Por: Karla Godínez

De acuerdo a los hechos más recientes ocurridos en nuestro país, en la lista de los bienes más preciados por los personajes poderosos se encuentra un elemento que resalta por su inmaterialidad: se trata de la información. El arresto de dos personas que, a través de sus redes sociales, hicieron evidente el descontrol ocurrido en el municipio de Veracruz frente a una supuesta amenaza a un plantel escolar, manifestó la importancia que tiene para las autoridades el flujo informativo en los medios electrónicos.

Dicen que la información es poder, y esta afirmación resulta cierta sobre todo cuando puede marcar una diferencia entre la libertad y el encierro, o más grave aún, entre la vida y la muerte. Esto parecen saberlo a la perfección los grupos del crimen organizado, que día a día aumentan su preocupación respecto a la información que circula referente a ellos, tanto en los medios tradicionales como en internet. Además han cometido homicidios contra presuntos colaboradores de sitios web y han amenazado a quienes continúen informando sobre sus actividades ilícitas.

Desde luego que los delincuentes no son los únicos preocupados por la información. Las instituciones gubernamentales en general se mantienen al tanto de lo que se dice y lo que se deja de decir sobre su actuar. El caso de los tuiteros de Veracruz, ocurrido hace algunas semanas, puso de nuevo en la agenda el tema de la información y la libertad de expresión en México, aunque no de una manera positiva.

El hecho ocurrió así: se captura a dos presuntos “terroristas” acusados de divulgar rumores a través de las redes sociales, y consecuentemente provocar caos en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. Los detenidos, Gilberto Martínez y María de Jesús Bravo, utilizaron sus cuentas de Twitter para advertir sobre amenazas de bomba en escuelas de la localidad.

Este acontecimiento tiene múltiples matices. Uno de ellos se refiere a la posibilidad que tenemos los mexicanos de acceder a vías de comunicación y tener la iniciativa de publicar información sobre lo que sucede en nuestro entorno, a falta de la intervención certera de los medios oficiales. En ese sentido, acciones como esta, que frecuentemente han sido calificadas como “periodismo ciudadano”, correrían el riesgo de ser arbitrariamente juzgadas por las autoridades.

A pesar de que el gobernador de Veracruz propuso hacer modificaciones al código penal del estado para que la condena de ambos individuos se redujera y pudieran salir bajo fianza, persisten las dudas respecto a la legalidad de la detención, y más aún, sobre las verdaderas intenciones de un arresto como este. Parecería que el gobierno de aquel estado tomó medidas a fin de detener el flujo constante de mensajes relativos a la violencia suscitada en la entidad.

Otro aspecto que vale la pena revisar es que no existen lineamientos ni regulaciones para el espacio digital y la circulación de mensajes a través de la red; y no resulta deseable que existan, por el temor de que se formulara una especia de “ley mordaza digital” que seguramente muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a obedecer.

Los periodistas, cuya materia prima de trabajo es la información, han sufrido las evidentes represalias por manejar datos delicados que comprometen a los cárteles del narco. Son ellos quienes reciben constantemente los mayores golpes por manejar información. En los últimos diez años, se han registrado más de 500 muertes de profesionales, frente a lo cual la Unesco ha decidido poner en práctica un plan de acción para contribuir a la protección de quienes laboran en el ámbito periodístico.

Si se ha luchado incansablemente por obtener mejores condiciones y mayor seguridad para los periodistas, tendríamos que ampliar esa petición para que la protección llegara a la ciudadanía en general, es decir a todos aquellos que son capaces de hacer uso de canales de información y de enviar mensajes instantáneos a una extensa red de personas.

Es reprobable que más allá de la censura que sufren cotidianamente los medios de comunicación, tengamos ahora una censura ejercida por las propias autoridades con el pretexto de evitar el descontrol social, y aplicada a un medio que difícilmente podría ser regulado.

Si la sociedad ha dado un paso adelante al hacer cada vez más visible la participación ciudadana en el plano informativo, no permitamos que las autoridades limiten nuestra libertad de expresión y nos hagan retroceder.