Categoría: Salud y riesgos

Subcategoría: Afectados ambientales

Actor(es):  Jonathan Ruvalcaba Elizondo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Miguel Ángel Baltazar González

Lugar(es): Juanacatlán, Río Santiago, Poncitlán

 

La contaminación del Río Santiago “nos está matando”: afectados

 

Partidero

Gloria Reza

24 de febrero de 2020

Informativo

 

“Nos están matando, nos están dañando al no parar la contaminación, al no haber proyectos del saneamiento del río Santiago, ni en el corredor industrial de El Salto y ni en los corredores aledaños”, declara, postrado en su cama y con la poca fuerza que tiene, Jonathan Ruvalcaba Elizondo, vecino de Juanacatlán.

 

El joven, que está a punto de cumplir 33 años, vive en la calle Martha Hernández Loza al cruce con Juárez, a tres cuadras del río Santiago, cauce que recibe todas las descargas tóxicas del corredor industrial Ocotlán-El Salto, el principal del estado y uno de los ejes industriales más importantes del país.

 

Desde el pasado 5 de febrero, Jonathan Ruvalcaba forma parte de los beneficiarios de las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado proteja los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas, a raíz de la contaminación ambiental en el río Santiago y el lago de Chapala.

 

Esa protección también aplica para los habitantes de El Salto y de cuatro poblaciones del municipio de Poncitlán.

 

Considera Jonathan Ruvalcaba que “no necesitamos un estudio, o que intervengan universidades para darnos cuenta qué nos está enfermando. En este barrio son muchos enfermos con insuficiencia, infecciones en los ojos, infecciones virales, infecciones bacterianas”. Insiste en que la autoridad actúe ya. El Estado tiene hasta el próximo 28 de febrero para informar a la CIDH las acciones a realizar para mitigar muertes, enfermedades y contaminación.

 

El cauce del Santiago, el más contaminado en el país y el segundo en importancia de la vertiente del Pacífico, tiene una longitud de 475 kilómetros, recorre el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit.

 

Dentro del corredor Ocotlán-El Salto se contabilizan al menos 300 industrias, con diversos giros como metalurgia, química y farmacéutica, metalmecánica, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas. Estudios y documentos oficiales y académicos revelan que la mayoría descargan aguas residuales que incumplen con los parámetros que marca la norma.

 

Jonathan Ruvalcaba se sumó a la estadística de cientos de pobladores ribereños enfermos por la contaminación del río. Desde el 16 de noviembre pasado comenzó con vómito, ya lleva tres meses en ese estado; ningún medicamento lo ha curado. Su rostro refleja un gran dolor. Grita al sentir fuertes ardores en la boca del estómago. “Me quemo”, dice, y se acerca a vomitar a un bote que tiene junto a su cama.

 

Para tratar de identificar la causa de su enfermedad, su familia ha gastado en consultas con especialistas, medicamentos, estudios y análisis clínicos alrededor de 100 mil pesos, dinero que no tienen y que consiguieron mediante préstamos. Están endeudados y desesperados porque no se alivia.

 

Al interior de su humilde habitación se observan decenas de frascos de medicamentos y hasta un suero colgado de la pared. No tolera líquidos, muchos menos alimentos sólidos.

 

“Yo pensé que me había hecho daño algo que comí, pero ya llevo meses así. A los tres días, con todo y medicamento, no paraba la diarrea ni el vómito”, recuerda el afectado.

 

Le diagnosticaron primero una infección, después gastritis. Una biopsia dio positivo a la bacteria Helicobacter, por ello tomó tres tratamientos de 14 días cada uno, le informaron que ya estaba eliminada. Sin embargo, no se explica por qué continúan los vómitos. El médico le anunció que le harán de nuevo una biopsia y una endoscopia “para checar si hay alguna otra cosa”, lamenta.

 

El joven, que laboraba como asesor de servicios a clientes en una compañía aérea, relata que toda su vida ha estado expuesto a la contaminación del río, sin olvidar que cerca de donde habita está el relleno sanitario Los Laureles.

 

Al preguntarle si amigos de su edad se han enfermado, sin titubear responde: “bastantes”. Explica que en su mayoría de insuficiencia renal; contabiliza al menos cuatro en su cuadra, otros ya murieron, “son muchos, ya perdí la cuenta”, dice con la voz entrecortada.

 

Jonathan renunció a su trabajo cuando comenzó a sentirse mal; pensó que su malestar era por estrés.

 

Otro joven que pensó que su sintomatología también se debía al estrés laboral es Miguel Ángel Baltazar González, quien vive por la calle Benito Juárez, a una cuadra de la plaza municipal, y a tres del cauce del río Santiago.

 

Hace 10 años le diagnosticaron hipoplasia renal. Cuando el médico especialista le preguntó a qué clínica pertenecía, respondió que “a la de El Salto, la número 5 del IMSS, y me dice, ‘están viniendo muchos pacientes con el mismo problema, es donde está el río Santiago, ¿verdad?’ Yo le dije sí, y está contaminado. Me dijo ‘probablemente puede ser eso la causa, por la contaminación que hay en El Salto, Juanacatlán y sus alrededores. No eres el único, ya son varios pacientes’”.

 

Miguel, de 30 años de edad, en el momento que concede la entrevista acaba de someterse a una hemodiálisis, confiesa que creía que la insuficiencia renal se curaba con pastillas o inyecciones, y “que en 15 días iba a estar bien, pero al darme cuenta de cómo es, se me vino el mundo encima”.

 

Como medida de protección trae un cubre bocas –solo se asoman sus ojos cansados y apagado–; afirma que lo usa para evitar respirar los contaminantes que provienen del río.

 

En ese momento se percibe un olor putrefacto y nauseabundo. Los presentes en la entrevista coinciden en comentar “en que ahorita casi no huele; muy temprano o muy noche no aguanta uno el olor”. La reportera les insiste en que es desagradable el olor. Admiten que “quizá ya nos acostumbramos”.

 

Miguel, sentado en un sillón viejo, con voz tranquila, relata que la enfermedad se le manifestó con mareos, dolor de cabeza, “mucho vómito” y calambres muy fuertes en los pies.

 

“Se me doblaban los pies, y me desmayaba por el dolor de los calambres, por eso decidí ir al médico”, recuerda.

 

Su única esperanza de recuperación es un trasplante de riñón. Es el número 154 de lista de espera de un donador. Hace siete años ocupaba el lugar 1600. Sus padres no pueden donarle el órgano por la edad y enfermedad; sus dos únicas hermanas, rechazaron la idea porque tienen hijos, y temen que puedan enfermarse también por la contaminación.

 

Miguel tiene varios amigos y vecinos con insuficiencia renal; unos siguen luchando por recuperar su salud, otros se quedaron en el camino.

 

La mamá de Miguel, al concluir la entrevista, revela que su hijo ha pasado por un periodo de depresión, e incluso amenazó con suicidarse, puesto que está cansado de estar sometido a los tratamientos de hemodiálisis, y a no tener una vida normal. “Casi no sale; antes iba a la plaza, pero ya no lo hace porque se cansa demasiado”. La señora además comentó que en dos cuadras a la redonda se ha percatado que existen al menos 15 enfermos renales.

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del último censo de 2010, en Juanacatlán se contabilizaron 13 mil 118 habitantes, mientras que en El Salto sumaron 136 mil 226.

 

VÍCTIMAS DEL OCULTAMIENTO

Hace 10 años, cuando gobernaba el panista Emilio González Márquez, el entonces director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll, encargó un estudio a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para conocer las condiciones de salud de un grupo de 330 niños que vivían cerca del cauce del río Santiago.

 

El estudio arrojó que el 94% de la población infantil de Juanacatlán tiene plomo por encima de lo recomendable; en El Salto, el 98% está expuesto al cadmio; en Puente Grande el 60% presenta mercurio; en La Cofradía, el 45% tiene arsénico, y en la Colonia Jalisco 48% flúor por arriba de lo normal. Los resultados nunca se les dieron a conocer a los padres de familia, pese a que existía el compromiso de hacerlo.

La entonces presidenta de la mesa de padres de familia de la escuela primaria Urbana 627, Verónica Gómez Gutiérrez, quien tiene dos hijos que formaron parte de ese estudio, reclama que no les entregaron esa valiosa información que podría haber ayudado a conocer del porqué de sus padecimientos.

 

Toda su familia siempre ha vivido en Puente Grande, Tonalá. Su hijo, Noé García Gómez, de 22 años, sufre alergias de forma frecuente. “No puede respirar, sus ojos se ponen rojos, se llena de ronchas”, y el médico le recomendó retirarlo de la fuente de contaminación.

 

“Pero le dije que lamentablemente donde yo vivo, estoy en medio del río Santiago y de la basurera (relleno Los Laureles); dinero no tengo para llevármelo a otro lado. Le dije que por la mañana es un olor fétido que no se tolera, no se soporta, y mi hijo se levanta temprano para irse a la prepa, le pongo cubrebocas, pero eso no sirve”, recalca.

 

La señora pide a la autoridad que saneen el río o que lo entuben, y que le apoyen económicamente para solventar los gastos médicos de toda su familia. Detalla que a ella le detectaron un “bola en la cabeza, del tamaño de un frijol” que le provoca dolor de cabeza y la pérdida gradual de la vista.

 

Su hija, Wendy, de 16 años, presenta un tumor en su ojo izquierdo, del cual ya ha sido operada en dos ocasiones, y va por una tercera cirugía; a su esposo le detectaron insuficiencia renal hace cinco años; su mamá y una de sus hermanas están en la espera de conocer si tienen cáncer, y su padre murió a causa de este último padecimiento.

 

También asevera que una niña que formó parte de ese estudio, de nombre Dulce, falleció a la edad de 18 años, víctima de cáncer, y a un vecino y amigo de su hijo le detectaron la misma enfermedad, pero “como tiene papeles, se lo llevaron a Estados Unidos para curarlo, ya está mejor”.

 

Comenta que fue a reclamar a los maestros de la escuela cuando se enteró que la autoridad le había ocultado los resultados, sin embargo, ellos le aseguraron que tampoco conocían los datos.

 

Candy Virginia Padilla tenía 9 años cuando le hicieron el estudio en la escuela Urbana 627; vive a tres cuadras del río Santiago, en Puente Grande. A los 15 años le detectaron linfoma de Hodking, y se le desataron muchas enfermedades, como la neumonía.

 

“Los primeros síntomas fueron tos; yo tenía el cuello muy hinchado y mucha tos; dormía sentada, y tenía cansancio; caminaba una cuadra y era como si hubiera caminado muchísimo”, recuerda. Tras dos años y medio de tratamiento ya está curada, pero debe estar en revisión constante. Aunque no achaca su cáncer al río, sí lo culpa de sus constantes neumonías.

 

Cecilia Robles, también vecina de Puente Grande, cuya casa está en la parte baja de la colonia, por la calle Churubusco, a una cuadra del río Santiago, relata que sus dos hijos también estuvieron en la primaria Urbana 627, y que formaron parte del estudio ordenado por el gobierno. En ese tiempo tenían 7 y 9 años.

 

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Cecilia Robles. Foto: Gloria Reza.

 

Ambos presentan enfermedades en la piel; su hijo ronchas, y su hija manchas en brazos y cuello, incluso pérdida de cabello. Calcula que entre consultas médicas, pomadas y shampoos ha gastado mínimo 50 mil pesos.

 

Creía que los padecimientos de sus hijos eran por estrés; ahora que se enteró de los resultados del estudio, piensa que es por “vivir cerca del río”. Cecilia a la vez considera que el aumento de cáncer entre sus vecinos también es debido a la contaminación del cauce.

 

Su hija Paulina, que está presenta en la casa, se rehúsa a dar una entrevista, le da vergüenza hablar sobre su enfermedad.

 

Esmeralda García Reynoso, de 19 años, es otra de las entonces alumnas que participó en el estudio de la CEA. Vive por la calle Nicolás Bravo, a unos pocos pasos de la casa de Cecilia Robles. Padecía frecuentemente de alergias, y tiene asma, pero controlado.

 

Señala que en tiempo de lluvia, las calles de su colonia se inundan de las aguas negras provenientes del río. Sin embargo, ninguna autoridad se presenta a apoyarlos para limpiar y mucho menos para pagarles los daños a su menaje.

 

En el recorrido que hizo la reportera también se incluyó El Salto. En ese municipio encontró muchos jóvenes con enfermedades renales, quienes coincidentemente estudiaron en la escuela Urbana 59 “Pedro Ogazón”, que se ubica junto al río Santiago.

 

Juan Carlos Díaz, de 30 años, recuerda que “la espuma” que venía en el caudal del río llegaba al patio de su escuela primaria Pedro Ogazón. Sin saber que era tóxica, él y sus compañeros jugaban con ella. Cuando tenía 20 años, le detectaron insuficiencia renal crónica, su padre le donó un riñón hace seis años. Vecinos que se distribuyen a dos cuadras de donde vive también sufren esa misma enfermedad. Pide a la autoridad apoyo económico para todos los nefrópatas y saneamiento del río.

 

Otros jóvenes a quienes los médicos les informaron que “no se les desarrollaron los riñones” son Mayra Valladolid, de 28 años, y Diego Armando, de 26 años, que están bajo hemodiálisis y en espera de un trasplante.

 

CUESTIONES ECONÓMICAS

Israel Macías López, profesor de la Escuela de Empresariales de la Universidad Panamericana, lamenta que las empresas trasnacionales cumplan en su país, pero en México, por ahorrar en costos de operación, contaminen. Sin olvidar que el Estado mexicano es omiso en cumplir su función de proteger el ambiente, refiere.

 

Considera que el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría “ser el punto de presión que necesita el Estado mexicano para aplicar la ley ambiental, sobre todo ante los problemas del río Santiago”.

 

Estima que las aproximadamente 1500 empresas asentadas en el corredor industrial de El Salto, en su mayoría se niegan a invertir en el tratamiento de sus aguas industriales o en métodos menos contaminantes, al no obtener ninguna rentabilidad.

 

“Por eso vemos simulaciones y apuestas a que con el tiempo de olvide el tema; incluso prefieren gastar en publicidad, en imagen pública o quizá en temas de corrupción porque les sale más barato” que limpiar sus procesos de producción.

 

El especialista en finanzas comenta que al entrar en vigor el T-MEC, empresas del país vecino del norte podrían exigir que las asentadas en el corredor industrial de El Salto o cualquier otra parte de México cumplan con las normas ambientales, y argumentarían que “representa competencia desleal. O lo limpias o dejas de exportar”.

 

MEDIDAS CAUTELARES                               RÍO SANTIAGO

El 18 de julio de 2019 la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares en favor de los pobladores aledaños al río Santiago, en Juanacatlán y El Salto, así como de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala, ubicadas en el municipio de Poncitlán.

 

La solicitud fue hecha por Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), para que el Estado –entiéndase los tres niveles de gobierno–proteja los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas, a raíz de la contaminación ambiental en el río Santiago y el Lago de Chapala.

 

El Estado respondió el 6 de septiembre, pero minimizó los hechos. Por ello, Raquel Gutiérrez presentó en octubre más información que demostraba el daño causado a las personas a causa del cauce contaminado.

 

La CIDH, mediante la resolución 7/2020, emitió la medida cautelar 708-19 a favor de los afectados que vivan hasta cinco kilómetros de la orilla del río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de las cuatro localidades de Poncitlán, tras demostrarse que se “encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable”, se lee en el documento.

 

La CIDH pidió al Estado brindar un diagnóstico médico especializado y atención médica adecuada a los enfermos, y deberá informar antes del 28 de febrero sobre cuáles serán las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo, refirió en entrevista Raquel Gutiérrez Nájera.

 

Una de las pruebas que entregaron a la CIDH es el caso del niño Miguel Ángel López Rocha, quien tras caer al río, hace 12 años, murió intoxicado por arsénico.

 

La muerte del menor originó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitiera la macro recomendación 01/2009, dirigida al gobierno del estado, a la Comisión Estatal del Agua (CEA), al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), y a 14 municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco El Alto y Arandas. Pero a más de una década, no hubo ningún avance, permanece el olor putrefacto del río y aumentan las enfermedades.

 

Además, Raquel Gutiérrez presentó un estudio con fecha de 2016, de Greenpeace, que demostró la presencia de contaminantes tóxicos vinculados a actividades industriales que causan cáncer, son corrosivos a la piel, perjudican la reproducción humana, el hígado y los riñones.

 

Ese estudio se hizo tras la instalación de una planta de tratamiento de aguas solo de uso doméstico, no industriales.

 

Un dato que destacó la organización ambiental, con reconocimiento mundial, es que la mayoría de las sustancias halladas no están sujetas a ninguna regulación bajo las normas mexicanas, “por lo que aunque que las aguas del Río Santiago cumplieran con los parámetros impuestos, aun así podrían mantener altos niveles de toxicidad”, se menciona en el documento.

 

Otro dato más que se aportó es que, en 2016, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas visitó Jalisco y constató que el río Santiago recibe descargas de más de 300 industrias en el corredor industrial Ocotlán-El Salto, y que existen dos macro plantas, El Ahogado y Agua Prieta, las cuales solo se tratan aguas residuales domésticas, no las industriales.

 

Para probar que van en aumento las enfermedades gastrointestinales, cáncer, respiratorias e insuficiencia renal, IDEA, en colaboración con la Universidad de Guadalajara, aportó una investigación realizada en 2017 que revela que niños y niñas de la comunidad de Agua Caliente tienen una prevalencia de albuminuria de tres a cinco veces más altos que los valores conocidos en la literatura. Esa sustancia, según el estudio, es uno de los primeros indicios de daños en los riñones.

 

A la vez se entregó un estudio similar, ahora aplicado a la comunidad de San Pedro Itzicán, que mostró la presencia de albuminuria en 75% de la muestra de niños y niñas evaluados. En esa comunidad, se tiene documentado que desde 2003 hasta mediados de 2019 fallecieron 28 personas por enfermedades renales crónicas.

 

Raquel Gutiérrez llevó otros dos estudios que se hicieron en 2019, y que detectaron que menores de la población de Agua Caliente tenían en sus organismos la presencia de pesticidas, lo que afectaría a su desarrollo cognitivo.

 

Asimismo, se incluyeron análisis científicos que probaron concentraciones de mercurio, sulfuros, cadmio y coniformes fecales muy por encima de la norma.

 

La respuesta de Jalisco a la CIDH es que se realizan acciones de saneamiento en la Laguna de Chapala, al contar con 19 plantas de tratamiento de aguas residuales.  Mientras que en El Salto y Juanacatlán, dice, funcionarán tres plantas con capacidad para 52 litros por segundo, y recordó que operan dos plantas de aguas residuales en El Ahogado y Agua Prieta, que contribuyen a sanear esos municipios.

 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que habría realizado de 2014 a 2018 un total de 21 visitas de inspección a usuarios en Juanacatlán y El Salto –existen al menos 300 empresas en ese corredor industrial que descargan sus residuos al río– y que se iniciaron seis procesos administrativos por violaciones legales.

 

Incluso la dependencia federal aseveró que tras hacer un monitoreo al río Santiago entre 2012 y 2017, concluyó que “presentó una recuperación en la mayoría de las estaciones” de monitoreo, mostrando concentraciones “aceptables” en algunos indicadores.

 

La Conagua también reportó que existen concentraciones elevadas de nitrógeno, fósforo y coliformes fecales por las descargas municipales y por la contaminación difusa de las zonas agrícolas.

 

En el caso de los metales pesados como arsénico, cianuro, cromo, níquel y plomo, se encuentran por debajo de los límites permisibles para los diferentes usos del río Santiago, pero admite que mercurio y cadmio presentan concentraciones por arriba de los límites en algunas estaciones de monitoreo.

 

Jalisco informó que la CEA rehabilita nueve plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del río Santiago, y que publicó en 2019 el “Plan de Gobernanza y Desarrollo del estado de Jalisco”, con el tema especial “Recuperación Integral del Río Santiago”.

 

El gobierno de Enrique Alfaro también refirió que se crearon comisiones de cuenca para fomentar el uso eficiente del agua en la agricultura y las ciudades, el saneamiento de aguas residuales y su reuso”. Nunca habló qué pasa con las aguas industriales.

 

La administración de Alfaro aseveró que la situación de los afectados y la sanitaria es atendida por su gobierno, por lo que consideró innecesarias las medidas cautelares. La CIDH, con las pruebas presentadas, decidió que no era así.

 

INDUSTRIAS CONTAMINANTES

La coordinadora de Instituto Mexicano para la Defensa del Territorio (IMDEC), María González Valencia, compartió con este medio una investigación que demuestra que los registros públicos oficiales son “parciales e inconsistentes”, al momento de rendir cuentas sobre cuáles son las empresas ubicadas en el corredor Ocotlán-El Salto que arrojan sus residuos al río Santiago, y en qué cantidades.

 

Con base en estudios y documentos oficiales y académicos, se percataron que no existe un inventario completo del tipo y número de industrias, ni características de las descargas que hacen desde los municipios de El Salto, Juanacatlán, Poncitlán y Chapala.

 

“En otras palabras, no se sabe públicamente qué se descarga al río ni en qué cantidad”, lamenta IMDEC.

 

Ponen como ejemplo que en 2006 el ayuntamiento de El Salto informó sobre 220 “instalaciones generadoras de vertidos de agua residual”. Un año antes la CEA “habla de 151 industrias” en ese mismo municipio, y en 2009 el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), señala que 16 industrias de “jurisdicción federal reportaron emisiones al agua”.

 

El IMDEC apunta en su investigación que el modelo de negocios de las industrias de la cuenca está basado en la explotación “gratuita” del ambiente, “desestima y margina a las poblaciones que pagan los costos con su salud y calidad de vida”.