Jesús Rodríguez Zepeda / El Universal

Hace poco, un empleado de Televisa, mitad locutor, mitad comediante, expresó en un medio de comunicación juicios abiertamente homofóbicos. El escándalo fue inmediato y las opiniones han diferido.

Varios grupos civiles han exigido sanciones para esta persona: han pedido que sea cesado, han presentado quejas en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y lo han acusado, en el DF, del delito de discriminación. Otras voces han justificado sus opiniones bajo el argumento de que ejerció su libertad de expresión. El jurista Pedro Salazar Ugarte sostiene que pese a que la conducta en cuestión puede ser éticamente repugnante, ésta queda protegida por la libertad de expresión, derecho esencial en una democracia. Argumentó que mientras la expresión no se convierta en un llamado abierto y directo a dañar a algún grupo, la conducta es legalmente aceptable.

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