Ley Federal de Competencia Económica
El Universal
Erza Shabot
31 de marzo de 2014
La decisión de crear órganos que desde el Estado tengan la fuerza para limitar la capacidad económica de los monopolios privados en México, es un paso importante en el proceso de desmantelamiento de la estructura proteccionista con la que se construyó el país durante los regímenes de la Revolución Mexicana. A raíz de la apertura a los mercados desarrollada en los últimos años, era incompatible la existencia de empresas capaces de fijar precios y condiciones en función de sus intereses dominantes, con una necesaria competencia abierta que beneficiase a los consumidores y a la expansión misma del sector.
La ley de competencia económica recientemente aprobada en Cámara de Diputados permitirá a la Comisión Federal a cargo de esta tarea (Cofece), adentrarse en el terreno de la verificación de las condiciones económicas de empresas que, hasta ahora, han sido los únicos dueños de productos y servicios proporcionados sin ningún equilibrio de mercado. La oposición del sector empresarial a la primera versión de la ley que convertía a la Cofece en un órgano inquisidor de este tipo de empresas, se basaba en la imposibilidad real de defenderse ante decisiones de la autoridad, y el peligro de que de manera inmediata se les obligara a desincorporar parte de sus activos para reducir su influencia en el mercado.
Algo similar sucede en el terreno de las telecomunicaciones, donde la autoridad encargada, entre otras cosas, de impedir la concentración monopólica —el Ifetel— tendría la posibilidad de enfrentar al gigante Telmex con medidas más fuertes que a su contraparte en radiodifusión Televisa, lo que ha sido percibido por el mercado de valores donde la telefónica ha perdido el 5% del valor de sus acciones, mientras la televisora ha ganado casi el mismo porcentaje en los últimos días. Las quejas por parte de esta última en el sentido de que estas medidas afectan sus costos de producción y reducen su margen de ganancia en publicidad, parecen ser una reacción simbólica ante una legislación que de aprobarse en estos términos significaría un daño menor a su negocio.
Para Telmex y el consorcio Slim, el golpe viene por la obligación de reducir a cero la tarifa de interconexión, al mismo tiempo que se le obliga a seguir invirtiendo en una infraestructura que tendría que proporcionar gratis a sus competidores, además de verse impedido de entrar al negocio de la televisión en forma inmediata. En todo caso las medidas antimonopólicas pretenden precisamente reducir el margen de ganancia de los agentes preponderantes, como consecuencia de las medidas para facilitar la entrada de competidores al mercado, y evitar la concentración del sector en una sola empresa.
A diferencia de la Ley de Competencia Económica —aprobada por amplia mayoría— en el tema de telecomunicaciones se espera una posición dividida por la presión misma de los dos grandes consorcios. El debate en las Cámaras será álgido porque la discusión se centrará en cuáles deberán ser los mecanismos idóneos para terminar con la preponderancia de ambas empresas en sus ámbitos, así como la posibilidad de que ellas se incorporen a las actividades del otro. Más allá del grado de autonomía que pueda o no tener el Ifetel como regulador capaz de contener las ambiciones de los gigantes, la clave radica en aprobar una legislación a prueba de controversias constitucionales, las cuales podrían echar abajo todo lo alcanzado en las reformas a la carta magna. Si lo que se requiere es congruencia jurídica, habrá que modificar de una u otra forma varios de los puntos en la propuesta del Ejecutivo. No hay de otra.
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