Tema: Gestión

Subtema: Manejo para la obtención de recursos

Actores: Semadet

Lugares: Sur de Jalisco

Denuncia Semadet cambio de uso de suelo de bosque a cultivo en municipios sureños

 

Milenio Jalisco

Elsa Martha Gutiérrez

19 de junio de 2019

Informativo

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET), prepara una denuncia por el cambio de uso de suelo de mil 500 hectáreas de bosque a cultivo en varios municipios sureños, entre ellos, San Gabriel donde el pasado 2 de junio un deslave provocó la muerte de cinco personas y dejó al menos 3 mil personas afectadas.

El recurso se presentará en la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y será contra quien resulte responsable.

En su mayoría, las áreas boscosas se convirtieron en huertas de aguacate, aunque también se detectaron plantíos de agave.

El titular de la SEMADET, Sergio Graf Montero, informó que el último permiso otorgado por su homóloga Federal para cambio de uso de suelo fue en 2009.

La deforestación que se denunciará habría sucedido en 2011, sin la autorización correspondiente.

“Nosotros estamos preparando una denuncia formal ante las autoridades correspondientes para los sitios donde tenemos certeza de que había bosque y que fue sustituido por aguacate para que se tomen las medidas y ver si tienen permisos”, expuso.

Dijo que ha sido difícil ubicar las zonas afectadas, ya que quienes realizan el cambio de uso de suelo para cultivos no permitidos, quitan la vegetación del lugar y la entierren. Detalló que las mil 500 hectáreas afectadas hubo tala clandestina que luego se convierte en algún tipo de cultivo.

En entrevista, el Secretario descartó que durante el estudio de riesgos de incendios en la zona sureste de Jalisco, se haya advertido del riesgo del deslave en San Gabriel. “No, porque la mayor zona de severidad fue en otra cuenca”, respondió a pregunta expresa.

Graf Montero explicó que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) investiga “el por qué se arrastró tanto material vegetal en San Gabriel” el domingo 2 de junio. “Si se identifica el punto donde haya sido se podrá actuar proceder en relación al incidente”, sentenció.

Sin embargo, consideró que lo sucedido en San Gabriel “se debe a que cuando se da un cambio de uso de suelo sin autorización realizan un movimiento de la tierra”.

De ahí que se continúen haciendo los peritajes en la zona. Reveló que trabaja junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para establecer una estrategia integral para ordenar los cultivos de aguacate, debido a la deforestación que se registra en Jalisco.

“No es un asunto que se resuelva con inspecciones, sanciones, sino también con instrumentos, incentivos y reglas nuevas a través del ordenamiento territorial”, argumentó Sergio Graf.

Advirtió que los productores de aguacate y otros cultivos tendrán que sujetarse a las nuevas reglas. “Mapas de elegibilidad donde se van a poder realizar cultivos como el agave y berries”, entre otros.

Se desconoce cuándo podría quedar concluida el plan de ordenamiento.

MC

 

Tema: Gestión

Subtema: Manejo para la obtención de recursos

Actores: Sergio Graf, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet)

Lugar: Sur de Jalisco

Denunciarán cambio ilegal de uso de suelo en el sur

 

Mural

Fernanda Carapia

20 de junio de 2019

Informativo

 

Ya está casi lista la denuncia en contra de quienes resulten responsables por el cambio ilegal de uso de suelo en bosques del Sur de Jalisco.

Sergio Graf, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), informó que se tienen detectadas mil 500 hectáreas, aproximadamente, que pasaron de forestal a agrícola sin autorización.

“Estamos preparando una denuncia formal ante las autoridades correspondientes (Fiscalía General de la República y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) para los sitios donde tenemos certeza de que había bosque y fue sustituido por aguacate”, destacó.

Con esto se busca que la Federación revise si contaban o no con el permiso, ya que, según la Semadet, la última autorización para transformar un suelo forestal por agrícola se dio en 2009 y los lugares identificados por la dependencia estatal fueron posteriores a esta fecha, en 2011.

La mayoría de las hectáreas que forman parte de la denuncia, agregó, son de aguacate, sin embargo, también se encontró agave.

Graf comentó que dentro de la superficie a denunciar está San Gabriel, donde el pasado 2 de junio se presentó un aluvión que “sepultó” a la cabecera municipal en lodo y troncos.

Lo que se investiga en San Gabriel, agregó, es el arrastre de tanto material forestal, que se da, principalmente, cuando se desmonta un terreno y los desechos se entierran en cañadas.

“No estamos seguros que haya sido en una aguacatera, probablemente fue en otro con cultivo de agave, se están haciendo los peritajes, pero cuando no se hace con permiso mueven la tierra, arrancan las raíces y las entierran en cañadas y cuando hay un evento con este mueve todo el material”.

El titular de la Semadet reconoció que la lluvia que se presentó en la parte alta de la sierra en San Gabriel, el 2 de junio, no fue atípica ni excepcional.

“Fue una lluvia de temporada que se encontró con un suelo desprovisto de materia orgánica”, dijo.

 

Tema: Gestión

Subtema: Reservas naturales

Actores: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Carla Aceves Ávila

Lugar: Bosque de La Primavera, Jalisco

Conanp debe aclarar correcciones a ANP

 

El Diario NTR Guadalajara

Agustín del Castillo

20 de junio de 2019

Informativo

 

La “corrección” que dos funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) realizaron en 2009 sobre el mapa del polígono de La Primavera, que tuvo como consecuencia dejar fuera de la zona de protección casi 53 hectáreas, demandaría una amplia explicación del organismo federal para determinar no solo si se trata de omisiones dolosas y conductas presuntamente delictivas, sino el posible daño al patrimonio del área natural protegida (ANP), estimó la doctora en derecho ambiental, Carla Aceves Ávila.

“El reconocimiento expreso de ambos funcionarios consiste en que el polígono que se consulta está fuera del área según el decreto de 1980; sin embargo, aunque se reconoce la discrepancia en linderos en razón de un error de medición, no queda claro a partir de la redacción si en razón del error detectado el área que se consulta estaría fuera o dentro del ANP (…) el conocimiento y comprobación de este error por parte de estos funcionarios los coloca en una distinta posición de responsabilidad dentro del caso,  ya que al tener conocimiento de la circunstancia y constatar fehacientemente el error, estarían obligados al menos a comunicarlo a la o las instancias conducentes capaces de subsanar el error. El no actuar con formalidad en consecuencia a lo encontrado evidencia falta de pulcritud administrativa, por decir lo menos”, señala, luego de revisar la documentación hecha pública por El Diario NTR (ver edición del 17 de junio de 2019).

Ambos funcionarios, “por sí mismos, están imposibilitados a subsanar el error a través de un dicho o una instrucción, pues la norma no les otorga esta atribución. Asimismo, al ser una rectificación de linderos, técnicamente sería una errata del decreto si, y solo si, este polígono hubiera sido considerado en los estudios originales correspondientes (…) en mi opinión, la clara intención de integrar el polígono considerando coordenadas y mediciones correctas manifestada en tiempo y acreditando un mero error de medición y registro (error de forma), hubiera sido una falla plenamente convalidable o subsanable en sentido administrativo, y con una errata sobre la publicación, puntualmente realizada, hubiera sido suficiente. La errata una vez publicada, a su vez, debería haber dado pie a una rectificación en el Registro Público de la Propiedad”.

Pero “si estos funcionarios no actuaron notificando lo anterior y dando a conocer la necesidad de rectificación del decreto de origen, en mi opinión es una causa clara de responsabilidad administrativa. Si en razón de este conocimiento actuaron y de hecho reconocieron un límite diferente al del decreto sin la modificación formal correspondiente, estimo que la conducta inclusive podría ser dolosa y delictiva, actuando dolosamente en contra del interés y patrimonio públicos, claramente en contra de intereses colectivos y sociales”.

 

VE OMISIONES

Del mismo modo, agrega, “si no hubo la debida notificación a las autoridades administrativas del ANP (gobierno del estado de Jalisco y dirección del bosque) como estimamos que no la hubo, en razón de las reiterativas observaciones de invasión de este polígono por parte de la dirección del bosque La Primavera, hay una clara responsabilidad por omisión por parte de las autoridades federales. El predio en comento es una franja interesantísima para la especulación inmobiliaria y de servicios. Habría que observar una posible cadena de corrupción con todos los involucrados, incluyendo al interesado particular que consultó. Resulta interesante que los funcionarios afirman con claridad que el predio está fuera, pero se informa del error sin que quede claramente especificado si el polígono que se consulta estaría dentro o fuera una vez considerado o subsanado el error, pues señala que ciertos vértices ‘son los más cercanos al predio particular”.

En esta investigación “resultaría pertinente consultar la condición del predio en el registro público, si es que en algún momento fue considerado dentro del área, o si desde esta perspectiva siempre ha estado fuera. Ello impactaría tanto en responsabilidades de los posibles afectados dentro de esta franja, como en su caso en responsabilidades de funcionarios locales”.

Aceves Ávila señala que desde 2009 han cambiado las cosas en el polígono en mención, donde hay presencia de asentamientos humanos; si se determina que es del ANP, se deberá ajustar a la actual realidad en los instrumentos del área protegida. “Resulta pertinente observar la consistencia en la actuación de las autoridades del bosque pues (…) han observado reiterativamente que en esa franja existen invasores del ANP, pues no hay una rectificación del decreto y por lo que les consta, el predio está dentro”. Otros instrumentos son congruentes con ello, como el plan de ordenamiento territorial metropolitano, el ordenamiento ecológico de Zapopan y los Planes Parciales.

“El dicho o ‘instrucción’, en su caso, de los funcionarios federales, no es capaz de modificar el decreto de creación y pretender modificarlo así, sin duda es causa de una muy importante responsabilidad jurídica, pues se excederían en sus atribuciones. Si los funcionarios no dieron la ‘instrucción’ de cambiar, pero actuaron en consecuencia con ese fin, la conducta es también inadecuada pues se aparta y violenta de hecho el cumplimiento del instrumento jurídico decretado. Si instruyeron a otros a que actuaran en esa consecuencia, también aún actuando bajo la cadena de mando, estos tendrían una clara responsabilidad y aquellas acciones basadas en esta instrucción estarían viciadas de origen”, advierte.

“La conducta inclusive podría ser dolosa y delictiva, actuando dolosamente en contra del interés y patrimonio públicos, claramente en contra de intereses colectivos y sociales”

Carla Aceves Ávila, doctora en derecho ambiental

 

Tema: Gestión

Subtema: Tenencia y concesiones

Actores: Caabsa Eagle, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), Enrique Alfaro Ramírez, Sergio Graf Montero

Lugar: Tonalá, Jalisco

Caabsa, protegida por artilugio legal

 

El Diario NTR Guadalajara

Violeta Meléndez/ José Toral

20 de junio de 2019

Informativo

 

Con una afirmativa ficta y un amparo del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) es como la empresa concesionaria de la basura de Guadalajara, Caabsa Eagle, consiguió ampliar y seguir operando hasta la fecha el relleno sanitario Los Laureles desde 2016. La empresa habilitó una nueva celda, la cual carece de manifestación de impacto ambiental y empresa no ha cumplido hasta ahora con toda la información solicitada, por lo que aún se le requiere. La dependencia tiene un plazo que vence el 31 de julio para responder si es viable o no que se expanda.

“La ampliación está en revisión y vamos a solicitar más información porque está incompleta, estamos en tiempo”, declaró ayer, luego de agregar que está por anunciarse un nuevo modelo de gestión de residuos para todo el estado para disminuir los conflictos ambientales a causa de este giro.

“La ampliación está en revisión y vamos a solicitar más información porque está incompleta, estamos en tiempo”

Sergio Graf Montero, titular de la Semadet.

de autorización para trabajar por parte del gobierno del estado.

La afirmativa ficta, una figura jurídica que favorece al promovente de una obra cuando la autoridad no responde en tiempo y forma a su solicitud, se le notificó a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) el 28 de junio de 2016 a través de un oficio en el que el representante legal de Caabsa le avisa que, tras haber ignorado su trámite formal, a partir de ese momento entraría en operación la celda, aunque se trata de una infraestructura que requiere supervisión técnica para evitar riesgos de contaminación.

Dicho trámite se dio cuando la celda ya había sido clausurada el 11 de marzo de ese año por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) debido a que era construida sin permiso ambiental, por lo que Caabsa intentó regularizarla el 18 de marzo en la Semadet, pero no hubo respuesta y tramitó la afirmativa ficta.

Tras enterarse de este recurso legal, la Proepa regresó al sitio y clausuró por segunda vez la nueva celda irregular; sin embargo, Caabsa obtuvo un amparo que le permitió operar 100 por ciento del relleno sanitario pese a la clausura parcial que tenía en ese momento y, de esa forma, funciona el sitio hasta la fecha.

 

SIN ESPACIO, DAN 15 AÑOS DE CONCESIÓN

El contexto en el que se dio la ampliación de Laureles sin el aval de la Semadet fue el refrendo de la concesión de la basura de Guadalajara con el presidente municipal en turno, Enrique Alfaro Ramírez, quien a pesar de las irregularidades le extendió el contrato para recolectar y disponer los residuos públicos por 15 años más a partir del 28 de abril de 2016; sin embargo, en ese entonces la vida útil del relleno sanitario era de sólo 14 meses.

Con la nueva celda, que opera actualmente con un amparo, la capacidad de disposición final de la basura se extendió cuatro años, de acuerdo con los informes semestrales que entrega Caabsa a Semadet y que se obtuvieron vía ley de transparencia; sin embargo, este periodo no le es suficiente para disponer los 12 años restantes.

“Nosotros no le dimos ninguna autorización, Laureles tiene un amparo que le permitía operar para esto y todo su sistema está operando en ese sentido (…) Históricamente con Laureles había una relación siempre de demandas y contrademandas y dificultaba mucho la actuación, en este momento se ha trabajado de manera muy cordial con la empresa en términos de la posibilidad de realizar las inspecciones”, declaró ayer el titular de la Semadet, Sergio Graf Montero.

Actualmente el funcionario se encuentra en el análisis de una nueva solicitud que en febrero ingresó Caabsa a Semadet para anexar a Laureles el predio Los Pinos, de 275 mil 963 metros cuadrados, para incrementar casi en 50 por ciento la capacidad de recepción de basura que actualmente tiene el sitio, es decir, para almacenar hasta 5 millones de metros cúbicos de residuos que le darían 10 años más de vida útil, de acuerdo con el estudio ambiental que obtuvo este medio por transparencia.

Se trata de un trámite que ya fue le negado por la anterior administración el 27 de mayo de 2016 con el argumento de que existen altos niveles de metales pesados en el suelo por inadecuada disposición de la basura y debido a que el predio no cumple con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 083-Semarnat, que establece que debe haber una distancia mínima de 500 metros entre el relleno sanitario y asentamientos humanos, en este caso, fraccionamientos de Tonalá.

Sin embargo, en la actual administración se evalúa la solicitud, aunque el titular de Semadet admite que la