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Diseñan diplomado en Periodismo Judicial
El Informador
Sergio Blanco
7 de noviembre de 2018
Informativo
Como parte del programa de colaboración Promoviendo la Justicia en México, en el que participan la Universidad de Guadalajara y la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés), la casa de estudios diseñó un diplomado en Periodismo Judicial, destinado a la profesionalización de operadores y comunicadores en el sistema de justicia penal acusatorio.
“Consideramos que los periodistas son muy trascendentes en este sistema de justicia, primero, para que se les respeten los derechos y evitar que los policías en una mala práctica no les permitan generar sus reportajes y con lujo de abuso de autoridad les quiten las cámaras fotográficas o las grabadoras, como ha sucedido”, justificó Axel Francisco Orozco Torres, jefe del Área para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
El otro objetivo es garantizar que los periodistas y comunicadores generen una información más pertinente y ajustada a las reglas del nuevo sistema de justicia para que puedan informar mejor.
Son seis módulos que abarcan temas desde política criminal e industrias culturales, derechos humanos de la justicia penal, acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad, desafíos y alcances del periodismo y las narrativas transmedia y la justicia penal.
El diplomado consta de 150 horas presenciales distribuidas en 15 semanas, los viernes de 16:00 a 21:00 horas; y los sábados de 9:00 a 14:00 horas en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. Inicia este 9 de noviembre y las inscripciones cierran el jueves 8.
El diplomado está dirigido a periodistas, comunicadores, fiscalistas, defensores, asesores jurídicos de víctimas, jueces, abogados litigantes, licenciados en trabajo social, psicólogos y sociólogos, y público en general.
Los interesados pueden ingresar en la página http://justiciapenal.udg.mx/ o comunicarse al teléfono 3134-2222, extensiones 11447 y 11422.
Periodistas
Normas sobre protección a periodistas
Ante ONU, México reconoce “grandes desafíos” en DDHH; la protección a periodistas, uno de ellos
Aristegui Noticias
Redacción AN
7 de noviembre de 2018
Informativo
Ginebra, Suiza.- Este miércoles, más de 100 de países recibieron con preguntas y recomendaciones en materia de derechos humanos al Estado mexicano como parte de la 31a edición del Examen Periódico Universal (EPU) en el Palacio de las Naciones. Las desapariciones forzadas, los asesinatos de periodistas, los casos de tortura y la garantía de acabar con la impunidad en el país, fueron los temas clave durante la sesión de poco más de tres horas.
Al frente de la delegación mexicana, Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos Miguel Ruiz Cabañas, reconoció que el país “enfrenta retos considerables en materia de derechos humanos”, los cuales han sido eje clave para la actual administración de Enrique Peña Nieto y “no venimos ni a minimizarlos ni a negarlos”.
Sin embargo, al ser el segundo EPU que le toca al actual gobierno (el primero tuvo lugar en 2013), Ruiz Cabañas también resaltó la disposición del país a fortalecer el régimen democrático y como prueba señaló la apertura que México ha mostrado al escrutinio internacional al recibir, desde 2013, 28 visitas oficiales de mecanismos y procedimientos especiales de Naciones Unidas y del sistema Interamericano.
“El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, además de integrar las recomendaciones del segundo ciclo de revisión, buscó transversalizar la perspectiva de derechos humanos en los programas sectoriales y de presupuestos“, detalló.
Durante su intervención inicial, al mencionar los principales retos para el Estado mexicano durante los últimos cinco años, Ruiz Cabañas destacó como primer punto la efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal y el combate a la impunidad, además de la erradicación de la violencia generada por el crimen organizado.
Los puntos sobre los que los estados miembros hicieron mayor hincapié, y que quien encabeza la delegación mexicana señaló como grandes retos, fue el fortalecimiento de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la operación eficaz de todas las disposiciones y mecanismos creados a partir de la ley General de Desaparición de personas y de la Ley contra la Tortura.
El representante de Estados Unidos, Charles Bentley, fue el primero en tomar la palabra y reconocer los esfuerzos de México por preservar la democracia y dar solución a las violaciones de derechos humanos en el país. Recomendó la creación de una base de datos de ADN a nivel nacional, con la cual podría darse una línea de salida en un país que de acuerdo al último corte del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas llegó hasta 37 mil.
“La corrupción significativa facilita la impunidad en el país”, señaló Bentley previó a apuntar la falta de responsables en el caso Iguala y los casos de tortura que ocurrieron durante las investigaciones de la Procuraduría General de la República.
Argentina, Canadá, Chile y República Checa, fueron algunas de las otras naciones que hicieron recomendaciones a México en torno al tema de los desaparecidos; incluso, Uruguay solicitó al Estado mexicano la apertura para que el Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, pueda conocer casos de desapariciones particulares.
En el caso de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, naciones como Austria y Alemania enfatizaron en la impunidad que existe en esta materia. Además recomendaron tomar las acciones necesarias para garantizar que el Mecanismo de protección a estos actores tuviera los fondos necesarios para continuar en funcionamiento.
Por parte de la delegación mexicana, Rafael Avante, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, tomó la palabra y aseguró que México continuará con los esfuerzos para que dicho mecanismo siga operando y consideró que actualmente “cuenta con los recursos suficientes”.
Ricardo Sánchez, titular de la Fiscalía especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión, resaltó las acciones que se han hecho en atención de estos casos y resaltó que en los asesinatos de Javier Valdez y Miroslava Breach ya hay detenidos.
Temas como la garantía de los derechos a los miembros de la comunidad LGBTI y su inclusión, así como una serie de medidas para erradicar la violencia de género, el grave problema que significan los feminicidios y la protección a los migrantes que atraviesan el territorio mexicano, fueron algunos en los que algunas naciones se concentraron.
Al respecto, Kenya López Ramadán, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, señaló que desde el Congreso mexicano ya se está trabajando para la creación y reforma de leyes relativas a la promoción y defensa de los derechos humanos, con el compromiso de legislar conforme a los principios de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad.
Aseguró que “muestra de ello es la deliberación que actualmente tenemos, que al parecer alcanzará los acuerdos necesarios para lograr paridad de mujeres y hombres en la toma de decisiones en los ámbitos ejecutivo, legislativo, judicial y organismos autónomos, dándole así a los espacios de decisión un rostro complementario de mujer“.
Luego del EPU, la delegación mexicana se reunió en otra sala del Palacio de las Naciones con representantes de ONGs mexicanas que viajaron a Ginebra para presenciar el examen y seguir dado cuenta de las necesidades en materia de derechos humanos, que el gobierno mexicano no ha podido resolver.
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