Periodistas
-Reconocimientos
John Stanmeyer, primer premio del World Press Photo
Homo Zapping
Meli Vera
17 de febrero del 2014
El fotógrafo estadounidense John Stanmeyer obtuvo la semana pasada el primer premio de la edición 2013 del certamen de fotoperiodismo World Press Photo, con la imagen “Señal”: Fotografía iluminada por la luz de la luna, de inmigrantes africanos en Djibouti alzando su teléfono para tratar de tener una mejor conexión.
World Press Photo nació en 1955 en Ámsterdam, como una organización independiente para promover los altos estándares del fotoperiodismo y fotografía documental del mundo. World Press Photo que busca generar un interés público y una apreciación por el trabajo de los fotógrafos y por el libre intercambio de información, reconoce en esta edición a John Stanmeyer por su fotografía tal polifacética.
El jurado de 19 personas eligió a los 53 fotógrafos ganadores en 18 categorías de entre unas 100 mil propuestas, de 25 países como Argentina, El Salvador, España, México, Bangladesh, Finlandia, Francia, Alemania, Irán, Italia, Jordania, entre otros, para participar en uno de los premios de fotoperiodismo más prestigiosos.
La imagen ganadora tiene una misteriosa e inquietante calidad porque los teléfonos que tienen los hombres en la mano tienen el mismo resplandor que la luna y por otro lado se encuentran en la búsqueda por capturar una red telefónica de bajo coste de la vecina Somalia, esperando enviar y recibir mensajes de sus familiares que están en el extranjero.
“Yibuti es un punto de parada común para los migrantes en tránsito procedentes de países como Somalia, Etiopía y Eritrea, que van en busca de una vida mejor en Europa y el Medio Oriente”, señaló la organización al valorar el trabajo del galardonado.
Jillian Edelstein, una de los integrantes del jurado, dijo que la foto trae a la mente temas de “tecnología, globalización, migración, desesperación, alienación y humanidad… en la que también hay sutilidad, un trabajo poético, en el que se mezcla la expresión de hechos graves y preocupantes con el mundo actual.”
La organización ha premiado también los trabajos de los fotoperiodistas españoles Moisés Saman con el segundo premio en la categoría Noticias, y Pau Barrena con el tercer puesto de la sección Retratos.
Por su parte, el argentino Emiliano Lasalvia obtuvo la máxima distinción en el ámbito de la fotografía deportiva con una obra en la que retrata al jugador de polo Pablo Mac Donoug cayendo de su caballo.
El jurado valoró también el trabajo del fotoperiodista salvadoreño Fred Ramos, galardonado con el primer premio de la sección Vida Cotidiana por una instantánea en la que se muestra la ropa de una joven desaparecida.
El reportero mexicano Christopher Vanegas recibió el tercer premio de la categoría Temas Contemporáneos gracias a una fotografía que muestra la escena de un crimen en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Las fotografías premiadas se exhibirán en una exposición en Ámsterdam el 18 de abril antes de iniciar una gira por un centenar de ciudades durante 2014.
El galardón para Stanmeyer será entregado los próximos 24 y 25 de abril, en Ámsterdam, recibirá 10.000 euros en efectivo, una cámara Canon profesional y un juego de lentes.
-Agresiones
Panistas agreden a reporteros en Reynosa
El Universal
Julio Loya
17 de febrero de 2014
REYNOSA. Simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) protagonizaron una riña a golpes tras concluir la elección interna por la dirigencia municipal de ese instituto político.
Los hechos se registraron a las afueras del Gimnasio Multidisciplinario de la Univesrsidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), sede designada para la elección interna del PAN, donde varios panistas estaban molestos por la derrota del regidor Alberto Salinas, quien contendía para la dirigencia municipal. La discusión se salió de control y se enfrentaron a golpes.
Cuando los medios de comunicación empezaron a registrar el pleito, los panistas se enfurecieron y trataron de evitar que se tomaran fotografías, por lo que arremetieron a golpes contra el corresponsal de EL UNIVERSAL, Julio Manuel Loya Guzmán, y el director de noticias del canal de televisión RCG, Julio Vargas Hernández.
Ambos periodistas también fueron amenazados de muerte por los militantes del PAN, quienes además se decían integrantes del cártel del Golfo.
“Grábate mi cara porque la tuya ya la tengo registrada y te voy a matar, no sabes con quién te metiste, soy del cártel del Golfo”, amenazó un panista vestido con camisa tipo polo naranja, pantalón de mezclilla y gorra naranja al corresponsal de EL UNIVERSAL.
Los dos periodistas terminaron con golpes en diversas partes del cuerpo, las cuales fueron informados al delegado para la elección interna del PAN, Eduardo Gómez Luna. El incidente será denunciado penalmente este lunes ante el Ministerio Público en turno.
-Condiciones laborales
“¡Prensa, no disparen!”: Llaman a protesta nacional por la violencia contra periodistas
Animal Político
Redacción
17 de febrero de 2014
Periodistas del Distrito Federal y Veracruz, congregados este domingo en la ciudad de Coatzacoalcos para protestar por el asesinato de diez reporteros y fotorreporteros en lo que va del gobierno de Javier Duarte (es decir, de 2010 a la fecha), convocaron a la ciudadanía de todo el país a manifestarse el próximo domingo, 23 de febrero, para denunciar el ambiente de acoso y violencia que se cierne, en toda la república, en contra de los trabajadores y trabajadoras de la prensa.
“Los reporteros y reporteras somos los ojos, los oídos y la boca de la sociedad. Desafortunadamente, nuestro trabajo se ha convertido en un problema para la narrativa oficial. Nuestras vidas están en riesgo. La sociedad es nuestra patria y nuestra mejor aliada, a ella es a la que convocamos para que se sume a la concentración del próximo domingo, 23 de febrero, a las 12:00 horas”, y que se realizará en el Ángel de la Independencia, en el Distrito Federal, así como en plazas de otras entidades, tal como señala la invitación a la protesta, convocada bajo el lema “Prensa, no disparen”.
La manifestación, además, tendrá como bandera el reclamo de justicia para Gregorio Jiménez de la Cruz, el reportero secuestrado y asesinado entre finales de enero y principios de febrero, en Coatzacoalcos, que implica no sólo el esclarecimiento de los hechos y el sometimiento penal de los responsables, sino también el reconocimiento oficial de que el crimen cometido en su contra no se debió a una “venganza” personal, como difundió el gobierno de Veracruz.
Sin embargo, destacó el colectivo de reporteros presente en Coatzacoalcos (integrado por periodistas de distintos medios de comunicación, nacionales y estatales, además de miembros de agrupaciones defensoras de la libertad de expresión), la versión oficial “es mentira. A Goyo lo mataron porque era reportero. Lo mataron porque publicaba notas sobre asesinatos, sobre secuestros, sobre trata de personas y todos esos temas que incomodan a ciertos intereses. Lo mataron, también, porque en Veracruz se puede matar a cualquiera y no pasa nada. Por eso no le creemos al gobierno de Javier Duarte. El móvil de la muerte de Goyo es el ejercicio periodístico”.
El grupo de reporteros –quienes un día antes desmintieron las versiones difundidas por un diario de la Ciudad de México, acerca de que su presencia en Veracruz se debía a una invitación del gobierno estatal–, reiteró que acudieron a esta entidad por cuenta propia y en solidaridad con los trabajadores locales de los medios y con la familia de Gregorio Jiménez, y nunca por auspicios de la administración de Javier Duarte.
La comisión de observación de reporteros, además, acudió al estado con la intención de tomar nota acerca de los avances en la investigación sobre el secuestro y homicidio de Gregorio Jiménez, esto, a raíz de que el mismo gobierno de Veracruz ofreció públicamente que permitiría este ejercicio de transparencia, sin embargo, se denunció, hasta el día de ayer, las autoridades locales no habían permitido que dicha revisión se concretara.
Asimismo, se anunció que el próximo 5 de marzo (al cumplirse un mes del asesinato de Gregorio Jiménez), el grupo de reporteros y organizaciones de derechos humanos que impulsa la campaña “Prensa, no disparen”, presentará un informe sobre el ambiente de violencia contra periodistas en el estado de Veracruz, elaborado a partir de las consultas realizadas entre trabajadores de los medios en dicha entidad.
A continuación, te presentamos el comunicado íntegro de la misión de observación, emitido durante la noche de ayer:
Comunicado
Al concluir su Misión de Observación en Coatzacoalcos, Veracruz, periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión informaron que presentarán el informe correspondiente el próximo 5 de marzo, al cumplirse un mes del secuestro y asesinato del Fotoperiodista Gregorio Jiménez.
En conferencia de prensa que ofrecieron en la ciudad de Xalapa, representantes de esta Misión expresaron su preocupación por las amenazas a la seguridad personal que enfrentan periodistas de Coatzacoalcos, como consecuencia del clima de inseguridad e impunidad que prevalece en esa región del sur de Veracruz.
También explicaron que las adversas condiciones laborales de los periodistas, sobre todo de quienes están asignados a la fuente policiaca, los colocan en una situación vulnerable y elevan su riesgo en la cobertura de temas relacionados con el crimen.
Bajos salarios, falta de seguridad social y capacitación, presiones por los intereses políticos y económicos que dominan la relación entre medios y el gobierno, así como amenazas del crimen provocan un clima de riesgo para los periodistas de la región.
Estos factores sin duda elevaron el riesgo del fotoperiodista Gregorio Jiménez, quien cubría como periodista independiente la fuente policiaca para los periódicos Notisur y El Liberal, y en distintas ocasiones reportó el incremento de los secuestros y la inseguridad en Villa de Allende, donde él vivía.
Por la información y los testimonios recabados por esta Misión, insistimos en que las autoridades no deben descartar la labor periodística de Gregorio Jiménez como móvil de su asesinato.
Por ello exigimos que la PGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, atraiga el caso como dictan sus facultades, y vaya más allá de la única línea de investigación que hasta ahora han seguido las autoridades de Veracruz, que atribuyen la venganza personal como móvil de su asesinato.
Aclaramos que ninguna de las organizaciones ni periodistas que conformamos la misión recibió una invitación para acudir a Veracruz por parte del gobierno del estado, ni hemos tenido acceso al expediente judicial del crimen. Existe una cita pactada en Xalapa para mañana lunes a las 10 de la mañana con autoridades del estado, por lo que continuamos a la expectativa de que se lleve a cabo y satisfaga nuestro interés de información.
Los integrantes de la Misión de Observación elaboraremos un informe sobre el caso de la desaparición forzada de Gregorio Jiménez de la Cruz y las condiciones generales de inseguridad para el ejercicio del periodismo en el estado el próximo 5 de marzo.
Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Gregorio Jiménez, y demandamos que su familia no quede en la desprotección económica tras la pérdida de su principal proveedor.
Las acciones de esta misión continúan el domingo 23 de febrero con una protesta en el Distrito Federal y otras ciudades bajo la campaña ¡Prensa, no disparen!
Periodistas independientes
Red de Periodistas de a pie
Sociedad Interamericana de Prensa
Reporteros Sin Fronteras
Casa de los Derechos de Periodistas.
Brasil tuvo más periodistas asesinados que México en el 2013, destaca reporte anual de RSF
Homo Zapping
17 de febrero del 2014
Monitoreo Informativo
A más de veinte años de la caída de las dictaduras militares y guerras civiles que dominaron Latinoamérica, la región continúa siendo marcada por una fuerte retaliación en contra de la prensa, según el más reciente índice anual del estado de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, el cual fue publicado el 12 de febrero.
El índice es un reporte anual que RSF ha publicado desde 2002 que refleja el grado de libertad que los periodistas y organizaciones de noticias tienen en cada país, y lo que las autoridades hacen para garantizar el respeto a esa libertad.
Varios periodistas y defensores de derechos humanos se enfrentan con una situación de violencia por parte del crimen organizado, paramilitares e incluso de su propio gobierno, dice el reporte.
Uno de los casos más alarmantes es Brasil, el cual le arrebató a México el puesto de país con más muertes de periodistas, con cinco periodistas asesinados en 2013. Además, el “colonialismo brasileño” convierte el periodismo en un arma de los barones locales, a la merced de los ajustes de cuentas políticos.
En Honduras, número 129 en la lista, se han registrado 30 asesinatos de periodistas en la última década; 27 víctimas durante el golpe de estado del 28 de junio de 2009, que derrocó al presidente electo Manuel Zelaya. Se comprobó en nueve de los casos que la muerte de los periodistas estuvo relacionada con su profesión.
“En este Estado fallido, la impunidad casi absoluta constituye la regla. Los atentados, las amenazas, las agresiones y hasta las “canonizaciones” de ciertos medios de comunicación, son obra tanto de las milicias privadas a sueldo de los terratenientes, del ejército y la policía (de estatus militar), como de los cárteles, muy presentes en la región”, dice el informe de RSF.
Lo mismo sucede en Perú y Colombia, donde cubrir el narcotráfico, corrupción, conflictos territoriales o mineros aumenta el riesgo a los periodistas. Aunque el gobierno de Bogotá y FARC consigan llegar a un acuerdo, no se borrarán las organizaciones “narco-paramilitares”, heredadas de años de guerra, quienes posan un riesgo mayor para los periodistas en el área.
Una situación similar ocurre en México, donde carteles como los Zetas, y otras organizaciones criminales, actúan con la complicidad de autoridades locales — y a veces federales — corruptas. Con 88 periodistas asesinados y 18 desaparecidos en los últimos 13 años, la “ofensiva federal contra el narcotráfico” que emprendió el ex presidente Felipe Calderón agravó la situación, además de dejar más de 60 mil muertos.
Al mismo tiempo, el periodismo se convierte en un arma política en países donde hay un fuerte enfrentamiento entre el sector privado y el público (el Estado). Venezuela, Ecuador, Bolivia, y hasta cierto punto, Argentina ilustran esto con distintas formas de leyes de comunicación.
“Por desgracia, el fin de la censura sistemática no acabó con la excesiva concentración de los medios, que aún obstaculiza un verdadero pluralismo… Más grave aún, las relaciones incestuosas entre los medios de comunicación dominantes y los centros de poder todavía dictan la agenda política en algunos países. Estos mismos medios de comunicación dominantes jugaron un rol clave en el golpe de Estado de Honduras, en 2009, y el golpe parlamentario de Paraguay, en 2012”, dijo RSF, aunque agregó que no está claro si se trata de regular el espacio de difusión de los medios, o si simplemente se trata de regular a los medios.
También en el reporte, RSF puso que las dos potencias americanas, Brasil y Estados Unidos, “deberían poner en lo más alto la libertad de información… por desgracia la realidad está muy lejos de ser así”, marcando el caso de WikiLeaks, y su fundador Julian Assange, y Edward Snowden, quien dio a conocer los masivos programas de vigilancia desarrollados por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).
Ningún país latinoamericano figura entre los primeros 20 puestos de la lista, aunque Costa Rica y Uruguay si quedaron 21 y 26, respectivamente.
El Universal
José Vales
17 de febrero de 2014
Las protestas no ceden y el gobierno habla de complots
En Venezuela, “sorpresa” y “esperanza” parecen ser dos términos abolidos del vocabulario cotidiano por mandato revolucionario. Nadie en el país se da el lujo ya de sorprenderse de que la situación general pueda ser peor cada día. Tampoco nadie espera que todo se resuelva en el corto plazo.
Las últimas manifestaciones estudiantiles, que terminaron con 3 muertos, 68 heridos y medio millar de jóvenes detenidos en todo el país, la fractura evidente de la oposición y los manotazos de ahogado que da un gobierno carente de recursos y sumido en la desorganización, agravan el grado de descomposición que desde hace décadas vive el país, hasta dejarlo en un aparente callejón sin salida.
Desde hace más de una semana, miles de venezolanos han protestado en las calles. La inseguridad, que no deja de crecer, la carencia de insumos básicos —ya sea en el rubro alimenticio o farmacéutico—, la crisis de la petrolera Estatal PDVSA —donde la producción cayó en 2013 cerca de 4%—, los medios de comunicación censurados a la hora de mostrar la peor cara de la crisis, que es la de la muerte, los periódicos sin papel, los periodistas sin libertad para ejercer y la inflación —que actúa como un verdadero “pacman” sobre los ingresos de la población—, fueron algunas de las razones para que la del miércoles pasado fuera una manifestación multitudinaria.
Una protesta que en el inconsciente colectivo de los venezolanos ha recordado el frustrado golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Lo que parecía concluir como una marcha pacífica terminó con muertos y el gobierno salió de inmediato a denunciar, por enésima vez en la última década, el intento de un golpe de Estado y un frustrado magnicidio, escogiendo a los posibles “culpables” de una galería de enemigos que van desde un poeta y dirigente de derechos humanos residente en México hasta el ex presidente colombiano Álvaro Uribe.
“No podría ser peor”
“La situación no podría ser peor. Al descalabro económico se suma el descalabro político en donde todos, gobierno y oposición, colaboran de la misma manera”, asegura la socióloga Vianis Segura, de la Universidad Central de Venezuela.
Y es que el gobierno viene haciendo gala de una desesperación espantosa. No atina con la soluciones y cuando las intenta aplicar estas llegan tarde, como el plan de pacificación que el presidente Maduro presentó el viernes. La oposición se dividió entre los que buscan la acción directa contra Maduro, como Leopoldo López y los que pretenden aguardar los plazos legales para pedir un revocatorio constitucional en el 2015, tal la postura que esgrime un cada vez más aislado Henrique Capriles, gobernador de Miranda y ex candidato a la presidencia.
El movimiento estudiantil, que en 2007 había logrado propinarle al chavismo, con Hugo Chávez en vida, su única derrota electoral, se quedó con López y se organizó para volver a salir a la calle. Ese movimiento mostró nuevamente que tiene más músculo que la estructuras políticas tradicionales, y ahora con las víctimas sobre la mesa, el gobierno vuelve a intentar lo que más y mejor hizo en los últimos tres lustros: demonizar la protesta y aferrarse a su aparato militar y de inteligencia, al ordenar la captura de los López como una forma de restringir un poco más la normalidad en un país donde hace rato que nada es muy normal.
La denuncia del ministro del Interior, Miguel Rodríguez, de que lo del miércoles se había comenzando a gestar en México en 2010, de la mano de Gustavo Tovar Arroyo en una reunión con los principales líderes juveniles, pasa por allí. “En este terrible zaperoco lo que mejor le funciona al gobierno son las fuerzas Armadas, atomizadas como están, y su estructura de inteligencia cuya influencia radica en Cuba”, opina Segura.
Maduro utilizó el jueves más de dos horas del tiempo de los venezolanos para insistir con la tesis del golpe de Estado y denunciar que se venía fraguando desde hacía tres años. Llamó a una gran marcha para el sábado y en ella encontró a otro viejo conocido: Uribe, como blanco de sus acusaciones que, hasta aquí, son la única respuesta oficial a la grave crisis que vive el país.
En tanto las protestas no cesaron. Se mantuvieron en la Plaza Altamira y en las autopistas que circundan Caracas, pero también en Táchira y en otras regiones del país, donde abundaron las detenciones de estudiantes, según denuncian los dirigentes estudiantiles.
Ni vencedores ni vencidos
En semejante estado de descomposición económica y social, ya nadie habla de “empate trágico”, entre el chavismo y la oposición, como se hacía hasta hace algunos años.
“En todo caso aquí no habrá ni vencedores ni vencidos, porque el país está entrando en una etapa que necesita urgente, soluciones de fondo que nadie parece tener a la mano”, opina el politólogo Argenis Sandoval.
Tanto Sandoval como millones de venezolanos tienen una sóla certeza. Que la esperanza es un lujo que hoy el país entero está imposibilitado de darse y que ya nada, ni siquiera un escenario peor al actual, puede llegar a sorprenderlos.
Libertad de expresión
Libertad de expresión, una víctima más
El Occidental
Jesús Rodríguez Gurrola / Columna
16 de febrero de 2014
El reciente asesinato del periodista veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz, ha abierto de nuevo las heridas del sistema jurídico en nuestro país, desde su secuestro, hoy llamado “levantón” y después la confirmación de su muerte, sus familiares y la sociedad exigen que las autoridades respectivas ofrezcan más que declaraciones y “conmovedores” minutos de silencio y se haga justicia.
Tal parece que los dueños del poder y del dinero en México, aun los enanos, adquieren una férula de impunidad que los protege y les permite violentar todo derecho, violar toda norma, humillar, escarnecer, sin que la mano de ninguna ley pueda alcanzarlos; basta con tener una taquería, una cantina, un prostíbulo, o ser ayudante de un legislador, de un alcalde, ser legislador, o amo de una empresa, para que los entramados de la ley ante cualquier tipo de delito, les permitan la inmediata libertad, o lo que es más, se les brinde protección para que ni siquiera pisen los estrados de los tribunales, mucho menos las cárceles.
Generación tras generación, sexenio tras sexenio, hemos visto suceder y conocemos de estos hechos con tanta reiteración y publicidad que ya nos parecen actos cotidianos y que por lo mismo damos por entendido que el final en cada caso será el mismo, el ruido de los rumores y las voces de las quejas se irán apagando, se irán borrando, hasta perderse definitivamente en el olvido.
Lamentablemente la muerte de los periodistas en la actualidad, sólo son el último eslabón de una terrible concatenación de crímenes, que comenzaron cuando el hombre quiso hacer uso de la palabra para expresar su pensamiento, para disentir de los agobios de la mentira con la que el poder se imponía sobre el resto de sus gobernados.
Protágoras, es el testimonio más lejano, por lo menos el que se conoce en el mundo occidental, de un hecho en que el hombre es víctima de represión y violencia por manifestar sus ideas respecto a las verdades establecidas. En el Areópago, la colina donde los griegos juzgaban “tanto las ideas como a los hombres”, Protágoras fue sentenciado y sus libros condenados a la hoguera, sólo porque el filósofo se atrevió a “sostener que el hombre es la medida de todas las cosas y por confesar sus dudas sobre la existencia de los dioses”.
Por las mismas latitudes, en la ciudad fundada por Alejandro el Magno, Alejandría, se cernía la sombra de la intolerancia sobre el saber. Ahí Ptolomeo I creó la biblioteca más grande de la antigüedad a principios del siglo III aC, en donde se llegaron a conservar cerca de 700 mil manuscritos, primero Julio César para defender a Cleopatra incendió la biblioteca y después el califa Omar incendió el acervo que restaba, con el argumento de que “si esos libros no contienen lo que dice el Corán, son peligrosos y si contienen algo distinto entonces también lo son y es preciso quemarlos”.
Mil años después John Milton evoca el Areópago en sus debates ante el Parlamento inglés, para rebatir la orden parlamentaria del 14 de junio de 1643, en la que se impone el requerimiento de licencias para imprimir. “Dadme la libertad de saber, de hablar y de argüir libremente según mi conciencia, por encima de todas las libertades”. Había dicho en aquella ocasión.
Defender esos principios le ha costado a la humanidad pensante toda suerte de objeciones, la tortura, el destierro, la prisión, la muerte, la Santa Inquisición y la creación de los índices para señalar los libros condenados a la hoguera, la Ley Fuga, la persecución de los profesores del campo mexicano, a quienes desorejaban y sometían a ultrajantes violaciones, por el simple hecho de intentar sacar al país de la postración de ignorancia en que vivía.
Y cómo olvidar la furia del Tercer Reich desatada la tarde del 10 de mayo de 1933, cuando sus dirigentes en un intento por dominar el mundo se ensañaron de nuevo con la cultura, jóvenes universitarios en carretillas y camiones reunieron cerca de 70 mil libros en la Opernplatz de Berlín y les prendieron fuego, porque no concordaban sus contenidos con las ideas del régimen fascista.
La muerte del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz ha dejado claro una vez más que los enemigos de la verdad no reparan en asesinar, lo mismo sea a oradores, escritores, conductores de los medios de comunicación electrónica, y ahora a los periodistas que se manejan en las páginas de la Internet, por desgracia el monstruo de la corrupción es en todos los medios y en todas instancias el mejor aliado para que los delitos contra la libertad de expresión queden en total impunidad.
Transparencia y acceso a la información
-IFAI
El Economista
Alberto Aguirre M.
16 de febrero de 2014
Faltan 48 horas para que el futuro de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos quede definido inexorablemente. ¿Los cuatro actualmente en funciones se retirarán en bloque o aceptarán las reglas que condicionan su permanencia?
Hace ocho días entró en vigor el decreto presidencial que convierte al IFAI en un organismo autónomo. Para ejercer las nuevas facultades y atribuciones —que quedarán definidas a partir de que el Congreso de la Unión expida y cambie las leyes secundarias en materia de transparencia— contarán con una nueva Comisión Ejecutiva.
Por obra y gracia de la reforma constitucional en la materia, los actuales comisionados tienen hasta el viernes 21 para acudir al Senado y manifestar su intención de continuar en el cargo. A más tardar el lunes 3 de marzo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta respondería a esas solicitudes.
Lo menos probable es que María Elena Pérez-Jaén, Sigrid Arzt, Ángel Trinidad Zaldívar y Gerardo Laveaga tomen la decisión conjunta de irse. Los transitorios de la reforma son un blindaje contra sus veleidades, pues contemplan todas las combinatorias posibles.
Si los cuatro comisionados completan el trámite de solicitud, deben recibir el respaldo del pleno del Senado, con los votos de las dos terceras partes de los legisladores. En este caso, sólo podrán permanecer en el órgano garante hasta la fecha de terminación del periodo para el que fueron originariamente designados. Si alguno(s) no solicitan o no obtienen el respaldo del Senado, los nuevos comisionados deberán cubrir exactamente esas vacantes, cuyos cargos tienen periodos de tiempo definidos.
En cualquier caso, el IFAI funcionará como actualmente lo hace hasta el próximo 30 de marzo. Al día siguiente —si ninguno de los comisionados repitiera en el cargo— deberá integrarse el nuevo pleno, con dos comisionados que pasarán cuatro años en el cargo; otros dos, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo del 2020, y otros dos, hasta el 31 de marzo del 2022. El séptimo Comisionado tendrá nueve años de mandato.
Por disposición constitucional toca al Senado resolver sobre la integración del IFAI y a la Cámara de Diputados sobre los nuevos consejeros electorales. El líder de la bancada priísta en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, adelantó que la Junta de Coordinación Política definirá los términos en los que se desarrollará la selección de los funcionarios del nuevo INE, para que esta misma semana sea publicada la convocatoria respectiva.
Ese proceso arrancaría con la integración del Comité Técnico de Evaluación, que tendrá tres representantes de la directiva de ese órgano legislativo; dos comisionados del IFAI, dos representantes de la CNDH y otros dos, del Coneval. Hoy, Beltrones pugnará porque sean académicos —y no legisladores— quienes asuman esa responsabilidad.
El intento por despolitizar estas designaciones es encomiable, pero resultará improductivo. Y es que los legisladores de izquierda advirtieron que los priístas han convencido a los panistas de abrir una ventaja para que los actuales consejeros del IFE puedan terminar su periodo y, por ende, queden integrados a la nueva estructura.
Recientemente, uno de los consejeros nombrados en el 2011 para cubrir un periodo de nueve años juraba que por ningún motivo aceptaría ser protagonista de este drama. Los legisladores tratan de convencerlo —y a sus colegas— con el mismo argumento que lo llevó al IFE: “es por el bien de la República”.
Si ese precedente queda firme, sostienen los opositores, los consejeros y magistrados de los institutos y los tribunales electorales locales podrían allanarse a esa vía, con lo que una de las principales intenciones de la cocinada en el Senado de la República, de facto quedaría nulificada. ¿Y los gobernadores? Felices con los pactos políticos que perpetúan su poderío.
EFECTOS SECUNDARIOS
TIEMPO DE ZEDILLO. Vicente Fox convocó a una comida a su gabinetazo, mientras que Felipe Calderón pasó la charola durante una cena entre sus más cercanos, y Carlos Salinas de Gortari concedió una entrevista cómoda, para denostar a sus antiguos aliados. El ex Presidente Ernesto Zedillo prefirió la vía del ensayo para reaparecer en la escena política mexicana. Su evaluación sobre el Tratado de Libre Comercio no tiene desperdicio. “¿Ha cumplido plenamente su propósito? Creo que así ha sido”, puntualiza en un texto aparecido en Americas Quaterly, la publicación del Council of Americas, “México necesita una mayor tasa de inversión. Dada la volatilidad de los flujos externos de capital, la única forma que puede garantizarse es a través de un aumento del ahorro interno, pero su expansión requiere más cambios en los ámbitos de la fiscalización, las pensiones y las instituciones financieras. Y un mayor crecimiento no debe ampliar sólo el stock de capital humano, sino también su calidad. El logro de este objetivo requiere una aplicación rigurosa de la reforma educativa… Y una mayor inversión en el capital físico y humano del país debe complementarse con políticas que aumenten la productividad. Y lo más importante: es necesario corregir de una vez por todas las distorsiones inducidas por las políticas que siguen fomentando el sector informal de la economía”.
¿Cuánto gana Carlos Romero Deschamps? El Ifai ordena revelarlo
Aristegui Noticias
17 de febrero de 2014
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) solicitó a Pemex dar a conocer las versiones públicas de los recibos de pago donde consten las percepciones del líder sindical Carlos Romero Deschamps entre 1994 y 2000 y del 1 de noviembre de 2012 al 30 de octubre de 2013.
En un comunicado el Ifai explicó que, en respuesta a un particular, Petróleos Mexicanos (Pemex) manifestó que Romero Deschamps es trabajador de régimen contractual con planta de sindicalizado, jornada laboral cero y nivel tabular 28.
En ese sentido entregó copia de los tabuladores del salario del personal sindicalizado, vigentes a partir del primero de agosto de cada año, para el periodo de 1993 al 2000.
Además, precisó que los pagos y ayudas a los integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se establecen en la cláusula 251 del Contrato Colectivo de Trabajo, para lo cual indicó la ruta electrónica donde se pueden consultar los contratos vigentes a partir del año de 1993.
Inconforme, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el Ifai, argumentando que la información entregada no daba cuenta de las cantidades que fueron efectivamente pagadas al líder sindical, por lo que reiteró su petición.
En el análisis del caso, el comisionado ponente, Gerardo Laveaga, expuso que si bien los contratos colectivos de trabajo y los tabuladores entregados al particular contienen en forma genérica las prestaciones que le son otorgadas a los servidores públicos, nocontienen los montos efectivos que recibe Romero Deschamps.
Por ello, indicó que “Pemex tiene la obligación de conservar las listas de raya o nómina de personal, o los recibos de pagos de salarios, entre otros comprobantes, durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral.
Por lo anterior, el documento que daría respuesta a la solicitud de acceso sería el recibo nómina expedido por Pemex, a favor de Carlos Romero Deschamps, explicó.
A propuesta de Laveaga Rendón, el pleno del Ifai resolvió modificar la respuesta de Pemex e instruirle a que realice una nueva búsqueda de información en la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, a efecto de que localice los recibos de nómina donde conste el monto pagado al líder sindical.
Detalló que en caso de que después de la búsqueda, se advierta que dichos recibos de pago son inexistentes, se instruye a Pemex a entregar al particular, en versión pública, las listas de nómina, testando los datos inherentes al número de cuenta y deducciones personales que reflejen la voluntad del trabajador.
Indicó que conforme a los lineamientos para la guarda y custodia del Archivo Contable Gubernamental, en los que se precisa un plazo de conservación de cinco años, el sujeto obligado podría no contar con los recibos o la lista de nómina de los años solicitados, por lo que si no son localizados podrá declarar la inexistencia de los mismos.
Pide IFAI a Pemex exhibir recibos de nómina de Romero Deschamps
El Sol de México
Martha Elba González
16 de febrero de 2014
Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene la obligación de conservar todos los documentos que amparen pagos a sus trabajadores, por tanto, deberá informar de las percepciones pagadas al dirigente sindical, Carlos Romero Deschamps, de 1994 al 2000 y de noviembre de 2012 a octubre de 2013, ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Pemex, en respuesta a una solicitud de información, precisó que los pagos y ayudas, a los integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), se establecen en la cláusula 251 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y pretendía que se siguiera la ruta electrónica, para consultar los contratos vigentes, a partir del año de 1993, sin embargo, el IFAI consideró inaceptable que no se atendiera, a cabalidad, la petición”.
El pleno del IFAI advirtió que “Pemex tiene la obligación de conservar las listas de raya o nómina de personal, o los recibos de pagos de salarios, así como los comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos, etc., durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, por lo que el documento que daría respuesta, a la solicitud de acceso, sería el recibo nómina expedido por Pemex, a favor de Romero Deschamps”.
Senado buscará consenso en IFAI
El Universal
Alberto Morales
17 de febrero de 2014
A unas horas de que venza el plazo para que los comisionados del IFAI informen a la Cámara Alta su intención de ser ratificados en el cargo, el senador Pablo Escudero (PVEM), presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, aseguró que esa decisión se dará por acuerdo entre las comisiones unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda.
El ecologista dijo que hasta el pasado viernes no había sido notificado sobre la intención de los comisionados María Elena Pérez-Jaén, Sigrid Arzt, Gerardo Laveaga y Ángel Trinidad, de ser ratificados.
“Sé que los cuatro iban a presentar su documento para formar parte del nuevo órgano, seguramente será en el transcurso de este lunes”.
Con la reforma constitucional de transparencia, el pleno del IFAI pasará de cinco a siete comisionados y los actuales tuvieron 10 días para presentar una carta en busca de su ratificación por el Senado, que tendrá que decidir si cumplen su periodo para el que fueron nombrados.
Sobre los señalamientos del coordinador del PRD, Miguel Barbosa, quien comentó que sería mejor renovar todo el pleno del IFAI, Escudero dijo que habrá que esperar a que las comisiones unidas desahoguen sus trabajos.
Explicó que se llamará esta semana a comparecer a los comisionados que manifiesten su intención de ser ratificados, para que expongan sus argumentos y con base en eso se presentarán sus conclusiones al pleno del Senado para votar.
“Si se vence el plazo de 10 días y no han sido llamados al pleno, entonces quedarían fuera del procedimiento. Luego de este paso, llevaremos a cabo una auscultación, con convocatoria pública abierta a la sociedad, a las ONG, a los centros de estudio de transparencia, para ir por las vacantes”, dijo.
La senadora Laura Rojas (PAN), integrante de la comisión, expresó que los senadores están obligados a analizar caso por caso la posible ratificación de los comisionados.
Por separado, el comisionado Gerardo Laveaga Rendón mencionó que ya envió su misiva al presidente de la mesa directiva del Senado, Raúl Cervantes y a la legisladora Arely Gómez, integrante de la comisión Anticorrupción, en la que expone sus razones por las cuales quiere terminar su periodo de siete años en el instituto.
-Protección de datos
México atraerá más ciberataques
Excélsior
17 de febrero del 2014
Claudia Ocaranza
CIUDAD DE MÉXICO.- En los próximos años México atraerá más ataques cibernéticos debido a la llegada de centros de datos de grandes firmas tecnológicas y a su crecimiento económico.
Los hackers continuarán atacando con phishing y ransomware, un código que secuestra los programas de la computadora y los libera hasta que la víctima paga un “rescate”, pero también se prevén más intrusiones a sistemas de manejo remoto que controlan la infraestructura crítica, como SCADA, dijo Derek Manky, estratega global de Seguridad de Fortinet.
“En SCADA hay muchos hoyos de seguridad que se pueden explotar y afectar e impactar la infraestructura de un país, ya sea en gas, electricidad o agua”, agregó el experto, al sugerir que estas vulnerabilidades debe ser eliminadas tanto por el sector público como por el privado.
Los sistemas que monitorean la infraestructura crítica, en Petróleos Mexicanos, por ejemplo, están conectados a las redes comunes, lo cual las deja en situación de vulnerabilidad ante los ataques.
Quienes manejan SCADA y sistemas de control industrial “piensan que no tienen ningún problema, pero incluso si están protegidos con redes privadas virtuales que estén encriptadas, los hackers están volteando a ver a las interfaces humanas (HMI, por sus siglas en inglés) y a los portales web”, dijo Manky.
Malware, botnets y phishing
A decir de Manky, los ataques podrán ser divididos en dos categorías: “Una es lo que hemos visto por años, los ataques generales que se tratan sobre monetización. Los cibercriminales tratan de atacar tantos blancos como sea posible. Desde cuentas de bancos a tarjetas de crédito que representen más dinero para ellos. Éstos son métodos tradicionales, phishing, botnets, ataques maliciosos que pueden llegar a cualquiera que visite un sitio web”, dijo.
Los laboratorios dirigidos por Manky, FortiGuard Labs, identifican cada día 240 mil nuevos virus, cuando hace diez años el número se limitaba a 10 mil. Por otra parte, en México cada año se pierden más de dos mil millones de pesos por fraudes financieros y engaños bancarios hechos en línea, de acuerdo a cifras de la firma especializada en seguridad informática, Symantec.
El evangelizador de la firma canadiense brinda asesoría a los equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT, por sus siglas en inglés), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Infotec, un centro de innovación y desarrollo adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Para estos casos, los CERT tienen la posibilidad de reportar incidentes en sus sitios en internet. Precisamente la finalidad de la visita de Manky a estos lugares es trabajar en fortalecer este tipo de acciones, uniendo así esfuerzos entre las universidades, instituciones y gobierno.
El segundo tipo de ataques será “ingeniería social, ataques a niveles de directivos y sistemas industriales que buscan blancos específicos, como propiedad intelectual y puede ser promovido por cuestiones políticas”, especificó Manky.
Pero no todo está perdido para México, a decir del canadiense, debido a que es un país emergente, es una buena oportunidad para desplegar tecnología moderna que minimice los ataques. Como mejorar las capacidades de los CERT para educar a la industria y a la gente sobre la necesidad de proteger sus sistemas, e incrementar el equipo de expertos en seguridad.
Además se puede crear una defensa de tres formas: mitigar, es decir, bloquear los ataques antes de que lleguen; sanbox, que son sistemas que corren escenarios de amenazas; y respuesta interna, buscar formas de investigar fugas de datos y saber qué hacer en caso de que suceda.
Persisten ciberamenazas sobre redes de telecom
El Occidental
Salvador Guerrero
17 de febrero de 2014
Ciudad de México.- Las amenazas y ataques persistentes avanzados (APT’s, Advanced Persistant Threats) aumentaron 36 por ciento impactando mayormente a las redes móviles, señaló el director regional de ventas de Arbor Networks, Juan Manuel Luna.
Según el noveno informe de seguridad de Arbor Networks sobre infraestructura de redes a nivel global indica que los ataques a nivel de aplicaciones se han vuelto omnipresentes y existe un crecimiento dramático en los ataques DDoS de gran volumen afectando a los centros de datos, que se han convertido en el foco de ataque de los
ciberdelincuentes.
Entre los desafíos de seguridad más críticos que enfrentan los operadores de redes hoy en día es que a partir de los datos de la encuesta, proporcionados por el proveedor de servicios, la empresa, la nube, el hosting y otros operadores de redes de todo el mundo, el reporte muestra un panorama real de las amenazas informáticas que ponen en riesgo la integridad de las organizaciones y las estrategias que adoptan para afrontarlas.
La protección de información relevante sobre todo para sectores como el financiero, la disponibilidad de la información para la telefonía y cables que pudiesen enfrentar la negación de la información en sus sistemas informáticos.
En entrevista con El Sol de México, el ejecutivo sostuvo que entre 2012 y 2013 resultaron afectados 30 por ciento de los usuarios de banda ancha, a la vez que sostuvo que 81 por ciento de los operadores que han realizado un gran gasto operativo, sufrió ataques por parte de la delincuencia informática y el 27 por ciento reportó pérdidas en sus utilidades, a la vez que el reporte indica que el 35 por ciento reconoció la negación del servicio.
Se necesitan herramientas de nueva generación con nuevas capas en la arquitectura de seguridad afirmó el directivo.
“Desde el ISP hasta la empresa, los equipos de seguridad y de TI se enfrentan a un panorama de amenazas dinámicas y adversarios muy calificados y pacientes, dijo y “no hay una solución rápida, única y mágica, y es un error pensar que la tecnología en sí puede asegurar una red. Las defensas por capas múltiples son claramente necesarias, pero también lo es el compromiso con las mejores prácticas de las personas y los procesos”.
Detalló que el informe muestra hallazgos clave como que la red interna y amenazas persistentes avanzadas y los encuestados clasificaron a los huéspedes alojados como su principal preocupación.
El informe detalla que la cantidad de encuestados que ven las APTs en sus redes ha aumentado del 20 por ciento a un 30 por ciento año tras año y el 57 por ciento de los que respondieron a la encuesta no tienen una solución implementada para identificar los dispositivos de propiedad de los empleados que acceden a la red corporativa.
Los ataques DDoS contra las redes móviles aumento a más del doble y casi un cuarto de los encuestados que ofrecen servicios móviles indicaron haber visto los ataques DDoS que afectan su infraestructura de Internet móvil (Gi). Esto representa más del doble de la cantidad vista el año pasado.
Más del 20 por ciento de los que ofrecen servicios móviles indicaron que han sufrido un corte visible en el cliente debido a un incidente de seguridad, cifra ligeramente inferior al tercio el año pasado.
A la vez que dijo, continuó un fuerte crecimiento en los ataques a nivel de aplicaciones dirigidas a los servicios web cifradas (HTTPS), hasta un 17 por ciento con respecto del año pasado, y reportó un aumento dramático en el número de los ataques DDoS.
Legislación en materia de comunicación
-Reforma en telecomunicaciones
SCJN: garante de las telecomunicaciones
El Economista
Carlos Requena
16 de febrero de 2014
El 2013 quedó en la memoria histórica como “el año” de las reformas estructurales tan esperadas en México para avanzar en las libertades democráticas.
Pero en el caso de la reforma en telecomunicaciones existe incertidumbre sobre cómo se desarrollará el 2014 cuando, apenas en febrero, encontremos un escenario candente de desencuentros entre poderosos dueños de los medios de comunicación, que tocará dirimir jurídicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y eso que todavía no se discuten en el Congreso de la Unión las iniciativas sobre las legislaciones secundarias en esta materia.
Por tratarse las telecomunicaciones de un sector cada vez más estratégico, donde diversos intereses podrían verse afectados, además de tener como intención la apertura a una mayor competencia, la reforma constitucional derivará en constantes conflictos.
Hasta el momento se centran en el significado del llamado must carry-must offer. Por su parte, la empresa Dish la implementó como la posibilidad ilimitada de hacer llegar gratuitamente los canales abiertos a todos sus clientes. Mientras que Televisa logró que un Juez de lo Civil de la ciudad de México emitiera una intempestiva resolución para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) -encabezado por el comisionado presidente Gabriel Contreras Saldivar-, sea declarado incompetente para regular dicho cambio, alegando que la retransmisión viola sus derechos de autor. A su vez, TV Azteca argumenta que el IFT debe aclarar la relación entre Dish y Telmex y declarar la preponderancia de ésta última.
Como resultado de dicha resolución judicial, el IFT tuvo que suspender su deliberación al respecto y solicitó al Poder Ejecutivo Federal promover una controversia constitucional para que la SCJN determine si el Juez de lo Civil tiene competencia o existió intromisión y, en consecuencia, ratifique las facultades del IFT para resolver el diferendo sobre la interpretación de la reforma constitucional.
Mientras que para los dueños de estos medios de comunicación la controversia se centra en el control de los mercados, el Ejecutivo Federal persigue la ratificación de las facultades del IFT para hacer valer la competencia rectora del Estado Mexicano y definir las reglas del juego en materia de telecomunicaciones.
Clave fortalecer al Derecho
Al poner el caso en manos de la SCJN, el presidente Enrique Peña Nieto da muestras de buscar fortalecer el Estado de Derecho, a pesar de los más poderosos intereses fácticos que –incluso- fueron sus aliados en el ascenso de la carrera presidencial.
La SCJN, presidida por el Ministro Juan Silva Meza, será actor clave para que el Poder Ejecutivo concrete su esfuerzo de reconstruir al Estado en esta materia. Su papel como garante de la Constitución, las Instituciones y los derechos y obligaciones de los ciudadanos empieza a calentarse.
Nos encontramos en un momento histórico donde la legitimidad de la Constitución Política es cuestionada y estará a prueba por la vorágine de los cambios que sufrió. Durante 2014, la SCJN deberá velar por el debido control constitucional para equilibrar los poderes públicos, privados y fácticos.
Buscan construir ley para fortalecer al IFT
Excélsior
17 de febrero del 2014
Leticia Robles de la Rosa
El gobierno federal quiere una legislación para dejar en claro las facultades del instituto; será la máxima autoridad en telecomunicaciones
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de febrero.- El Ejecutivo federal desarrolla una propuesta de ley en telecomunicaciones que incluye procedimientos claros y el fortalecimiento sólido del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para evitar que los agentes preponderantes en el sector utilicen recursos legales con el propósito de evadir su responsabilidad en la concentración ilegal del mercado.
De acuerdo con legisladores federales, el equipo del presidente Enrique Peña Nieto realiza una profunda revisión al proyecto de ley, con el fin de fortalecer más al instituto y no dejar dudas sobre sus facultades y el poder que tendrá como regulador del mercado de las telecomunicaciones, después de que un juez en el Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, resolvió que el instituto carece de las atribuciones para decidir sobre la retransmisión de señal abierta por televisión restringida.
Además, existe una revisión en torno a los montos de las multas que se aplicarán a los competidores de telecomunicaciones que no acaten la ley, o utilicen argucias legales para evadirlas; la idea es que las multas se apliquen en función de las ganancias que lograron las empresas con las malas prácticas que hayan utilizado.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, informó la semana pasada que la propuesta de ley de telecomunicaciones del Presidente de la República será turnada al Senado como Cámara de origen.
Según información proporcionada a Excélsior por algunos de los legisladores federales involucrados en el tema, la ley deja en claro que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la única autoridad en la materia, que tiene las atribuciones suficientes para decidir sobre contenidos, concesiones, transmisiones y competencia de los mercados.
De igual forma, adelantaron los legisladores consultados, tiene una serie de mecanismos para que los concesionarios del sector no utilicen los recursos legales para postergar las decisiones del instituto.
Crea además una instancia en el instituto que será la encargada de vigilar a los concesionarios, así como otra para integrar los procedimientos a aplicar en caso de que los competidores preponderantes del sector utilicen estrategias para atacar a los competidores que no tienen tanta presencia en el mercado.
Define que el agente económico preponderante será el que cuente con una participación nacional mayor al 50 por ciento, ya sea directa o indirecta; y que este porcentaje se medirá con el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada; para lo cual el instituto contará con áreas especializadas que le ayudarán con el monitoreo constante de estas cifras.
La ley de telecomunicaciones advierte que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales.
Define que el instituto es la autoridad en materia de competencia de telecomunicaciones; por ello, cuenta con las facultades para regular a los participantes en este mercado y fomentar la competencia real y la libre concurrencia; por eso, tiene las facultades constitucionales para limitar la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionario y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación en un mismo mercado o zona de cobertura geográfica.
La propuesta que enviará el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión también incluye el procedimiento que habrá de seguir el Instituto para definir las sanciones que aplicará a los concesionarios; los lineamientos que los comisionados deben seguir para realizar su trabajo; las sanciones que recibirán si incurren en irregularidades y la estructura del propio Instituto, con los órganos internos que auxiliarán la labor del pleno, en función de las labores de investigación, audiencia, requerimientos informativos y conocimiento permanente del comportamiento del mercado.
Senado prepara integración del nuevo IFAI
Las comisiones de Justicia, de Anticorrupción y de Estudios Legislativos Segunda del Senado preparan la convocatoria para la integración del primer pleno del renovado Instituto Federal de Acceso a la Información, informó Arely Gómez.
En entrevista, la secretaria de la Comisión de Justicia y de Anticorrupción precisó que los legisladores quieren que en el IFAI estén representantes de regiones de la República, porque no se trata de que sea un organismo alimentado sólo por especialistas de la capital del país; además, que exista equidad de género y que todos los aspirantes cuenten con la preparación en materia de transparencia y acceso a la información.
Los senadores esperan que este lunes los comisionados del instituto hagan llegar a la Cámara las cartas en las que piden al pleno sean considerados para la integración del nuevo pleno.
Hasta el momento, los senadores esperan que Gerardo Laveaga, Ángel Trinidad Zaldívar, Sigrid Arzt y María Elena Pérez-Jaén envíen sus misivas, para que de inmediato comience el proceso que llevará al pleno a decidir si los acepta o no.
En tanto, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, garantizó que los debates en torno a las leyes secundarias que procesará el Senado serán transparentes, para mostrar que esta Cámara legisla en beneficio de la mayoría, no en función de intereses de grupos.
Recordó que el Senado tendrá semanas altamente productivas y los priistas “estamos plenamente conscientes de la importancia de la normatividad que están por analizar y discutir, porque necesitamos concluir el proceso legislativo para responder a las aspiraciones de millones de jóvenes que reclaman una oportunidad real de desarrollo, pues escuchan que el país tiene un gran potencial.
“Los mexicanos pueden sentirse seguros de que las leyes secundarias correspondientes a cada reforma constitucional se traducirán verdaderamente en más empleos y estabilidad económica de las familias”, dijo.
Gamboa invitó a todos los actores interesados a dar a conocer sus puntos de vista para enriquecer los debates, aunque enfatizó que será el interés general el que prevalecerá en todo momento.
Advirtió que serán las senadoras y senadores quienes voten las reformas, por lo que de ninguna manera permitirán estar sujetos a presiones de ningún tipo, con la garantía de que la transparencia, la altura de miras y el privilegio de la política imperarán en todas las etapas del proceso legislativo.
Dish-Televisa: el estado contra el Ifetel
El Universal
Irene Levy
17 de febrero de 2014
Así, para obtener un pastel por ejemplo, debe usted batir leche, harina, huevos, azúcar y mantequilla, y después hornear. Si primero horneamos la mezcla y después agregamos la leche, no tendremos el producto planeado. Como ve, el proceso es tan importante como el producto mismo y van de la mano.
El producto de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de junio de 2013, consiste en lograr mayor competencia, nuevos derechos, mejores servicios y menores precios para los mexicanos en este sector. Pero algo ha pasado en el proceso que se diseñó para lograr este producto (prometido desde el Pacto por México), que explica en parte la “guerra” que se ha desatado en torno al asunto de la retransmisión que hace Dish de las señales de Televisa y de Televisión Azteca. Este proceso incluyó 4 etapas que debían haber sido cumplidas de manera consecutiva en el tiempo: 1) la entrada en vigor de la propia reforma, que fue en junio de 2013; 2) la integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tuvo lugar en septiembre del año pasado; 3) la expedición de las leyes secundarias de la reforma, cuya fecha límite fue el 9 de diciembre de 2013, y 4) la emisión de diversas resoluciones y actos de la agenda del Ifetel, que deberían estar listos a más tardar el 9 de marzo de 2014. Las dos primeras etapas se llevaron a cabo, pero la tercera, la expedición de las leyes secundarias, no se cumplió dentro del plazo y el proceso de “producción”, que tiene una lógica estructural, ha sido modificado: sin leyes secundarias que establezcan las reglas del “nuevo” juego, es inverosímil suponer que el resto del proceso puede caminar sin problemas y que el producto saldrá inalterado.
Así, parte del enfrentamiento que hemos visto sobre el asunto de la retransmisión de señales de televisión abierta, es consecuencia de la modificación del proceso. Si la legislación hubiese estado lista a tiempo, muchos de los cuestionamientos sobre diversas situaciones técnicas y jurídicas del tema estarían ya resueltos en la ley y, desde luego también serían clarísimas, o al menos deberían serlo, las facultades del Ifetel respecto de este asunto y de otros más. Pero no fue así, y ante la falta de legislación el Ifetel se vio obligado a responder a los diversos actores que le exigen la definición de criterios en torno a este tema. Para ello, el Instituto decidió emitir lineamientos generales, cuyo proyecto abrió a consulta pública en diciembre del año pasado, cuando ya se sabía que no habría ley secundaria a tiempo. Una vez que obtuvo los comentarios y había consensado un proyecto final que estaba a punto de ser revisado por su Pleno, el 10 de febrero recibió el oficio número 453-2014 del juez 32 local del Distrito Federal que señala: “por este conducto hago de su conocimiento que ese Instituto carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de los canales 2, 4, 5…” etc. Entonces, el Ifetel se detuvo.
Ante este escenario, el Instituto tenía dos alternativas:
1. La que eligió, consistente en interpretar el oficio del juez como una orden judicial, y como consecuencia detener su actividad en torno al tema que estaba a punto de resolver, y buscar a una tercera autoridad que determine la competencia a través de una controversia constitucional que ya interpuso ante la Suprema Corte el Poder Ejecutivo Federal, porque las facultades que incluyó la reforma al Ifetel para interponerla directamente en este caso, no le alcanzan.
2. Interpretar el oficio como una opinión sin efectos jurídicos y seguir actuando conforme a sus atribuciones, considerando que las telecomunicaciones pertenecen al ámbito federal y un juez local carece de competencia sobre el tema, y que el artículo primero constitucional obliga al Ifetel, como a todas las autoridades del Estado Mexicano, a interpretar la Constitución a fin de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Difícil decisión, desde luego, pero esta es una de las mil presiones que tendrá el Instituto en su afán regulatorio. El objetivo del oficio fue alcanzado, buscó detener al Ifetel y lo detuvo. ¿Interpondrán una controversia constitucional por cada oficio de jueces sin facultades que intenten frenar al Instituto? ¿Qué utilidad real tendrá la controversia constitucional, en caso de ser admitida por la Corte, si se resuelve un año después? ¿Será que la ley secundaria no definirá claramente la competencia? Este asunto me recuerda a la controversia que interpuso el Legislativo, por considerar que era la Cofetel la competente, en contra el acuerdo sobre televisión digital que expidió el ex presidente Calderón. Esa controversia tardó más de un año y retrasó el avance en el apagón analógico. El Legislativo y el ex presidente Calderón jugaron del mismo lado, pues éste pudo haber abrogado su acuerdo y dejado espacio a la Cofetel si lo que realmente quería era la aplicación de la política pública sin dilaciones, pero no lo hizo.
Como ve, además de una receta clara, se requiere que el cocinero la cumpla, y nuestro pastel de las telecomunicaciones ya viene contrahecho. Las señales indican que no se conocerá la iniciativa de ley secundaria antes del 9 de marzo y quizás algunos busquen que el Ifetel cumpla su agenda en tiempo, sin leyes secundarias, para cuestionar sus actos una vez que estas se expidan. Lo lamentable es que en este país somos expertos en crear instituciones que en el papel venden funcionalidad y certidumbre, pero que luego son neutralizadas o utilizadas a modo por otras instancias del propio Estado que las boicotean. Y en este asunto de la retransmisión, como si tratara de una enfermedad autoinmune, las mismas instituciones encargadas de respetar, fortalecer y defender al Instituto, son las que están dinamitando su funcionalidad y autonomía en contra del interés público.
-Leyes secundarias
PRI en el Senado debatirá transparente y sin presiones las reformas secundarias
El Occidental
Bertha Becerra
16 de febrero de 2014
Ciudad de México.- Los senadores del grupo parlamentario del PRI están listos y dispuestos para sostener debates serios, informados y transparentes en torno a las reformas secundarias pendientes, afirmó su coordinador, Emilio Gamboa Patrón, quien advirtió que de ninguna manera permitirán estar sujetos a presiones de ningún tipo.
Comentó que el Senado de la República tendrá semanas altamente productivas y que están atentos a que el Presidente de la República envíe las leyes secundarias que requiere el país.
El líder de la bancada del tricolor en la Cámara Alta manifestó que están plenamente conscientes de la importancia de la normatividad que están por analizar y discutir, porque “necesitamos concluir el proceso legislativo para responder a las aspiraciones de millones de jóvenes que reclaman una oportunidad real de desarrollo, pues escuchan que el país tiene un gran potencial”.
Recalcó que los mexicanos pueden sentirse seguros de que las leyes secundarias correspondientes a cada reforma constitucional se traducirán verdaderamente en más empleos y estabilidad económica de las familias.
El político yucateco recalcó que en las próximas semanas la Cámara Alta llevará a cabo un intenso trabajo e invitó a todos los actores interesados a dar a conocer sus puntos de vista para enriquecer los debates.
Enfatizó que será el interés general el que prevalecerá en todo momento.
Advirtió que serán los senadores quienes voten las reformas, por lo que de ninguna manera permitirán estar sujetos a presiones de ningún tipo, con la garantía de que la transparencia, la altura de miras y el privilegio de la política imperarán en todas las etapas del proceso legislativo.
Consideró que las reformas que hasta hoy se aprobaron son fundamentales para impulsar una mejor nación que, por el bien de todos, supere los niveles de pobreza en los que viven 50 millones de mexicanos que demandan de sus legisladores, de su gobierno, soluciones concretas.
Contra monopolios, sin ‘partir’ empresas: PRI en San Lázaro
Fernando Damián
Milenio Jalisco
17 de Febrero de 2014
El Congreso de la Unión está listo para recibir esta semana las iniciativas presidenciales de legislación secundaria en telecomunicaciones y competencia económica, que a decir del vicecoordinador de los diputados federales del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, deberán combatir los monopolios en todos los sectores, pero sin atomizar la industria nacional, ni dejarla a merced de los inversionistas foráneos.
“Tenemos que combatir prácticas monopólicas y monopolios, generar una libre competencia (…), pero esto no implica que de inmediato se pretenda atomizar a la empresa, porque lo único que vamos a conseguir con ello es que nuestra industria nacional, nuestra empresa nacional, no tenga el blindaje suficiente frente a las inversiones extranjeras, que es obvio que este país va a recibir”, anticipó el también presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
Subrayó por ello que la reglamentación de la reforma constitucional en la materia establecerá los alcances del Ifetel para determinar la preponderancia económica de los concesionarios en telecomunicaciones y radiodifusión, con el fin de que se dé un trato igual a los iguales y uno desigual a los desiguales.
Adicionalmente se fijarán las reglas del juego para la accesibilidad universal a la banda ancha y la posibilidad de cualquier competidor para ofrecer sus servicios a los usuarios, a fin de generar mejor calidad y tarifas más bajas a los consumidores.
“La reforma constitucional en su conjunto busca eliminar monopolios y prácticas monopólicas y concentraciones de poder, no sólo en telecomunicaciones y radiodifusión, sino en cualquiera de los sectores: la ley de competencia económica hacia eso también va a ir”, puntualizó Gutiérrez de la Garza.
Por separado, el legislador panista Juan Pablo Adame urgió al Ejecutivo a presentar sus propuestas de leyes secundarias para darle certidumbre al sector de las telecomunicaciones.
El negociador del PAN en la materia perfiló así los temas que inevitablemente debe considerar la reglamentación correspondiente.
“Vamos a revisar temas como la multiprogramación, las tarifas de interconexión, las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) en asuntos como la preponderancia y los derechos que ya les dimos a los mexicanos, por ejemplo del tema del internet, que nosotros ya lo consagramos en el artículo sexto de la Constitución, pero en las leyes secundarias se tiene que ver cómo va a ser aplicado este derecho para todos los mexicanos”.
El presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados lamentó el retraso de dos semanas en la presentación de las iniciativas de legislación secundaria en la materia.
“El tiempo va corriendo y cada vez se acerca más la fecha del 9 de marzo, y lo que es muy pertinente es que el Ejecutivo pueda mandar, como lo anunció, la iniciativa de competencia económica, pero con telecomunicaciones. Van de la mano, se cruzan en muchos temas, y por lo tanto esperamos que el anuncio que se hizo hoy venga acompañado de la otra iniciativa”, puntualizó.
El 9 de marzo vence el plazo fatal para que el Ifetel dé a conocer la convocatoria para concursar al menos dos nuevas cadenas nacionales de televisión, aunque especialistas en la materia argumentan que no es posible abrir ese proceso sin legislación reglamentaria.
Adame advirtió finalmente sobre tres puntos que en el momento actual generan incertidumbre en el sector telecomunicaciones.
“Primero, a qué cámara llegan (las iniciativas de leyes secundarias), ¿Senado o Cámara de Diputados?; segundo, ¿cuándo llegan?, y tercero, el contenido de las iniciativas, y ahí es en donde nosotros no podemos vacilar y debemos darle certidumbre al sector para que lleguen las inversiones, para que pueda haber competencia, para que tengamos mejor calidad y mejores servicios de telecomunicaciones”.
Urge ley secundaria en telecom: expertos
El Universal
Carla Martínez
17 de febrero de 2014
El retraso en la publicación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es un riesgo y está dejando huecos que impactan regulaciones como la de transmisión de señales de televisión, dijeron analistas y legisladores.
Las empresas del sector requieren la legislación secundaria para evitar que haya diversas interpretaciones de la reforma constitucional, como está sucediendo en el caso de must offer y must carry, comentó Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones.
“Los actores ya necesitan la legislación de una manera urgente, la reforma constitucional ha dejado varios huecos que se sujetan a la interpretación de los jueces, de los operadores y de la misma autoridad y tendría que ser aterrizada en la legislación secundaria”, expresó Sosa Plata.
De acuerdo con la Constitución, la legislación secundaria en telecomunicaciones tenía como fecha de publicación el 9 de diciembre, sin embargo no se logró esa fecha.
Los legisladores esperan tener la propuesta de leyes secundaria por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) esta semana.
Además, indicó que las grandes empresas ya conocer parte de esta legislación secundaria lo cual les da ventaja sobre el resto en cuanto a la toma de decisiones.
“Se ha conocido que las grandes empresas del sector ya conocen un borrador de esta legislación y esto puede darles cierta ventaja”, indicó el analista.
Por otra parte, Javier Corral, senador del PAN, mencionó que la legislación secundaria, que debió ser publicada el 9 de diciembre pasado, corre el riesgo de ser cabildeada por las grandes empresas del sector.
-Atribuciones del IFETEL
El Ifetel busca blindaje en fallo de la Suprema Corte
El Economista
Claudia Juárez Escalona/El Economista
16 de febrero de 2014
Con la solicitud que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) hizo al Ejecutivo en cuanto a la controversia constitucional, el Instituto buscó que sea la Suprema Corte quien deje en claro las facultades que le concedió la Constitución y evitar que los cuestionamientos de facultades sea una estrategia recurrente de las empresas del sector, de acuerdo con Adolfo Cuevas, comisionado del órgano regulador.
Cuevas dijo a El Economista: “La intención fue defender las facultades del Instituto para aclarar cuáles tiene y obtener alguna decisión judicial a través de la Suprema Corte para dejar eso en claro y para que no sea una estrategia recurrente; indirectamente es medida preventiva, pero directamente era detener al Juez 32”.
Explicó que una vez que se presente la controversia constitucional, el Instituto buscará los mecanismos para que la Consejería Jurídica lo mantenga al tanto del procedimiento.
Luis Niño, vocero de Grupo Salinas, afirmó: “El Ifetel debe tener las facultades claras para que resuelva conforme las atribuciones que le dio la reforma en telecomunicaciones”.
Sin embargo, reiteró que en primera instancia se debe resolver el tema de preponderancia y que el Ifetel no necesita la resolución de la Corte para resolver este asunto.
La semana pasada, el Ifetel solicitó al Ejecutivo federal la promoción de una controversia constitucional para que la Suprema Corte confirme sus facultades con el fin de resolver sobre la retransmisión de señales de TV abierta.
La solicitud surgió a partir de que el Instituto recibió la notificación del Juez Trigésimo Segundo de lo Civil en la que establece que el órgano regulador carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de ciertos canales de televisión abierta. El proceso judicial lo inició Televisa en el 2011.
Por esta notificación, el pleno del Ifetel aplazó la discusión del must carry y must offer, prevista para el miércoles de la semana pasada.
Al respecto, el Ifetel consideró que la resolución del juez interfiere en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, por lo que se afecta la competencia de la Federación.
Al día siguiente de la solicitud, el Ejecutivo federal, a través de la Consejería Jurídica, admitió ésta y dijo que presentará la controversia constitucional para que la Suprema Corte confirme las facultades conferidas al Ifetel para resolver sobre la retransmisión de señales de TV abierta.
La Consejería Jurídica aseveró que existe la posibilidad de solicitar a la Corte que se otorgue “atención prioritaria”, para que resuelva lo más pronto posible.
Los Pinos sube al ring en la disputa de telecomunicaciones (Primera Parte)
Homo Zapping
17 de febrero del 2014
Jenaro Villamil
En menos de quince días y frente a la ausencia de una iniciativa oficial de ley secundaria en materia de telecomunicaciones, arreció la disputa entre los distintos consorcios y actores del sector, especialmente entre Grupo Televisa y Grupo MVS, al grado que la presidencia de la República se subió al ring y anunció el pasado 13 de febrero su primera controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por el tema del must offer y el must carry que debía ser resuelto por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
De manera sorpresiva, en su primera aparición como vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, y el consejero jurídico de la presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, anunciaron que el primer mandatario Enrique Peña Nieto había determinado promover una controversia constitucional, a solicitud del IFT, en contra de actos del juez 32 de lo Civil del Distrito Federal.
En su comunicado oficial, Sánchez y Castillejo consideran que este juez “ha invadido las facultades constitucionales de dicho instituto para resolver sobre la retransmisión gratuita en la televisión de paga, de los contenidos en televisión abierta, conocido también como must offer y must carry”.
Los funcionarios de la presidencia de la República recordaron que le corresponde al IFT y no a un juez local del Distrito Federal resolver sobre este tema, que generó durante los últimos diez días una guerra de comunicados, desplegados y solicitudes del Grupo Dish, pertenciente a MVS y Echo Star, al organismo regulador para que se pronuncie sobre la presunta condición de “agente económico predominante” de Televisa, al tiempo que TV Azteca –socio de Televisa en Grupo Iusacell- reviró acusando a la empresa de Joaquín Vargas de transmitir de manera ilegal los canales de televisióna abierta.
El miércoles 12 de febrero los siete comisionados de IFT debían haber resuelto sobre el tema del must carry y del must offer. En la sesión privada, los integrantes del organismo discutieron los alcances de la notificación del juez 32 de lo civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, quien señaló que este organismo regulador “carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de los canales 2, XHTV-TV; canal 5, con distintivo de llamada XHGC-TV, y canal 9, con distintivo de llamada XEQ-TV, y sus respectivos canales espejo o adicionales de televisión digital terrestre: canal 48, canal 49 y canal 44”.
El juez argumentó que le corresponde a él y no al instituto resolver “los derechos autorales y patrimoniales sometidos por Televisa S.A. de C.V., a ligitio, empresa que se encuentra vinculada con los derechos de autor que derivan de la programación de televisión que en dichos canales se transmite”.
El juez Mejía Galván es el mismo que desde 2011 es el responsable del juicio civil que interpuso Televisa contra Dish por presunta violación de derechos autorales al retransmitir señales de televisión abierta en el sistema de televisión satelital. Este mismo juez le ordenó el 11 de diciembre de 2011 a Dish abstenerse de comercializar o arrendar los dispositivos que susan sus clientes para recibir el servicio.
Dish ha representado, hasta ahora, la única competencia a Sky, filial de Grupo Televisa, en el terreno de la televisión satelital restringida. Tanto Televisa como TV Azteca han acusado a MVS de mantener una sociedad ilegal en Dish con Telmex, ya que el título de concesión de esta empresa le prohibe tener sistema de televisión abierta o de paga.
La tarde del mismo 12 de febrero, los comisionados del IFT discutieron dos posibilidades frente al oficio del juez Mejía Galván: resolver el asunto del must carry y del must offer haciendo caso omiso a la orden judicial que le restaba atribuciones al nuevo organismo o emprender una controversia constitucional sobre este tema. Optaron por esta última vía. Lo sorpresivo fue que se anunciara a través de la Presidencia de la República.
En su comunicado del 13 de febrero, Sánchez y Castillejos recuerdan que la reforma constitucional en telecomunicaciones, aprobada el año pasado, le otorga al IFT resolver asuntos sobre la retransmisión de señales y que la notificación del juez “invade a todas luces las facultades que a la federación le otorga la Constitución”.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en varios precedentes, que el Presidente de la República puede promover controversia constitucional para proteger las facultades de la federación, aún y cuando éstas estén conferidas a otro Poder Federal”, argumentó el comunicado de Los Pinos. De esta manera, explicaron por qué no fue el IFT el que le solicitara directamente al máximo tribunal del país que resolviera el diferendo.
Ante este nuevo capítulo de la disputa en este sector que genera anualmente más de 30 mil millones de dólares, el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras negó que un juez capitalino haya “doblado” al organismo y confió que la Suprema Corte le dé “atención prioritaria” a la controversia interpuesta.
Consultado sobre el tema, Contreras dijo desconocer en cuánto tiempo podría resolverse este diferendo y negó que esta controversia modifique el plazo del 9 de marzo como fecha límite para que IFT dé su resolución sobre otros temas aún más espionosos como la declaratoria de “agentes económicos predominantes”. Ahí tanto Televisa como Telmex serían los afectados directamente.
Problema de la Reforma
El anuncio de Los Pinos generó toda una serie de reacciones entre especialistas y abogados del sector. Una vez más, advirtieron, se “judicializan” las telecomunicaciones, un sector altamente litigioso y ausente aún de regulaciones específicas.
Así lo expresaron la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), el único organismo que presentó hasta ahora una iniciativa de ley secundaria ante el Congreso, y especialistas como Irene Levy, de Observatel.
Salomón Padilla, representante de la Asociación de Telecomunicaciones Independiente de México (ATIM), afirmó a Proceso que esta disputa es el resultado de una reforma constitucional “que está mal hecha, con inconsistencias jurídicas” y advirtió que litigios de este tipo “se darán más adelante”.
Padilla recordó que desde 2011, la ATIM, organismo que agrupa a pequeños y medianos concesionarios de televisión por cable que no están alineados a Televisa ni a otros grandes grupos, presentó una enmienda a la Ley Federal de Telecomunicaciones y otra a la Ley Federal de Derechos de Autor para que se resolvieran las contradicciones en materia de must carry y de must offer.
“Como abogado, considero que esta disputa no es materia de controversia constitucional. Sí es un tema de derechos de autor y deberá resolverse. Sin embargo, el error fue haber subido a la reforma constitucional el tema de must carry y de must offer con una serie de ambigüedades”, abndó Padilla a Proceso.
“El problema de fondo es que la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión se hizo con serios problemas de técnica jurídica. Sólo tiene una parte bien hecha y bien clara: pasarle todos los recursos y la política de Televisión Digital Terrestre (TDT) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dejarle al IFT todos los problemas y la ejeución del llamado apagón analógico”, abundó.
-¿Entonces vendrán otros problemas que serán resueltos en tribunales y no por el organismo regulador?
-Tal como está redactada la reforma, todo va a ser litigable.
-¿No se reuelve con la legislación secundaria?
-Las leyes secundarias no pueden ir más allá o menos de la reforma constitucional. Vamos a vivir lo que se llamaría una judicialización reloaded en el sector.
El borrador o los borradores que han circulado de las leyes secundarias sólo han sido entregados a algunos representantes de las grandes empresas, a pocos legisladores y a reguladores del sector. El jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, se reunió los primeros días de febrero con los comisionados tanto del IFT y de la Comisión Federal de Competencia Económica, para presentarles los borradores de iniciativas en ambas materias y argumentar que ya estaban “planchadas” con legisladores del Congreso.
El borrador de ley que presentaría el gobierno federal contiene 300 artículos, 17 títulos y, según quienes la han revisado, uno de los aspectos más delicado será precisamente el tema de la regulación de propiedad cruzada y el procedimiento para la declaratoria de agente económico predominante, donde tanto Telmex-Telcel como Grupo Televisa serían los más afectados.
El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, afirmó el 6 de febrero que no consideraba “extraño” que iniciativas como la de telecomunicaciones se hagan fuera del Congreso y se revise por quienes participaron en las reformas constitucionales.
“Lo que sí me parece importante es el compromiso que se hizo en el Pacto por México –aunque alguno de los actores ya no quieren estar en éste-, de terminar las reformas constitucionales, que sean acompañadas por las reformas constitucionales”, sentenció Beltrones en conferencia de prensa.
El legislador priista advirtió que no había retraso en la presentación de las iniciativas y confió en que “a más tardar a finales de este mes” se presenten las leyes secundarias en materia político-electoral, de telecomunicaciones, competencia o energética.
Cuestionado sobre el enfrentamiento que se generó en esta semana entre Grupo Dish y Televisa y TV Azteca por el tema de la declaración de preponderancia y el must offer y el must carry, Beltrones subrayó que la ley secundaria “deberá corresponder al espíritu que se premió en las reformas constitucionales, que es el valor de la interconexión y los contenidos”.
-¿No hay una guerra entonces entre estas empresas, no la observa usted? –se le cuestionó.
-Yo no he visto ni a los soldados –atajó.
Hugo González
Milenio Jalisco
17 de Febrero de 2014
¡Ay, qué barbaridad, este hijito nos salió medio lento!”, decía la actriz de una película mexicana de la época dorada del cine nacional, pero como en ese tiempo no se decían groserías, utilizaron la palabra lento en lugar de decir pen…
Y no sé por qué me acordé de esa actriz cuando escuché a senadores de PRD y PAN decir que era una mala señal y un signo de debilidad el hecho de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel pa’ los cuates) haya pospuesto su decisión de definir las reglas de retransmisión de televisión abierta en los sistemas de paga. ¿A poco no lo esperaban? ¿Todavía tenían fe en el regulador? ¡Ja!
No es por intrigar, pero si le hubieran hecho caso a mi texto del 6 de septiembre pasado (¡ay, ajá!), que titulé “Comparecidos + compadecidos = Ifetel chafa”, no se sorprenderían de ver un “equipo tan blandengue” (MILENIO, 9/9/2013) como el que ya se perfilaba desde que comparecieron ante el Senado. Coincidencias evasivas, tibieza de legisladores y candidatos grises que me hicieron vaticinar que tendríamos un “Ifetel guango, lánguido, anémico, chafa”.
El 14 de octubre, ya integrado el instituto que merece ser comparado con un número de atención ciudadana, dije que “El opaco Ifetel de las marchas forzadas (…) ya está tendiendo la camita para cuando tenga que reconocer que no podrá cumplir con sus encomiendas constitucionales”. Dije que “este Ifetel está capturado, pero por el Ejecutivo, pues se han disciplinado a lo que diga la Presidencia” (Papi… ponme una controversia).
El 2 de octubre lo dije y lo confirmo ahora, pues “se supone que para eso crearon un mega-archi-súper-recontrapoderoso órgano regulador, al cual solamente le faltaba su traje para ser considerado la liga de la justicia”, pues, a diferencia de la Cofetel, “ahora lo que le sobra son facultades”. Lamentablemente “una vez más compruebo que se optó por un Ifetel blandengue y se apostó por comisionados obedientes”.
Por eso hoy más que nunca urge la ley convergente, porque se ve que este regulador solo tocará por nota y orquestado. No se ve por dónde se atreva a improvisar y a ser un solista exitoso; sin embargo, desde la Presidencia no mandan señales y solo dicen que el miércoles llegará al Congreso la iniciativa de ley secundaria sobre competencia económica.
Yo sabía que la nueva ley antimonopolios llegaría junto con la ley convergente, ojalá y el miércoles tengamos buenas noticias.
El Universal
Alberto Barranco
17 de febrero de 2014
La propuesta, a entregarse el miércoles al Congreso, le permite al Ejecutivo implantar controles de precios en productos que se consideran básicos para la economía o el consumo familiar.
La alternativa podría ser de carácter temporal en situaciones de emergencia, es decir falta de abasto, especulación o acaparamiento, o permanente.
Actualmente los únicos productos sujetos a determinación de precios por parte del Estado son los combustibles, gasolinas, diésel y gas LP. De acuerdo al artículo 54 de la iniciativa, la Comisión Federal de Competencia Económica tendrá facultades para determinar la existencia de insumos esenciales que requieran ser regulados para evitar efectos anticompetitivos.
La instancia en sustitución de la Comisión Federal de Competencia tendrá poder para iniciar de oficio investigaciones para ubicar barreras a la competencia y libre concurrencia que atenten contra la canasta básica familiar.
La pretensión original de la iniciativa, una de las leyes secundarias de la reforma financiera, era ubicar las vías para abrir la competencia entre las instituciones bancarias para promover y abaratar los créditos.
De hecho, la Cofece pactó hace días con el Banco de México para ubicar en conjunto las barreras que impiden una mayor competencia en el sector, tras de que la reforma planteó endurecer las posibilidades de cobro de las intermediarias, al extremo de cárcel o arraigo a deudores, ya que según éstas, es justo la morosidad lo que provoca el encarecimiento de los préstamos. En la coyuntura, el Ejecutivo no solo extiende el mantel sino le proporciona “dientes” a la instancia para combatir prácticas monopólicas.
De entrada, se refrendan sanciones que había previsto la última reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, es decir la posibilidad de multas de hasta 10% de los ingresos de una empresa que incurra en lo que la Ley califica como práctica monopólica absoluta, traducida como desplazar a la competencia vía la imposición de barreras anticompetitivas.
La sanción bajaría a ocho% de la facturación de un año por prácticas monopólicas relativas en abuso del poder sustancial de mercado de las empresas hegemónicas.
La posibilidad de apremio para infractores faculta el órgano para solicitar el arresto del o los responsables por 36 horas; pedir el auxilio de la fuerza pública, e imponer una multa diaria por el equivalente a tres mil salarios mínimos a las empresas remisas en atender una resolución.
En el escenario, habrá una multa de hasta 175 mil salarios mínimos para quien entregue información falsa a la instancia cuando se le involucre en una denuncia o investigación de oficio.
En el abanico, además, se imponen multas de hasta 180 mil salarios mínimos a quienes coadyuven, propicien o induzcan la comisión de una práctica monopólica.
Aunque los organismos empresariales han pugnado por un combate frontal a los monopolios cuya fuerza de mercado encarece el costo de la vida, su línea tradicional ha apuntado al libre mercado en todas sus fases, desde el cancelar la intervención del Estado como regulador.
Habrá, pues, pelea. Rudos contra técnicos a partir del miércoles.
Balance general
El exceso de celo del Instituto Federal de Telecomunicaciones al solicitar al Ejecutivo auxilio frente a la decisión de un juez de negarle facultades en materia del must carry y must offer, es decir la posibilidad de que los canales nacionales de televisión abierta se suban a título gratuito a las empresas de servicio de paga, provocó una carambola de dos bandas.
De entrada, coloca a la instancia en entredicho frente a la autonomía que le confiere la reforma constitucional en telecomunicaciones.
Más allá, existe el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia rechace la Controversia Constitucional promovida por el Ejecutivo, como “notoriamente improcedente”.
Como usted sabe, el juez 32 de lo civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, emitió, a solicitud de Televisa, la resolución de la discordia… en el marco de un litigio de la televisora con la firma de televisión satelital Dish, cuyo fondo era la presunción de la compañía de Emilio Azcárraga Jean de que la empresa de la familia Vargas estaba subiendo “a la brava” sus canales, vía la venta de decodificadores.
El juicio se abrió el año pasado, es decir antes de que se discutiera la gratuidad de la medida y se dictara el cambio de la Comisión Federal de Telecomunicaciones por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La bronca era contra la primera.
El escenario permitió exhibir la parcialidad en favor de Televisa del togado, cuyas resoluciones han sido derribadas por tribunales de alzada, al considerarse que no se respetó el debido proceso.
Otro gol a Mexicana
En lo que constituía una, quizá la última, asidera de los trabajadores de Mexicana de Aviación para acercarle fondos a la caja en la posibilidad de que la firma sea declarada en quiebra, la jueza del concurso mercantil, Edith Alarcón, desechó una solicitud para declarar nula una renuncia de garantías que firmó la empresa aérea en favor de sus acreedores en la fase previa a su salida de las pistas.
La rendija le permitió al Banco Mercantil del Norte, Banorte, cobrar lospagarés de tarjetas bancarias firmados por los clientes de la línea aérea.
La solicitud, planteada por los trabajadores de tierra, se fundamenta en que bajo las reglas del concurso mercantil en que se ubica a la empresa, los acreedores no pueden disponer de ningún recurso, ubicados éstos en la masa crítica de la quiebra.
Cambios en el IMSS
A la callada, finalmente tomo posesión como nuevo director financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social el ex funcionario hacendario Carlos Treviño. En el renglón del Consejo Técnico del organismo también habrá un cambio en la representación patronal.
Tras la reelección del presidente de la Concamín, Francisco Javier Funtanet, se sustituirá del asiento a León Halkin o Salomón Presburguer, los dos expresidentes del organismo. El peligro es que si no tiene capacidad el sustituto, habrá protestas de la Coparmex, quien desde hace años pelea por un asiento.
La Concamín tiene tres.
Aunque el presidente de la Concanaco, Jorge Dávila, dejará el 30 de marzo la presidencia del organismo, se mantendrá en el otro de los asientos patronales del órgano de gobierno del IMSS.
Canacar vs Canacar
En el insólito de la temporada, el presidente de la Cámara Nacional del Transporte Aéreo, Fernando Flores y Pérez, desmintió al director general del organismo, Víctor Pavón Villanueva, sobre problemas de seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Según ello la terminal aérea opera con los más altos niveles de seguridad en cumplimiento de los estándares internacionales.
No hay, pues, plan de emergencia.
Coscorrón al funcionario… por más que en parte tenía razón.
Reforma
16 de febrero de 2014
Vania Guerrero
La notificación de un juez local que logró que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) frenara su discusión sobre el tema de must carry y must offer, podría sentar un precedente para que esto ocurra de nuevo, temen Dish y los expertos.
El 9 de marzo el regulador tendrá que definir a las empresas preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión, además de imponerles obligaciones asimétricas y ordenar la desagregación de la red local de telefonía.
Sin embargo, el temor de que un juez vuelva a argumentar que el IFT no tiene la competencia para manifestarse al respecto, ronda en el sector.
“Me parece que éste es un caso excepcional y no debe ser una regla de que cualquier juez aunque no tenga competencia en telecomunicaciones sea un precedente.
“Pero, si esto lo pudimos ver ahorita (en el caso de las televisoras), cualquier cosa se puede esperar”, expresó Clara Luz Álvarez, ex comisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Dijo que la decisión del juez sorprendió a todos, pero que no existen elementos jurídicos para que ese o cualquier otro magistrado intente algo similar antes del 9 de marzo.
Esta semana, el IFT postergó la discusión sobre los lineamientos que regularán la retransmisión gratuita de canales de TV abierta en sistemas de paga, esquema conocido como must carry y must offer, debido a una notificación enviada por el juez 32 de lo civil, José Guadalupe Mejía Galán, que indica que el organismo carece de competencia para pronunciarse al respecto.
Lester García, ex funcionario de asuntos regulatorios de Cofetel, consideró que las empresas que serán afectadas por las decisiones que tome el regulador podrían buscar ganar tiempo por diversas vías.
“Es sólo comprar tiempo, porque es claro que una reforma constitucional como la que se llevó a cabo el año pasado, da ésta y otras atribuciones al IFT; puede ser que ocurran estrategias de este tipo, pero sólo para postergar decisiones”, previó el experto.
Al respecto, Peter Bauer, apoderado legal de Dish, declaró en entrevista que no puede especular sobre si Televisa pedirá al juez 32, como aseguran lo hizo esta vez, que intente una nueva maniobra.
“No sabemos qué le vaya a pedir Televisa al juez y qué vaya a hacer el juez; pero, todo lo que le han pedido lo ha hecho. Confiamos en que para el 9 de marzo se resuelva lo que la Constitución mandata. Vamos a ver si este juez se avienta una notificación para impedir que suceda”, comentó.
El IFT ha informado que cumplirá en tiempo y forma con el mandato constitucional.
Contrarreloj
A más tardar el 9 de marzo, el IFT deberá:
· Determinar qué empresas son las preponderantes del sector, aquellas que cuenten con más de 50 por ciento de usuarios, audiencia, tráfico o capacidad a nivel nacional.
· Establecer medidas que permitan la compartición de la red local del preponderante para que otros concesionarios puedan acceder a medios físicos, técnicos y lógicos de conexión de dicho agente.
· Definir y emitir las bases correspondientes para llevar a cabo la licitación de las cadenas nacionales de televisión.
· Determinar lineamientos generales, criterios y condiciones que los actuales concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía, deberán cumplir como obligaciones asimétricas para equilibrar la competencia.
Urge a IFT aplicar ley a televisoras
Reforma
16 de febrero de 2014
Claudia Salazar
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no debe permitir que grupos de interés pongan en duda sus facultades constitucionales, exigieron legisladores del PRD.
Miguel Barbosa, coordinador de los senadores perredistas, consideró que el IFT cuenta con atribuciones legales para actuar y defender por sí mismo sus resoluciones.
Aun cuando no existen las leyes reglamentarias en la materia, expuso, el texto constitucional y los 18 transitorios de dicho decreto contienen disposiciones de plena aplicación.
Precisó, a través de un comunicado, que el artículo octavo transitorio señala que el IFT debe cumplir sus facultades a partir de que se ha constituido y no esperar a la expedición de las disposiciones reglamentarias.
“(Debe actuar) sin sometimientos ni patrocinios de ninguna autoridad ajena al mismo, y sin que los grupos de interés o de presión involucrados desdibujen sus tareas”, establece.
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, subraya, es una herramienta del Estado para garantizar la competencia equitativa en la industria de la radio y la televisión en beneficio de todas las audiencias.
“(Debe) garantizar que los concesionarios de señales de televisión abierta permitan a los llamados concesionarios de servicios de televisión restringida retransmitan su señal”, indica.
Telecomunicaciones
TV UNAM presenta el Archivo Fotográfico de Rodrigo Moya
Homo Zapping
Meli Vera
17 de febrero del 2014
A partir del sábado 15 de febrero en punto de las 21 horas, se transmitirá la nueva producción de TV UNAM, El Archivo Fotográfico de Rodrigo Moya, a cargo de Guadalupe Alonso, quien en siete capítulos y un programa especial recoge fragmentos de la vida y obra del fotógrafo colombiano, con repeticiones los jueves a las 22 horas por TVUNAM.
TV UNAM busca fungir como alternativa en la televisión cultural más joven del país que reúne en su carta programática una producción nacional atractiva de gran calidad, al complementarse con una muestra extraordinaria de la mejor televisión del mundo.
Desde su lanzamiento, el 24 de octubre de 2005, TV UNAM ha creado un estilo propio a través de una carta de programación que se nutre de la riqueza del pensamiento y creación universitarios, para así presentar este año, un proyecto audiovisual con una amplia producción y contenido. “Celebro que hayamos podido atrapar al artista”, señaló Ernesto Velázquez, director de la emisora.
La nueva serie, catalogada como el primer proyecto con grandes dimensiones audiovisuales en la televisión mexicana, consta de un programa especial de una hora, el documental Ojos bien abiertos, y siete capítulos de 27 minutos cada uno, en los que se plasma la dirección y musicalización de Julian Pastor y se observa la fina realización de Pastor, Alonso y Moisés Frutos. Los capítulos a seguir son: Retratos, Cultura, Campo y campesinos, América Latina: Movimientos armados, Espectáculos, Movimientos sociales y, por supuesto, La Ciudad de México, mismos que contaron con el apoyo del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA).
El proyecto para la serie de televisión nació de la cercanía de Pastor con el fotógrafo. Luego del programa donde Moya hablará de su vida, vienen otros donde el hilo conductor es una charla entre los dos amigos, Julián y Rodrigo, acerca de temas como los movimientos armados y sociales que el fotógrafo cubrió en los años 50 y 60 del siglo pasado, así como la cultura y los espectáculos de aquellos años en el país.
El archivo Moya es uno de los más valiosos que existen en México, con alrededor de 40 mil negativos, los cuales son digitalizados con el apoyo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En su archivo destacan escenas de filmaciones como Tajimara o La soldadera, lo mismo que personajes como Juan José Gurrola, Juan Soriano, Rita Macedo, Silvia Pinal o su hermana, la bailarina Colombia Moya. El archivo también da cuenta de la fotografía que realizó para modelos y divas del cine, entre estas las series dedicadas a María Félix, Fanny Cano, Meche Carreño, Josephine Baker o Celia Cruz.
Moya nació en 1934 en Medellín, Colombia y se devela en esta serie una aventura por la máquina del tiempo, pues al revisar sus archivos se ha encontrado con sus orígenes, sus amores, sus muertos, las aventuras de juventud, los años del fotoperiodismo, los barrios de su ciudad. Toda una historia que lo ha llevado a perderse por los laberintos interminables de la memoria.
Para Moya cada una de sus fotografías le han hecho revivir el instante en que la tomó, recuperar la escena, el momento exacto en que sucedía. “Un viaje doloroso y también placentero… la fotografía de “El Ché melancólico”, la de Gabriel García Márquez con el ojo morado tras el memorable puñetazo que le acomodó Mario Vargas Llosa y algunas otras del Movimiento Estudiantil de 1968″, citó Moya.
Antes de descubrir la fotografía, Moya realizó algunos estudios en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También se probó en la Arquitectura, pero no eran esas disciplinas donde encontraría su vocación. “La fotografía llegó de una manera inesperada y me salvó la vida”, afirmó el fotógrafo.
Aunque su cobertura de los movimientos armados ha causado gran impacto y se distingue tanto por su exclusividad como por su asombrosa elocuencia, representa sólo un breve capítulo en el trayecto de Moya. “Me han puesto el sello de ser un fotógrafo de los disturbios, de la guerrilla, pero mi foto también tiene mucho de lúdica, de búsqueda en la calle, de visiones, me gustaba mucho aproximarme a la gente”, añadió.
El Archivo Fotográfico de Rodrigo Moya, se transmitirá a partir del 15 de febrero, con repeticiones los jueves a las 22:00 horas por TV UNAM, a través de Canal 411 de Cablevisión; 255 de Sky, 265 de Totalplay, así como en el 30.2 de canal abierto digital.
-Infraestructura
México y Reino Unido impulsarán desarrollo satelital nacional
El Economista y Sin Embargo
Notimex
16 de febrero de 2014
Las agencias espaciales Mexicana (AEM) y del Gobierno del Reino Unido (la UKSA, por sus siglas en inglés) impulsarán el desarrollo satelital nacional y sus diferentes aplicaciones con la participación de expertos mexicanos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que de visita a México, el viceprimer ministro británico, Nick Clegg, estuvo al frente de la misión de fortalecimiento de lazos de cooperación bilateral e intercambio económico entre México e Inglaterra.
En este marco, el director general de la AEM, Javier Mendieta Jiménez, manifestó la conveniencia de que todas las naciones del mundo globalizado lleven a cabo alianzas estratégicas en beneficio de este sector.
En una mesa de trabajo de agenda conjunta con funcionarios y representantes industriales en materia satelital del Reino Unido, dijo que casos como la Agencia Espacial Europea son ejemplo de colaboraciones espaciales internacionales con las que se avanza en diversos rubros como la implementación de infraestructura espacial que requiere México.
Se trata, explicó, de una colaboración espacial entre ambos países que resultará vital para el impulso de constelaciones de varios satélites, necesarias para tareas de seguridad nacional y protección de la población ante desastres naturales y fenómenos climatológicos.
Asimismo, en educación y medicina satelitales, detección temprana de fugas petroleras, telecomunicaciones por banda ancha, y otras soluciones a grandes problemas con el desarrollo del talento mexicano, abundó.
La SCT apuntó que esta reunión se realizó como continuación al memorándum de entendimiento firmado entre la AEM y la Agencia Espacial del Gobierno del Reino Unido en mayo de 2013.
Éste señala que ambas instancias identificarán conjuntamente proyectos adecuados de interés común que puedan efectuarse y ser apoyados por sus respectivas naciones, refirió la dependencia federal en un comunicado.
El director del Surrey Space Centre de Inglaterra, Martin Sweeting, recordó a los asistentes los históricos lazos de amistad entre los dos países, y comentó que Inglaterra fue el primero en reconocer en el ámbito internacional la independencia de México.
Acompañaron al titular de la AEM, Rodrigo Pérez Camargo, de la Comisión de Seguridad Nacional del Gobierno Federal; Reinaldo Mondragón, enviado especial del INEGI, y funcionarios de otras dependencias.
También asistieron la ministra consejera de Asuntos Políticos y Consulares de la Embajada Británica en México, Stephanie Al-Qaq y, el jefe de la oficina de Innovación de Aplicaciones Satelitales (Catapult) en el Reino Unido, Mark Hampson.
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