Legislación en materia de comunicación
Reforma en telecomunicaciones: leyes secundarias
10 temas conflictivos de la legislación de telecomunicaciones
El Universal
Gabriel Sosa
24 de marzo de 2014
A este columnista han llegado en los últimos dos meses tres diferentes anteproyectos de iniciativa de legislación secundaria en telecomunicaciones. Las filtraciones han buscado medir reacciones sobre algunos temas espinosos o en su caso para exaltar las virtudes de su contenido o evidenciar sus deficiencias.
Sea una razón u otra, no hay que ser un experto en teoría de los escenarios para afirmar que la iniciativa que finalmente presentará el Poder Ejecutivo generará un intenso debate porque hay temas que históricamente han sido conflictivos y que la reforma constitucional en telecomunicaciones aprobada el año pasado deja a la deriva, justo para que los legisladores definan el camino a seguir.
Lo que se ha comentado en torno de algunos de los artículos de los proyectos filtrados es una muestra de dichos diferendos y su aprobación o rechazo durante la dictaminación de la iniciativa será un triunfo o una derrota para los diferentes actores del sector. Bajo tal escenario, lo que se debe exigir al Congreso de la Unión es que sus decisiones se tomen bajo la premisa irrenunciable del interés general y no para defender los intereses particulares de empresas o de funcionarios gubernamentales. Del más reciente documento filtrado, en este caso en el Senado, algunos de los temas de mayor conflicto y que damos por hecho prevalecerán en la propuesta definitiva, son los siguientes:
Independencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En el proyecto presentado hay intentos del gobierno federal para influir en las decisiones del órgano regulador autónomo, bajo el pretexto de tener una buena comunicación y coordinación. El artículo 44 es uno de los más delicados, al incluir la posibilidad para que el Ejecutivo Federal tenga atribuciones para que solicite al presidente del Instituto “que los asuntos en que tenga interés, sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria”.
Límites a la concentración de frecuencias y medios. No hay un solo criterio en el que se apoye el IFT para imponer límites a la concentración de frecuencias ni reglas de propiedad cruzada en medios de comunicación y telecomunicaciones. Pese a su importancia, el tema no es abordado en el proyecto por la contundente oposición de algunos regulados.
Prórrogas sin licitación. El artículo 114 prevé ciertos requisitos para la prórroga o refrendo de concesiones de frecuencias de espectro radioeléctrico, pero omite el criterio de la Corte, derivado de la sentencia de la “ley Televisa”, en el sentido de que al término de una concesión, ésta debe ser licitada nuevamente. Sin embargo, el artículo 205 dice que al término de una concesión, el espectro radioeléctrico que se encontraba concesionado revertirá de pleno derecho al Estado y que podría licitarlo otra vez. El primero es del agrado de los concesionarios. El segundo, lo combatirán. También se debatirá la duración de las concesiones, ya que en proyecto hay diferencias según su uso (comercial, público, social y privado).
Patrocinios o publicidad en concesiones de uso social. La propuesta filtrada impide esa posibilidad a las estaciones de radio y televisión comunitarias, lo que haría inviable este tipo de radiodifusión. Tal como está, agrada a los empresarios del sector, pero algo tendrán que hacer los legisladores para dar respuesta a la mayoría de los sectores de la sociedad que exigen garantías para la existencia y desarrollo de estas radiodifusoras.
Medios públicos. La reforma constitucional obliga a los medios públicos (concesiones de uso público) a tener independencia editorial y mecanismos de participación ciudadana, pero en la propuesta legislativa no hay sólo artículo que garantice esos criterios. En el país, decenas de gobernadores, de funcionarios federales y rectores de Universidades se niegan a ceder en estos principios. Quizás esto explique la importante omisión en el documento filtrado.
Regulación de contenidos. Es más que evidente que el gobierno federal defenderá hasta sus últimas consecuencias sus atribuciones para supervisar los contenidos en radio y televisión, como se prevé en el artículo 218 de la propuesta. No aceptan que en la reforma constitucional, parte de esas atribuciones —porcentajes de publicidad y programación destinada a la niñez— fueron trasladadas al IFT y se omiten en el documento filtrado. Gobierno y empresarios quieren que la Secretaría de Gobernación siga cumpliendo —a medias, como hasta ahora, esa función—, las organizaciones de la sociedad no.
Retransmisión de canales de TV abierta. En el proyecto divulgado, artículo 238, hay retrocesos en lo ya establecido por el IFT en must carry y must offer. Por ejemplo, mientras en los lineamientos vigentes se obliga a los concesionarios de televisión de paga a retransmitir todas las señalas generadas por el gobierno federal en sus canales digitales, en la propuesta sólo aquellas que determine la Secretaria de Gobernación. Todavía más: no se incluye la modificación de los artículos relacionados con la retransmisión de los canales de la televisión en la Ley de Derechos de Autor.
Producción nacional independiente. Mientras la reforma constitucional alienta este tipo de producción por sus positivas consecuencias en la diversidad y pluralidad de contenidos, la propuesta no establece ninguna obligación para su adquisición, ni siquiera para los agentes económicos preponderantes de radiodifusión y deja al Ejecutivo Federal la posibilidad de financiar proyectos. De aprobarse así, sería letra muerta en la Constitución este muy relevante tema.
Regulación agentes preponderantes. Y como se destacó la semana pasada, mientras en telecomunicaciones se establece una buena regulación a los agentes con poder sustancial o preponderantes, en radiodifusión las obligaciones son muy ligeras. Y tan son así que en la propuesta no se incluyen ni siquiera las definidas por IFT sobre compartición de infraestructura y contratación en la transmisión de eventos relevantes.
Convergencia acotada. En cuanto a la regulación de la llamada concesión única, que facilitaría administrativa y legalmente la posibilidad de prestar los servicios técnicamente factibles en una infraestructura, en telecomunicaciones más o menos hay criterios claros y convergentes, pero no así en radiodifusión digital, donde según el artículo 158 no se podrían prestar servicios de televisión o audio restringidos y por lo tanto convergentes. ¿Cuáles son entonces los beneficios de una concesión única en radiodifusión? Por lo visto, ninguno.
Por supuesto hay otros artículos críticos y algunas propuestas novedosas (como la creación obligatoria de las figuras de defensores de audiencias y la eliminación de los cobros de las llamadas de larga distancia), pero con lo descrito antes podemos darnos una idea de la que se ha dicho será la madre de todas las batallas por todos los intereses económicos y políticos que están en juego. Apenas estamos ante sus primeras manifestaciones.
Banderazo a legislación secundaria para telcos
El Economista
Luis Miguel González
23 de marzo de 2014
Hoy presentará el Ejecutivo la iniciativa de lo que será la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, legislación que aterrizará los conceptos planteados en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones promulgada el año pasado. Entre las cuestiones más importantes está que establece un plazo máximo de tres años para eliminar el cobro de las llamadas de larga distancia, hasta el 2017. Propone, además, adecuaciones a otras leyes federales como la Ley de Derechos de Autor y la Ley del Sistema Nacional de Medios Públicos.
Las modificaciones a la legislación de derechos de autor se enfocará a actualizar el marco jurídico de un “elemento” que se volvió fundamental en la competencia entre empresas: la creación de contenidos. Los ajustes en la legislación de medios públicos pretenden modernizar la parte del ecosistema de radiodifusión que no está sujeta a la competencia del mercado: medios comunitarios y radio y televisión públicas.
En el caso de la desaparición de la Larga Distancia Nacional, el proceso quedará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). No queda claro qué pasaría con el proceso de reducción de áreas de larga distancia, actualmente en marcha. En México hay 397 áreas de servicio local y deberían reducirse a 172, a más tardar el 11 de julio del 2015, según determinó la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones.
El mayor reto de esta legislación secundaria será dar viabilidad a la reforma constitucional que fue aprobada en mayo del 2013 y reforzar las resoluciones recientes del IFT, en particular la licitación para crear dos nuevas cadenas privadas de televisión y la declaración de preponderancia de las empresas de Carlos Slim en telecomunicaciones y de Televisa en radiodifusión.
Otra cuestión sustancial que definirán las leyes secundarias es el papel que tendrán tres instituciones: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); la Secretaría de Gobernación y el IFT. Entre la SCT y el IFT dividirán la promoción y supervisión del sector privado. A la Secretaría de Gobernación corresponderá la coordinación del subsistema de radio y televisión públicas, incluyendo el nuevo canal que será puesto en marcha, junto con la licitación de los dos nuevos canales privados (a cargo de la SCT y el IFT).
La Cámara de origen será el Senado. La iniciativa del Ejecutivo lleva un retraso de casi cuatro meses. El primer plazo de entrega de esta iniciativa se venció en diciembre del 2013. Las comisiones dictaminadoras serán las de Comunicación y Transportes a cargo del senador Javier Lozano (PAN); la de Radio, Televisión y Cinematografía, que preside la Senadora Alejandra Barrales (PRD), y la de Estudios Legislativos, encabezada por la senadora Graciela Ortiz (PRI).
NUEVAS CONCESIONES
En materia de radiodifusión, vendrá una serie de reglas que permitirán la entrega de nuevas estaciones de radio y televisión, luego de que no se entregaran concesiones comerciales durante casi 20 años. Asimismo, se define una serie de medidas para reglamentar la declaración del IFT a Grupo Televisa como agente económico preponderante en el sector radiodifusión.
Además, todas las estaciones de radio y televisión del país estarán obligadas a atender el cumplimiento de una serie de derechos de las audiencias, que van desde cuidar la elaboración y transmisión de sus contenidos, hasta instrumentar la figura de defensor de la audiencia. En materia de telecomunicaciones, se pretende mejorar la calidad y el servicio de la telefonía fija y móvil, Internet y TV de paga, acabar en un periodo máximo de tres años con el cobro de las llamadas de larga distancia nacional y solidificar las medidas de preponderancia dictadas por el IFT a América Móvil.
En mayo, el IFT publicará lista de contenidos relevantes para telcos
A más tardar el 31 de mayo próximo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicará la lista de contenidos relevantes, la que será actualizada cada dos años, mismos que son los que no podrán comercializar en forma exclusiva los agentes preponderantes.
Gabriel Contreras, presidente del IFT, dijo que el Instituto “no pretende inhibir las condiciones de mercado, Sino (…) detectar aquellos contenidos que por su relevancia pueden implicar un desplazamiento en esos sectores, será esa lista acotada, sólo los relevantes, estamos trabajando en ello, la pretensión es que sea revisada cada dos años”.
Los contenidos relevantes se definen como programas con características únicas que en el pasado han generado altos niveles de audiencia. Según Contreras, dicha lista “no prohíbe la transmisión de eventos de gran demanda, lo que se prohíbe es comprarlos en exclusiva”.
Con base en las medidas que impuso el IFT a Televisa y Telmex, ambos grupos tienen la prohibición para adquirir en exclusiva derechos de transmisión en territorio nacional de contenidos audiovisuales relevantes con alto nivel de audiencia como la Liguilla de los torneos de futbol nacional.
Así como las finales de los mundiales de futbol de la FIFA y los eventos deportivos de los Juegos Olímpicos en los que participen atletas mexicanos. (Con información de Claudia Juárez Escalona)
Hoy, iniciativa de leyes secundarias para telcos
El Informador
Redacción/HJ
24 de marzo de 2014
Hoy presentará el Ejecutivo la iniciativa de leyes secundarias de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre las cuestiones más importantes se establece un plazo máximo de tres años para eliminar el cobro de las llamadas de larga distancia, hasta el 2017. Propone, además, adecuaciones a otras leyes federales como la ley de derechos de autor y la ley del sistemanacionaldemedios públicos.
Las modificaciones a la legislación de derechos de autor se enfocarán a actualizar el marco jurídico de un “elemento” que se volvió fundamental en la competencia entre empresas: la creación de contenidos. Los ajustes en la legislación de medios públicos pretenden modernizar la parte del ecosistema de radiodifusión que no está sujeta a la competencia del mercado: medios comunitarios y radio y televisión públicas.
En el caso de la desaparición de la larga distancia nacional, el proceso quedará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). No queda claro qué pasaría con el proceso de reducción de 397 a 172 áreas de servicio local, a más tardar el 11 de julio del 2015, según determinó la extinta Cofetel.
El mayor reto de esta legislación secundaria será dar viabilidad a la reforma constitucional aprobada en mayo del 2013 y reforzar las resoluciones recientes del IFT, en particular, la licitación para crear dos nuevas cadenas privadas de televisión y la declaración de preponderancia de las empresas de Carlos Slim en telefonía y de Televisa en televisión.
Otra cuestión sustancial que definirán las leyes secundarias es el papel que tendrán la SCT, la Segob y el propio IFT. Entre el SCT e IFT se dividirán la promoción y supervisión del sector privado. A la Segob corresponderá coordinar el subsistema de radio y televisión pública, incluyendo el nuevo canal que será puesto en marcha y la licitación de los dos nuevos canales privados (a cargo de SCT e IFT). La Cámara de origen será el Senado. La iniciativa del Ejecutivo lleva un retraso de casi cuatro meses. El primer plazo de entrega de esta iniciativa se venció en diciembre del 2013.
En radiodifusión, vendrán una serie de reglas que permitirán la entrega de nuevas estaciones de radio y televisión, tras casi 20 años de no entregarlas. Asimismo, se definen una serie de medidas para reglamentar la declaración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a Grupo Televisa como agente económico preponderante en el sector radiodifusión.
Además, todas las estaciones de radio y televisión del país estarán obligadas a atender el cumplimiento de una serie de derechos de las audiencias, que van desde cuidar la elaboración y transmisión de sus contenidos, hasta instrumentar la figura de Defensor de la Audiencia.
“Hay tiempo suficiente para las secundarias”: Emilio Gamboa
El Financiero
Rivelino Rueda
23 marzo 2014
Emilio Gamboa Patrón, líder del PRI en el Senado, aseguró que en las próximas semanas las fuerzas políticas privilegiarán la política y la construcción de acuerdos para sacar adelante las leyes secundarias en energía, telecomunicaciones, competencia y político-electoral.
Señaló que cuando hay voluntad política para responder a las demandas de la sociedad, “siempre hay tiempo suficiente” para avanzar en las reformas pendientes. El legislador priista reconoció que la Cámara alta tiene que trabajar muy intensamente en los próximos días para “no desaprovechar la oportunidad de traducir las reformas constitucionales ya hechas en cambios que beneficien directamente a los mexicanos”.
Gamboa Patrón comentó que, detrás de cada reforma aprobada, “existe un intenso trabajo político, mismo que permite generar condiciones adecuadas para continuar avanzando en sus leyes secundarias”.
“Los senadores del PRI continuaremos escuchando a todas las voces interesadas, analizando con seriedad cada propuesta, a fin de diseñar una legislación secundaria que logre transformar la realidad cotidiana de millones de familias mexicanas”, sostuvo.
Dañino opinar sobre ley en telecom: analistas
El Universal
Carla Martínez
24 de Marzo de 2014
Inútil, ocioso y nocivo resulta opinar sobre los múltiples borradores de la ley secundaria en telecomunicaciones, coincidieron analistas. Gonzalo Rojón, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU), dijo que debatir sobre borradores que tienen cambios sustanciales en su contenido es un ejercicio sin sentido.
“Estar comentando sobre estos borradores puede ser nocivo para el mismo sector, al estar levantando el agua sobre cosas que no sabemos si son ciertas, es un ejercicio inútil sobre algo que no tenemos la certeza”, reiteró. Este análisis sobre los proyectos de ley en telecomunicaciones que se han filtrado es un ejercicio inútil y además genera expectativas de algo que podría causar un problema en el sector.
“Puede complicar el punto de vista de inversionistas que no tienen presencia constante en México y que no hay quien les informe sobre lo oficial, o no, de estos borradores”, destacó. Lo ideal, comentó Rojón, será que en el momento en que se presente la propuesta del Ejecutivo al Legislativo en materia de leyes reglamentarias en telecomunicaciones se analicen y debatan todos los puntos que contiene.
La Constitución indica que la propuesta de leyes secundarias en telecomunicaciones y radiodifusión se tenían que presentar el 9 de diciembre pasado; sin embargo el Ejecutivo no cumplió con la fecha estipulada, por lo que la entrega lleva más de tres meses de retraso.
“Ya es urgente que se envíe la propuesta, se pierde mucho por cada día que se atrasan estas leyes secundarias y de esto depende el futuro, que nos quedemos como estamos o que le demos la vuelta”, señaló Rojón.
Jorge Fernando Negrete, director general de MediaTelecom Policy and Law, coincidió en que es preferible esperar a tener la propuesta formal de ley secundaria en telecom del Ejecutivo para tener un debate consciente de los temas que se abordan en la misma.
Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones, comentó que, aunque los borradores son similares, tienen diferencias en algunos temas, por lo que es importante contar ya con el proyecto definitivo que debe ser analizado por los legisladores.
Expertos piden congruencia de la ley secundaria
El Financiero
Ramiro Alonso
24 marzo 2014
Especialistas consideraron que la ley secundaria en telecomunicaciones que el Ejecutivo federal enviará al Senado de la República, debe ser congruente con la reforma constitucional que se promulgó el 10 de junio de 2013, de lo contrario, se corre el riesgo de perder los avances logrados.
Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones, comentó que la ley secundaria debe dejar atrás la participación de la Secretaría de Gobernación en materia de supervisión de contenidos audiovisuales, dado que la reforma constitucional abre la oportunidad de que dichas facultades queden en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Es importante que se fortalezcan las medidas de competencia económica y que se establezca el respeto a los derechos de las audiencias”, dijo la experta. Una vez que el Ejecutivo envíe el documento a la cámara alta, se tendrá que revisar a detalle la forma en la que se establecen las sanciones económicas a los concesionarios que incumplan con la normatividad, consideró.
En el tema de las subastas, explicó Levy, es importante que se respeten los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,que sentó un precedente al dictaminar a favor de los criterios de cobertura, por encima de los económicos. Fernando Negrete, director de la consultoría Mediatelecom Policy&Law, dijo que el tema toral de la ley secundaria será mantener los conceptos de servicios públicos.
Si bien en la reforma constitucional, en el artículo sexto, se establece que tanto la radiodifusión, como las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, en los borradores que se filtraron la semana pasada, dicho concepto aparece sólo de manera enunciativa.
“Si en el corazón de la ley no está el concepto de servicio público, la reforma que se aprobó el año pasado se va a desmaterializar”, dijo Negrete. En opinión del especialista Raúl Trejo, los borradores no contienen garantías para medios públicos ni respaldo a producción nacional independiente.
Senado, sin liberar 100 proyectos
El Economista
Mauricio Rubí
23 de marzo de 2014
Faltan menos de 40 días para que concluya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y, a decir de los propios senadores, el cúmulo de proyectos a procesar en la Cámara Alta casi llega a los 100, incluida la reforma secundarias en materia de telecomunicaciones.
El actual periodo de sesiones concluirá el próximo 30 de abril por disposición constitucional. Los legisladores sesionan regularmente dos veces a la semana (martes y jueves), por lo que al menos estarían pendientes 12 sesiones, si se incluyen las del periodo de Semana Santa. El pasado 19 de marzo, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, refirió que había 96 proyectos para discutir.
“(Son) 96 entre 12 (semanas), hagan las cuentas. Y si descontamos la de hoy, van a hacer 11 sesiones, y si descontamos la de la mañana (20 de marzo)… porque dicen que telecomunicaciones llega el fin (de semana), van a ser 10 sesiones. 96 entre 10, a nueve punto y cachito (de proyectos) por día tendríamos que legislar”, advirtió Barbosa.
Adicional a la reforma secundaria de telecomunicaciones que podría llegar esta semana al Senado, hay otros proyectos pendientes de desahogar como el seguro de desempleo y la Ley de la Pensión Universal, que ya aprobó la Cámara de Diputados.
Esta minuta fue turnada para su análisis a las comisiones de Hacienda, Seguridad Social y Estudios Legislativos Primera de la Cámara Alta. Sin embargo, PAN y PRD se han manifestado en contra de que el seguro de desempleo se fondee con recursos de trabajadores.
Y es que el documento establece que se utilizarán en primer término los recursos acumulados de la Subcuenta Mixta de los empleados para cubrir el pago del seguro de desempleo, y de no ser suficientes estos recursos se utilizará dinero de un Fondo Solidario (conformado con aportaciones del gobierno) y si éste también es insuficiente, la administración federal cubriría la diferencia. Otros proyectos pendientes de desahogar en el Senado de la República están relacionados con el fuero militar, así como el tema de deudas de los estados y municipios.
Cabe destacar que la normatividad del Poder Legislativo permite que una vez concluido el periodo de sesiones ordinario, el 30 de abril, se puedan abrir periodos extraordinarios, siempre y cuando sólo se analice el asunto o asuntos que la propia Comisión Permanente acuerde de manera previa.
Senadores como el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, han manifestado su optimismo de que aún hay tiempo en la Cámara Alta para procesar reformas importantes, como las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.
Jesús Zambrano
Presidente del PRD, al menos cinco meses más
Ante la falta de acuerdos para designar una dirigencia interina y al cumplirse el vencimiento del periodo de Jesús Zambrano al frente del PRD, inició el sábado su prórroga en automático, por lo que dirigirá al partido, al menos, cinco meses más.
En la sesión del Consejo Nacional, realizado viernes y sábado, corrientes opositoras a Nueva Izquierda –a la cual pertenece Jesús Zambrano- presentaron formalmente una propuesta para impulsar la candidatura de unidad de Cuauhtémoc Cárdenas, pero ésta no alcanzó al consenso necesario con los “chuchos”. Los consejeros tuvieron que optar por la vía reconocida por la autoridad electoral federal, es decir, prorrogar el mandato de Zambrano Grijalva.
Inicialmente se tiene contemplado que la elección de la dirigencia se realice en agosto –un mes antes de que arranque el año electoral 2015-; sin embargo, el 4 de abril se llevará a cabo el séptimo pleno extraordinario para discutir y aprobar la convocatoria para la renovación de órganos de dirección. Aunque el Consejo Nacional decidió prorrogar la gestión de la actual dirigencia nacional, los descontentos se mantienen dentro del partido. (Con información de José Juan Reyes)
Homo Zapping
Jenaro Villamil
24 de marzo del 2014
Las dos reformas constitucionales más importantes y promovidas por el gobierno peñista –la de telecomunicaciones y la energética- quedaron paralizadas ante las presiones y la lentitud del Ejecutivo federal para enviar las iniciativas de legislación secundaria que se esperan desde febrero de este año en el Congreso.
El caso de la ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión o “ley convergente” se convirtió en un atraso escandaloso que dejó mal parados a los principales funcionarios involucrados en la redacción, a sus impulsores en el Senado y al coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, quien erró por segunda vez al anunciar públicamente que el jueves 20 de marzo llegaba la iniciativa a la Mesa Directiva.
Desde el 9 de diciembre de 2013 se venció el plazo que planteó la reforma constitucional de abril del mismo año para tener la ley secundaria en telecomunicaciones. En febrero de 2014 se especuló sobre la posibilidad de que el Ejecutivo federal enviara esta iniciativa al Congreso con carácter “preferente”.
La iniciativa se paralizó al conocerse el fuerte sesgo a favor de las televisoras que contenía el proyecto de ley secundaria y ante el litigio interpuesto por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contra un juez civil que pretendió frenar la resolución del organismo regulador en materia de must carry y de must offer para favorecer los intereses de Grupo Televisa.
La empresa de Emilio Azcárraga Jean y sus cabilderos presionaron para que no se diera a conocer la iniciativa. Sin embargo, desde principios de marzo comenzaron a circular versiones de los presuntos “borradores” del texto, sin que se acreditara oficialmente ninguno.
Proceso tiene copias de 3 de estos borradores con fechas 4, 9 y 28 de marzo. Los cambios en algunos artículos o modificaciones de estilo son mínimos y no modifican la estructura de una iniciativa que cuenta con más de 300 artículos y prácticamente borra la autonomía del IFT frente a atribuciones que se le otorgan a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras dependencias federales.
El jueves 20 de marzo se canceló la presentación de la iniciativa en el Senado, a pesar de un intenso cabildeo registrado horas antes por concesionarios y algunos funcionarios. La cúpula de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) sostuvo una reunión de 20 minutos la tarde del 19 de marzo con una veintena de senadores del PRI. Demandaron la necesidad de expresar sus puntos de vista ante la iniciativa.
Encabezados por Tristán Canales, director general de Comunicación Corporativa de TV Azteca, y por Edilberto Huesca, presidente y director general de Radio Mil, los integrantes de la CIRT preguntaron si ya había llegado la iniciativa y pidieron que en el momento que se recibiera ellos la estudiarían para dar sus puntos de vista.
Originalmente, los concesionarios querían tener una reunión privada sólo con Gamboa Patrón, pero se convocó a los demás integrantes de la bancada priista, la mayoría desconocedores de los términos en que se negocia la ley secundaria.
En paralelo, el presidente del IFT, Gabriel Contreras, se reunió con integrantes de la Comisión de Radio y Televisión, presidida por Alejandra Barrales, senadora del PRD, para externar su opinión sobre la legislación que presuntamente le resta fuerza a las atribuciones del organismo, según las versiones filtradas a la prensa.
También los representantes de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación estuvieron presentes en el Senado durante los últimos días para conocer los alcances y las reacciones ante la inminente llegada de la ley secundaria.
La inquietud frente a las versiones extraoficiales que se conocen de la ley de telecomunicaciones orilló al senador del PAN, Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, a aclarar que la ley secundaria “no va a desafinar” con la reforma constitucional. Advirtió que habrá una “ley muy dura” para regular a los agentes preponderantes –América Móvil y Televisa-, pero negó que incorporara retrocesos como las atribuciones a la Secretaría de Gobernación para regular contenidos.
El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, afirmó que la iniciativa del Ejecutivo federal en materia de telecomunicaciones “se apestó” por las reacciones negativas de distintos sectores ante los borradores filtrados a la prensa.
Por primera vez, el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez, afirmó el mismo 20 de marzo que “en los próximos días” se enviará al Legislativo la legislación secundaria, pero no fijó una fecha específica. Aseguró que la elaboración de la iniciativa ha sido una labor “compleja” porque regula la convergencia de telecomunicaciones y radiodifusión en el que “fue necesario encontrar los puntos comunes y cuidar al mismo tiempo las particularidades de cada sector”.
En un evento realizado por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Peralta subrayó que la iniciativa garantizará el desarrollo de las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) y señaló que desde la SCT trabajan para el despliegue de la red compartida.
Retraso Energético
No sólo telecomunicaciones está paralizado. Desde el escándalo del millonario fraude en Oceanografía, un sector de los senadores del PAN –el más cercano al ex presidente Felipe Calderón- anunció que se retiraban de la mesa de negociaciones sobre las leyes secundarias en la reforma energética.
El plazo constitucional para tener esta legislación se vence el 30 de abril, cuando culmina el periodo ordinario de sesiones. Y no hay ni siquiera borradores que hayan sido “filtrados” a los legisladores o a los medios de comunicación.
El 20 de marzo se venció el plazo fijado en el artículo sexto transitorio del decreto constitucional en materia de reforma energética para que Pemex someta a consideración de la Secretaría de Energía la adjudicación de áreas de exploración y los campos que estén en producción y en capacidad para ser asignados a la paraestatal o la iniciativa privada.
Tanto la bancada del PRD, coordinada por Miguel Barbosa, como la del PT, encabezada por Manuel Bartlett, han solicitado en el Senado que se suspenda esta obligación de Pemex conocida como “ronda cero” por considerarla anticonstitucional y contraria a los intereses de la paraestatal.
“Debe suspenderse este plazo para la Ronda Cero toda vez que no se cuenta en este momento con la legislación secundaria que asegure el fortalecimiento de Pemex en los procesos productivos de hidrocarburos en nuestro país”, sentenció Barbosa.
En rueda de prensa, los senadores perredistas Dolores Padierna y Luis Sánchez, argumentaron que se pretende que Pemex ceda la producción y exploración en cerca de 300 campos que tiene actualmente y le quiten la explotación los pozos de las reservas probadas y de las reservas probables, como el de Cinturón Plegado Perdido donde se han hecho inversiones públicas para perforar a más de 5 mil metros de profundidad.
“Resulta paradójico que Pemex tenga que demostrar que puede hacer lo que durante 75 años ha podido hacer, es decir, explorar campos petroleros y extraer crudo. Esa ha sido una función de la paraestatal a lo largo de 75 años. La Secretaría de Energía no tiene ninguna facultad todavía de hacer asignaciones de forma discrecional hasta que el Congreso de la Unión no establezca estos criterios en leyes secundarias”, afirmó Padierna.
A su vez, Luis Sánchez criticó la opacidad con que se maneja el director de Pemex. “Hasta el día de hoy, el Congreso no tiene conocimiento de cuántos son los pozos petroleros que se han descubierto y cuáles son los que están en operación. Se venció el plazo y no tenemos esta información”, sentenció.
Los legisladores del PRD afirmaron que ven con preocupación las declaraciones del director de Pemex, Emilio Lozoya, y del titular de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quienes señalan que Pemex va a renunciar a 300 capos de producción, incluyendo Chicontepec, argumentando que son improductivos.
-¿Estamos hablando de un intento de contrarreforma en telecomunicaciones y en materia energética al paralizar la legislación secundaria? –se le cuestionó a Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD.
-No quisiera utilizar la palabra contrarreforma, pero sí hay un asunto de obstaculizar la implementación de las reformas constitucionales, aunque hayamos estado en contra de la energética.
“Sin duda, hay presiones muy fuertes” en ambos temas, abundó el legislador poblano. “Esto evidencia cómo se ejerce el poder público en México, donde se construyen las propuestas de ley no en el Congreso sino fuera del Congreso. El proceso legislativo está detenido, está controlado para que no se inicie hasta que el gobierno federal presente sus iniciativas”, argumentó Barbosa.
Habrá contrapesos en leyes secundarias en competencia económica
Excélsior
Karla Ponce
24 de marzo del 2014
CIUDAD DE MÉXICO La iniciativa privada logró que los legisladores incluyeran “pesos y contrapesos” en las leyes secundarias en materia de competencia económica que serán discutidas y votadas mañana en la Cámara de Diputados reveló Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En entrevista con Excélsior indicó que el cabildeo realizado en las últimas semanas con legisladores de todas las fracciones políticas permitió generar el compromiso de incluir mecanismos que brinden certidumbre jurídica a las empresas. “Nosotros nunca pedimos que se quitaran dientes a la Cofece ni siquiera que se bajarán las multas, pero sí, que tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales, se estipularan medios de defensa y el debido proceso para los agentes económicos.”
Escudos
De acuerdo con el líder de la máxima cúpula empresarial en el país, las propuestas que los legisladores aceptaron incorporar a la legislación secundaria son las referentes a los medios de defensa que las compañías podrán utilizar cuando sean acusados de llevar a cabo una práctica anticompetitiva así como la garantía de un debido proceso en caso de resultar señalado por la autoridad.
El dirigente respaldó el castigo de prácticas comerciales que atenten contra el mercado, pero consideró indispensable que en la legislación quede estipulado que no se infringirán sanciones contra las empresas sólo por su tamaño. “Los monopolios y oligopolios debe perseguirse y castigarse, pero no se debe caer en el error de sancionar a la gran empresa que invierte capital para crecer y generar más fuentes de empleos”.
El dirigente dijo que los diputados retomaron gran parte de la propuesta empresarial, en donde se define y precisa el tema de insumos esenciales y barreras a la competencia, para cerrar espacios a la discrecionalidad. “Entre lo que más nos preocupaba estaban las definiciones que tienen que ver con los insumos esenciales y barreras a la competencia, para que pudieran quedar más definidas y así evitar abusos de autoridad.”
Mercadio versátil
El dirigente del sector privado confió en que la Cámara de Diputados avalará una legislación secundaria equilibrada “porque el objetivo es incentivar la competencia, multiplicar las empresas e incrementar la certidumbre jurídica para generar más empleos e inversión”.
El viernes pasado fue aprobado el dictamen de la ley de competencia económica. El visto bueno se dio en la Comisión de Economía de la Cámara baja, donde se hicieron 90 ajustes al proyecto enviado por el Ejecutivo para expedir la Ley Federal de Competencia Económica y reformar el artículo 254 Bis del Código Penal Federal. Gutiérrez Candiani dijo que los diputados retomaron gran parte de la propuesta empresarial, en donde se define y precisa el tema de insumos esenciales y barreras a la competencia.
Respaldo
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Sánchez Ruiz, presidente de esa instancia legislativa, manifestó su respaldo a los cambios formulados y los consideró “la piedra angular” de una sana competencia de los mercados.
“Se buscó darle las herramientas a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que tuviera los elementos que no tenía anteriormente, a fin de que pueda sancionar aquellas acciones que van en perjuicio de las empresas y de la misma sociedad, pero también cuidando la certeza jurídica de las empresas, de los entes económicos”, resumió el también expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Cabe señalar que en días pasados, el CCE entregó a los diputados un diagnóstico sobre las inquietudes y preocupaciones en competencia, sobre todo, eplicó el funcionario, en la parte del debido proceso (defensas legales) para las empresas, acorde a las mejores prácticas internacionales.
“Es lo que más nos preocupaba, básicamente en las definiciones que tienen que ver con los insumos esenciales y barreras a la competencia, para que pudieran quedar más definidas. Además de atribuciones que pudiera tener la Cofece”, explicó.
Urge avance económico
La iniciativa privada advirtió que para poder cumplir la meta oficial de crecimiento económico estipulada en 3.9 por ciento para este año se deben emprender medidas emergentes que puedan inyectar dinamismo en lo inmediato. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), demandó al gobierno federal acelerar la inversión en infraestructura, al igual que procesos de licitaciones y obras.
“Se amerita por la lentitud de la actividad económica y las perspectivas no óptimas en la demanda interna y las exportaciones, además de que sectores clave como la construcción no están recuperándose con la firmeza que se requiere, tras la contracción de 2013.” Apuntó que otro factor crítico para aspirar a un mayor crecimiento en este año, y sobre todo en lo sucesivo, es concretar a tiempo las leyes secundarias de las reformas estructurales, asegurando que cumplan con los principios y objetivos constitucionales.
Telmex contra las instituciones
Milenio Jalisco
Javier Orozco Gómez
24 de marzo de 2014
El compás de espera en torno del envío de la iniciativa del Poder Ejecutivo de la Ley Secundaria para regular a las telecomunicaciones y a la radiodifusión, ha provocado un hecho muy típico de la praxis política, que son las llamadas filtraciones.
La real academia de la lengua española, define en su tercera acepción al término filtrar, como “divulgar indebidamente información secreta o confidencial”; si bien, se dice y se comenta en algunos diarios deborradores y/o proyectos nadie tiene la certeza que efectivamente sea el documento que esté trabajando el gobierno federal.
Ante esta situación, el propio gobierno ha tomado una actitud sabia, al no salir a desmentir o descalificar o en su caso afirmar, que es el documento legislativo que está realizando, ya que con ello, entraría a un juego perverso que viene realizando el agente económico preponderante en telecomunicaciones, llamado Telmex.
Lo único que por desgracia está ocurriendo, es un clima de desinformación donde curiosamente algunos medios impresos y electrónicos, legisladores, asociaciones y analistas de la materia, todos afines a los intereses de Telmex, son los que han iniciado una guerra de descalificaciones contra proyectos piratas. Es muy clara su jugada de la pandilla Telmex, crear un ambiente donde se hace la víctima y quiere dar a entender que los grandes ganadores de la reforma será el sector de la radiodifusión, en particular la televisión.
Esta falta de escrúpulos y ética empresarial por parte de Telmex, responde exclusivamente a que sus intereses no sean tocados, y busca amedrentar al gobierno federal a través de sus emisarios, a efecto de lograr a través de la opinión pública un mecanismo de presión que le indique al gobierno qué es bueno y qué es malo.
No es válido que por ser un grupo económico poderoso busque amedrentar a las instituciones públicas, a través de versiones fantasiosas, para influir en el análisis que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tienen que hacer.
No se trata tampoco de crear una legislación contra Telmex, el punto está en un equilibrio entre ambos sectores de la economía, ir contra las instituciones es atentar contra el estado de derecho.
-Reforma en telecomunicaciones: actores preponderantes
Moody’s no cambiará calificación a empresas dominantes
El Economista
Romina Román
23 de marzo de 2014
Las Leyes Secundarias en telecomunicaciones no cambiarán el rumbo en la calificación de empresas como Televisa y América Móvil. Hace unos días, ambas compañías fueron señaladas como dominantes, al tener más de 50% del mercado donde operan.
Gabriel Vigueras, analista senior de la calificadora de riesgos Moody’s, adelantó que en el corto y mediano plazo no se anticipan cambios en el rumbo de las empresas, “por lo que cualquier impacto por las reformas se verá en los próximos meses”.
En entrevista, explicó que las leyes secundarias deben seguir un proceso de adaptación, aún cuando Televisa y América Móvil fueron declaradas dominantes “no vemos que eso pondrá en riesgo las calificaciones”.
No obstante, el especialista anticipó que el mayor impacto provendrá de una mayor competencia, lo que podría desatar una guerra de precios y eso ejercería una presión sobre los márgenes.
Consideró que en este momento es difícil medir qué empresas se podrían beneficiar de las leyes secundarias, ya que las dominantes tendrán que ceder, a la luz de la regulación asimétrica de los precios, “pero creemos que sí podría ayudar a los operadores más pequeños”.
El analista de Moody’s recalcó que si bien permitir el uso de infraestructura puede ayudar a los operadores pequeños, “hay que tener cuidado al momento de fijar los precios por el uso de la infraestructura”. Por ejemplo, si el precio es muy alto puede incentivar a que los dominantes presten la red, pero que los jugadores pequeños no la usen.
Por el contrario, si el costo es bajo, desmotivaría a los más grandes a invertir en infraestructura. Hace unos días, analistas financieros anticiparon que empresas como Maxcom, Axtel y Telefónica serían las principales beneficiadas por las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones. Este panorama favorable empezó hace unas semanas con movimientos accionarios positivos, mientras que Televisa mostró correcciones en el precio de su acción.
Vigueras consideró que América Móvil y Televisa serán capaces de gestionar su efectivo y las estructuras de capital para mantener la calidad del crédito, a pesar del entorno regulatorio. El especialista en telecomunicaciones de Moody’s reiteró que el impacto final dependerá de los detalles respecto de los precios que podrán cobrar los competidores dominantes por el acceso a las redes.
Hace unos días, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declaró a América Movil y a Televisa como agentes económicos preponderantes, por lo que emitió una regulación asimétrica que incluye obligaciones y restricciones específicas.
Las medidas tienen que ver con precios, infraestructura e información y buscan generar las condiciones de competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, principalmente.
-Reforma en telecomunicaciones: licitación de nuevas cadenas de televisión
Contenidos, reto de la TV abierta
Excélsior
José de Jesús Guadarrama
24 de marzo del 2014
CIUDAD DE MÉXICO.- La apertura a la competencia en televisión abierta enfrenta grandes retos no sólo de inversión y de la presencia de nuevas plataformas tecnológicas, sino sobre todo de contenidos, ya que la verdadera batalla se desarrollará en la medida en que exista una oferta diferente de programación, coincidieron diferentes expertos, luego de que el pasado fin de semana inició la aplicación de medidas asimétricas en radiodifusión.
En efecto, el viernes 21 de marzo, por ejemplo, entró en vigor la aplicación de una regulación asimétrica para el agente económico preponderante en radiodifusión, que está conformado por 37 empresas, que le fue impuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones; a partir de entonces se desencadena una serie de obligaciones que deberá cumplir conforme un calendario establecido.
En tal calendario, aparece el 31 de marzo como fecha límite para que el preponderante publique en internet y entregue al Instituto Federal de Telecomunicaciones información sobre los servicios de publicidad; esa mismo día deberá entregar información respecto de si tiene participación directa o indirecta en el agentes económico preponderante en telecomunicaciones.
Fechas
El 31 de mayo el IFT deberá publicar la lista de contenidos audiovisuales relevantes; el 10 de junio deberá presentar la regulación de los contratos de contenidos audiovisuales relevantes; el 4 de julio deberá presentar al IFT la primera propuesta de oferta pública de infraestructura; el 3 de agosto el IFT deberá dar a conocer los términos y condiciones sobre la oferta pública de infraestructura.
De acuerdo con Jorge Fernando Negrete, director de MediaTelecom Policy & Low, “la inédita resolución y las medidas de agente económico preponderante en el sector de la radiodifusión buscan fomentar la competencia en el mercado de la televisión abierta y permitir el acceso al mismo de nuevos jugadores, a través de un proceso de licitación de frecuencias para una o hasta dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta digital, cada una con hasta 123 canales de transmisión”.
Controversia
Sin embargo, advirtió que los efectos de la regulación podrían no ser los deseados. “La competencia en televisión se genera por la oferta de contenidos y no por la mera introducción al mercado de un nuevo agente, que podría reproducir o dar continuidad a las fórmulas ya probadas de producción de contenidos de la televisión comercial en México.” El tema de los contenidos es central también en materia económica dado que se trata de una apuesta intensiva en capital.
Fernando Borjón, integrante del Pleno del IFT dijo que se calcula que las nuevas cadenas de televisión abierta requerirán entre 100 y 300 millones de dólares; pero que la experiencia indica que para algunos casos se han requerido de hasta 20 millones de dólares mensuales para contenidos.
-Atribuciones del IFT
Ifetel y la virtud de repartir el pastel
Milenio Jalisco
Hugo González
24 de marzo de 2014
Pues nuevamente el gobierno federal nos trae como gato cascabeleado, y si bien varios legisladores siguen estudiando el más reciente borrador de la ley de telecomunicaciones tendremos que esperar por lo menos unas horas más para conocer la verdadera iniciativa que regulará el sector.
Por eso me regreso un poco al análisis de la famosa declaratoria de preponderancia sobre Telcel, e insisto en la posibilidad de eliminar las tarifas on-net y off-net, y con ello cancelar el llamado “efecto club”, posibilidad que cerró el Ifetel al considerar que este efecto monopolizador se acabaría al incluir y un mecanismo denominado “replicabilidad de tarifas” o metiéndola en un simple modelo de costos.
No lo digo porque desde hace años la Cofetel (qepd) prohibió esa práctica, sino porque está probado que hacerlo de esa manera solamente retrasará una solución, pues primero tendríamos que esperar a que Telcel envíe su información al Ifetel para que la valide y comenzar a evaluar si cumple o no con la replicabilidad o si el modelo de costos arroja una mejor tarifa para el usuario. Después tendríamos que confiar a que la información enviada por Telcel al regulador sea suficiente y precisa para hacer los cálculos correspondientes.
Creo que no era necesario inventar un modelo de costos, ni regular tarifas, pues simplemente se habría resuelto el problema si el Ifetel eliminara esa práctica que por cierto en países como Colombia se consideró como una falla de mercado y el inicio de una espiral cuyo desenlace es la monopolización del sector.
Algunos me dirán que en Colombia el mismo regulador reconoció que todos los operadores, no solo Claro (la empresa hermana de Telcel en ese país), aplican la misma práctica y por tanto deberían eliminarse en todas las empresas el cobro de tarifas diferenciadas para llamadas fuera o dentro de la red (on y off net) lo que me parece lógico siempre y cuando Telcel no pudiera ser la que ofrezca la menor tarifa del mercado ya que eso le obligaría a mejorar el servicio para quedarse con sus clientes.
Es que precisamente en Colombia (2009) y en Sudáfrica (2010) se percataron que la simple aplicación de un modelo de costos para fijar una tarifa asimétrica en telefonía móvil no generó ningún cambio en la tarifa a favor del usuario por lo que revisaron el modelo y el año pasado simplemente prohibieron esa práctica y en unos cuantos meses la proporción del tráfico on-net (en una sola red) bajo de niveles de 90 hasta 70 por ciento.
Con lo anterior podemos ver que mejor repartido el pastel, habrá negocio para todos, solo falta que quien reparta el pastel sepa cómo hacerlo.
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