260620ECFAREPORTEINDIGO
Sociedad
INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES, ROSTROS MÁS VULNERABLES
Fecha: 26/06/2020
Actor principal: Indígenas y afrodescendientes que habitan en México.
Tipo de actor: Ciudadanía.
Conteo de fuentes: 5
Los indígenas y afrodescendientes que habitan en México han enfrentado la pandemia por COVID-19 con mucha mayor incertidumbre que el resto de la población
Don Gaudencio Lucas Esteban tuvo que conseguir otro empleo. Trabajar en una fábrica de ropa en Chiconcuac, junto a su esposa Teresa, no fue suficiente para mantener a sus ocho hijos en Zapotitlán de Méndez, Puebla.
La vida durante la pandemia por COVID-19 hizo que don Gaudencio tuviera que conseguir más dinero en un invernadero, cerca de su comunidad. Ahora, vendiendo flores trata de llevar el pan cada día a la mesa de su casa.
De las 25 millones de personas que se reconocen como indígenas en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), Lucas Esteban es una de las que no han sido apoyadas por el Estado frente a esta pandemia.
A través de un informe, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), puntualizó que aunque los indígenas han sido uno de los grupos más vulnerables, principalmente frente al COVID-19, también lo son los afrodescendientes, un sector que está muy presente en México.
En el censo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizó en 2015, se registró que un millón 381 mil 853 personas se identificaron como afrodescendientes o afromexicanos en el país
“El impacto de la pandemia por COVID-19 entre los pueblos indígenas y los afrodescendientes, que generalmente viven lejos de los servicios de salud, puede mitigarse con el apoyo del sector salud al adoptar medidas de prevención y al conectarse con la red de servicios de salud si el coronavirus impacta sus territorios”, dice el documento de la OPS.
Asimismo, la organización plantea que los gobiernos deben impulsar espacios de participación y de diálogo, no sólo para abordar los efectos del COVID-19 de forma puntual, también para discutir la fase posterior a la emergencia, donde habrá que incidir en la recuperación económica y social.
Los afromexicanos han tenido que enfrentar un sinfín de obstáculos para ser tomados en cuenta dentro de la sociedad a pesar de formar parte importante de la población desde hace cientos de años
Según declara Gaudencio Lucas Juárez, uno de sus hijos, quien además es amante de la literatura y de su lengua materna, el totonaca, el único acercamiento que su familia y vecinos han tenido con las autoridades hasta el momento fueron unas despensas y las medidas de salubridad que anuncian por televisión
“Hemos recibido tres despensas, pero más allá de eso nada. Nosotros sólo seguimos las indicaciones que nos dan las autoridades, usando nuestros cubrebocas”, comparte Gaudencio.
LA LUCHA DE LOS AFRODESCENDIENTES
Bulmaro García Zabaleta es un ingeniero Agrónomo especialista en sociología rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene 60 años y desde joven su inquietud lo ha llevado a formar parte de movimientos sociales en favor de los derechos de los afromexicanos.
La Costa Chica de Guerrero, de donde es originario, específicamente de un lugar conocido como “Rancho alegre”, es un espacio marcado por una cultura de negros que han vivido en las condiciones que el Estado les imponía: malos servicios, discriminación, racismo y marginación.
“De repente nos encontramos con la posibilidad de luchar contra eso y empezamos por el año 1991, cuando eran los inicios de la lucha por los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Ahí se hizo la participación más concreta del pueblo afromexicano”, recuerda Bulmaro
La lucha de los 500 años se origina por el manifiesto intercontinental de los pueblos indígenas en contra de los gobiernos neoliberales que querían celebrar la llegada de los españoles, el descubrimiento de América, porque alegaban que era como un encuentro con la civilización
Había sido un encuentro de mucha violencia, de muerte, saqueo, y no podía celebrarse, entonces se convirtió en un manifiesto de los pueblos indígenas y nos sumamos los negros porque también llegamos en esa parte de la historia, no como invitados al saqueo, sino a chingarle, a trabajarle. Y de esa manera no voluntaria, sino forzada, nos unimos al manifiesto
– Bulmaro García Zabaleta
Ingeniero Agrónomo especialista en sociología rura
Así, a lo largo de estos años, Bulmaro ha sido parte de esta lucha por la inclusión, para que los propios mexicanos entiendan que además de indígenas y mestizos, también existen negros en el país. Después de protestar por una visibilización, también lo hicieron por el reconocimiento a ser un pueblo más en México.
“30 años después de que empezamos nuestra lucha por esta distinción, hasta el año pasado, en agosto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos dio el reconocimiento constitucional y eso hace que nos sintamos más visibilizados, además se sentaron bases para que las políticas públicas aterricen y se mengüe un poquito la discriminación, que esa es más que nada estructural, del Estado”, afirma Bulmaro García.
A pesar de toda esa lucha emprendida desde hace años, parece que apenas se han dado algunos cuantos pasos para obtener el reconocimiento, pero falta la justicia y el desarrollo, que con la pandemia se han visto afectados.
“En esta zona, la actividad principal es el campo y la agricultura, aunque también están los que viven del comercio no establecido, ambulante, pero si no hay a quién venderle, imagina cómo está nuestra economía”, comenta García Zabala.
Y aunque la zona afromexicana es de las menos contagiadas de COVID-19 en la provincia, tienen miedo de que los hospitales se saturen por casos de dengue o por pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes.
“Andamos en el campo porque creemos que tenemos menos riesgo de contagiarnos. No se está pescando para comercializar, pero sí para alimentarnos”.
García Zabaleta espera algunos pequeños apoyos por parte del gobierno para los productores agrícolas y ganaderos ya que además, les viene una etapa de sequía complicada
26062020NLMANIMALPOLÍTICO
Sociedad
Medio: Animal Político
Fecha: 26/06/2020
Actor principal: Profedet.
Tipo de actor: Institución pública.
Conteo de fuentes: 5
El gobierno federal ha registrado más de 11 mil denuncias digitales de trabajadores por despidos injustificados y reducción arbitraria de salarios durante la emergencia sanitaria por COVID-19, dio a conocer la Secretaría del Trabajo federal.
Dicha cifra, sin embargo, representa solo una parte del universo total de denuncias de abusos laborales cometidos por los patrones en la pandemia, mismo que permanece desconocido.
Esos 11 mil casos fueron registrados exclusivamente a través de la aplicación virtual habilitada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) a mediados de abril, denominada Procuraduría Digital.
Pero la Profedet también levanta denuncias mediante otras tres vías: telefónica, por correo electrónico y de manera presencial en sus oficinas centrales de la Ciudad de México, según confirmó personal de comunicación social de la institución.
Desde el 8 de junio, Animal Político ha solicitado reiteradamente a la Secretaría del Trabajo y a la misma Profedet el número global de denuncias por abusos laborales (esto es, promovidas de manera presencial, digital, telefónica y por correo) acumulado desde mediados de marzo, cuando inició la pandemia de COVID-19 en México; también se ha solicitado un informe desagregado del tipo abuso denunciado (despido injustificado, recorte salarial o descanso sin goce de sueldo), así como el nombre de las empresas repetidamente señaladas por los trabajadores. Ambas dependencias han postergado consistentemente atender la petición de información pública.
La Profedet proporcionó a este medio una numeralia: todos los días, esa institución recibe, en promedio, mil 200 llamadas y 300 correos electrónicos, además de mensajería por WhatsApp de parte de trabajadores que exponen sus quejas. Dichas comunicaciones, sin embargo, no se traducen necesariamente en denuncias.
Hasta ahora sólo se sabe de las 11 mil quejas digitales porque la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, dio a conocer la cifra en un conversatorio virtual organizado por El Colegio Nacional el pasado 18 de junio.
“Se puso a disposición una herramienta que es la Procuraduría Digital, que nos ha ayudado muchísimo a identificar estas denuncias de trabajadores, sobre todo aquellos que se despidieron injustificadamente por la cuestión de COVID o que los mandaron a descansar a su casa sin goce de sueldo, y hemos recibido más de 11 mil denuncias en este sentido”, señaló la funcionaria.
Debido a la multiplicación de casos de abusos laborales en el contexto de la pandemia, grupos de trabajadores del sector salud, cultural, automotriz y educativo, así como organizaciones de repartidores de comida, recolectores de basura, jornaleros y empleados de call centers promueven una iniciativa para conformar un Movimiento Nacional contra la Precarización Laboral y los Despidos.
El manifiesto de la iniciativa critica la muerte por COVID-19 de empleados que fueron obligados a continuar asistiendo a sus centros de trabajo y señala los casos de contagio entre el personal médico por falta de insumos o por su mala calidad. También denuncia que en las maquilas hay hacinamiento y se utilizan precarios páneles de hule y tubos de plástico para mantener la “sana distancia” entre los trabajadores.
“La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 profundizó la crisis económica que se venía arrastrando, generando más precarización, rebajas salariales, cientos de miles de despidos, contagios y muertes de trabajadores por la voracidad de ganancias de los patrones. ¡El capitalismo mata!”, indica el manifiesto.
Las organizaciones demandan la prohibición de despidos y reducciones salariales, así como la reinstalación de los trabajadores removidos y los no recontratados, así como la suspensión de labores en sectores económicos no esenciales hasta que se controle la pandemia, y la provisión de equipo de protección de calidad y gratuito a los trabajadores de sectores esenciales.
También plantean que en cada empresa se constituyan Comisiones de Higiene y que se apliquen pruebas diagnósticas para toda la planta laboral.
En el caso de los trabajadores de la salud, la coalición de organizaciones demanda que se eleve el presupuesto público para ese sector que garantice la adquisición de los insumos necesarios a fin evitar contagios entre el personal.
Víctor Romero, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y uno de los principales impulsores de la iniciativa, señaló que las empresas y el gobierno pretenden cargar a los trabajadores la crisis económica derivada de la pandemia.
“Nos dimos cuenta de que todos estábamos en la misma afectación. No importa si es un médico, un obrero, un trabajador de limpieza, un maestro, todos enfrentábamos las mismas condiciones precarias. Ante un panorama de crisis económica a nivel mundial y en México, vimos que la crisis la quieren descargar sobre los hombros de los trabajadores, y decidimos decir: ‘¡Ya basta!’, no es posible que todas estas consecuencias las quieran dejar caer sobre nosotros”, afirmó en entrevista.
Aseguró que la pandemia agravó la precariedad laboral en el país y que las autoridades no han hecho lo suficiente por defender a los trabajadores, más allá de expresar llamados y exhortos a la buena voluntad de las empresas.
“Los despidos y la baja de salarios es precarización laboral; la respuesta del gobierno no ha sido satisfactoria; si nos unimos ahora es porque el gobierno no ha garantizado realmente una salida a la crisis para los trabajadores”, sostuvo.
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