ¿su iniciativa viola la Constitución? (Tercera parte)
El Financiero
Clara Luz Álvarez
2 abril 2104
Como si las leyes secundarias de telecomunicaciones fueran enchiladas en una fonda que deben salir rápidas y calientitas, en el Senado las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos, y Radio, Televisión y Cinematografía, presididas respectivamente por Javier Lozano Alarcón (PAN), Graciela Ortiz González (PRI) y Alejandra Barrales (PRD) aprobaron un proceso de fast-track simulado para aprobar (sí leyó bien, aprobar) las leyes secundarias. ¿Cambios? Quizá algunos, quizá los cosméticos, quizá los que no afecten el regreso del control gubernamental, quizá los que mantengan a la sociedad al margen de los beneficios ofrecidos por la reforma constitucional 2013.
No extraña que el prestigiado periódico español El País tituló su artículo “Peña Nieto inicia una contrarreforma a la ley de telecomunicaciones”. Pero como se dicen en los pasillos del Senado y de la Cámara de Diputados con aires de resignación “El PRI con que junte unos cuantos votos de otros partidos, tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados pasará sin problema”. ¿Son estos discursos propios de una democracia? No, pero así están. Pero sigamos analizando los oprobios de la iniciativa.
Publicidad. Contrario a la Unión Europea, Argentina y otros países en que está prohibido incluir más de 12 minutos de publicidad por hora, la iniciativa proponer el 18% del total de la transmisión para TV y 40% para radio. De aprobarse así permitiría que en las horas de mayor audiencia se incremente el tiempo de publicidad y durante la madrugada no incluyan publicidad. Peor aún, en detrimento de los derechos que tenemos como audiencia, la iniciativa propone perpetuar el que se penalice al televidente o radioescucha si los concesionarios de radio y TV incluyen producción independiente. En otros países incluir producción independiente y producción nacional es una obligación y no una manera de castigar a la audiencia.
Reducción de derechos. La iniciativa omite incluir derechos de los usuarios que ya están reconocidos hoy en México, lo cual es una regresión. Algunos de los derechos omitidos son que los concesionarios están obligados al desbloqueo gratuito de equipos (p. ej. celulares) cuando el equipo se haya pagado en su totalidad, cuando haya vencido el plazo forzoso o bien, cuando se haya pagado la pena convencional de un contrato con plazo forzosos; la obligación de compensar al usuario y bonificarle al menos el 20% del monto del periodo de afectación de la prestación del servicio.
La Procuraduría Federal del Consumidor hace su reaparición para “defender” los derechos de los usuarios. ¿Acaso ignoraron los redactores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la larga historia de décadas en la que esos derechos no fueron defendidos debidamente por la Profeco? O quizá eso no les importó porque lo que se quería era retomar áreas de poder y justificar estructuras burocráticas dentro del Ejecutivo Federal, en lugar del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Omisiones injustificadas. La accesibilidad a las telecomunicaciones por personas con discapacidad está prevista extensamente en las leyes de otros países. En cambio la iniciativa a duras penas le dedicó 3 renglones y sin plazo para cumplimiento. ¿Qué el Consejero Jurídico Humberto Castillejos no les avisó que México es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿O no les importa incumplir con los derechos humanos?
Contención de un competidor. Ni la iniciativa, ni la exposición de motivos justifican el por qué se establece un periodo de 24 meses para impedir que Telmex pueda prestar TV de paga. La Constitución impone la obligación de que los servicios se presten en competencia, por lo que limitar la entrada a un agente económico -así sea Telmex- debe tener una justificación observando los principios de idoneidad, adecuación al fin que se persigue, razonabilidad y proporcionalidad. Ello no se cumple con la iniciativa. Si realmente les interesara la competencia, en lugar de retrasar la entrada de Telmex se le hubieran impuestos medidas asimétricas especiales para evitar que pudiera abusar de su poder de mercado.
PRI y la censura: una amenaza real
Sin embargo
Martín Moreno
2 de abril de 2014
*Ley de Telecomunicaciones, una trampa de EPN *
Ayer, Bartlett; hoy, Osorio Chong
“No podrán transmitirse noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase que sean contrarios a la seguridad del Estado o al orden público”. ´No, la frase anterior no es una disposición de Putin para la recién anexada Crimea. Es la propuesta de cambio del Ejecutivo para el Artículo 229 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con un agravante: sería la secretaría de Gobernación la responsable de dictaminar qué noticia es contraria al orden público o a la seguridad del Estado. Bajo ese criterio los medios de comunicación no podrían informar de temas que resulten incómodos a la opinión pública por el riesgo de provocar una protesta que afecte el orden público´, escribió Jorge Zepeda Patterson en su artículo del domingo pasado en El Universal, bajo el título “La tentación del autoritarismo”.
En este portal, el investigador de Fundar, Oscar Arredondo Pico, alertó: “La publicidad oficial en México le permite al gobierno censurar indirectamente a los medios, condiciona la difusión de propaganda gubernamental con contratos millonarios de los que se ven favorecidos. En consecuencia, los medios de comunicación tienden a beneficiar o a editar a modo las noticias relacionadas con la gestión pública”.
Y en la Red Pública del pasado 22 de enero, publicamos un texto titulado “Censura”. Allí revelamos las razones por las cuales el periodista Ciro Gómez Leyva fue corrido de Milenio TV: durante su noticiero, dio a entender que al Presidente le habían faltado pantalones para enfrentar conflictos como el de la CNTE. En Los Pinos enfurecieron, cortaron publicidad a ese grupo de comunicación, y cuando se pidió una explicación, se pidió la cabeza de Ciro, quien sin más fue sacado del aire por las presiones presidenciales.
Y en el mismo texto expusimos el caso de la reportera Verónica Danell, quien fue removida de su noticiero en Megacable Canal 6 en Jalapa, por haber transmitido la pifia de Peña Nieto quién confundió el nombre de la capital veracruzana durante una de sus giras. A Danell le habían exigido también no criticar al gobernador Javier Duarte. No obedeció y la corrieron.
Si grazna como pato, tiene cola de pato y camina como pato, entonces es…censura. Y, hoy por hoy, la censura hacia la prensa mexicana asoma sus fauces de la mano de su bestia favorita: el PRI.
*****
Lo escrito por Zepeda Patterson es más que preocupante. ¿Por qué? Por una razón de peso: esa propuesta de cambio al Artículo 229 promovido desde Los Pinos, debe analizarse desde diversos ángulos.
1) Tenemos un presidente de la República que rechaza la transparencia, aborrece la crítica y que practicó la censura cuando era gobernador del Estado de México. ¿Pruebas? OK: Peña Nieto ha ocultado, hasta hoy, quién le donó o regaló seis de las doce propiedades que asentó en su declaración patrimonial. ¿Quién se las obsequió? Encubrió a su padrino político, Arturo Montiel, enriquecido de manera brutal y agraviante. Solapó la muerte de la niña Paulette a pesar de que sus padres, Mauricio Gebara y Lisette Farah, se declararon culpables de haber desaparecido a su hija. ¿Más? Despreció más de mil feminicidios cuando fue gobernador. En Los Pinos no hay un demócrata. Por eso se promueve, bajo el sofisma de garantizar la “seguridad del Estado”, una censura tendiente a controlar la información, castigar a periodistas críticos y premiar a los medios incondicionales…aunque la mayoría solitos se bajan los pantalones a cambio de prebendas oficiales. O de dinero. (Más del tema en Red Pública del 16/10/2013. Peña: el Presidente oscuro).
2) Gobernación, el Gran Censor. Osorio Chong –quien, como Peña Nieto, representa al priismo más nocivo y opaco-, fue gobernador de Hidalgo y durante su gestión se practicó la piedra angular de la comunicación del PRI: la censura. La amenaza a la prensa critica. A periodistas incómodos. El soborno a medios. ¡Y en manos de Osorio quedaría dictaminar qué noticia es contraria al orden público o a la seguridad del Estado! ¿Bajo qué criterios se ejercerá este control mediático? Como en los viejos tiempos: la Segob erigida como la Secretaría de la Comunicación Pública. Ayer Bartlett. Hoy Osorio Chong. No hay diferencia.
3) El gobierno de Peña Nieto ha establecido un círculo perverso: someter a los medios mediante publicidad, favores oficiales y hasta entregarles la promesa de nuevas cadenas de televisión. La TV mexicana –Televisa, Televisión Azteca y sus demás remedos-, prácticamente se han alineado a las órdenes de Los Pinos, de Gobernación, de Hacienda. ¡Y vaya que no les cuesta trabajo! Directivos de empresas de la comunicación o son priistas o son afines al priismo o, simplemente, están a conveniencia y a la orden del poder político en turno. Ayer súbditos del PAN. Hoy del PRI. ¿Para qué hacer periodismo crítico o de investigación rigurosa o de denuncia si es más sabroso y redituable facturar o ganar más dinero e influencias?
4) Contadas son las plumas y voces críticas o que cuestionan a Peña Nieto o a su gobierno. Los demás aplauden como focas de circo todo lo que haga o diga Peña, sin ninguna revisión a fondo del tema ni mucho menos un análisis riguroso de los asuntos nacionales. Hay algunos que hasta tienen programas en la TV Mexiquense, están en nómina y, por tanto, jamás critican, por citar un ejemplo entre muchos otros, al gobernador Eruviel Ávila en otros medios en los que colaboran. Valores entendidos. Ok. Pero también conflicto de interés. Son los comunicadores que no necesitan de la censura gubernamental para callar. Ellos son la censura autoimpuesta. Qué lástima.
5) El PRI añora volver a los tiempos del control absoluto de la prensa, sobre todo de la escrita y radiofónica que, a pesar de tantos casos de panegiristas del poder y defensores oficiosos, aún conservan algunas voces y plumas libres, críticas, imparciales y, por tanto, valiosas y necesarias.
*****
Allí viene el priismo y la censura con reformas tramposas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
No podía ser de otra manera: los priistas no fueron diseñados para la democracia. No la conocen. No la practican. Ni la entienden. Fueron diseñados para girar, dóciles y genuflexos, en torno al presidencialismo, que hoy está de vuelta con todos sus vicios. Con todos sus riesgos para la libertad. Con todos sus abusos.
Nos queda, a periodistas y sociedad, evitar a cualquier precio que la censura se vuelva a institucionalizar en México. Rechazarla en la práctica diaria, aunque algunos hayamos pagado costos como ser acotados en medios, ocultados por incómodos, encapsulados por críticos. Pero ese es el camino elegido y hay que afrontarlo.
¿Y la oposición que hará ante los amagues de la censura priista? Queremos ver al PAN y al PRD en defensa de la libertad de expresión. Opositores reales. Contrapesos efectivos…aunque con personajes a modo para Los Pinos como Gustavo Madero, el panorama se vuelve aún más sombrío.
Es el PRI y la censura. ¡No lo aceptemos!
El PRI y el regreso de la censura
Sin embargo
Redacción
2 de abril de 2014
“Un número creciente de críticos al interior de México están leyendo la letra chiquita del plan de telecomunicaciones y encontraron muchas cosas de qué preocuparse. Por un lado, la cada vez más poderosa Secretaría de Gobernación se encargará de vigilar el contenido de las emisiones de televisión y radio para asegurarse de que ‘se ajustan a la equidad y otras regulaciones’. Algunos mexicanos temen que abriría la puerta al tipo de censura que existía cuando el PRI gobernó antes, sin restricciones y con una débil oposición”.
El párrafo anterior no fue escrito por un activista en contra de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Tampoco por los pocos legisladores que se oponen a la propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto, que mayoritearon en el Senado de la República el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus partidos satélites: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal), y que también, fue apoyada, sin poner en duda ni puntos ni comas del texto, por algunos legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y también del Partido Acción Nacional (PAN).
No, la alerta sobre lo que hoy sucede con esa ley vino del diario Los Angeles Times que, a diferencia de la mayoría de los medios mexicanos, destaca como un retroceso el que la Segob, con Miguel Ángel Osorio Chong a la cabeza y cada vez más funciones dentro del gobierno federal, sea la encargada de vigilar el contenido de las emisiones de televisión y radio para asegurar que éstos se ajusten a las regulaciones.
En México, además de la escasa prensa que se ocupa del tema por estos días, de activistas y analistas críticos, el Senador panista Javier Corral Jurado es uno de los pocos representantes populares que ha denunciado una intentona priista por volver a los tiempos del “autoritarismo” y del control total de los medios de comunicación.
Es más, lo advirtió hace tiempo. Pero su voz no ha encontrado eco ni siquiera como una bandera ciudadana que debería apropiarse, en teoría, un partido defensor de la democracia como es Acción Nacional.
Para Corral Jurado, la propuesta del Presidente Peña Nieto es regresiva y atenta contra el espíritu original de la reforma constitucional de Telecom, porque minimiza el peso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y al mismo tiempo le entrega un gran poder a la Segob, de Osorio Chong.
Le entrega, por ejemplo, las facultades de vigilar los contenidos de los medios de comunicación y solicitar el bloqueo temporal de “señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública”.
“En la práctica quizá [Hugo] Chávez fue más autoritario, o ahora [Nicolás] Maduro, pero sí lees la ley venezolana de radio y televisión, lo que allá es el Servicio de Radiodifusión Abierta, te darás cuenta de que no encuentras disposiciones similares que le otorguen tantas facultades al Ministerio del Interior”, destacó Javier Corral en una entrevista para SinEmbargo.
También la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) advirtió, en un comunicado de prensa, que la ley aprobada por los priistas deja a empresas, como Televisa, sin controles suficientes: “México no puede volver a perder la oportunidad de integrar a sus ciudadanos a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de ofrecerles las ventajas sociales de un sistema de medios de comunicación democrático acorde a las nuevas necesidades del país y el avance tecnológico”, plantearon académicos y científicos que suscribieron el comunicado.
Aun así, los legisladores aprobaron ayer, en sólo unos minutos y con dos votos en contra y una abstención, una lista de 51 invitados a los foros de consulta destinados para esta legislación.
Los foros también quedaron a modo para quienes pretenden imponerse por encima del interés nacional y de los ciudadanos, pues 29 de las 51 invitados son empresas y concesionarios, y se excluyó a los comisionados del Ifetel.
Con esto se confirma que, para la sociedad civil en México, viene otra batalla contra titanes para defender los espacios ganados. Una batalla que se antoja desigual ante una mayoría de legisladores que apuestan por la regresión en términos de los derechos de las audiencias, la libertad y la democracia.
La ley de telecomunicaciones o el retorno del dinosaurio
Sin embargo
Alejandro Calvillo
1 de abril de 2014
El proyecto de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviado por el Presidente Peña Nieto al Congreso va en sentido contrario a aspectos centrales de la reforma constitucional publicada el 11 de junio de 2013. No se puede pensar la llegada de Peña Nieto a la presidencia sin las dificultades que enfrentó ante el levantamiento de la sociedad, encabezado por el movimiento 132, que partió del hartazgo del monopolio televisivo, de la exigencia de la democratización de los medios y de la demanda de ciudadanización de sus órganos reguladores. Existen muy pocos temas nacionales que logren hacer coincidir la opinión pública como lo es el profundo malestar, la indignación frente la injerencia de Televisa y TV Azteca en la política, en los procesos electorales del país, frente a su intervención permanente manipulando y controlando la información a través de poder su poder duopólico.
Puede pensarse que esta iniciativa está encaminada a resucitar a uno de los más viejos dinosaurios devastadores de la democracia en México: el Frankenstein formado con la integración del partido en el poder y el monopolio de la televisión. Durante años el dueño de Televisa se declaró “soldado del PRI”, los mutuos favores llevaron a que esta relación se invirtiera a tal grado que los propios partidos políticos se han convertido en “soldados de Televisa”, hay que recordar cómo se sometieron a la televisora cuando aprobaron la Ley Televisa en unos cuantos minutos. En esta disputa y encuentro entre quienes controlan el poder político y el de los medios, los ciudadanos quedan en calidad de súbditos, súbditos de un monstruo que perpetua la corrupción e ineficiencia del país.
Todo hace parecer que el partido en el poder no apuesta por la democracia, el miedo a no lograr los resultados que anhela lo lleva a la tentación de restablecer el vínculo con Televisa, a retomar el control de la información a través del medio que más llega a los hogares, a diseñar un futuro electoral en el que la televisora vuelva a jugar un papel central a su favor. A diferencia de la reforma constitucional, en la Ley el gobierno es cuidadoso en tocar el poder de las televisoras, lo cuida bien, sabe que los favores se pagan. Sin embargo, el cálculo puede ser erróneo y encontrase en esta alianza con el pasado la causa de su derrota futura. Al quedar la renovación en un gesto de simulación y retornar a las viejas prácticas se olvida que la sociedad ha cambiado.
La Ley protege a las televisoras que la ciudadanía reclama sean de interés público. De manera asimétrica, regula de efectiva regula las telecomunicaciones, a Telmex-Telcel; pero a Televisa y TV Azteca les deja un amplio margen. Quita al Instituto Federal de Telecomunicaciones el poder que le había otorgado la reforma constitucional sobre los contenidos y la publicidad en radio y televisión para volverlos a la Secretaría de Gobernación. Alianza y protección al duopolio de la información y control de contenidos bajo el secretario de gobernación; todo bajo control, en un esquema encaminado al viejo autoritarismo. El control se extiende frente a la protesta social al establecer en la ley la posibilidad de “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicación en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. Queda a criterio de las “autoridades competentes” recurrir a bloquear las señales de telecomunicaciones de los ciudadanos cuando expresen colectivamente intereses contrapuestos a los del gobierno en turno.
La ciudadanía desaparece y el control se queda en el Estado y los negocios de las televisoras. Para ganar la alianza con Televisa el gobierno de Peña Nieto quita de la Ley lo que había establecido en la reforma. La reforma había establecido que “la radiodifusión es un servicio público de interés general”, en la ley no se menciona. En la reforma se establece la intervención frente al acaparamiento de frecuencia y la propiedad cruzada, en la ley está desdibujada esta posibilidad. En la reforma se había dejado al IFETEL la supervisión de contenidos en radio y tv, la regulación de los porcentajes de publicidad y de la programación infantil. En la reforma constitucional se había establecido:
“Para que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada, la ley dotará al Instituto Federal de Telecomunicaciones de atribuciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la misma señale para la transmisión de mensajes comerciales”.
En la ley se establece que: ”en estaciones de televisión el tiempo destinado a la publicidad comercial no excederá del dieciocho por ciento del tiempo total de transmisión por cada canal de programación”, añadiendo…”la duración de la publicidad comercial no incluye los promocionales propios de la estación, ni los tiempos del Estado, ni los programas de ofertas de productos o servicios”.
Al no poner un máximo de publicidad por hora y poner un promedio durante toda la programación se le permite a las televisoras llenar de publicidad los horarios de mayor audiencia y reducir los de menor rating, un regalo que difícilmente encontrarían en algún país que pudiera llamarse democrático y con órganos reguladores independientes.
En relación a la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia es sorprendente como la ley propuesta da marcha atrás, incluso, frente a la Ley de Radio y Televisión vigente. Sin duda, es una concesión más a las televisoras y la industria de alimentos y bebidas que se han opuesto a la propuesta de COFEPRIS de prohibir esta publicidad en los horarios vespertinos entre semana y en los fines de semana de 7 am a 7:30 pm.
En la Ley de Radio y Televisión vigente se establece: “En la programación dirigida a la población infantil, no deberá haber publicidad que incite a la violencia o aquella relativa a productos alimenticios que distorsionen los hábitos de una buena alimentación” (Art. 67 Ley Federal de Radio y Televisión).
En la vieja ley es clara la prohibición de la publicidad de “los productos alimenticios que distorsionen los hábitos de una buena alimentación”, mención que ha molestado a la industria de alimentos y bebidas, más cuando existen cada vez más evidencia de que la comida chatarra distorsiona “los hábitos de una buena alimentación”. En el proyecto de Ley enviado al Congreso lo más cercano a esto se encuentra se encuentra en el inciso II del artículo 246 que de manera muy vaga establece: “En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá: Mostrar o promover conductas o productos que atenten contra su salud física o emocional.
Esta redacción ya no genera molestia a la industria de alimentos y bebidas ni a las televisoras. Si era difícil lograr que la autoridad aplicara el artículo 67 de la vieja ley contra la publicidad de comida chatarra que sin duda “distorsiona los hábitos de una buena alimentación”, la redacción propuesta en el nuevo proyecto de ley lo volverá imposible. Los montos invertidos en publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia en televisión ascienden a cientos de millones de pesos. Tan sólo, de enero a agosto de 2012 el gasto de publicidad en televisión de únicamente 8 dulces alcanzó los 400 millones de pesos. Una redacción más explícita contra esta publicidad como lo recomienda la OMS permitiría profundizar la regulación promovida por COFEPRIS que es aún muy limitada. Sin embargo, los intereses comerciales están por encima de la salud de la infancia. A lo largo del proyecto de ley se desdibujan los derechos de las audiencias, se debilita el papel del órgano regulador independiente, se protege al duopolio televisivo, se fortalece la intervención de gobernación, se desprotege a la infancia, se mantiene el imperio de la comercialización en los tiempos de la televisión abierta y la radio, se deja en el olvido los medios públicos y la producción independiente. El proyecto de ley de telecomunicaciones es un desastre que sólo pudiera entenderse como un distractor para la reforma energética. Es decir, como parte de una estrategia que propone el absurdo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para atraer la atención y terminar cediendo en algunas de las demandas ciudadanas mientras se introduce la reforma energética. Pudiera ser, todo es posible. De cualquier manera, el dinosaurio pretende resucitar y, si se le permite, dejar nuevamente al ciudadano sin la posibilidad de ejercer su condición de tal, dejándolo como espectador pasivo de una telenovela.
Neofalangismo, leyes secundarias de telecomunicaciones y vuelta al presidencialismo
Sin embargo
Rogelio Guedea
1 de abril de 2014
Fue en 1938, en plena Guerra Civil española, cuando se promulgó la ya famosa Ley de Prensa del 22 de abril. La promulgó, ni más ni menos, que el falangista Ramón Serrano Suñer y su redactor fue el entonces jefe del Servicio Nacional de Prensa, José Antonio Giménez-Arnau. La ley fue derogada hasta 1966, luego de dejar incontables estragos. Entre otras medidas, en ella se establecía que el director de los diarios era nombrado (y, obviamente, removido) por el Ministerio del Interior, lo correspondiente a nuestra Secretaría de Gobernación, quien podía sancionar las faltas de desobediencia, la resistencia pasiva y, además, podía controlar la publicación de libros, folletos o publicaciones periódicas (nacionales o extranjeras) que fueran en contra de la avanzada nacionalista, que se apoyaba en la iglesia y el fascismo alemán e italiano. Poco después aparecería el llamado NO-DO (Noticiarios y Documentales), que controlaba radio, cine y televisión, cuya censura se hacía siempre “Por Dios y por España”. Con la reciente puesta a debate de las leyes secundarias de telecomunicaciones en México, aparte de la contienda que libran los dos monstruos mediáticos más grandes del país (Slim y Azcárraga), el artículo que ha puesto el dedo en la llaga es el 218, fracción VIII. En él se le faculta a la Secretaría de Gobernación para que pueda “vigilar” que las emisiones de televisión y radio respeten “la vida privada, la dignidad personal y no ataquen los derechos de terceros ni provoque la comisión de algún delito o perturbe el orden público”, contraviniendo con esto lo expuesto en los artículos 6 y 7 constitucionales, que confieren dicha labor al Instituto Federal de Teleomunicaciones (Ifetel). El poder, ahora, radicaría en un solo hombre (a este día Osorio Chong) y no en una institución, lo que –lo señalan los analistas- significaría un retroceso pues se corre el riesgo, como en la época más exacerbada del franquismo, de que la información que reciba la sociedad sea totalmente distinta a la realidad, confiriéndole a Televisa (al parecer la más beneficiada en todo esto) las funciones que el franquismo delegó a la Iglesia Católica. México podría jactarse, por ejemplo, de una paz que, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, brilla aún por su ausencia en el gobierno de Peña Nieto, empecinado en ponderar (es lo que evidencian estas leyes) un modelo de gobierno presidencialista. Los medios alternativos de comunicación (las redes sociales mismas) sólo confirmarían que no se puede tapar el sol con un dedo. Así que más vale prevenir: que curar.
#LeyTelecom: el diablo está en los detalles
Sin embargo
#YoSoy132
1 de abril de 2014
El poder nunca da propinas, recibimos solo lo ganado. Y eso que ganamos tampoco es un obsequio: los derechos de hoy son resultado de las luchas de ayer, los de mañana serán fruto de nuestras luchas de hoy. Vivimos -¡feliz destino!- para los otros, porque son otros los que nos dieron agua, tierra, cielo y vida.
Hace casi dos años que miles de personas salieron a las calles para denunciar la sistemática desinformación promovida por el duopolio televisivo, así como la ausencia de la pluralidad de voces que es consustancial a la diversidad de realidades que entretejen nuestra vida pública. Desde entonces se volvió patente la des-representación de la sociedad en los partidos políticos y en los medios de comunicación. Se vislumbraba, así fuese como un balbuceo, la necesidad de transformar el sistema de medios de comunicación en México.
Así se empezó a escribir la historia de una lucha y de una simulación. Por nuestra parte, haciendo sinergia con académicos, periodistas, activistas, organizaciones y sobre todo con la sociedad civil, logramos posicionar nuestras demandas como un tema central en la agenda pública del país. Por su lado, los poderes fácticos y sus lobbys emplearon sus energías en desarrollar la representación de una farsa.
En el contexto de esa antítesis y después de un largo proceso de desencuentros, se aprobó la Reforma en Telecomunicaciones el 12 de junio del año pasado. Su redacción tuvo lugar en una dinámica excluyente, a partir de los acuerdos cupulares del “Pacto por México”, privilegiando intereses mercantilistas y partidistas. Desde la Mesa de Democratización del Sistema de Medios de #YoSoy132 advertimos que sin la participación de todos los sectores sociales en la construcción de la propuesta, la legislación sería letra muerta y la democratización estaría truncada de origen. Hoy la realidad nos da la razón, aún cuando hubiésemos preferido equivocarnos.
Desde nuestro origen como grupo de incidencia, hemos generado contenidos puntuales para densificar nuestra exigencia estratégica, que es la democratización del sistema de medios. Propusimos un Documento de Exigencias Mínimas (DEM) en el que definimos el piso mínimo para iniciar un proceso de real democratización del sistema de medios en México; realizamos también una propuesta de Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, donde articulamos legalmente y de manera metódica nuestras propuestas; hemos escrito cerca de una decena de artículos de opinión para acompañar el proceso durante todo este tiempo. Ahora, acotamos puntos clave de las Leyes Secundarias propuestas por el Ejecutivo el pasado lunes 24 de Marzo, que implicarían un trágico retroceso.
Nuestro modelo estableció un listón de exigencias que se equiparaba a casos emblemáticos y reconocidos internacionalmente, como el de Ecuador, Argentina, Canadá, la Unión uropea, entre otros; el proyecto de Reforma en Telecomunicaciones que finalmente fue aprobado quedó muy por debajo de los estándares que asentamos. Empero, habíamos reconocido que existían avances que abrían la posibilidad de emprender un proceso de transformación accidentada pero factible del sistema de medios. Analizando la propuesta de leyes secundarias, se vuelve evidente que esas diminutas posibilidades de cambio quedan estancadas.
A continuación, algunos de los puntos que nos parece urgente rectificar: -Se desdibujan los medios comunitarios y sociales, al dejarlos sin independencia editorial ni autonomía de gestión financiera. Además se establece un escenario donde la igualdad de condiciones con los medios públicos implica de hecho preservar las desigualdades, pues no se puede equiparar su nivel de recursos o infraestructura, ni mucho menos sus fines. -El IFT pierde atribuciones que serían traspasadas al Ejecutivo, dando al traste con la autonomía y capacidad de regulación del nuevo organismo. Además el instituto no tendría posibilidad para poner tope a la concentración de frecuencias ni reglas de propiedad cruzada en medios de comunicación y telecomunicaciones. -Se rompe el principio de la neutralidad de la red, además de que se otorga legalmente al Estado la prerrogativa de suspender cualquier servicio “si lo considera necesario”. Es preocupante por principio que se asignen facultades que bien pueden derivar en autoritarismo. -La llamada “colaboración con la justicia” implica que con una orden directa del procurador, se puede acceder a los datos personales, así como geolocalizar o intervenir el teléfono de cualquier persona. El Estado obtiene así una capacidad de control desmesurada que además arrebata a las nuevas generaciones el derecho a la privacidad. -Se postula ejecutar el must carry en regla, pero con el must offer a medias, dependiendo de lo que considere la Secretaría de Gobernación. Por si fuera poco, se establece como límite al must offer la competencia, que sería declarada por un órgano (IFT) que bajo éstas leyes secundarias pierde autonomía. -La producción independiente no tiene lugar en las leyes secundarias. Se hace vacío en la definición de las modalidades en que se garantizará la inserción de nuevos contenidos. Una verdadera transformación del sistema de medios de comunicación requiere un engranaje integral, coherente y articulado, lo cual implica entrelazar cada uno de sus elementos. Si una reforma es irregular y contradictoria, surgirán grumos que eventualmente atrofiarán al conjunto. Esa lógica es inadmisible cuando la legislación mexicana tiene cerca de 40 años de atraso, pues permaneció intocable todo ese tiempo para dejar hacer a los poderes fácticos que apoyaban la reproducción del régimen.
Para concluir, queremos resaltar que en las sociedades modernas los medios son los creadores de la conciencia colectiva, y por lo tanto esenciales para una democracia real. Por ello, no tienen razón de ser si no abonan en la construcción de una sociedad democrática y participativa. El marco regulatorio es clave para tener más y mejores herramientas que nos permitan exigir y ejercer nuestro derecho a la comunicación.
El Universal
Katia D’Artigues
2 de abril de 2014
¿Se ha dado cuenta que cuando matan a un narcotraficante a los medios nos da por decir —o copiar el discurso gubernamental—: tal o cual persona que se dedicaba al narco fue “abatido”? Todos sabemos que quiere decir que lo mataron y —en estricto sentido— que lo asesinaron, pero no suena tan feo. Imagínese: “Marina asesina a /Kike/ Plancarte”. Pero es un eufemismo y en realidad “abatir” según la Real Academia Española, no lo considera como sinónimo de matar. Es derribar, derrocar, inclinar, tumbar o incluso humillar (que es interesante: al parecer nada más humillante que te maten). No es un término nuevo: Alejandro Rosas, historiador, ayer comentaba por Twitter (@arr1910) que el 10 de abril de 1919, cuando asesinaron a Emiliano Zapata, este mismo periódico dijo: “Emiliano Zapata fue abatido”, también otros de la época. No será el caso de Plancarte, supongo. Pero las personas que ayer abatimos, hoy se convirtieron en héroes nacionales…
Tuit-comentarios:
1) Que hay 39 mil maestros que no sabemos dónde están. ¿Qué dice? ¿Emitimos una Alerta Amber magisterial?
2) Dice Pedro Joaquín Coldwell que Pemex podrá competir en futuras rondas como cualquier otra empresa. Ok, pero ¿nos dice primero el nuevo régimen fiscal?
3) Queda claro que lo “atípico” es el nuevo “típico”. Aplica para lluvias en el DF o la inseguridad en el #EdoMex
Hace unos días, una columna de Carlos Puig ,“El rancio debate en telecomunicaciones”, nos decía elegantemente prehistóricos —o más bien pretecnológicos— porque el debate de la ley de Telecomunicaciones en los medios se ha centrado en el siglo XX y no en el XXI, con nuevas formas de comunicar y quiénes regulaban contenidos. Tenía toda la razón.
La televisión es importante, sí, pero lo será crecientemente menos a la par que haya más personas con acceso a internet y por ese medio se den mucho más competidores —o los mismos— pero a la hora que nosotros queramos. No sólo los jóvenes que tienen acceso a internet ven menos televisión tradicional; también los adultos (aunque para muchos chavos eso de esperar un programa y prender la tele es algo que ya no conocen). Hoy inicia un foro en el Senado para discutir la nueva ley de telecomunicaciones y han pasado casi inadvertidos un par de artículos que sí inciden de manera directa sobre el futuro y con eso me refiero al internet. Sin embargo, no hay —salvo algunas excepciones— quienes hablen sobre los derechos digitales.
¿Por qué esto debe interesarle a usted? ¿No suena como en la estratósfera? No, es algo que usa día a día y cada vez lo utilizará más. Internet es un medio libérrimo. No se le pueden aplicar las reglas que a otros medios de comunicación; no es igual. Y hay una declaración conjunta de la Organización de Estados Americanos, junto con la ONU y dos organizaciones más al respecto. Se llama “Declaración Conjunta sobre libertad de expresión e internet” y es de 2011, bastante nueva.
La bronca es que parece que los que redactaron la iniciativa de ley secundaria en Telecomunicaciones no leyeron bien este anterior documento o lo menospreciaron y hay cosas que hay que precisar porque si no se pueden prestar a prácticas de censura que seguro —¿verdad que no, digo, sí?— nadie quiere.
Lo explico con detalle:
*La propuesta de iniciativa actual*. En sus artículos 145 y 146 dice que los que brindan acceso a internet podrían “bloquear el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”. En contra. ¿qué autoridad? Debe precisarse: en todo caso un juez. Con respecto a un usuario que transmite pornografía infantil, sí.
¿Que bloquee quien dé acceso a internet? ¡No! A eso se le llama “neutralidad de la red” y no “responsabilidad de intermediarios” y en español significa que quien da servicio de internet no debe saber qué información pasa por su red. Debe dar servicio no discriminatorio; aunque eso sí está enunciado, se desmiente en el siguiente párrafo. ¿Qué pasaría si no? Malpensemos; algo que se debe hacer cuando se redactan leyes.
Supongamos que usted (porque en internet luego pasa así: muchas veces no son los medios tradicionales los que ganan la batalla) hace un video crítico digamos de… el Presidente y se vuelve viral. El Presidente se inconforma, finalmente es un usuario, y pide que se bloquee su dirección IP. Usted ya no puede comunicarse. Imagínese eso usado políticamente, es peligroso. Los proveedores de internet no deberían poder hacer eso nunca, y mucho menos si que continúen o no con la concesión depende aún en parte del Estado, y no de un órgano realmente autónomo.
Si cualquier proveedor de internet puede hacer eso podrían convertirse en policías que censuren de manera previa algo que podría ser un delito, en el mejor de los casos o peor: que -pero esto no pasa es por pura malpensadez-por un favor o a cambio de algo. Y que no nos dejen decidir.
La Declaración Conjunta dice claramente en el punto 3:
/”a) “El bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema-análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión- que solo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual. /
/b. Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión. /
*Luego está otro tema*. El artículo 197 dice que también pueden “…bloquear inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.
De nuevo, ¿qué autoridades? En una prisión, pues sí, de acuerdo y está contemplado. ¿Pero qué tal la decisión de Nicolás Maduro -el Estado era dueño de la empresa principal proveedor de internet, CANTV– de quitar la señal o bajarla de en medio de las protestas en Venezuela? Ahí no suena bien. ¿Y si en México en un si quiere lejano futuro con esta ley se hiciera algo así?
En eso la Declaración Conjunta es clarísima en el punto 6 b):
/”La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este”./
El Universal
Bajo Reserva
2 de abril de 2014
*EL PLEITAZO* entre la campechana *Layda Sansores* y el veracruzano *Dante Delgado* muestra una vez más la fragmentación de las izquierdas. Todo se presenta como un caso de “groserías y maltratos” del dirigente de Movimiento Ciudadano a la senadora, quien ahora abandonó las filas de MC y dejó sin representación a ese partido en el Senado. Doña Layda se refugió en la bancada del Partido del Trabajo, que está totalmente plegado a los intereses de Morena, la organización de *Andrés Manuel López Obrador*. De hecho, ella aceptó justo hace un mes ser la candidata del lopezobradorismo al gobierno de Campeche para las elecciones de 2015. ¿Todo este rejuego y fuego amigo en las izquierdas tendrá que ver con los acercamientos entre don Dante y el ex jefe de gobierno del DF, *Marcelo Ebrard*?
*LA AGENDA* en San Lázaro se ha congestionado y durante los últimos días, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD han tenido distintas reuniones para tratar de llegar al mejor acuerdo en la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE. El diputado priísta *Manlio Fabio Beltrones* y el perredista *Silvano Aureoles* buscan que haya acuerdos antes del 8 de abril y evitar que el nudo legislativo se vaya hasta la Suprema Corte, que definiría la integración del INE por insaculación. Con ese paso, nos dicen, nadie tendría el control y no habría cuotas por pagar. El sorteo definiría a los nuevos responsables de la organización de los comicios en el país.
*LA VÍSPERA *de que comiencen los foros en materia de telecomunicaciones en el Senado, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, *José Ignacio Peralta*, se dio una vuelta por sus instalaciones, y comió en privado con los senadores del PRI, con *Emilio Gamboa* a la cabeza. El funcionario explicó a los priístas las bondades de la propuesta del Ejecutivo federal de leyes secundarias: de ninguna manera atentan contra el espíritu de la reforma constitucional aprobada en 2013 y mucho menos debilitan al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como reclama la oposición, nos dicen. En las audiencias estarán distintos actores y nadie podrá decir que no fue escuchado.
*EN ALGUNOS* escritorios de Bucareli está atorado el Programa Nacional de Derechos Humanos. Organizaciones civiles comentan que el documento está en proceso de culminación en la Secretaría de Gobernación, a cargo de *Miguel Ángel Osorio Chong*. La elaboración del plan fue anunciada por el gobierno federal desde hace un año y se realizaron distintos foros regionales con la participación de representantes de la sociedad civil, académicos y expertos en la materia. Sin embargo, queda pendiente la fecha del nacimiento, que vendría a reforzar la percepción —en foros internacionales— sobre el avance en la protección de los derechos humanos, después de los retrocesos que se dieron en el sexenio anterior en la guerra contra el narcotráfico, nos dicen.
*VIENE *un empujoncito a la reforma política del DF con la instalación este miércoles de un grupo de trabajo plural que habrá de digerir las coincidencias y triturar las diferencias posibles que tengan las bancadas en el Senado. El legislador perredista *Mario Delgado *quiere preservar el proyecto que ha sido elaborado con la visión del jefe de gobierno *Miguel Ángel Mancera*, quien busca que la Ciudad de México cuente con un régimen político propio que tenga interacción con los poderes de la Unión. Lo que es un hecho es que en las próximas semanas habrá un gran cambio que estimule el desarrollo político y administrativo del Distrito Federal, nos comentan.
Expertos: asimetría “encogerá” las telecomunicaciones
El Universal
Carla Martínez
2 de abril de 2014
La propuesta de tarifas asimétricas de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones, que deberá de cumplir el preponderante en telecomunicaciones —América Móvil— disminuye los incentivos para que el resto de las empresas busquen competir en el mercado, coincidieron expertos.
“Están los incentivos para que el sector de encoja, no es una ley que está generando incentivos para que el sector crezca, y ¿por qué? porque estamos castigando al grande y castigar al grande esta equivocado”, señaló Ernesto Flores-Roux, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la conferencia organizada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
La ley genera ese concepto permanente de preponderancia que es equivocado, ese es el principal problema que tiene la ley, subrayó Flores-Roux. “Varias empresas, es decir, básicamente la mayoría, están a favor de eso, de la asimetría, por que ésta va a permitir que haya subsidios y la existencia de éstos, lo único que va a generar, es que algunas empresas cambien de tecnología, para lo que tendría que existir mucha inversión, que no sabemos sí la habrá”, indicó el analista del CIDE.
Por su parte, Alexandra Elbittar, investigador económico del CIDE, coincidió en que la ley no genera incentivos de inversión para los pequeños operadores.
“Lo que vemos es que una regulación en el mercado del retail es la que causa mayor perjuicio para los consumidores, particularmente elimina los incentivos a la competencia por parte de los operadores menores, de lo que se trata en este caso desde el punto de vista económico no es de exprimir en este caso, al operador relevante, sino en crear los incentivos para que los operadores entrantes o pequeños tengan incentivos para competir”, explicó Elbittar.
Respecto a la adopción del esquema de ‘Bill and Keep’, donde la tarifa de interconexión que se pagan entre las empresas es igual a cero, es favorable siempre y cuando se aplique de manera congruente y se detallé la fans icono del esquema actual a la tarifa cero en la nueva legislación.
“En el caso de ‘Bill and Keep’ es un esquema que se ha utilizado en Estados Unidos, Singapur, Hong Kong y les va muy bien, porque permite que los operadores internalizan el costo de la llamada, hoy en día no ocurre de esa manera. existen beneficios muy buenos para los consumidores, pero la implementación de la transición de un modelo de costos incrementa a un modelo de tarifa cero no está explícito en la actual regulación, eso plantea problemas de implementación”, detalló el investigador del CIDE.
Por ello, debería de ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien decida el modelo de interconexión. Este lunes, el Instituto dio a conocer que la tarifa que deberán pagar las empresas a América Móvil en materia de interconexión será de 0.020 pesos, una disminución importante pues la tarifa que anteriormente decidió el regulador era de 0.39 pesos. En contraste, la propuesta de ley secundaria, indica que la tarifa de interconexión a pagarse será cero.
Iniciativa pone en riesgo el avance digital, alerta AMIC
El Universal
Carla Martínez
2 de abril de 2014
La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), aseguró que la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones del Ejecutivo no se apega a lo estipulado en las reformas constitucionales.
“Dicha iniciativa de ley se aleja del espíritu de la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, tras décadas de atraso legislativo en materia de medios de comunicación. Los legisladores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión deberán aprobar en el actual periodo legislativo de sesiones que concluye el 30 de abril, una ley convergente que garantice con certidumbre el desarrollo integral de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión los próximos lustros”, informó AMIC en un comunicado de prensa.
La organización mencionó que México no puede volver a perder la oportunidad de integrar a sus ciudadanos a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de ofrecerles las ventajas sociales de un sistema de medios de comunicación democrático acorde a las nuevas necesidades del país y el avance tecnológico.
“La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aleja de los principios rectores de la Constitución en términos de servicio público de interés general, derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), competencia, convergencia, pluralidad, cobertura universal y acceso libre y sin injerencias a las tecnologías y redes de comunicación”, agregó.
Por otra parte, la AMIC destacó que la iniciativa de ley regula y reglamenta de manera insuficiente la reforma constitucional e incluso, se opone a ella en diversos aspectos con el riesgo del atraso digital, de las tentaciones de control antidemocrático de los medios y la censura así como de vulnerar los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las TIC.
Reglas de telecomunicaciones podrían causar atraso digital
La Jornada Nacional
Miriam Posada García
02 de abril de 2014
La iniciativa de legislación secundaria en telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo al Senado de la República ha puesto en alerta a académicos, especialistas, consultores, empresarios y científicos que, dependiendo de sus intereses y preocupaciones, se han manifestado en contra del documento, aunque coinciden en que es necesario el diálogo para tener la mejor legislación convergente y, sobre todo, con apego a la reforma constitucional.
El presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), Gerardo Soria, advirtió que los recursos de amparo contra las declaratorias de preponderancia promovidos por Grupo Carso, Grupo Inbursa y Televisa son resultado de la premura con la que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tuvo que emitirlas, sin que existiera la legislación secundaria que le habría permitido más fortaleza.
Destacó que el Ifetel tiene elementos para defenderse, pero no tan sólidos como si ya existiera la ley convergente. Puntualizó que si Carso, Inbursa y Televisa ganaran los amparos, para cuando eso ocurra y si para entonces ya hubiera legislación secundaria, el órgano regulador podría emitir de inmediato nuevas declaratorias de preponderancia más sólidas.
Miguel Calderón, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones y ejecutivo de la compañía Telefónica, señaló que la legislación secundaria propuesta por el Ejecutivo federal debe ser modificada en diversos puntos, pero sobre todo en los que dotan de facultades al Ifetel para fortalecerlo en verdad, y los que se refieren a las sanciones por preponderancia, así como en los artículos que pretenden que los concesionarios entreguen información sobre los usuarios de servicios de telecomunicaciones móviles a cualquiera de los 3 mil agentes del Ministerio Público que podrían requerirla, lo cual sería muy grave.
Por separado, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (Amic), que aglutina especialistas, académicos y científicos de las principales instituciones educativas y científicas del país hizo un llamado al Ejecutivo, al Congreso de la Unión, al Ifetel y a todos los involucrados en la elaboración de las leyes reglamentarias a modificar el contenido de la propuesta oficial porque es preocupante.
Destacaron que la iniciativa de ley regula y reglamenta de manera insuficiente la reforma constitucional, e incluso se opone a ella en diversos aspectos, con el riesgo del atraso digital, muestra las tentaciones de control antidemocrático de los medios y la censura, así como de vulnerar los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
En telecomunicaciones aseguró propone una regulación desequilibrada y no simultánea para América Móvil, Teléfonos de México y Televisa, y deja a esta última empresa sin controles suficientes; subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del Ifetel a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, entre muchas otras deficiencias y violaciones a la reforma constitucional.
Reglas de telecomunicaciones podrían causar atraso digital
La Jornada Nacional
Miriam Posada García
02 de abril de 2014
La iniciativa de legislación secundaria en telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo al Senado de la República ha puesto en alerta a académicos, especialistas, consultores, empresarios y científicos que, dependiendo de sus intereses y preocupaciones, se han manifestado en contra del documento, aunque coinciden en que es necesario el diálogo para tener la mejor legislación convergente y, sobre todo, con apego a la reforma constitucional.
El presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), Gerardo Soria, advirtió que los recursos de amparo contra las declaratorias de preponderancia promovidos por Grupo Carso, Grupo Inbursa y Televisa son resultado de la premura con la que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tuvo que emitirlas, sin que existiera la legislación secundaria que le habría permitido más fortaleza.
Destacó que el Ifetel tiene elementos para defenderse, pero no tan sólidos como si ya existiera la ley convergente. Puntualizó que si Carso, Inbursa y Televisa ganaran los amparos, para cuando eso ocurra y si para entonces ya hubiera legislación secundaria, el órgano regulador podría emitir de inmediato nuevas declaratorias de preponderancia más sólidas.
Miguel Calderón, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones y ejecutivo de la compañía Telefónica, señaló que la legislación secundaria propuesta por el Ejecutivo federal debe ser modificada en diversos puntos, pero sobre todo en los que dotan de facultades al Ifetel para fortalecerlo en verdad, y los que se refieren a las sanciones por preponderancia, así como en los artículos que pretenden que los concesionarios entreguen información sobre los usuarios de servicios de telecomunicaciones móviles a cualquiera de los 3 mil agentes del Ministerio Público que podrían requerirla, lo cual sería muy grave.
Por separado, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (Amic), que aglutina especialistas, académicos y científicos de las principales instituciones educativas y científicas del país hizo un llamado al Ejecutivo, al Congreso de la Unión, al Ifetel y a todos los involucrados en la elaboración de las leyes reglamentarias a modificar el contenido de la propuesta oficial porque es preocupante.
Destacaron que la iniciativa de ley regula y reglamenta de manera insuficiente la reforma constitucional, e incluso se opone a ella en diversos aspectos, con el riesgo del atraso digital, muestra las tentaciones de control antidemocrático de los medios y la censura, así como de vulnerar los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
En telecomunicaciones aseguró propone una regulación desequilibrada y no simultánea para América Móvil, Teléfonos de México y Televisa, y deja a esta última empresa sin controles suficientes; subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del Ifetel a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, entre muchas otras deficiencias y violaciones a la reforma constitucional.
PRI cierra filas en debate de telecom
La Silla Rota
Imelda García
1 de abril de 2014
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, afirmó que su grupo parlamentario suscribirá lo que los priístas en el Senado aprueben en materia de telecomunicaciones.
El coordinador priísta aseguró que un grupo de diputados del tricolor se encuentra trabajando directamente con los senadores de su partido en el análisis de la ley secundaria de telecomunicaciones.
“De las conclusiones que tenga la Cámara de Senadores -en donde nuestro grupo parlamentario está participando en el estudio junto con el Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Senadores- nos consideraríamos listos para votarla en Cámara de Diputados para beneficio de México”.
“Nuestro trabajo como PRI está en gran armonía con el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado. Lo que resulte de la votación en el Senado, por parte del PRI, habremos de respetarlo nosotros en Cámara de Diputados”, sostuvo Beltrones.
El priísta ha afirmado que, en su consideración, la iniciativa de ley secundaria de telecomunicaciones que envió el Ejecutivo al Senado, está en armonía con la reforma constitucional aprobada el año pasado.
Acusan Senadores presión por Telecom
Reforma
Claudia Guerrero
1 de abril de 2014
Al arrancar la discusión de la reforma secundaria de telecomunicaciones, senadores panistas denunciaron presiones para aprobarla en plazos fatales y acusaron a la Cámara alta de someterse al Poder Ejecutivo.
Durante la sesión de la Comisión de Radio y Televisión, Javier Corral y Marcela Torres Peimbert aseguraron que existe la intención de generar una sobrecarga de trabajo a los legisladores para evitar que discutan el tema con la profundidad que requiere.
“Sé que existe un acuerdo para sacar adelante la reforma Peña-Televisa, pero por lo menos démonos los espacios debidos, generemos un ambiente de discusión, para que la gente sepa de qué se trata.
“Es indigno, nos están obligando y orillando, forzando a un acumulado de trabajo de saturación. Hay una decisión tomada, incluso se ha le puesto fecha al dictamen, el 21 de abril”.
Más tarde, en la reunión de las comisiones unidas de Comunicaciones, Estudios Legislativos y Radio y Televisión -instaladas en sesión permanente-, Corral condenó que los legisladores hayan aceptado la imposición de tiempos y contenidos que convienen al Ejecutivo.
“Este Senado ha sido sometido indignamente al cronómetro presidencial para sacarle la reforma a Peña y a Televisa.
“Sólo un Congreso que no se precie de serlo y parlamentarios que no se respeten a sí mismos pueden aceptar ser sometidos a estas condiciones”, sostuvo el secretario de la Comisión de Radio y Televisión.
Aseguró que el calendario y la ruta trazada para discutir la reforma, que concluirá el 25 de abril, es “un proceso de simulación”, tras afirmar que hay una mayoría dispuesta a respaldar una reforma que no se apega al espíritu de la Constitución.
El panista acusó al Presidente Enrique Peña Nieto de incumplir su palabra para ir a fondo en la reforma.
“Es una traición a la Constitución. Peña renuncia a menos de dos años de esa ponderación que hizo de la reforma en telecomunicaciones cuando la anunció con bombo y platillo”, señaló.
Corral recriminó a senadores del PRI, PAN y PRD no haber convocado a la discusión de las iniciativas en materia de telecomunicaciones que se presentaron desde el año pasado.
“Si existe voluntad, se debe corregir el bodrio que Peña envió la semana pasada”, agregó.
En contraste, los presidentes de las comisiones dictaminadoras defendieron la ruta y el calendario establecido, que permitirá sacar adelante la reforma antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.
“El gran objetivo es terminar en este periodo de sesiones”, indicó el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Javier Lozano.
Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio y TV, confió en que los cambios reglamentarios se apeguen al contenido de la reforma constitucional aprobada en 2013.
Ley Peña-Televisa, alta traición
Homo Zapping
Jenaro Villamil
2 de abril del 2014
La iniciativa del Ejecutivo federal en telecomunicaciones y radiodifusión es un edificio chueco, construido sobre cimientos frágiles, que puede derrumbarse con un elemental ejercicio de anticonstitucionalidad de sus artículos.
Especialistas de diversos sectores –menos los más vinculados a los monopolios, a los concesionarios y al gobierno- coinciden en algo fundamental: la Ley Peña Televisa es anticonstitucional. Va en contra de la reforma aprobada en 2013.
Han detectado, por lo menos, 23 violaciones a la Constitución en el cuerpo de 312 artículos más 29 transitorios y la Ley de Sistema Público de Radiodifusión en México que es un retroceso a los tiempos oscuros del estalinismo-priista para controlar los medios dependientes del erario público.
Es anticonstitucional por las siguientes razones:
1.-Viola la noción de telecomunicaciones y radiodifusión como “servicios públicos” para concebirlos como “servicios de interés público”. Con ese simple cambio se cae toda la noción jurídica definida en la Constitución.
2.-Viola la autonomía de un nuevo órgano regulador –el Instituto Federal de Telecomunicaciones- que se convierte en una instancia tutelada por el Ejecutivo federal y sus principales brazos ejecutores: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Hacienda.
3.-Viola la liberta de expresión y de información establecidas en el artículo 6 constitucional para incorporar medidas de censura previa, de persecución e intrusión en las redes cibernéticas.
4.-Viola la noción de “agentes económicos preponderantes” y los criterios antimonopólicos del artículo 28 constitucional. En la Ley Peña Televisa todo lo relacionado con este punto está sesgado para proteger a la empresa de Emilio Azcárraga Jean en su sector de mayor crecimiento: la televisión restringida.
5.-Viola la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que echó abajo la Ley televisa de 2006 al reincorporar nociones como la subasta ascendente como criterio fundamental para otorgar las concesiones.
6.-Viola los derechos de las audiencias para reducirlos a nociones vagas, generales, sin indicar cómo se defenderán y quiénes las defenderán claramente.
7.-Viola los principios del artículo 1 de la Constitución al marginar e ir en contra de los derechos de las comunidades indígenas.
8.-Viola el principio de neutralidad de la red establecido en la reforma constitucional de 2013 para convertir a los concesionarios en servicios de internet en guardianes y extensiones policiacas del CISEN o de otras dependencias de seguridad nacional y seguridad pública.
9.-Viola la esencia misma de la ley: no es un ordenamiento jurídico convergente. Al contrario, es divergente. Separa en dos grandes “sectores” o cárteles (telecomunicaciones y radiodifusión) al no concebirlos como servicios múltiples (de televisión abierta, de radio, de internet, de audio y video restringidos, de telefonía móvil). Impide el total play y el acceso de los ciudadanos al margen del mundo digital.
10.-Viola el ordenamiento constitucional para que el “apagón analógico” se dé en diciembre de 2015. En el artículo 16 transitorio establecen una prórroga hasta diciembre de 2017, “casualmente” en vísperas de las elecciones presidenciales de 2018.
Estos son tan sólo algunos puntos.
La traición fundamental radica en el carácter claramente electorero de esta ley. En su mirada corta y en su evidente intención de engaño a los ciudadanos.
Al gobierno federal del PRI le interesa recuperar el control del Congreso en las elecciones del 2015. Si para ese objetivo deben rehacer su acuerdo y pacto con Televisa, con TV Azteca y con sus anexos que garantizan el control de la opinión pública, lo harán.
Por eso, esta ley busca fortalecer esa misma alianza que llevó a Peña Nieto al poder. ¿A cambio de qué? De permitirle a Grupo Televisa expandirse sin límites en el mercado de televisión restringida.
A América Móvil y al gigante monopolista de Carlos Slim, el gobierno federal pretende “compensarle” en otras áreas de los múltiples intereses de Grupo Carso como son los energéticos y la construcción. No se dan cuenta de las consecuencias estructurales de alentar la guerra Televisa-Telmex.
Televisa y Peña Nieto tienen un enemigo en común: los ciudadanos de las redes sociales. Es clara la animadversión hacia Televisa y al PRI en la mayoría de las audiencias jóvenes que deliberan, se informan y se entretienen en las redes sociales. Son generaciones que ya no se deformaron con Televisa. El PRI calcula que este sector les costó, por lo menos, 5 millones de votos en 2012. No quieren repetir este fenómeno en 2015.
Por eso van contra el ciberactivismo y por constreñir al máximo el periodismo digital. Han hecho experimentos autoritarios en Veracruz, en Quintana Roo y en Chihuahua. Ahora pretenden llevarlo a nivel nacional.
Ahí está la alta traición.
No se trata de democratizar el régimen de medios de comunicación y las telecomunicaciones ni darle acceso a la población a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
Por el contrario, se trata de constreñir y controlar. No les importa que esta ley acabe en la Suprema Corte de Justicia. Al menos, les permitirá que en 2015 funcione para que el PRI recupere el control de la Cámara de Diputados y del Senado.
Y todo esto con la colaboración de varios políticos panistas y perredistas que ya se volvieron los “paraestatales” de la restauración priista.
Lo veremos en la discusión y en la aprobación del Congreso.
-Actores preponderantes
AMX interpone amparo contra declaración de dominancia del IFT
El Economista
Reuters
2 de abril de 2014
La gigante mexicana de telecomunicaciones América Móvil dijo el martes que solicitó un amparo en contra de la decisión reciente del regulador de telecomunicaciones de declararla agente preponderante en ese sector.
A principios de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declaró preponderantes en el mercado de telecomunicaciones a América Móvil y Televisa , la mayor cadena de televisión abierta del país, y les ordenó compartir su infraestructura con sus competidores, además de ponerles límites a sus tarifas.
“AMX ha sido informada que sus subsidiarias operativas Telmex y Telcel presentaron igualmente juicio de amparo en contra de dicha resolución”, señaló la empresa, controlada por el magnate Carlos Slim.
La determinación de preponderancia —o dominancia— en el mercado se aplica a empresas con más del 50 por ciento de participación en sus mercados.
El lunes, la financiera Inbursa y el conglomerado industrial y comercial Grupo Carso, dos compañías también de Slim, dijeron que solicitaron amparos en contra de la decisión del IFT de declararlas preponderantes en ese sector.
El IFT declaró preponderantes a Inbursa y a Carso dado que son “grupos de interés económico” relacionados con América Móvil, que opera casi el 70% de los teléfonos móviles y del 80% de las líneas fijas en México.
El martes, las acciones de América Móvil cerraron con un alza de un 2.63% a 13.28 pesos en la bolsa mexicana de valores.
Carso, Inbursa y Televisa interponen amparos contra declaratoria del Ifetel
Homo Zapping
Monitoreo Informativo
2 de abril del 2014
Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa anunciaron que interpusieron un juicio de amparo contra la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que los declara agentes económicos preponderantes, junto con Teléfonos de México (Telmex) y América Móvil, como grupo de interés económico.
Las empresas de Carlos Slim explicaron al mercado de valores que no son agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones porque no cuentan con el requisito esencial para ello, que es tener una concesión en dicha materia, según estipula el tercer párrafo del artículo cuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciónes.
Señalaron por separado que cada una es sociedad anónima bursátil, de conformidad con la normativa aplicable a dicha clase de entidades, dentro de la cual se especifican, y son públicos, los sectores y actividades en los cuales se desarrolla. Destacaron que Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa están impedidos de realizar actividades propias de entidades concesionadas en materia de telecomunicaciones, por lo que las medidas que el Ifetel les impuso en su resolución se consideran de imposible ejecución, por lo expuesto en los dos primeros argumentos.
“Control de un grupo”
El Ifetel adujo la relación familiar y de negocios de casi todos los miembros de la familia Slim; en la declaratoria de preponderancia puntualiza que Carlos Slim Domit es copresidente del consejo de administración de América Móvil y presidente del consejo de administracion de Telmex, de Carso y de Inbursa.
Patrick Slim Domit es copresidente del consejo de administración de América Móvil, consejero de administración de Carso y vicepresidente del consejo de Inbursa.
Daniel Hajj Aboumrad, “yerno de Carlos Slim y cuñado de los señores Patrick y Carlos Slim Domit”, es director general de América Móvil, consejero de administración de Carso y de Telmex. Arturo Elías Ayub,“yerno del señor Carlos Slim”, es director de alianzas estratégicas, comunicaciones y relaciones institucionales de Telmex, y consejero de administración de Carso.
Marco Antonio Slim Domit es presidente y director de Inbursa. Y Héctor Slim Seade, “sobrino del señor Carlos Slim”, fue identificado sólo como consejero de administración de Inbursa y no como director de Telmex.
En la declaratoria de preponderancia el Ifetel señala que el control de un grupo de interés económico puede darse de factomediante el poder real que en este caso ejerce la familia Slim.
Según los reportes financieros de 2012 de América Móvil, Carso e Inbursa, y de los de participación accionaria presentados a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, en América Móvil “Carlos Slim Helú y sus hijos e hijas tienen participación de 46.5 por ciento a través del fideicomiso familiar; además, Inmobiliara Carso tiene 5.9 por ciento”.
En Grupo Carso, puntualizó el Ifetel, Carlos Slim Domit, Patrick Slim Domit y Marco Antonio Slim Domit tienen 10 por ciento de capital social cada uno; Carlos Slim Helú, María Soumaya, Vanessa y Johanna Slim Domit tienen “más de 10 pr ciento de capital social cada uno, y en conjunto tienen 79.61 por ciento”.
En Grupo Inbursa los siete miembros de la familia Slim son los principales accionistas con 55.87 por ciento; cuatro integrantes de la familia en lo individual son propietarios de una participación de 5 por ciento de las acciones en circulación, detalló el Ifetel.
El Ifetel destacó que las personas que forman parte del grupo de interés económico, como son los miembros de la familia Slim, no están sujetos a la regulación, pero sí lo están las empresas en las que participan, y entre ellas están Grupo Carso y Grupo Inbursa.
También basado en el reporte financiero de América Móvil de 2012, el Ifetel sustanció su declaratoria de preponderancia al tomar un párrafo en el que la principal empresa de telecomunicaciones de Carlos Slim señala que participa con varias subsidiarias de Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa.
“Las susbsidiarias de la compañías adquieren materiales o servicios de varias empresas que, de conformidad con los reportes de participación accionaria presentados ante la SEC, se encuentran bajo el control de las mismas personas que ejercen el de la compañía, incluyendo Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa y sus respectivas empresas subsidiarias. Los servicios incluyen servicios bancarios y de seguros proporcionados por Grupo Financiero Inbursa”.
Fallos se basan en investigaciones sólidas y no procede la suspensión, dice el titular
Miriam Posada García
El presidente del Ifetel, Gabriel Contreras, dijo que la iniciativa de legislación secundaria sobre telecomunicaciones y competencia no quita facultades a ese órgano regulador, pero enviará al Congreso un documento con argumentación técnica sobre lo que los comisionados consideran que debe contener la ley convergente. Señaló que no ha sido notificado del amparo promovido por Carso e Inbursa. También ayer se conoció que Televisa pidió amparo contra la actuación del Ifetel.
Contreras destacó que hasta ayer por la tarde el Ifetel no había sido notificado del amparo contra la resolución por preponedrancia que interpusieron Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, y enfatizó que las resoluciones del Ifetel se basan en investigaciones sólidas y no son susceptibles de suspensión, aunque cualquier agente económico tiene derecho a acudir a tribunales.
Por separado, el magistrado presidente del primer tribunal especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Jean Claude Tron Petit, informó que Televisa ya interpuso un amparo en contra de la declaratoria de preponderancia del Ifetel.
Dijo que no conoce los términos en que la televisora presentó el amparo pero sí fue informado de que ingresó el recurso. La declaratoria de preponderancia del Ifetel obliga a Televisa a compartir su infraestructura, regula sus contenidos y la obliga a cumplir con la entrega de su señal de televisión abierta a los concesionarios que no sean preponderantes.
Tras participar en la presentación del Observatorio de Sentencias”, en el que trabajarán de modo coordinado magistrados y especialistas en competencia económica y telecomunicaciones, entre otros sectores convocados por Observatel, Contreras descartó que los grupos Carso e Inbursa puedan salir de la declaratoria de preponderancia, pues la ley instruyó al Ifetel a identificar agentes que formen parte de un grupo económico de interés, y la situación de esos dos actores se documentó en detalle.
“Tarifas asimétricas”
Señaló que las tarifas de interconexión que se impusieron a Telmex y a Telcel el viernes pasado y que ayer dieron a conocer las empresas se estimaron conforme a las facultades que la ley confiere al instituto, por lo que no hay discrepancia con los que plantea la iniciativa de legislación secundaria del Ejecutivo. Puntualizó que se trata de tarifas asimétricas porque Telmex y Telcel, como preponderantes deben cobrar menos que el resto de los concesionarios.
Contreras dijo que la tarifa de interconexión impuesta a Telmex y Telcel bajó de 32 centavos por minuto a 20 centavos para el proceso “el que llama paga”. Las tarifas de interconexión sólo se aplican entre operadores, no a usuarios finales.
En un comunicado el Ifetel detalló que el 26 de marzo determinó las tarifas de interconexión asimétricas que impuso a Telmex y a Telcel y estarán vigentes del 6 de abril al 31 de diciembre de 2014. Señaló que en el modelo de costos fijo aplicable a Telmex y Teléfonos del Noreste se considera el concepto de jerarquía de red y se calculan los costos para cada escenario de interconexión en los que se origine o termine el tráfico, así como para el servicio de tránsito.
América Móvil se ampara contra resolución de IFT
El Universal
Notimex
1 de abril de 2014
La compañía presentó el recurso en contra de la resolución de preponderancia emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. América Móvil (BMV: AMX) y sus subsidiarias Telmex y Telcel presentaron, por separado, juicios de amparo contra la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que los declaró agentes preponderantes.
El recurso se presentó en contra de la resolución emitida por el órgano regulador por virtud de la cual determinó como agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones a un “supuesto” grupo de interés económico conformado por AMX, Telcel, Telmex, Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa.
En información enviada al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa propiedad de Carlos Slim señala que “AMX ha sido informada que sus subsidiarias operativas Telmex y Telcel presentaron igualmente juicio de amparo en contra de dicha resolución”.
El 6 de marzo pasado el instituto resolvió que, como parte del mismo grupo de interés económico, todas estas empresas cumplen con las condiciones para ser declaradas agentes preponderantes en el sector de las telecomunicaciones.
América Móvil, Telmex y Telcel interponen amparos
El Financiero
Redacción
1 abril 2104
América Móvil presentó este martes un juicio de amparo en contra de la resolución emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la que lo determinó como agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones.
Sus subsidiarias operativas Telmex y Telcel presentaron igualmente juicio de amparo en contra de dicha resolución, señaló en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
El día de ayer, Grupo Carso y Grupo Inbursa hicieron lo mismo y aseguraron no ser agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones, ya que no cuentan con el requisito esencial para ello que es tener una concesión en dicha materia.
Grupo Carso e Inbursa interponen amparo
24 Horas
Israel Yáñez
1 de Abril de 2014
Ambas empresas aseguraron que están impedidas para realizar actividades en materia de telecomunicaciones; consideran las medidas de Ifetel de “imposible ejecución”.
Ante la resolución del Instituto Federal en Telecomunicaciones (Ifetel) de calificar como “preponderantes” a Grupo Carso, y Grupo Financiero Inbursa respectivamente, ambos consorcios presentaron las demandas de amparo en contra de esta determinación.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que los amparos fueron presentados el viernes pasado por la noche, y este lunes fueron aceptados para su estudio ante el Juzgado Segundo especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
Sin embargo, a través de un comunicado, la BMV informó que el juicio se interpuso el pasado seis de marzo, y como parte de sus alegatos técnicos, ambas empresas aseguraron, por separado, que están impedidas para realizar actividades en materia de telecomunicaciones, y las medidas que impuso el Ifetel se consideran de “imposible ejecución”.
“GCARSO, no es un Agente Económico Preponderante en Materia de Telecomunicaciones, ya que no cuenta con el requisito esencial para ello que es tener una concesión en dicha materia, según lo establece el tercer párrafo del artículo cuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013 que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicación”.
GCARSO aseguró que es: “una sociedad anónima bursátil de conformidad a la normatividad aplicable a dicha clase de entidades, dentro de la cual se especifican, y son públicos, los sectores y actividades en los cuales se desarrolla”, señala una de las empresas.
A su vez, Inbursa señala ser un grupo financiero de conformidad a la autorización obtenida para ello de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la normatividad aplicable en dicha materia.
Indica que en dicha autorización, se especifica y limita en su objeto “adquirir y administrar acciones emitidas por los integrantes del grupo financiero”.
La denominación de “preponderancia” forma parte de la Reforma Constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, y en este caso se pretende acotar el dominio en el mercado de las empresas que conforman América Móvil para mejorar el acceso y servicios que prestan las empresas, y bajar los precios a través de la competencia.
América Móvil, tiene presencia en 18 países del continente, con 200 millones de usuarios y controla cerca del 70 por ciento de la telefonía móvil en México.
Batallas legales
Cabe destacar que está es una de las batallas legales que las empresas que controlan el mercado de las telecomunicaciones han emprendido en contra de las reformas.
En días anteriores la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio reveses a Televisa y Telmex respectivamente a través de sus fallos en materia de telecomunicaciones.
Como parte de la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo Federal, la SCJN ordenó la suspensión de la orden judicial por la que se otorgó la razón a Televisa para que su señal no fuera retrasmitida en canales de televisión de paga.
En este sentido, la ministra Olga Sánchez Cordero aceptó a trámite la controversia constitucional que interpuso el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, contra el juez del Juez 32 Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino quien negó las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones para ordenar la retrasmisión de las señales de televisión abierta.
El juez local negó que Ifetel tenga atribuciones para resolver en torno a la retransmisión gratuita de los contenidos de televisión abierta, derivado de un litigio entre la empresa Televisa y la compañía de televisión por paga Dish.
Por otra parte, y aunque no forma parte de las Reformas, la Segunda Sala de la SCJN negó la razón a Telmex, quien se inconformó contra la atracción del amparo presentado por indígenas Hñähñu por las deficiencias en el servicio que brinda la empresa de telecomunicaciones.
Uno de los puntos que refirió la Corte es que la ley da el carácter de autoridad responsable a los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, y por ellos afecten derechos humanos de los consumidores al ocasionarles un perjuicio, mismo que pueden ser reclamados a través del amparo.
Al negarle la razón a Telmex, quien buscaba que se desechara el amparo de la comunidad, la Sala ratifica en este sentido el carácter de autoridad a las empresas prestadoras de servicios para los efectos del juicio de amparo y que las deficiencias de sus servicios pueden ser reclamados.
Con esto queda el precedente para que la SCJN u otras áreas legales entren en el estudio de las demandas en contra de cualquier empresa privada o paraestatal que brinden un servicio deficiente que ocasione perjuicios a los consumidores.
Sin embargo
Redacción
1 de abril de 2014
Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– Grupo Televisa presentó una demanda de amparo en contra de la declaratoria de preponderancia que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El día de ayer, el presidente del Tribunal Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica, Jean Claude Tron Petit dijo a la prensa que un Juzgado de Distrito recibió la solicitud de amparo por parte de Televisa. “La información que tenemos es que ya hay una demanda de amparo en relación con la preponderancia”, comentó Jean Claude Tron Petit. El IFT declaró como agente preponderante a Grupo Televisa en el sector de radiodifusión el pasado 6 de marzo. Además le impuso una serie de regulaciones en materia de infraestructura, contenidos y publicidad. Ese mismo día Inbursa y Carso fueron declarados preponderantes por el órgano regulador en el marco de la reforma a las telecomunicaciones que busca más competencia el sector. “Grupo Inbursa está analizando dicha resolución e informará sobre las medidas que adoptará al respecto”, anunció entonces la empresa, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de valores. Este lunes, horas antes del amparo interpuesto por la empresa de Emilio Azcárraga Jean, Grupo Inbursa y Grupo Carso, del magnate Carlos Slim Helú, presentaron también un juicio de amparo contra la resolución del Instituto. Las empresas de Slim afirmaron que no son agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones, pues carecen del “requisito esencial para ello que es tener una concesión en dicha materia”. “Detrás de las resoluciones de preponderancia hay un trabajo muy serio por parte del Instituto; se siguieron los procedimientos como lo marca la ley y confiamos en que serán revisados por el Poder Judicial de la Federación, son documentos sólidos, hechos claramente conforme a derecho”, argumentó el presidente del órgano regulador, Gabriel Contreras. Contreras señaló que el juicio de amparo está previsto como un medio de impugnación para todas las resoluciones y actos del Instituto, por lo que las empresas tienen el derecho a acudir a instancias judiciales y corresponderá a los tribunales resolver. “Nos tomamos todo el tiempo necesario para sustanciar los procedimientos, para respetar la garantía de audiencia y cada una de las medidas que forman parte de este paquete están debidamente motivadas en las resoluciones”, insistió el funcionario.
Ifetel defenderá resolución de preponderancia
24 Horas
Notimex
1 de Abril de 2014
Gabriel Contreras dijo además que si bien hasta el momento no se ha recibido la notificación del juicio de amparo que interpusieron por separado Carso e Inbursa, el Instituto hará valer “lo que a derecho corresponda”.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) defenderá la legalidad de la resolución por la cual declaró preponderantes a Grupo Carso y a Grupo Financiero Inbursa, debido a que forman parte del mismo grupo de interés económico al que pertenecen América Móvil, Telcel y Telmex.
El presidente del órgano regulador, Gabriel Contreras dijo además que si bien hasta el momento no se ha recibido la notificación del juicio de amparo que interpusieron por separado Carso e Inbursa, el Instituto hará valer “lo que a derecho corresponda”.
“Detrás de las resoluciones de preponderancia hay un trabajo muy serio por parte del Instituto; se siguieron los procedimientos como lo marca la ley y confiamos en que serán revisados por el Poder Judicial de la Federación, son documentos sólidos, hechos claramente conforme a derecho”, argumentó.
No hay suspensión
Al respecto, el presidente del órgano regulador dijo que la declaratoria de preponderancia que emitió el Ifetel el pasado 6 de marzo sigue firme, gracias a que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones determinó que las resoluciones de esta autoridad no son materia de suspensión.
Contreras señaló que el juicio de amparo está previsto como un medio de impugnación para todas las resoluciones y actos del Instituto, por lo que las empresas tienen el derecho a acudir a instancias judiciales y corresponderá a los tribunales resolver.
Tarifas de interconexión
Respecto a la determinación de tarifas asimétricas por los servicios de interconexión que cobrarán Telmex y Telcel durante el periodo del 6 de abril al 31 de diciembre de este año, el presidente del Ifetel dijo que estas empresas cobrarán menos de lo que deben pagar a los demás operadores por terminación y tráfico de llamadas.
“La más relevante es la de 20 centavos por cobro de terminación de llamadas entre redes; estaba como en 32 centavos. Es la tarifa que le hubiera correspondido pagar en caso de ser un operador como todos los demás, baja a 20 centavos por su característica de preponderante”, explicó.
… y Televisa también
Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga, presentó una demanda de amparo en contra de la declaratoria de preponderancia que le impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), dijo Jean Claude Tron Petit, presidente del tribunal colegiado en Competencia Económica.
“La información que tenemos es que ya hay una demanda de amparo en relación con la preponderancia”, expuso el magistrado, sin dar más detalles.
De esta forma, la empresa televisora se suma a Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa de Carlos Slim que interpusieron el viernes pasado demandas de amparo en contra de la resolución de preponderancia que les impuso el Instituto.
El regulador declaró también a Televisa como agente preponderante en el sector de radiodifusión, además de imponerle una serie de regulaciones en materia de infraestructura, contenidos y publicidad.
De acuerdo con la resolución anunciada por el Ifetel el 6 de marzo, la televisora de Emilio Azcárraga Jean deberá compartir infraestructura, entregar al Ifetel los términos y condiciones de sus servicios de transmisión publicitaria, además de que no podrá adquirir en exclusiva derechos de transmisión en México.
La empresa había reconocido que “todas estas resoluciones y acciones del Ifetel, afectan a Grupo Televisa en muchas áreas relacionadas con sus negocios de radiodifusión y televisión de paga”, y había declarado que evaluarían el alcance e impacto en cada caso, en sus resultados de operación, actividades y negocios.
Milenio Jalisco
Hugo González
2 de abril de 2014
Hace unas semanas me atreví a pronosticar que los operadores declarados preponderantes, es decir Televisa y las empresas del grupo económico relacionado con el ingeniero Carlos Slim, no se ampararían porque eso retrasaría un poco más sus aspiraciones para entrar a los respectivos mercados que desde hace años desean. Sin embargo, en este caso me equivoqué.
Por eso, como en estos momentos mi bola de cristal está empañada, me alejo de este tema candente, pues temo que me pueda chamuscar, por lo que paso a escribir de las cosas bonitas que realiza el bonito sector de las tecnologías de información y comunicación.
Déjame contarte las maravillas que realizan empresas como Multimedios Redes, la operadora de servicios triple play de Monterrey que gracias a la tecnología Docsis 3.0, impulsada por la multinacional Cisco, ahora ofrecerá a sus clientes un servicio de internet que puede superar los 300 megas de velocidad.
La tecnología Docsis, que significa Data Over Cable Service Interface Specification, empodera a las actuales redes de cable, ya que con ella los proveedores de servicios de telecomunicaciones pueden expandir las capacidades de ancho de banda de sus redes para soportar nuevos servicios, como la alta definición, la voz sobre cable o la televisión sobre el protocolo de internet.
Esta tecnología permitirá a Multimedios Redes usar de manera simultánea cuatro canales de 6 megahercios, con lo cual se pueden alcanzar velocidades de “bajada” de 160 megas y velocidades de “subida” de 120 megas para el usuario residencial, pero incluso su potencia puede llegar a 320 megas para usuarios comerciales.
Logística muy lógica
También la Terminal Intermodal Querétaro, que encabeza José Luis Muñoz Hernández, ha lanzado un innovador sistema de automatización de procesos de maniobras y servicios a la carga llamado Tracking SID; un instrumento que permite a importadores y exportadores, agentes navieros y aduanales, así como a empresas que embarcan y desembarcan productos, obtener información minuto a minuto sobre el estatus y ubicación de cada carga o contenedor, con los detalles del tránsito hacia la terminal desde que llega al puerto y sale a su destino final, así como en la ruta de retorno de los contenedores.
Análisis. Telecomunicaciones, actor preponderante del desarrollo
El Universal
Daniel Calleja
2 de abril de 2014
De acuerdo con el Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las Políticas y Regulación de Telecomunicaciones, dado a conocer en 2012, la recomendación para México era reformar cuanto antes la legislación y regulación en la materia con el fin de incrementar la competencia y la inversión e impulsar el crecimiento de la economía.
Dicho documento subraya que la falta de competencia ha tenido como consecuencia precios extremadamente altos para los consumidores y los negocios, lo cual ha frenado la adopción de nuevos servicios. En este sentido, los cálculos de la OCDE revelan que le ha costado a la economía nacional, aproximadamente 25 mil mdd cada año, equivalente a cerca de 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
El reporte destaca que la competencia ineficaz y la deficiente regulación han traído como resultado que un operador tenga una cuota de mercado de 80% de la telefonía fija y de 70% de la móvil. En los países miembros de la OCDE, la cuota de mercado promedio del mayor operador móvil está en torno al 40%.
Es así como nuestro país se ubica al final de la lista de los países de la OCDE en cuanto a la penetración de mercado en telefonía fija, móvil y conexiones de banda ancha. Los márgenes de rentabilidad del operador preponderante son mucho más altos que el promedio de la OCDE, en tanto que la inversión por habitante es la más baja.
Bajo este contexto, será determinante la discusión que se dé en el Congreso de la Unión sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, enviadas recientemente al Congreso por el Ejecutivo, mismas que complementan la reforma del sector, donde los puntos clave son: regulación de tarifas, acceso a infraestructura, sanciones y desincorporación de activos.
En este sentido, se plantea que el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tenga el poder de regular tarifas ofrecidas por el operador preponderante del sector con más de 50% del mercado, así como resolver los desacuerdos de esas tarifas entre operadores; solicitar aprobación al IFT para sus ofertas públicas en términos de interconexión con otros operadores, para sus planes de tarifas y paquetes comerciales y proveer acceso a sus redes a competidores para terminar e iniciar llamadas.
El IFT tendrá el poder de ordenar el desprendimiento de activos en casos que sobrepasen los límites de concentración de frecuencias, propiedad cruzada de medios, etcétera.
No obstante el detalle de lo anterior, y dado que algunos actores políticos señalan que la propuesta del Ejecutivo es regresiva, atenta contra el espíritu original de la reforma constitucional en la materia y compromete el desarrollo de la democracia debido a que se merma la autonomía del IFT, en el IMEF consideramos prudente esperar el resultado de la discusión legislativa.
Si bien en el IMEF estamos a favor de que las leyes secundarias aterricen de tal manera que propicien la competencia comercial de la radio y televisión, generen diversidad y pluralidad de medios en el país y se supervise y vigile objetivamente contenidos por medio de organismos independientes al gobierno, también insistimos en que debe trabajarse en una legislación secundaria, cuyo resultado sea una ley convergente, pro-competitiva, que dote de certidumbre jurídica a todos los participantes del mercado, incentive la inversión privada, ofrezca calidad en el sector con precios competitivos para los consumidores y brinde un desarrollo competitivo integral.
En definitiva, el IMEF apoya la promulgación de leyes secundarias que no generen controversia constitucional, con el fin de que México no postergue más el desarrollo y crecimiento económico que tanto anhelamos los mexicanos y el mes de abril será determinante para conocer si se concreta el marco legal que propicie una sana competencia, o estemos ante un escenario donde lo ya logrado, tenga un efecto regresivo.
-Atribuciones del IFETEL
¿Qué son las tarifas de interconexión?
Milenio Jalisco
Mayra Martínez
1 de abril de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó las tarifas de interconexión que deberán cobrar Telmex y Telcel a los operadores de otras compañías como Iusacell, Unefón, o Movistar y otros que hagan uso de su red de infraestructura.
El cobro de estas tarifas es únicamente entre operadores, sin que tenga algún impacto para los usuarios de servicio de estas compañías.
De igual modo, este será el costo que pagarán los operadores de cable, por ejemplo Cablevisión o Cablemas, que usen la red de Telmex.
Telmex y Telcel deberán cobrar estas tarifas, establecidas por el IFT, a partir del 6 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2014.
Estas tarifas de interconexión se estimaron según la localización del nodo, es decir el punto de intersección, conexión o unión donde se unen los servicios de las compañías.
Tipo de Tarifas
Mismo nodo región
La tarifa de interconexión por minuto, entre el mismo nodo región, que deberá cobrar la empresa a los operadores que hagan uso de su red es de 0.02258 pesos.
Es decir, si una persona que tiene contratado su servicio con Nextel, que vive en Ciudad Victoria, Tamaulipas; le marca a otra que vive en Nuevo León y tiene línea Telmex. La primera empresa operadora deberá pagar esta tarifa a la segunda. Ambas ciudades están en el norte del país.
Nodos regionales
La tarifa de interconexión por minuto que cobrará Telmex, entre nodos regionales, que dependen de un nodo nacional es de 0.02258 pesos.
Esto es, una persona que contrató su servicio de telefonía con Cablevisión, que vive en el Distrito Federal y tiene que realizar una serie de llamadas a Tuxtla Gutiérrez. La operación para que ocurra esta comunicación se dio a través de nodos regionales y esa es la tarifa que deberá pagar Cablevisión a Telmex al hacer uso de su red para que ocurra esa comunicación entre usuarios.
Tarifa de transporte
Telmex deberá cobrar, por minuto, una tarifa de 0.01190 pesos por tránsito o transporte, por minuto, entre nodos regionales.
Esto es, si una persona que tiene su servicio de telefonía fija con Telmex tiene que marcar a otra persona que está una localidad de Chiapas; pero si esa persona tiene su servicio con otra compañía que no tiene red de infraestructura en esa localidad; Telmex tiene que hacer uso de su red y ese uso es el que cobra a la compañía que no dispone de infraestructura en esa región.
La tarifas de Telcel
El IFT también determinó las tarifas asimétricas que deberá cobrar Telcel a su competencia por los servicios de terminación de voz y mensajes de texto, las cuales estarán vigentes del 6 de abril al 31 de diciembre de 2014.
La tarifa por terminación conmutada en usuarios móviles bajo las modalidades “el que llama paga” o “el que llama paga nacional” es de 0.2045 pesos. Y la tarifa de terminación de mensajes cortos (SMS) en usuarios móviles es de 0.0391.
Con esta medida se busca que operadores distintos a Telcel paguen un precio atractivo. Estas tarifas aplican solamente entre operadores, y no para el usuario final.
La interconexión para que ocurra la comunicación entre compañía que ofrecen telefonía celular ocurre de la misma manera que la telefonía fija.
Las menores tarifas de interconexión ya en 2014, desfavorables para AMX
El Financiero
Antonio Sandoval
1 abril 2014
Menores tarifas asimétricas por interconexión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, el organismo regulador del sector de telecomunicaciones en México) anunció una reducción del 34% de las tarifas asimétricas por los servicios de interconexión de Telcel, la subsidiaria de telefonía móvil de AMX en México. La medida se produce después de que el IFT determinara que Telcel es un agente económico preponderante y de que el Gobierno presentara al Senado las leyes secundarias, en las cuales se establecen una serie de regulaciones para fomentar las inversiones y la competencia. Una de estas medidas incluye tarifas asimétricas de interconexión en México para las compañías con una participación de mercado superior al 50%. De acuerdo al IFT, Telcel cobrará P$0.2045 por minuto por las llamadas de terminación en su red, pero seguirá pagando la tarifa completa de interconexión de P$0.3094 por las llamadas salientes off-net que realizan sus suscriptores. Asimismo, el IFT redujo las tarifas de interconexión para llamadas de línea fija y mensajes cortos (SMS).
Leyes secundarias para incrementar la asimetría (?). Las leyes secundarias propuestas por el Gobierno -las cuales aún están pendientes de aprobación antes de ser promulgadas- contemplan la posibilidad de que no se apliquen tarifas de interconexión por la terminación de llamadas para compañías preponderantes. Desconocemos por qué el IFT anunció nuevas tarifas de interconexión tras la presentación de las leyes secundarias y antes de su aprobación y promulgación. Aunque esto no se ha aclarado, creemos que las leyes secundarias reemplazarán a las tarifas de interconexión recientemente anunciadas.
El impacto, difícil de medir, pero direccionalmente negativo. México representa el 35% de las ventas consolidadas y el 47% del EBITDA. Y aunque AMX no ofrece detalles específicos sobre sus ingresos de interconexión y de larga distancia, ambos representan aproximadamente el 13% de las ventas de telefonía móvil, tomando en cuenta los negocios de telefonía móvil de Vivo y TIM en Brasil. Por ello, estimamos que aproximadamente el 2% de las ventas consolidadas de AMX están expuestas a las menores tarifas de interconexión. Sin embargo, es posible que la exposición de AMX sea incluso mayor, debido a su gran participación de mercado en México (aproximadamente 70%, vs. 29% de Vivo y 27% de TIM en Brasil), lo cual sugiere que Telcel podría tener más ingresos de interconexión que Vivo y TIM.
Con anterioridad, suponíamos que las tarifas de interconexión solo se reducirían para AMX en 2015 (ver el reporte América Móvil – Leyes secundarias: Desafíos a corto plazo y estructurales, publicado el 27 de marzo de 2014). Como consecuencia, este anuncio representa riesgos de reducción de nuestros estimados para 2014. Mientras tanto, el nuevo régimen de tarifas de interconexión, junto con otras medidas, debería seguir presionando las ventas consolidadas y los márgenes de AMX a largo plazo. Nuestro modelo contempla ingresos sin cambios en los próximos años, y una contracción de los márgenes EBITDA a 29.3% en 2016, vs. 32.5% en 2013.
No obstante, creemos que la acción podría encontrar cierto apoyo a corto plazo, tomando en cuenta la caída del 4% del precio de la acción en la última semana y el hecho de que, hasta el momento, no se han eliminado las tarifas de interconexión. A pesar de una valuación poco exigente, reiteramos nuestra recomendación de Neutral para las acciones de AMX.
Ley Federal de Competencia Económica
Hoy, foro de análisis de la LFCE en Senado
El Economista
Mauricio Rubí
2 de abril de 2014
El Senado de la república iniciará hoy el análisis de la minuta de la Ley Federal de Competencia Económica, a través de un foro al que se convocó a la Iniciativa Privada, autoridades reguladoras, así como académicos, expertos y diputados federales.
El presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado, Héctor Larios (PAN), explicó que en primera instancia participarán diputados que estuvieron involucrados en la dictaminación de la ley, la cual ahora corresponde analizar a la Cámara Alta.
“En muchas ocasiones existe un divorcio entre las dos cámaras, como si tuviéramos diferendos insalvables. Lo que pretendemos es aprovechar lo mucho que avanzó la Cámara de Diputados en este tema, y entonces empezar el foro con un panel en donde estarán (…) diputados”, puntualizó.
Entre los invitados al foro se encuentran el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani; el presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce, Francisco González de Cossío; y el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón.
También acudirá la presidenta de la Comisión Federal de Competencia, Alejandra Palacios, y la subsecretaria de Competencia y Normatividad de Economía, Rocío Ruiz.
Además, el consultor del Banco Mundial en competencia, Juan Delgado, hará un análisis de la experiencia internacional.
El senador Alejandro Encinas (PRD), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo que se buscará un proceso legislativo claro, transparente, sin prisas, “atendiendo no sólo el debate público que se ha presentado sobre una ley que indudablemente modifica no sólo el marco regulatorio, sino el esquema de operación de las grandes corporaciones, y que establecerá nuevas prácticas de combate y control a los monopolios”.
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