Categoría: Gestión

Subcategoría: Legislación y normatividad

Actor(es): Congreso del Estado, Secretaría de Medio Ambiente
Lugar(es): ZMG

 

Avanza prohibición de quemas agrícolas en la ZMG

 

El Informador

Rodrigo Rivas Uribe

10 de marzo de2020

Informativo

 

Fue aprobada en comisiones legislativas del Congreso del Estado una reforma para prohibir las quemas agrícolas en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), aunque se encuentren fuera de zonas urbanas.

La modificación a la Ley de Equilibrio Ecológico fue presentada por el gobernador e incluye multa de ocho mil 680 a dos millones 172 mil pesos. Estos montos se incrementarán al doble cuando la quema se realice con una proximidad máxima de diez metros a un terreno forestal; y se triplicará si la quema se realiza con la misma proximidad a un área natural protegida.

En el resto de los municipios de la Entidad las quemas agropecuarias solo podrán ser realizadas, priorizando las situaciones de riesgo y con aviso previo a su realización.

 

En la reforma también se introduce a la legislación el concepto de “paisajes bioculturales”, para alentar el desarrollo integral del territorio para proteger el patrimonio natural y cultural vía la planificación de los usos tradicionales del suelo y la promoción del crecimiento económico local

También se crea la figura de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. En ambos casos la Secretaría de Medio Ambiente emitirá certificados para reconocer esos predios y que puedan acceder a incentivos.

Las modificaciones aún deben votarse en el pleno del Poder Legislativo. Tras su aprobación y publicación en el Periódico Oficial, los ayuntamientos tendrán plazo de 90 días para modificar su regulación y el gobierno estatal hasta un año para ajustar el reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

 

Categoría: Gestión

Subcategoría: Legislación y normatividad

Actor(es): Enrique Alfaro Ramírez, Protección civil, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

Lugar (es): AMG

Avanzan sanciones por quemas agrícolas

 

NTR El Diario Guadalajara

Jessica Pilar Pérez

11 De marzo de 2020

Informativo

Tras modificaciones a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, las comisiones de Medio Ambiente y Estudios Legislativos del Congreso avalaron ayer que las quemas agrícolas sin permiso se castiguen con una sanción que va de los 8 mil 688 pesos hasta los 2 millones 172 mil pesos. Falta que los cambios pasen por el pleno para que sean una realidad.

Las multas se avalaron a propuesta del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien también planteó el establecimiento de un calendario para este tipo de quemas por municipio. El mandatario pedía que éste fuera fijado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), pero las comisiones legislativas definieron que lo establecerá cada gobierno municipal. Cada uno contará con 90 días para concretarlo.

“Se dejó abierto al Municipio para que ellos designen las fechas y las temporadas, de acuerdo a sus especies y terrenos que manejan, si hacen o no hacen este tipo de quemas”, aseveró la titular de la comisión de Medio Ambiente, Rosa Angélica Fregoso Franco, sobre las propuestas del Ejecutivo, las cuales tienen como fin la prevención de incendios.

La también diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconoció que la realización de quemas calendarizadas ya se contemplaba en una norma federal; sin embargo, ahí no se establecían sanciones y se optó por fijarlas.

En caso de que las quemas sin permiso se realicen cerca de zonas forestales, la sanción se duplica. Si se hacen dentro de un área natural protegida, se triplica.

Con la propuesta del Ejecutivo, añadió la diputada, se prohibirán las quemas agrícolas en la zona metropolitana.

Este tipo de actividad puede denunciarse ante las direcciones de protección civil y bomberos y ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

 

Categoría: Gestión

Subcategoría: Legislación y normatividad

Actor(es): Enrique Alfaro Ramírez, Protección civil, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

Lugar (es): AMG

Prohíben quemas agrícolas en la ZMG

 

Milenio Jalisco

Jorge Martínez

10 de marzo del 2020

Informativo

 

Desde este martes, las quemas agrícolas quedan prohibidas en la zona metropolitana de Guadalajara.

En el Congreso del Estado se aprobó la ley para erradicar y sancionar con multas económicas a quien realice quemas en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara.

La nueva ley tiene la intención de disminuir los incendios forestales y la contaminación ambiental.

La Diputada Rosa Angélica Fregoso Franco, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia explicó.

“La propuesta la mando el ejecutivo, se hicieron varias mesas de trabajo con los Diputados, con los asesores de los Diputados, estuvo gente de SEMADET explicando el contenido de la misma precisamente fue aprobada, esto es para evitar la quema en la zona metropolitana de Guadalajara, se imponen sanciones también a las personas que las realicen sin la debida autorización y, además, dentro de los municipios se van a calendarizar o agendar de acuerdo al tipo de municipio, tipo de suelo y se tiene que hacer con la debida protección”, comentó.

Si los campesinos desconoce los métodos que pueden emplear para eliminar la maleza de sus terrenos sin realizar quemas, se pueden acercar a la Secretaria del Medio Ambiente Desarrollo Territorial (SEMADET), para buscar una asesoría, porque si incumplen la ley se podrían hacer acreedores a fuertes multas.

“Las multas están de 100 umas, estamos hablando de 8 mil 688 que es la mínima, y la máxima que es de 25 mil umas que es 2 millones 172 mil pesos. SEMADET y PROEPA son los especialistas y los indicados para aplicar las sanciones, ellos determinarán el riesgo que conlleva esto y si estas en las inmediaciones de un bosque la sanción se incrementa, y si la quema esta en un área natural protegida la sanción se triplica”, añadió.

En los municipios del interior del estado, los campesinos tienen que reunirse con los Presidentes Municipales para calendarizar las quemas, para que a su vez se solicite el apoyó a las brigadas de Protección Civil para evitar que el fuego se salga de control.

Para los municipios que carezcan de brigadistas de Protección Civil, se pondrá a disposición personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

 

Categoría: Gestión

Subcategoría: Demandas de la sociedad civil

Actor(es): Luis Miguel Maldonado Loza, Francisco de los Santos, Ramón Padilla Chávez

Lugar(es): San Pedro Itzicán, Mezcala, Atotonilquillo

 

Estado, sin respuesta a víctimas de la contaminación del Santiago

 

Partidero

Gloria Reza

10 de marzo de 2020

Informativo

Ante la falta de una respuesta por parte del Estado a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los pobladores de las zonas aledañas al río Santiago, uno de los más contaminados del país, enfermos renales se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir que cumplan.

Luis Miguel Maldonado Loza, de 25 años, habitante de San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán, padece de insuficiencia renal, desde hace cinco meses, su hermano mellizo, Oscar tiene la misma enfermedad, pero él desde hace un año y siete meses.

Luis Miguel solicita que el gobierno de Jalisco implemente transporte a todos los enfermos para que puedan acudir al IMSS o al Hospital Civil a recibir atención médica, así como una ambulancia, puesto que en la madrugada cuando “nos ponemos graves, tenemos que pagar a un vecino 500 pesos de ida y de regreso igual” para que nos lleve a Ocotlán o a Guadalajara.

También, pide que se construya un hospital más cercano, y se dé un apoyo económico porque hay personas que no tienen dinero, ni para el camión. En su caso, dijo que una hermana aporta recursos para poder costear los gastos de él y de Oscar que se dedicaban a la construcción, y que debido a su enfermedad ya no pueden laborar.

Francisco de los Santos, vecino de Mezcala, donó un riñón para su hijo, se queja que la enfermedad renal es muy cara “y con la pobreza que tenemos, en algunas ocasiones mejor pedimos la muerte, porque no la podemos sostener, más el hospital está saturado y tardan en atendernos”.

A su hijo, de 24 años, le hicieron el trasplante en el Hospital Civil, a un costo de 80 mil pesos que fue aportado por una fundación, y el medicamento que toma su hijo lo compra la familia, con ayuda. “Yo vengo para pedirle al gobierno que limpien nuestros ríos, nuestros lagos porque apestan y creemos que es un factor que provocan las enfermedades de pulmón y renales”, señaló.

Recordó que tres hermanos de su esposa, fallecieron a consecuencia de una insuficiencia renal, por lo que exige que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ)informe cuáles son los síntomas del padecimiento, cómo evitarlo, y que mande varios nefrólogos para atender a los enfermos no afiliados al IMSS.

También, pide a la SSJ una ambulancia para que vaya por los enfermos que viven en zonas alejadas, ya que el único camino es una brecha, y la única opción es llevarlos en una camioneta, pero al no contar con equipo médico mueren, como sucedió el pasado 24 de diciembre con un joven de 18 años.

Ofelia Urcino fue acompañada de su hija Sandra Baltazar, de 27 años quien no puede caminar, “es por culpa del agua contaminada”, considera la señora, y solicita ayuda económica para poder dar tratamiento a su hija. “Debemos 180 mil pesos, pedimos 20 mil, pero con los réditos subió a eso, el dinero lo usamos para pagar operaciones, medicinas, estudios, un aparato y tratamientos, para que pueda caminar”, aseveró.

El gobernador tlatoani, Ramón Padilla Chávez, perteneciente a la étnica Coca, y representante de 27 pueblos indígenas acudió para exigir a la autoridad que se cumplan las medidas cautelares de la CIDH, y que se incluya a su comunidad, Atotonilquillo, que también se ha visto afectada por casos de insuficiencia renal. Además, de los cinco poblados aledaños a la laguna de Cajititlán.

Incluso explicó que en Atotonolquillo, ubicado a 8 kilómetros de la cascada de Juanacatlán, en diciembre pasado fallecieron 10 personas de dicha enfermedad y no se daban abasto en el velatorio y el panteón municipal.

El pasado 5 de febrero, la CIDH pidió al Estado que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago, en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala”, que se encuentran en Poncitlán.

La CIDH dio un plazo de 15 días al Estado para informar sobre las medidas adoptadas y que le informe de forma periódica.

El integrante del Foro Socio Ambiental GDL, y enlace comunitario de Poncitlán, Enrique Lira informó que ante la falta de respuesta del Estado, acudirá el próximo jueves a la Secretaría de Gobernación con Georgette Rosas Morales, directora de Políticas Públicas y Vinculación con Dependencias para saber cuándo darían respuesta a la CIDH.

Enrique Ibarra, secretario general de gobierno, al preguntarle si ya emitieron una respuesta a la CIDH, respondió que desconocía, y que debía consultarse al subsecretario de Derechos Humanos, Gerardo Ballesteros de León.