Libertad de expresión
-Censura
Acusan a Comisión de Seguridad y a Embajada de EU de censurar página web del 1DMx
Animal Político
Rafael Cabrera
4 de marzo de 2014
Organizaciones de derechos humanos y activistas acusaron hoy a la Comisión Nacional de Seguridad, que encabeza Manuel Mondragón y Kalb, y a la Embajada de Estados Unidos en México de censurar el sitio de internet 1dmx.org, el cual albergaba información, fotografías y videos sobre los abusos policiacos y detenciones arbitrarias registrados el 1 de diciembre de 2012, cuando el presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta.
En conferencia de prensa, Luis Fernando García (@tumbolian) -abogado del sitio web y activista- explicó que el portal fue cerrado el 2 de diciembre de 2013 por el proveedor de dominio estadounidense GoDaddy.com.
Al ponerse en contacto con el proveedor, el 3 de diciembre les fue informado que existe una investigación policiaca y que para mayores informes debían ponerse en contacto con un agente especial de Seguridad Nacional de la embajada estadounidense en México.
Tras establecer contacto con personal de la Embajada, éste rechazó entregar cualquier tipo de información. Los activistas presuponen que si la orden de censura provino de un gobierno extranjero, debió existir un organismo del Gobierno mexicano relacionado, por lo cual presentaron un juicio de amparo en contra de diez dependencias del Gobierno federal y del DF.
“El 24 de diciembre del 2013, interpusimos un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa. El juez ordena a las autoridades señaladas, entregar un informe justificado sobre su participación. A la fecha dos de estas autoridades (Secretaría de Gobernación y Comisión Nacional de Seguridad) no han entregado la información solicitada, incumpliendo el plazo señalado por el juez”, denunciaron.
“En días recientes, la empresa GoDaddy confirmó que la agencia mexicana que solicitó al gobierno estadounidense la censura de 1Dmx.org, fue el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT), una dependencia de la Policía Federal, que desde el 2013 depende de la Secretaría de Gobernación”.
Luis Fernando García explicó que el pasado 17 de febrero estaba programada la audiencia del juicio, pero ante la resistencia de Gobernación y la Comisión a entregar la información, fue aplazada al 5 de abril. En caso de mantener la negativa a dar los documentos solicitados, podrían incurrir en un delito.
“Hay un ánimo gubernamental de control y se sienten amenazados por las libertades de expresión y organización que internet supone. La censura en internet no es hipotética en México, es una realidad. Más que el juicio, exigimos una respuesta de por qué están censurando internet”, señaló el abogado.
García explicó que el sitio 1dmx.org se albergó en GoDaddy.com porque es el servicio más popular, aunque había conocimiento que ha tenido actos de censura previos y ha estado a favor de la iniciativa para regular internet conocida como SOPA. Sin embargo, dijo, esto no es justificación para que tiraran el sitio.
En la conferencia, realizada con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del DF, estuvieron presentes Carlos Ventura, del Centro Victoria de Derechos Humanos, y Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, entre otros representantes de organizaciones.
“La censura está siendo orquestada desde las instituciones. Están buscando tener una censura legal. El Gobierno está configurando un sistema legal para que sea más fácil la censura en internet”, señaló Ramírez.
Los activistas crearon un nuevo portal, alojado en otro servicio, en el cual se puede consultar la información original y la denuncia de censura: op1d.mx
Sin Embargo
Redacción/ Sin Embargo
4 de marzo de 2014
Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– Activistas que crearon la página 1DMX.org, donde solían denunciar los actos de represión por parte de las autoridades en distintivas protestas tras la toma de protesta del Presidente Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, acusaron al gobierno federal de censurar el sitio a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), explicaron que la página fue cancelada desde el 2 de diciembre del año pasado, y de acuerdo con la empresa estadounidense GoDaddy, que se dedica al registro de dominios y alojamiento de páginas web, se les informó que el sitio fue cerrado por violación a las políticas de servicio de la empresa.
Los administradores no se conformaron con dicha respuesta y solicitaron mayor información. GoDaddy explicó que la suspensión del portal se dio como parte de una investigación policial en curso, la cual fue notificada a través de un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, adscrito a la Embajada estadounidense en la Ciudad de México.
En días recientes, la empresa GoDaddy confirmó que la agencia mexicana que solicitó al gobierno estadounidense la censura de 1Dmx.org, fue el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT), una dependencia de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que desde el 2013 depende de la Secretaría de Gobernación.
Por ello se interpuso un amparo el 24 de diciembre ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal que fue admitido el 17 de enero.
El recurso legal ordenaba a 10 dependencias del Distrito Federal y del gobierno federal brindar un informe en que el que debían negar su participación en el hecho, o admitir y justifiquen la constitucionalidad del acto de censura.
La oficina del Jefe de Gobierno, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Pública, y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal(PGJDF), así como la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negaron su intervención, sin embargo, ni la Secretaría de Gobernación (Segob) ni la CNS dieron su versión.
“Nos parece lamentable que la colaboración del gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano comprometa la libertad de expresión en México”, expresaron en un comunicado.
En la conferencia de prensa participaron Darío Ramírez, director de la ONG Artículo 19 para México y Centroamérica, así como Carlos Ventura, coordinador de Educación y Promoción del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Luis Fernando García, abogado.
“La censura es una grave violación a derechos humanos, es importante defender libertad de expresión” dijo Carlos Ventura.
“Publiqué en 1dmx.org sobe los violentos hechos del 1dmx, escribimos pensando que era un espacio de libertad. Es una gravedad extrema que se censure internet, es un espacio clave para libertad de expresión y hoy está en riesgo”, dijo Guiomar Rovira, quien también preguntó “¿Cuál es la injerencia del gobierno de Estados Unidos en México? Las autoridades nos deben una explicación”.
En su participación, Darío Ramírez dijo que ”preocupa que el CERT tenga las facilidades y comunicación para censurar páginas en internet y preocupa que el contenido censurado en 1dmx.org sea un ejercicio de documentación de violaciones y de critica”.
También dijo que la exigencia va dirigida hacia el Estado Mexicano, pues “deben responder sobre la censura a 1dmx.org y cualquier sitio”.
Los activistas señalan como responsable de la censura a la página 1Dmx.org a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad y al Comisionado Manuel Mondragón, a quien acusan como responsable del operativo del 1º de diciembre del 2012.
En la página se encontraba documentación que demuestra que la Policía Federal utilizó balas de goma y que el proyectil que asesinó al director teatral y activista Juan Francisco Kuykendall Leal, provino de los cuerpos policiacos y no de los manifestantes.
Denuncia censura el sitio de internet 1dmx.org; crean @censuramx
Homo Zapping
El Zappo
5 de marzo del 2014
Nacido para documentar los abusos policiacos y violaciones a los derechos humanos que se dieron durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto el pasado 1 de diciembre de 2012, el sitio 1Dmx.org denunció el día de hoy censura de parte de las autoridades.
A través de un comunicado de prensa difundido el 4 de marzo de 2014, el sitio denunció que poco antes del primer aniversario de Peña Nieto en el gobierno, la embajada de Estados Unidos en México ordenó la baja de la página 1Dmx.org, que se dio el 2 de diciembre de 2013.
En un correo electrónico, GoDaddy.com, empresa proveedora de dominios en Internet y radicada en Estados Unidos, informó que, supuestamente, el sitio en el que se reunían pruebas sobre los abusos cometidos el 1 de diciembre de 2012 violaba sus términos de servicio. Posteriormente, la misma empresa aclararía que el verdadero motivo era que 1DMx era sujeto de una investigación policiaca y que, en orden de obtener más información, debían contactar a un Agente Especial de Seguridad Nacional de la embajada estadounidense en México.
Ante la opacidad mostrada por el Agente y sin tener claro el motivo de su censura, los integrantes de 1DMx decidieron interponer un amparo con el que se le solicitaba a las autoridades involucradas entregar un informe de lo ocurrido Hasta días recientes, sólo una autoridad había respondido y la organización se pudo enterar de los motivos de su censura a través de la empresa GoDaddy, que confirmó que el organismo mexicano involucrado había sido el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT), dependencia de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad, que desde 2013 responde a la Secretaría de Gobernación, justo los organismos que, denuncia la organización, no han entregado el informe justificado.
“Nos parece lamentable que la colaboración del gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano comprometa la libertad de expresión en México”, declara 1DMx a través de su comunicado, y agregan: “Más allá de la restitución del dominio 1dmx.org, advertimos que nuestra lucha es por la libertad de expresión. Subiremos a la red, todas las veces que sea necesario, el contenido censurado”.
El contenido al que la organización hace referencia son videos y fotografías de los disturbios del 1 de diciembre de 2012; estos contenidos han sido capturados y recopilados por ciudadanos y muestran “que el gobierno había fabricado testimonios y pruebas falsas contra los detenidos”. 1DMx aseguran que esta información comprueba que “la Policía Federal utilizó balas de goma y que el proyectil que asesinó al director teatral y activista Juan Francisco Kuykendall Leal, provino de los cuerpos policiacos y no de los manifestantes”, así como que los grupos de choque actuaron en coordinación con la policía.
El colectivo señala como responsable de la censura al comisionado Manuel Mondragón, a quien nombran también responsable del operativo del 1 de diciembre de 2012 y del que exigen un pronunciamiento sobre la censura.
Señalamos como responsable de la censura de 1Dmx.org -que fue ejecutada por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad-, al comisionado Manuel Mondragón. Quien además es responsable del operativo del 1º de diciembre del 2012.
Al final del comunicado, el colectivo cuestiona qué otros sitios habrá tirado el gobierno mexicano y se pregunta el por qué se involucra el gobierno de Estados Unidos. Recuerdan también que los disturbios del 1 de diciembre de 2012 dejaron “99 detenciones arbitrarias, 6 casos de tortura documentados y una persona asesinada por las fuerzas del orden”.
Hasta que el dominio original sea restituido, 1DMx ha creado el sitio op1d.mx en el que puede consultarse toda la información original.
Campaña en redes sociales
De manera adicional, se abrió en Twitter la cuenta @CensuraMx, a través de la cual se busca documentar todo lo relacionado a este caso y se invita a los usuarios a apoyar al colectivo.
Reforma
Diana Baptista
4 de marzo de 2014
La página web de la agrupación 1DMX.org fue clausurada y sus integrantes recurrieron a los tribunales para acusar un posible acto de censura.
Activistas denunciaron que el Gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, suspendió el portal a través del cual difundía la represión de la protesta social en México.
Luis Fernando García, abogado y miembro del colectivo, manifestó que se les notificó la cancelación del dominio el pasado 2 de diciembre, un día después de que se cumplió el año de las protestas del 1 de diciembre de 2012, día de toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
En 1DMX.org, el colectivo de jóvenes subía imágenes y videos de actos de represión sufridos por activistas y periodistas durante protestas; por ejemplo, mostraban el video en que Francisco Kuykendall, fallecido recientemente, fue herido con un proyectil lanzado por la Policía Federal.
García señaló a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) como las dependencias responsables de un presunto acto de censura.
Expuso que la empresa estadounidense GoDaddy, una de las más populares a nivel mundial para el registro de dominios y alojamiento de páginas web, informó a los administradores que el acceso a la página fue cerrado por violación a las políticas de servicio de la empresa.
Al solicitar mayor información sobre el tema, GoDaddy explicó que la suspensión del portal se dio como parte de una investigación policial en curso, la cual fue notificada a través de un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, adscrito a la Embajada estadounidense en la Ciudad de México.
“Una persona dentro de GoDaddy nos reveló la identidad de la agencia mexicana que hizo la solicitud, y nos comentó que fue una agencia que se llama CERT: Centro Especializado en Respuesta Tecnológica, parte de la CNS”, añadió García.
El colectivo interpuso una demanda de amparo el 24 de diciembre, ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.
El amparo, admitido el 17 de enero, ordenó a 10 dependencias del DF y del Gobierno federal brindar un informe en que nieguen su participación en el hecho, o admitan y justifiquen la constitucionalidad del acto de censura.
La oficina del Jefe de Gobierno, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Pública, y la Procuraduría General de Justicia del DF, así como la PGR, el CISEN y la Secretaría de Relaciones Exteriores negaron su intervención.
Sin embargo, ni la Secretaría de Gobernación ni la Comisión Nacional de Seguridad brindaron el informe en el plazo que vencía el 14 de febrero.
El hecho refleja, para el colectivo, la intención gubernamental de controlar la libertad de expresión en internet.
“Creemos que es un muy mal precedente, sobre todo a la luz de las reformas que vienen, de las reformas en materia de telecomunicaciones, de otras iniciativas de ley que tienen este ánimo de seguir controlando los espacios de expresión, tanto en las calles como en internet”, dijo el abogado.
Sin Embargo
Redacción/ Sin Embargo
5 de marzo de 2014
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– El 1 de diciembre de 2012, mientras Enrique Peña Nieto tomaba protesta como Presidente de la República en el Congreso de la Unión, en las calles de la Ciudad de México se registraba una de las protestas más recordadas en la memoria social y que, luego, se convirtió en el movimiento 1DMX.
El saldo de ese día fue de 99 detenciones arbitrarias, seis casos de tortura documentados y una persona asesinada –Juan Francisco Kuykendall– por las fuerzas del orden; Kuykendall fue herido por una bala de goma, sin embargo el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y las corporaciones federales que participaron en ese operativo negaron que esas balas se hubieran utilizado.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) responsabilizó a las autoridades capitalinas de violar derechos humanos, de seguridad, de libertad e integridad de los manifestantes. Lo mismo sucedió con el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se extendió a recomendaciones a la Policía Federal y al cuerpo de Granaderos.
Ayer, más de un año después de esa protesta, una nueva forma de apagar las voces de quienes difieren con el actual gobierno del priista Enrique Peña Nieto fue denunciada por activistas.
De acuerdo con los creadores de la página 1DMX.org, el gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cerró desde el 2 de diciembre pasado la plataforma en la que se denunciaban actos de represión por parte de las autoridades durante las protestas.
“Me parece lamentable que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, junto con las del gobierno federal, en coordinación con las de Estados Unidos, limiten el derecho de documentar y comunicar de las personas, y también de criticar a los gobernantes. Me parece un ejemplo de las más férreas dictaduras de cualquier país del mundo”, expuso el activista Jesús Robles Maloof.
El sitio puso a disposición de la ciudadanía –desde las protestas del 1D– recursos tecnológicos que permitieron organizar y concentrar las pruebas que circularon en la Internet, especialmente en 2013, el año de las protestas en México. Esa información permitió desmentir, en no pocas ocasiones, las versiones oficiales y demostró también que el gobierno del DF había fabricado testimonios y pruebas falsas contra los detenidos.
Robles Maloof destacó la importancia del portal pues, dijo, éste reflejó la madurez del movimiento #YoSoy132 desde diciembre de 2012, pues en el sitio no sólo difundían información “también construyeron una plataforma colaborativa de evidencia con el objeto de usarla legalmente”.
Como litigante de la Liga de Abogados del 1 de Diciembre aceptó haberse apoyado en los videos que la gente aportó voluntariamente, para así liberar a personas que fueron injustamente detenidas. Además, expuso, el registro fue aportación para foros internacionales como una muestra de colaboración ciudadana para defender los derechos humanos.
Sin embargo, para el director en México de la organización internacional Artículo 19, Darío Ramírez, más que fincar responsabilidades es necesario indagar en lo que está detrás de este tipo de censura, pues es un tema que refleja el interés del gobierno federal para regular el contenido que existe en Internet, en un contexto previo a la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma de Telecomunicaciones.
“Hay todo un entramado desde el punto legislativo para debilitar diversos mecanismos que están apuntando hacia la regulación del contenido en línea”, expuso.
La preocupación, dice Ramírez, se basa en el interés del Estado para poner mecanismos de censura, pero que también sea para obtener información. Es importante porque estarían dando mayores facultades, facultades ‘meta legales’ para regular el contenido de Internet”, explicó.
LA CENSURA DEL SITIO
En conferencia de prensa, Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica; Carlos Ventura, coordinador de Educación y Promoción del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y Luis Fernando García, abogado del colectivo 1DMX, expresaron su disgusto por esta forma de represión.
“La censura es una grave violación a derechos humanos y es importante defender libertad de expresión” dijo Carlos Ventura.
El colectivo explicó que en días recientes, la empresa GoDaddy informó que la agencia mexicana que solicitó al gobierno estadounidense la censura de 1DMX.org fue el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT), una dependencia de la Policía Federal, que es parte de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y que desde el 2013 depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Por ello, el 24 de diciembre pasado se interpuso un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, que fue admitido el 17 de enero de este año.
El recurso legal ordenaba a 10 dependencias del Distrito Federal y del gobierno federal brindar un informe en que el que debían negar su participación en el hecho, o admitir y justificar la constitucionalidad del acto de censura.
La oficina del Jefe de Gobierno del DF, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal(PGJDF), así como la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negaron su intervención. Sin embargo, ni la Secretaría de Gobernación ni la CNS plantearon una versión oficial sobre el tema.
CONDENAN REPRESIÓN
Horas después de la denuncia, diversos organismos se unieron al rechazo y condenaron el “evidente atentado a libertad de expresión en Internet”. Además, el ContingenteMX –organización que encabeza Robles Maloof– demandó al Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una explicación puntual de la solicitud hecha por la Embajada de Estados Unidos en México para la cancelación de la página y una investigación de las responsabilidades de los funcionarios públicos que participaron en la decisión.
Robles Maloof indicó que “detrás de todo esto está Manuel Mondragón, quien por cieerto no ha respondido por la vida que se perdió ese día y él tiene que dar una explicación. Nosotros responsabilizamos a Mondragón, pero también exigimos que el Secretario de Gobernación de cuenta de lo que sucedió” .
“Queremos concluir el juicio de amparo, todavía hay muchos caminos internos y posteriormente avanzar hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), será una batalla larga pero se está a tiempo de evitarla”, agregó.
Asimismo, el colectivo 1DMX puso a disposición de la ciudadanía otra página: op1d.mx, con el objetivo seguir denunciando casos de arbitrariedad y represión durante las protestas. “Pueden bajar un sitio pero no pueden callar su voz. La censura es una violación a la libertad de expresión inadmisible que debe ser investigada y sancionada. Pero la censura también muestra el poder que tenemos como ciudadanos”, dice en el portal.
Además convocaron a otros colectivos, organizaciones sociales y a todas las personas usuarias de Internet para apoyar la campaña #CensuraMexTa.
DERECHOS HUMANOS Y EPN
Desde del 1D hubo una constante en las protestas sociales: la falta de estrategia por parte de elementos de seguridad durante las manifestaciones. El 2013 fue un año particularmente difícil en este ámbito. Los enfrentamientos de la sociedad civil con la policía han generado decenas de heridos y centenares de arrestos, por lo que el GDF ha sido fuertemente criticado.
El activista Jesús Robles Maloof, incluso, la calificó como una “época negra para los derechos humanos” porque desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 2 de octubre del año pasado, 300 personas han sido detenidas y más de mil 200 encapsuladas bajo la advertencia del macanazo en decenas de manifestaciones sociales.
Robles Maloof consideró que al régimen no le preocupa que las personas se manifiesten, sino su capacidad de articulación. “A las autoridades les interesa antes que nada, bloquear la protesta, a través de la provocación de la violencia y una política represiva”, afirmó.
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