Noticias nacionales
Periodistas: agresiones
2013, el año más peligroso para la prensa en México desde 2007: Artículo 19
Con información de Animal Político, El Informador, Aristegui Noticias, Homo Zapping y Sin Embargo.
Durante 2013, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, cada 26 horas y media fue agredido un periodista en México. En su informe titulado “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013″, la organización Artículo 19 concluye que 2013 ha sido el año más violento para la prensa desde 2007.
Entre 2003 y 2013, los periodistas desaparecidos en México fueron 18. Se documentaron 330 casos de agresiones, cuatro de los cuales fueron homicidios. En 274 casos se pudo identificar al agresor: 6 de cada 10 agresiones fueron ejecutadas por funcionarios públicos. Con respecto a 2012, las agresiones aumentaron en 59%, es decir, 123 casos más.
Los funcionarios públicos son los principales agresores, seguidos por organizaciones sociales, crimen organizado, particulares y partidos políticos. De los cuatro periodistas asesinados, en sólo tres casos, se pudo comprobar que bandas del crimen organizado estuvieron detrás de los homicidios.
En su informe anual, la organización reporta 286 casos de periodistas agredidos a causa de su trabajo: 80% son hombres, el resto mujeres. También durante 2013, 39 medios de comunicación fueron objeto de ataques a sus instalaciones: 14 ataques en Coahuila, 5 en Quintana Roo, 5 en Durango y 4 en Veracruz. De acuerdo con el informe, Jalisco es uno de los estados más seguros para ejercer el periodismo, junto con Baja California Sur, Nayarit e Hidalgo.
Entre 2007 a 2012, Jalisco reporta únicamente 3 casos de ataque contra miembros de los medios de comunicación y registra tan sólo 1 asesinato en los últimos 7 años. En materia de secuestros y desapariciones, la entidad de Jalisco no presenta ningún caso registrado desde 2007.
En Veracruz, desde el comienzo de la gubernatura de Javier Duarte, se han asesinado a 10 periodistas, lo que lleva a que Veracruz tenga niveles de violencia contra periodistas similares a los de Pakistán, un país en guerra.
Artículo 19 observa también una diseminación hacia otras entidades. En particular, destaca el Distrito Federal por la serie de agresiones cometidas por parte de las autoridades locales en contra de periodistas que daban cobertura a manifestaciones, durante el 1 de septiembre, 2 de octubre o 1 de diciembre pasados. Esto representó 34 casos, la cifra más alta desde 2007.
El informe también cuestiona la efectividad del Mecanismo de Protección para Personas Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, pues se comprobó que el único periodista que se ha acercado a solicitar su apoyo, se encuentra en condiciones precarias.
Así mismo, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob) se quedó sin titular desde este 15 de marzo, justo cuando aumentan las denuncias sobre la violencia contra defensores y periodistas y México se somete a una evaluación en el tema ante la comunidad internacional -del 17 al 20 de marzo, un diálogo político de Alto Nivel en materia de Derechos Humanos entre la Unión Europea y México y en la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo se sesionará sobre la situación en el país.
Así mismo, el domingo 16 de marzo, la casa de Darío Ramírez, director de la asociación, fue allanada. Le robaron documentos de trabajo, computadora y objetos de valor. No hay pruebas que vinculen el robo con su trabajo en defensa de reporteros violentados, pero hay antecedentes: hace un mes hostigaron al equipo, y en abril de 2013 llegó una amenaza a las oficinas de Artículo 19.
La organización destaca que en ninguno de los casos documentados, los comunicadores pudieron retomar su actividad periodística al ciento por ciento. “El miedo a sufrir nuevas agresiones sin protección del Estado los llevó a modificar su actividad profesional. En ocasiones, dejan de cubrir sucesos policiacos, se autocensuran o directamente cierran los medios”, expone.
Movimientos en empresas de medios
Comportamiento financiero
América Móvil compra acciones propias
Con información de MVS Noticias, El Financiero y Sin Embargo.
América Móvil dio a conocer en un comunicado que envió a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que su Consejo de Administración determinó someter a consideración de sus accionistas la propuesta de un pago de dividendo y destinar 30 mil millones de pesos para la adquisición de títulos propios, en términos de lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores, expone el reporte.
Asimismo, la empresa informó sobre una propuesta a su asamblea de accionistas, que tendrá verificativo en o antes del 30 de abril del presente año, para determinar el pago de un dividendo en efectivo proveniente del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada por la cantidad de 0.24 (Veinticuatro centavos de peso), pagadero en dos exhibiciones, a cada una de las acciones representativas de su capital social series “AA”, “A” y “L” en circulación en la fecha de pago y sujeto a los ajustes derivados de recompra o recolocación de acciones propias.
Legislación en materia de comunicación
Reforma en telecomunicaciones: atribuciones del IFETEL
Instituto Federal de Telecomunicaciones publica su manual de funcionamiento
Con información de El Economista, El Universal, El Financiero y Reforma.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó en su portal de transparencia el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del organismo, que establece la forma de integración, funciones, operación, obligaciones, responsabilidades y alcances del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del organismo.
Con este marco, explica el Instituto en un comunicado en el Diario Oficial de la Federación, se podrá revisar, analizar, autorizar y dictaminar los asuntos de su competencia.
Por otra parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) espera que las leyes secundarias en telecomunicaciones les dé capacidad para emitir normas oficiales mexicanas (NOM), facultad que tenía la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Adriana Labardini, comisionada del Instituto, mencionó que desde la reforma constitucional, el organismo emite normas y disposiciones de carácter general, cuestiones de competencia, regulación, planes técnicos fundamentales, entre otros.
Al respecto, Lester García, ex funcionario de asuntos regulatorios de la Cofetel, señaló que el IFT debe tener la potestad de crear normas oficiales mexicanas pues son la institución capacitada en materia técnica para realizarlas.
Reforma en telecomunicaciones: leyes secundarias
Borrador de leyes secundarias de telecomunicaciones
Con información de El Economista, MVS Noticias, Milenio Jalisco, El Universal, El Sol de México, El Occidental, Sin Embargo y Homo Zapping.
La iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones presentada por el poder Ejecutivo federal fue publicada en Proceso bajo la descripción de “represora” en materia de libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad en internet. Después de esto, se modificaron los artículos que fueron señalados como los más restrictivos: el 227, 143, 190, 195 fracción VII , así como la eliminación de otros dos.
De acuerdo con lo publicado por Proceso, el artículo 227 declaraba que “no se podrán transmitir noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que sean contrarios a la seguridad del Estado o el orden público”. En la nueva versión del borrador, ya no aparece este ordenamiento.
También modificó el artículo 143, numeral III, sobre privacidad, prácticamente ordenaba el bloqueo a determinados contenidos: “Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Podrán desbloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”. En la modificación se establece que: “Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red”.
Así mismo, el artículo 190 ordenaba que los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a conservar un registro y control de comunicaciones “que se realicen desde cualquier dispositivo, bajo cualquier modalidad”, que permitan identificar con precisión la información del nombre y domicilio del suscriptor, tipo de servicio, origen y destino de las comunicaciones, fecha hora y duración, ubicación geográfica del dispositivo. En la modificación, desaparecen las órdenes de entregar datos de geolocalización e identificación del usuario, sólo a través de una orden judicial los concesionarios tendrán la obligación de entregar esta información.
También se cambió el artículo 195, en especial, la fracción VII, que ordenaba a los concesionarios a “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos públicos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. En la nueva versión se establece que los concesionarios de telecomunicaciones deberán “colaborar con las instancias de seguridad en el monitoreo para verificar el bloqueo, inhibición o anulación de las señales de telecomunicaciones de conformidad con los lineamientos establecidos”.
En cuanto a las sanciones, el borrador de ley establece un capítulo de sanciones con multas de hasta más de 11 mil millones de pesos y la revocación de concesiones a televisoras, estaciones de radio y empresas de telefonía que incumplan con las nuevas disposiciones. Destaca entre estas nuevas disposiciones, la revocación de concesiones por negarse a interconectar a otros concesionarios u obstaculizar el tráfico de interconexión; no cumplir las condiciones establecidas en la concesión; ofrecer servicios que no estén incluidos en la misma e incumplir resoluciones del IFT.
El diputado Juan Pablo Adame, presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información, consideró que la tardanza en el envío de propuestas de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones comienza a generar incertidumbre para los inversionistas, por lo que confió que esta semana sean presentadas las propuestas.
Recordó que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 700 mil millones de pesos se invertirían en la actual administración, 90 por ciento provenientes de capital privado, y considera que sin la reforma quedarían tan sólo en 400 mil millones de pesos. Además, dice, limitaría el derecho de los mexicanos de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a la banda ancha y al Internet.
Por otra parte, Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía del Senado, afirmó que corresponde al Legislativo dotar de los instrumentos necesarios al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para que garantice la pluralidad informativa y la sana competencia del mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Explicó que las resoluciones emitidas por el Ifetel aportarán elementos fundamentales para la elaboración y discusión de las leyes secundarias que tiene pendiente de emitir el Congreso de la Unión. Agregó que la comisión que preside presentará este miércoles la memoria audiovisual de las participaciones y sugerencias que se hicieron en el Foro Internacional sobre los Nuevos Modelos de telecomunicaciones y Radiodifusión en México.
El material se entregará al presidente del Senado, Raúl Cervantes Andrade y a los coordinadores parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa Patrón; del PAN, Jorge Luis Preciado; del PRD, Miguel Barbosa, y del PT, Manuel Bartletl. Este material será una herramienta que ayude a los legisladores en la discusión de la legislación secundaria de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Reforma en telecomunicaciones: licitación de cadenas de televisión
Proyección de aumento de la publicidad en televisión
Con información de El Universal.
Con la licitación de cadenas de televisión el mercado publicitario pasará de 20 grandes empresas que se anuncian en dos televisoras —Televisa y TV Azteca— a ser accesible para las más de 5 millones de pequeñas y medianas empresas que hay en el país, las cuales podrían entrar a la televisión en hasta cuatro cadenas nacionales.
De acuerdo con cifras de la Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica (CICOM), el mercado publicitario en televisión abierta asciende a más de 35 mil millones de pesos anualmente (53% de la publicidad en medios). Con la licitación de nuevas cadenas, los ingresos se dividirán y aumentarán la calidad y competencia. Fernando Borjón, comisionado del IFETEL, dijo que los nuevos canales de televisión abierta podrán alcanzar 14% del mercado publicitario de televisión en cinco años.
Además de la entrada de nuevas cadenas, la multiprogramación también proveerá nuevos espacios para anunciantes, pues un solo canal se “multiplicará” hasta en seis señales. Jorge Fernando Negrete, director general de MediaTelecom Policy and Law, comentó que estos cambios también incluyen la oportunidad de que las empresas interesadas en entrar al mercado de televisión lo hagan en multiplataforma, es decir, video por internet y dispositivos móviles.
Ante estos cambios que se avecinan, Televisa y TV Azteca se anticiparon al lanzar sus servicios de Veo y TotalMovie, respectivamente, los cuales son medios de video bajo demanda por internet con una oferta de películas y series y, en el caso de Televisa, incluso de televisión abierta en vivo.
En América Latina, según datos de Nielsen, el nivel de confianza sobre los anuncios de televisión se eleva hasta 75%, lo cual es de gran interés tanto para empresas como para televisoras. A la fecha, 29.5 millones de hogares cuentan con televisión, lo que representa 95% del total en el país.
Los nuevos anunciantes no solo llegarán a personas con acceso a televisión abierta, pues con la puesta en marcha del must offer y must carry, las empresas de televisión de paga tienen la obligación de retransmitir los canales de televisión radiodifundida. Esto significa una nueva cadena de televisión accederá a una cobertura poblacional de 106 millones, más los 14.7 millones de clientes de la televisión abierta.
Reforma en telecomunicaciones: medidas a actores preponderanes
Regulación de tarifas para actores preponderantes
Con información de El Universal
El Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró como agentes económicos preponderantes en el sector de telecomunicaciones al grupo conformado por América Móvil, Telmex, Telcel, Inbursa y Carso, y en el sector de radiodifusión a Grupo Televisa con diversas afiliadas. En las mismas resoluciones, se impusieron diversas obligaciones específicas a estos agentes económicos preponderantes, con el fin de evitar que se afecte la competencia.
Una gran proporción de las medidas impuestas a los agentes económicos preponderantes está relacionada con la determinación de las tarifas a las cuales venden sus servicios, ya sea que se trate de la interconexión, el acceso a infraestructura pasiva, los enlaces dedicados, los servicios de usuario visitante, los servicios mayoristas para operadores móviles virtuales, el acceso a la última milla, los espacios publicitarios y los servicios al usuario final.
En cuanto a la publicidad contratada en televisión abierta, se han observado limitantes a la competencia en la forma de negativas de trato o discriminación entre los distintos demandantes. Por esto, el IFT prohibió directamente al agente económico preponderante del que forma parte Grupo Televisa, condicionar, negar o discriminar en la oferta de espacios publicitarios, así como hacer ventas atadas. También se obliga a que Grupo Televisa informe tanto al IFT como al público en general, sobre sus tarifas de referencia, los términos y condiciones de venta, planes de bonificaciones y descuentos.
En lo que concierne a la telefonía fija, se debe tener en cuenta que los precios que cobra Telmex están sujetos a un sistema particular de regulación definido en su título de concesión desde 1990, a través de una “canasta de servicios básicos” que incluye las tarifas del servicio local, el de larga distancia nacional e internacional, la renta mensual y el cargo por instalación. El título de concesión señala que se deberá fijar un precio tope para esta canasta de servicios básicos, incluyendo un ajuste por concepto de productividad. Desde 1990 esta canasta de servicios básicos no se ha modificado; la medida ha dejado de ser una regulación efectiva.
Por lo tanto, el IFT decidió definir una canasta de servicios que comprenda todos los que ofrece Telmex actualmente a sus usuarios. Esto permite imponer un tope tarifario específico a la tarifa fijo-a-móvil. Adicionalmente, la tarifa de interconexión que cobrará Telmex se determinará a partir de un modelo de costos incrementales promedio de largo plazo con base en su participación de mercado, lo que significa que dicha tarifa será necesariamente menor a la que ha prevalecido hasta ahora.
Las condiciones de competencia en los servicios móviles sufren el “efecto club” que lleva a los usuarios a preferir pertenecer a la red más grande, por las ventajas que les ofrece al poder llamar a un mayor número de usuarios dentro de la misma red, con tarifas preferentes.
También se observa la conducta conocida como “estrechamiento de márgenes”, consistente en la reducción o anulación del margen entre la tarifa de interconexión y la tarifa por llamadas on-net ofrecidas por Telcel a sus usuarios finales, de forma que los competidores se encuentran impedidos para igualar dichas tarifas sin incurrir en pérdidas.
Para contrarrestar esto, el IFT nombró las siguientes medidas: i) tarifas de interconexión asimétricas, donde la que cobre Telcel se determinará con base en un modelo de costos incrementales promedio de largo plazo que considere su participación de mercado, y ii) una prueba de replicabilidad para asegurar que las tarifas on-net de Telcel puedan ser igualadas por otros operadores fijos y móviles, de forma que no se coloque en una situación de desventaja a estos últimos.
Adicionalmente, se prohibió al agente económico preponderante aplicar tarifas por concepto de “usuario visitante”, “roaming” o cualquier otro equivalente cuando sus usuarios se encuentren fuera del área donde contrataron el servicio y efectúen llamadas que se originen y terminen dentro de la misma red. Se espera que los demás operadores también eliminen este concepto de cobro, para mantener una oferta competitiva frente a los consumidores, consolidando el beneficio que se pretende lograr para los usuarios finales.
Persisten los pagos de roaming
Con información de El Gratuito, El Universal y Sin Embargo.
El 71% de los 103.6 millones de usuarios de telefonía móvil en el país podrán beneficiarse con la eliminación en el cobro de roaming nacional de Telcel, obligación que le fue impuesta por el Instituto Federal Telecomunicaciones, al ser declarado agente económico preponderante, con lo que se favorecerá a usuarios de la empresa.
Esta medida elimina el pago de roaming en la red nacional de Telcel; sin embargo, 31.08 millones de líneas de telefonía móvil que sean suscriptores de Telefónica México, Iusacell y Nextel y reciban o hagan llamadas nacionales fuera de la red de Telcel tendrán que pagar por el servicio.
María Elena Estavillo, comisionada del IFETEL, explicó que al eliminarse roaming en Telcel, se verá reflejado en los precios que pagan los usuarios de dicha compañía. Esto impulsará que Telcel ofrezca mejores servicios, y aunque le dará ventaja, mejorará la competencia, pues las otras empresas se verán en la necesidad de brindar mejor calidad, dijo.
Agregó que uno de los beneficios que tendrán los usuarios será en la facturación, pues darán información a los consumidores para que puedan tomar mejores decisiones; otro beneficio es a través de las actividades que dan todas las facilidades para que los competidores adquieran los servicios intermedios que demandan al agente económico preponderante.
Alejandro Calvillo, presidente de El Poder del Consumidor, subrayó que se debió considerar el tema de las llamadas que hacen otras empresas a usuarios de Telcel, así como las llamadas que hacen clientes de la filial de América Móvil a otras compañías fuera de su área local. Además, dijo, más allá de este tipo de medidas es necesario beneficiar a los usuarios de prepago de Telcel, ya que es el servicio que adquieren las personas de escasos recursos.
En el marco de del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el 15 de marzo, 250 organizaciones civiles nacionales e internacionales exigieron a las compañías de telefonía móvil mejorar sus servicios por ser ineficientes, poco seguras y un engaño al consumidor.
Las organizaciones elaboraron la “Agenda del Consumidor para Servicios de Telefonía Móvil Justos”, con el fin de mejorar rubros específicos, que beneficiarán a los 7 mil millones de usuarios de celulares en todo el mundo. En México ya hay más de 100 millones de usuarios de teléfono celular.
Demandan que las compañías de telefonía celular:
- Proporcionen a los consumidores el acceso a un servicio asequible y fiable.
- Ofrezcan contratos justos a los usuarios explicados en lenguaje claro, completo y accesible.
- Elaboren facturas justas y transparentes a los consumidores.
- Aseguren a los consumidores el poder sobre su propia información.
- Escuchen y respondan a las quejas y reclamos de los consumidores.
Telecomunicaciones
El 58% de ingresos en el sector telecomunicaciones provienen de comunicación móvil
Con información de El Sol de México, El Occidental, La Crónica de Hoy Jalisco y Reforma.
La consultora especializada The Competitive Intelligence Unit (CIU) publicó que en el sector, las telecomunicaciones móviles es el segmento de mayor ponderación, con 58 por ciento de los ingresos totales (247 mil 951 millones de pesos) y un crecimiento anualizado de 3.2 por ciento en 2013.
Esto es el resultado de la profundización de servicios –que elevó la penetración móvil a 87.9 por ciento de la población-, el aumento del consumo de servicios móviles avanzados, en específico de la Banda Ancha Móvil, se corresponde a la creciente adopción de Smartphones y la propensión a estar conectado permanente por parte de los usuarios, aseguró CIU.
CUI reveló que, a diferencia del crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.1 por ciento, el sector de las telecomunicaciones creció a una tasa anual de 3.1 por ciento en 2013 con lo que triplicó el crecimiento de la economía. Así, el valor de lo generado por los segmentos fijo, móvil y de televisión restringida sumó 427 mil 645 millones de pesos en el año.
Otro segmento de la industria de las telecomunicaciones que logró un crecimiento destacado fue la televisión de paga que resultó en un crecimiento anual de sus ingresos de 10.6% (51 mil 337 millones de pesos). Su crecimiento ha sido impulsado por la creciente oferta de servicios convergentes.
En contraste, la consultora señaló que la telefonía fija pierde terreno: ha perdido peso en los ingresos totales, bajando a una participación de mercado de 30 por ciento, frente al 58 por ciento de las telecomunicaciones móviles. Sin embargo, registró una tasa positiva de 0.2 por ciento en 2013, por primera vez en casi cinco años.
Sin embargo, después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impusiera obligaciones específicas a Grupo Televisa, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, por considerarlos preponderantes, los efectos bursátiles se notaron también en otras empresas.
TV Azteca resultó la más afectada, incluso a pesar de que no recibió ninguna imposición por parte del regulador. Durante la semana del 7 al 14 de marzo, registró una caída acumulada de 10.75 por ciento, por un trimestre de bajas ventas, de acuerdo con analistas. Las empresas de televisión de paga Megacable y Axtel cayeron 5.24 por ciento y 6.36 por ciento, respectivamente.
Grupo Televisa registró una caída acumulada de 2.45 por ciento, y Maxcom retrocedió 0.65 por ciento. América Móvil es la única empresa que registró una semana positiva, con un alza acumulada de 2.98 por ciento. Al respecto, algunos analistas opinan que las medidas impuestas a América Móvil tardarán en generar efectos en la competencia del sector.
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