Por: María Fernanda Soto.

Ejercer el periodismo en nuestro país es hoy por hoy una actividad de alto riesgo. Son repetidas las manifestaciones de censura, intimidación y violencia hacia los profesionales de la información. Incluso los propios medios, en lugar de respaldar a sus trabajadores, han comenzado a autorregularse y a callar los crímenes sufridos por el gremio, orillados probablemente por amenazas de autoridades o de grupos delictivos.

Al menos es lo que ocurrió en torno a los hechos más recientes de violencia contra periodistas: el de Elizabeth Macías Castro y el de Daniel Flores Guillén. En el primer caso, después del hallazgo del cuerpo sin vida de la jefa de información del diario Primera Hora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, numerosos medios decidieron guardar silencio; incluso el periódico en que trabajaba la occisa se refirió únicamente a la ubicación del cadáver sin mencionar la identidad del mismo. En el caso de Flores Guillén, desaparecido en Veracruz y supuesto miembro del periódico El Mañanero, el director del diario declaró no conocer a ningún periodista de ese nombre que laborara en aquella empresa, y la Subprocuraduría de Coatzacoalcos afirmó que no existía una denuncia formal para realizar la investigación correspondiente.

En respuesta a una situación como la que se describe, el secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, presentó el pasado jueves una iniciativa de Ley de Periodismo de Alto Riesgo, ante la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. De acuerdo a la propuesta, además de las agresiones a los periodistas se sentenciarían también los ataques en contra de las instalaciones de los medios, el robo de materiales y el daño a la información en formato digital. Asimismo, se establecerían mecanismos de protección por parte del Estado, y se crearía una Unidad Especial para la atención de Delitos cometidos Contra Periodistas, entre otros planteamientos para salvaguardar la integridad de los profesionales de los medios. Aunque se trata apenas de una iniciativa que se enviará al Congreso local de Sonora para su revisión, es sin duda un gran avance para hacer frente a la ola de inseguridad y de malas condiciones laborales de los periodistas.

La Fundación para la Libertad de Expresión ha manifestado su preocupación por el ambiente violento que vive el periodismo en América Latina. Además de México, países como Honduras, Perú y Colombia se unen también a la lista de lugares donde el ejercicio periodístico pone en peligro la vida. Lo más lamentable es que la impunidad suele ser una constante que acompaña los homicidios de comunicadores, por lo que en la mayoría de los casos no logra hacerse justicia.

Todos los hechos violentos que se han cometido contra los profesionales de la comunicación en los últimos años, hacen palpable la necesidad de una nueva regulación en materia legal en la que se sancione con mayor rigor a los individuos que atenten contra la libertad de expresión en nuestro país, asimismo que brinde mejor protección al comunicador al momento de ejercer su trabajo, sin que se sienta atemorizado por decir lo que sucede a su alrededor. Es preocupante que en nuestro país y en América Latina estemos perdiendo el derecho a expresarnos libremente, esta situación hace también más evidente la ausencia de un Estado fuerte y capaz de gobernar.