-Reforma en telecomunicaciones:

 

 

Las reformas del PRI acabarán en rebelión

Sin Embargo

Yoshua Okón

22 de marzo de 2014

 

 

El petróleo en México es mucho más que un motivo de orgullo nacional. En los últimos 75 años, ha sido una enorme fuente de ingresos para desarrollar la infraestructura del país y promover el bienestar social. En marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expropió a las compañías petroleras de Estados Unidos e Inglaterra y creó una relativa independencia y modesta prosperidad nacional en México. La nacionalización del petróleo salvó a México de convertirse en un país paralizado y esencialmente colonizado como Guatemala, cuya enorme industria minera está enteramente en manos extranjeras. Petróleos Mexicanos (PEMEX), la compañía estatal con acceso exclusivo al petróleo, se encuentra entre las empresas más lucrativas del mundo. Sus ingresos en el 2012 fueron de 900 mil millones de pesos Mexicanos (o $70 millones de dólares), ganancias similares a las de empresas petroleras gigantes como ExxonMobil y Chevron en el mismo año. Además, históricamente PEMEX ha repartido sus ganancias entre los ciudadanos mucho más que ninguna otra industria en México. Actualmente la renta petrolera aporta el 60 por ciento del gasto social de todo el país. Entre otras cosas, estos ingresos contribuyen al sistema educativo, sistema de salud y a programas que combaten la pobreza extrema. Los dueños de PEMEX somos todos los ciudadanos Mexicanos y de manera concreta hemos visto reflejarse en nuestras vidas sus beneficios. A pesar de ser increíblemente lucrativa, PEMEX es ineficiente, corrupta y arcaica . Por lo tanto, no logra ni remotamente recaudar ni redistribuir al máximo de sus posibilidades. Son conocidas también sus pérdidas en materia de refinación y producción (esta ha caído un 25% desde el 2004). Si en pocos años no se actualiza, se vería amenazada por la quiebra. Sin embargo, este hecho contundente está siendo utilizado como pretexto por el gobierno de turno para promover e imponer una agenda muy distinta: la privatización del petróleo en México. En vez de modernizar a PEMEX, eliminar la corrupción o dirigir una mayor parte de los ingresos hacia los ciudadanos, la “reforma energética” aprobada por el congreso y ratificada por el Presidente Enrique Peña Nieto en Diciembre sirve para cambiar radicalmente el balance en la distribución de las enormes utilidades del petróleo y así imponer cambios estructurales para asegurarse que gran parte de estas terminen en manos de unos pocos inversores privados. La ley modifica la constitución del país permitiendo que grandes empresas petroleras puedan competir con PEMEX en todo aspecto de la producción petrolera. Aunque las reservas subterráneas seguirán perteneciendo al Estado, al permitir que la ganancia derivada de la cadena productiva de este recurso sea apropiada por compañías privadas, estas reformas efectivamente constituyen la privatización del petróleo en México. Sin embargo, el presidente jamás reveló esta agenda detrás de la reforma; de hecho, su administración evitó por completo el uso de la palabra “privatización”, refiriéndose a borrosas ideas de “modernización” y “la necesidad de inversión privada”. Esta falta de honestidad ha generado una tremenda confusión para la población Mexicana, en gran medida debilitando la oposición a la ley. Una millonaria campaña publicitaria de desinformación en los medios masivos, financiada por el gobierno federal, ha desviado el debate de la “reforma energética” por medio de preguntas obvias tales como: ¿Es necesaria una reforma?, ¿Es PEMEX eficiente?, ¿ Son necesarios los avances tecnológicos y la modernización?; desviando así los debates más pertinentes y las preguntas fundamentales: ¿Cual debe de ser la naturaleza de dicha reforma? ¿Cuáles deberían de ser los términos pactados con las empresas privadas que brindan nuevas tecnologías? ¿De qué forma se distribuirán las utilidades generadas? ¿De qué forma se está combatiendo la corrupción que causa las grandes pérdidas en la renta petrolera? ¿Privatizar es sinónimo de eliminación de corrupción? ¿Para modernizar es necesario abandonar la idea de que el petróleo y los recursos naturales nos pertenecen a todos? PEMEX ha sido deteriorada lentamente para tener una excusa idónea para privatizarla. Esta ineficiencia, producto de dicho sabotaje, es ahora utilizada como argumento para justificar la “reforma” neoliberal. El problema de fondo entonces ha sido y sigue siendo la corrupción política y no la falta de inversión privada como se nos quiere presentar. El ejemplo que mejor ilustra este absurdo panorama es el de Romero Deschamps, líder del sindicato de PEMEX desde 1989. Se acusa a Deschamps de haber robado una cifra estimada de 3 billones de pesos de los recursos del patrimonio del gremio e, ilegalmente, de haber creado empresas “privadas” encubiertas que prestan servicios a PEMEX. Y a pesar de haber múltiples pruebas en su contra, actualmente Deschamps es senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo partido del presidente. A pesar de que la administración de Peña Nieto argumenta que uno de los principales objetivos de esta “reforma” es la eliminación de la corrupción en PEMEX, en ésta no se incluye absolutamente ninguna estrategia o política que la combata. La mayoría de los propuestos cambios estructurales de PEMEX no son necesarios para modernizar la industria petrolera Mexicana. Para lograr estos objetivos, el Estado puede perfectamente trabajar de la mano con empresas privadas que presten servicios especializados. Inclusive en algunas áreas este tipo de colaboración podría ser indispensable (por ejemplo actualmente PEMEX contrata los servicios de Halliburton y OHL). Pero lo que habría que analizar, y no se está analizando, no es el hecho en sí de la colaboración, sino los términos con los que se pretende negociar con la industria privada en la actual “reforma energética”. El hecho de que la administración de Peña Nieto permita contratos de utilidad compartida—los cuales han sido impuestos a países pobres con resultados desastrosos -en vez de limitarse a un régimen de licencias que posibilite más eficiencia sin revocar el dominio democrático de los recursos nacionales, es un claro indicativo de los motivos ulteriores de la agenda de la “reforma energética”. El ex presidente de PEMEX, Adrián Lajous, ha argumentado que, con los contratos de utilidad compartida, la industria petrolera privada no es responsable ante el Estado, quedando así, sus recursos y habitantes, desprotegidos. Peña Nieto presenta su “reforma” como la solución mágica a los problemas de PEMEX, como si el sueño neoliberal de privatización sin regulación fuese sinónimo de justicia social, bienestar económico y democracia. Pero la historia nos muestra un panorama muy distinto. Desde que surgieron las políticas neoliberales en los años 80, y el presidente Carlos Salinas de Gortari aprobó el TLC en 1994, un Estado debilitado e incapaz de proteger al medio ambiente y los derechos de su población más humilde ha creado las condiciones ideales para la corrupción tanto política como empresarial. Ahora convivimos con las repercusiones de la privatización de Telmex de Salinas en 1990. Como consecuencia de la falta de regulación, los precios de Telmex son muy elevados mientras que el servicio es deficiente y Carlos Slim, el dueño de la empresa, es uno de los hombres más ricos del mundo. Otro legado de Salinas es la privatización del sector bancario y la creación de Fobaproa, un fondo de protección para prevenir quiebras bancarias. Como resultado de la creación de este fondo, a raíz de la crisis económica de 1994, los ciudadanos hemos asumido una inmensa deuda con la banca privada. Con cada paso hacia la privatización, unos cuantos empresarios y políticos se han enriquecido de manera desmedida, mientras que los ciudadanos hemos sostenido una creciente carga económica. Como resultado de este período la desigualdad ha aumentado estrepitosamente. Hoy en día en México, más de 53 millones de personas—casi la mitad del país—viven en condiciones de pobreza, y 11.5 millones viven en una pobreza extrema. Al mismo tiempo, los 11 hombres más ricos del país acumulan aproximadamente 11% del PIB. Sin una reforma que ataque de manera decisiva y efectiva a la corrupción política no se puede emprender una verdadera reforma energética en México. Desgraciadamente, al no incluir una reforma política ni una estrategia que combata la corrupción, la actual “reforma” es un enorme retroceso. En la actual “reforma energética”, que los políticos sin ningún tipo de consulta ciudadana auto aprobaron en Diciembre, se crean las condiciones perfectas para que empresas mundialmente conocidas por cooptar políticos y por prácticas abusivas (ExxonMobil, Shell, BP, OHL) puedan operar en México sin ningún tipo de regulación o restricción. El historiador Lorenzo Meyer Cossío considera que le estamos abriendo la puerta a “mercenarios.” Sin nuestro consentimiento y a cambio de una mínima renta, el gobierno Mexicano pretende que los ciudadanos cedamos los títulos de propiedad sobre los hidrocarburos, es decir el subsuelo y sus recursos, a manos privadas. Pero la modernización tecnológica no requiere necesariamente de la privatización ni cambiar el principio básico de que los recursos naturales nos pertenecen a todos. La actual “reforma energética” significa un enorme paso hacia la peor distribución de riqueza, el aumento de la pobreza extrema, la devastación ecológica y hacia la pérdida de independencia económica y política de México. Es un ejemplo de la fantasía neoliberal de un capitalismo libre de cualquier tipo de regulación cuyo resultado es que hoy en día las 85 personas más ricas del mundo hayan acumulado las misma riqueza que las 3.5 mil millones más pobres. Vivimos en un momento de mayor disparidad en la historia humana, junto con una devastación ambiental sin precedentes. Para combatir esta urgente situación, es necesaria la creación de instituciones autónomas y ciudadanas además del fortalecimiento de las escasas y frágiles estructuras reguladoras que tenemos. Al desmantelar las pocas estructuras que apoyan al bienestar social, el gobierno de Peña Nieto esta empujando al país hacia un escenario peligroso. Frente a una realidad de injusticia social y pobreza extrema, tarde o temprano, las reformas del PRI acabaran en rebelión.

 

 

 

-Reforma en telecomunicaciones: licitación de nuevas cadenas de televisión

 

 

Telmex podrá competir por nueva cadena de tv

El Universal

Carla Martínez

23 de marzo de 2014

 

 

Todas las empresas interesadas en la licitación de televisión abierta, como Telmex, pueden participar. Durante el proceso se analizarán caso por caso las condiciones de cada compañía, de acuerdo con Adolfo Cuevas, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

 

“Los casos particulares, más allá de la prohibición establecida por la propia Constitución, se analizarán uno a uno, de tal manera que cualquier interesado acudirá pero el Instituto se reserva el derecho conforme a la valoración en términos de competencia económica, de decidir si puede participar o no”, explicó.

 

Telmex está interesado en participar en la licitación de dos cadenas de televisión abierta, sin embargo su título de concesión le impide ofrecer este servicio.

 

De acuerdo con las reformas en telecomunicaciones, la empresa podría optar por una concesión única para ofrecer todos los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión que sean posible, sin embargo, con las obligaciones en materia de preponderancia que le fueron impuestas por el IFT probablemente pueda optar por dicha concesión dentro de dos años.

 

Las bases de la licitación de televisión mencionan que las empresas interesadas en participar en el proceso deben tener una opinión favorable por parte de la Unidad de Competencia Económica del Instituto que será entregada por el IFT el 16 y 17 de junio de este año, por lo que, en caso de que Telmex se sume a este proceso, en esa fecha conocería si fue aprobada su participación.

 

Por otra parte, Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy and Law, aseguró que la competencia en televisión se genera a partir de la oferta de contenidos y no por la entrada de un nuevo participante, pues este podría reproducir las fórmulas ya probadas en materia de contenidos.

 

De acuerdo con el regulador, un inversionista requiere alrededor de mil millones de dólares para arrancar una nueva cadena de televisión, por lo que los interesados deben ser empresas con solvencia económica como lo es el caso de América Móvil, también considerada como agente económico preponderante por el Instituto.

 

Actualmente, en México únicamente existen dos empresas de televisión comercial: Televisa con el 70% del mercado y TV Azteca con el 30% restante, las cuales se dividen los 35 mil millones de pesos anuales de inversión publicitaria que hacen las compañías en este medio.