-Condiciones laborales

 

 

Labor periodística, actividad de alto riesgo

El Occidental

Hugo Hernández

22 de marzo de 201

 

 

Ciudad de México.- Sin duda alguna, la labor periodística que se ejerce en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo, un tanto por la situación política que prevalecía en nuestro país, a causa de la lucha contra el narcotráfico, así como por la inercia que nos sigue sacudiendo.

 

Hoy, la falta de prevención de los informadores, en el pleno uso de su derecho a la libertad de expresión, representa un lastre que las propias autoridades federales se han propuesto combatir.

 

Por ello, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR) promueve el manual “Prevención de Delitos cometidos en contra de la libertad de expresión”.

 

El objetivo es generar una cultura de la prevención y la denuncia, afirmó Laura Angelina Borbolla Moreno, fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la libertad de Expresión.

 

En entrevista en las instalaciones de El Sol de México, expuso que la fiscalía a su cargo implementa un sistema de alerta temprana, que permita evaluar riesgos así como la de aplicar métodos y acciones de prevención.

 

Lo anterior mediante el “Manual de Prevención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión”, el cual, indicó, ya se implementa en varias entidades del país, en donde existía una mayor incidencia de agresiones a periodistas y medios de comunicación.

 

Este busca brindar información necesaria a los periodistas; lo que deben hacer en caso de amenazas de muerte y también contiene experiencia adquirida a lo largo de las investigaciones ministeriales realizadas con familiares y víctimas que fueron agredidas por intereses ajenos a la legalidad.

 

También se busca brindar atención a las víctimas del delito, realizar una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos.

 

Así como la de promover una cultura de prevención, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información, reiteró la funcionaria de la PGR.

 

Hay un énfasis especial en proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades locales competentes.

 

Además del “Manual de Prevención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión”, se ha dado cursos a periodistas, directivos y dueños de medios de comunicación, en entidades como Nuevo Laredo, Tamaulipas; Chihuahua; Ciudad Juárez, Piedras Negras, Coahuila; Colima, Zacatecas y el Distrito Federal.

 

“Nosotros estamos dando los cursos de manera presencial, el manual se difunde normalmente con el curso que da el Sistema de Alerta Temprana de la fiscalía, el cual tiene una duración de ocho horas, y se les da una constancia de participación así como se les brinda información para que nos conozcan”, dijo Borbolla Moreno.

 

La prioridad de la esta fiscalía, remarcó, es que se capacite al mayor número de comunicadores y que se difunda, de manera masiva, este manual, para preparar un foro, para mayo, en donde estarán relatares internacionales evaluando el trabajo en esta materia.

 

La institución tiene el compromiso de fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión así como de los derechos humanos y de evitar las agresiones queden impunes.

 

* Ardua labor

 

“Esta era una fiscalía que pocos sabía de ella, tanto interna como externamente en la institución, cuando tomo el cargo, en 2012, iniciamos un proceso de estar generando reuniones con medios, la industria de la radio y TV porque finalmente el tema es que el ejercicio periodístico es de carácter democrático”.

 

Entonces debemos fortalecer a todas las instituciones que estén vinculadas con una actividad de esta naturaleza; este es el mandato que me han dado y reiterado el procurador general de la República.

 

Pese a los obstáculos, indicó que “es una fiscalía pequeña, pero todos los asuntos se atienden de manera directa, incluso por su servidora y los Ministerios Públicos han estado constantemente en capacitación, que esa era una de la mayores deficiencias que se tenía”.

 

La funcionaria explicó que era una fiscalía especializada en un tema donde el personal no contaba con herramientas, de capacidades o de capacitación, para hacer el trabajo con la debida diligencia o adecuada prontitud, “con la visión clara de que lo que se tenía que priorizar era investigar que el agravio se cometía en contra de un periodista, por ser periodista”, señaló.

 

El problema mayor, dijo, es que no había una competencia legal que justificara la actuación del Ministerio Público de la Federación y mucho de esto no se había reflejado en cifras estadísticas.

 

“Es decir, cuando Yo llego a la Fiscalía en febrero de 2012, se tenía enlatada una reforma constitucional, que fue la reforma de la Fracción 21 del artículo 73 constitucional, que entonces le da ya el marco jurídico y técnicamente hablando a la fiscalía para poder operar”, afirmó.

 

El tema también tiene que ver con la sensibilidad de las autoridades locales para entender que el problema es de tipo trasversal, es decir, de los tres niveles de gobierno, entonces no había esa coordinación que hoy tenemos, porque así fue mandatado por el presidente y todos los gobernadores.

 

Hoy, recordó, estamos ante un contexto diferente, también existe esta nueva ley de protección que es una ley marco, porque es una ley genera que no existía en ese momento.

 

“Consecuencia de la reforma constitucional, se viene, en mayo del 2013, que se publican por el presidente Peña Nieto, reformas a ordenamientos técnico jurídicos que nos permiten operar esa reforma constitucional”.

 

Entonces, no es que no te quisiera atender o que no te pudiera atender, pero el avance era muy mínimo en razón de que terminaban haciendo muchas incompetencias al fuero común, señaló.

 

“El problema era que iban y denunciaban, ejemplo autoridades policiales, municipales o estatales a la Federación y como ésta no tenía la competencia entonces se tenía que devolver la investigación a las autoridades locales, entonces terminaban siendo juez y parte y aparentemente no había ninguna consecuencia.

 

La autoridad local era juez y parte, era agresor, era la Procuraduría y era el juzgador, entonces la percepción era que no había consignaciones de parte de las autoridades locales, diciendo yo consigno a mis policías por agredir a los medios en tal o cual evento, aún cuando la Fiscalía generaba la presión, en términos de buscar que ya nada más la procuraduría consignara”.

 

Es decir, se hacía toda la investigación, y se les daba ya prácticamente hecha la investigación a las autoridades locales para que ellos presentaran la acusación ante el juez y muchos de esos expedientes terminaban en otras manos, menos en las de un juez, esa era la perspectiva de unos años atrás.

 

Hoy, creo que se ha modificado mucho porque hoy se cuenta con herramientas técnico jurídicas que permiten operar a otro nivel jurisdiccional, que son los juzgados de distrito.

 

* Casos

 

La fiscal indicó que tiene un promedio de 500 casos al año; “entre lo que vengo arrastrando del año pasado más los que se van acumulando y los que van ingresando, en promedio se investigan aproximadamente 300 averiguaciones previas y 200 actas circunstanciadas, a veces se invierte el número, es decir, 250 y 250, pero hasta el momento no hemos superado esa cifra”.

 

Sin embargo, el fenómeno del incremento de denuncias aumentó a partir de que se hace la publicación de las leyes secundarias, en mayo de año pasado, al cierre de diciembre de 2013, en un cien por ciento el nivel de denuncias, sobre todo en delitos no graves pero que sí son importantes que se denuncien, como las amenazas o los abusos de autoridad.

 

La percepción que se tienen es que el incremento de las denuncias también obedece a que más o menos por las mismas fechas empezamos a difundir el manual.

 

“Es una cuestión que se ha dado como un fenómeno paralelo pero de manera simultánea, ello nos da gusto porque también se genera esta cercanía de la Fiscalía, una fiscalía para y de los periodistas y medios”.

 

La fiscal de la PGR indicó que tiene única y exclusivamente documentados casos de agresión a periodistas desde su creación, es decir de 2010 a la fecha; “yo no tengo las estadísticas que tiene la CNDH, que inicia el programa de protección a periodistas en 2000, es más confiable estadísticamente la base de de datos de agresiones de la CNDH porque existe desde ese año.

 

La Fiscalía cuenta con 30 investigaciones por delitos graves, de alto impacto, entre homicidios y desaparecidos. Son 30 homicidios y aproximadamente son 20 desaparecidos, entonces son 50 casos de alto impacto”, dijo.

 

Sin embargo, la CNDH, tiene que son aproximadamente 90 homicidios, desde el 2000 al cierro de 2013, sumándose este año el caso del reportero Gregorio Jiménez, de Coatzacoalcos, Veracruz, entre otros, que sumarían 101, refirió.

 

Nosotros tomamos de base la cifra histórica de la CNDH y la propia, que se tiene en base a documentos, entonces una estadística dura de la Fiscalía no refleja directamente la situación del problema en el país.

 

 

 

Periodistas en peligro, una realidad

La Crónica de Hoy Jalisco

22 de marzo de 2014

Gabriel Páramo

 

 

El 18 de marzo, día de la Expropiación Petrolera, la organización Artículo 19, cuya función es la defensa de los periodistas, presentó su informe sobre 2013 titulado “Disentir en silencio: Violencia contra la prensa y criminalización de la protesta”.

 

Para la organización, el trabajo del periodista actualmente se realiza bajo el filtro del miedo, lo que lleva a la autocensura y, de manera muy preocupante, no solamente es el miedo a la delincuencia sino hacia las autoridades de todos los niveles, principalmente locales. Los mecanismos para la protección a los periodistas existen, pero la respuesta institucional no es efectiva, la aplicación de la ley es selectiva.

 

La situación se agrava pues 2013, el años más violento desde 2007, es también un año con un robusto sistema institucional de protección a los periodistas, con leyes que podrías aplicarse, pero también con una fiscalía que en nueve años, según Artículo 19, no ha emitido sentencia condenatoria alguna, lo que en palabras de Darío Ramírez, director de la ONG en México, indica una “falta total de voluntad política para combatir la impunidad”.

 

También durante la presentación se hizo notar la falta de solidaridad que hay en el gremio. Muchas veces, cuando algún reportero sufre una agresión, la primera reacción del gremio es preguntarse “en qué andaría metido” o murmurar que “seguramente debía algo”, sin darnos cuenta de que no solo todos estamos expuestos a las agresiones, sino que ese es uno de los objetivos del terror: aislar a las personas.

 

Por supuesto, queda abierta la pregunta acerca de por qué defender a los periodistas “como si fueran especiales”. No, los periodistas no somos especiales, pero defender a los profesionales de la información (otro tema que merece abordarse) es defender a la sociedad.

 

En la discusión de ideas, en el intercambio de información, en la libertad de palabra se encuentran el remedio contra el totalitarismo; la democracia y el periodismo seguro e independiente están íntimamente unidos. Atacar a los periodistas es atacar la democracia; defenderlos es, por tanto, defenderla. La democracia tal vez no sea perfecta, pero es hasta el momento, el mejor sistema social para mantener la libertad.