Libertad de expresión
Diagnóstico sobre libertad de expresión
Reforma
Sergio Aguayo
7 de noviembre de 2018
Opinión
Sin buscarlo ni quererlo, me inscribieron en un club tan selecto que sólo tiene tres miembros. Humberto Moreira y Eruviel Ávila, exgobernadores del PRI, seleccionaron a Pedro Ferriz de Con, Humberto Padgett y a mí, para demandarnos por daño moral y pidieron indemnizaciones por 10 millones de pesos o más.
En México han crecido los choques entre tres derechos: la libertad de expresión, el honor y la información. Una consecuencia perversa es la “moda” de utilizar tribunales para presentar demandas desproporcionadas que buscan intimidar y desgastar a periodistas y defensores de derechos humanos.
Proteger a periodistas importa porque, como argumenta Benjamin Smith en su más reciente libro (The Mexican Press and Civil Society), los periodistas han sustituido a la Iglesia y a los maestros como intermediarios entre sociedad y Estado. Una función similar juegan los Organismos de la Sociedad Civil de derechos humanos. Ese papel explicaría la ferocidad del acoso contra periodistas y defensores.
Empezaba 2016 cuando publiqué una columna sobre la detención del profesor Humberto Moreira en España. Apoyándome en documentos judiciales de aquel país y en información generada en México, aseguré que el profesor había sido un gobernador indiferente hacia las víctimas, que olía a corrupción y era modelo de impunidad. El profesor dejó pasar seis meses y en julio me demandó por 10 millones de pesos; esa era la cantidad que resanaría el daño causado por mis palabras. Siempre he pensado que se trataba de una forma de intimidación por las investigaciones que he estado coordinando sobre las atrocidades de Los Zetas en el norte de Coahuila; que terminaron de apoderarse de esa región cuando el profesor fue gobernador.
Durante los primeros meses del juicio, el profesor fue el consentido del juez, pues le cumplía todas sus peticiones, incluidas algunas bastante descabelladas. A los seis meses, y después de interponer varias inconformidades, pasaron el caso a otro juzgador donde he sido tratado con imparcialidad. Eso no me ha librado de recorrer el vía crucis de los trámites costosos y las diligencias engorrosas. El sistema judicial se esmera en maltratar la dignidad y el honor. Si pudiera demandarlos, ¿cuánto les pediría?
Me quejo pero soy consciente de que, en comparación con otros colegas, he sido un privilegiado por la solidaridad y el arropamiento que me han dado los lectores, El Colegio de México, los medios donde publico, Artículo 19, Propuesta Cívica y el Bufete Beristain que me defiende gratuitamente (yo cubro los costos). Otro ángulo es la energía con la cual han evadido su responsabilidad las instituciones públicas; han evitado meterse en las demandas por daño moral.
Un caso emblemático es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Fue creado en 2012, depende de la Secretaría de Gobernación y desde su fundación me hicieron beneficiario. En su etapa inicial fue una burocracia inservible, pero ha sabido responder a críticas y sugerencias y es indudable su mejoría, constatada en un estudio reciente realizado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede). Dicho esto, hasta hace días se negaba a reconocer que las demandas por daño al honor son una agresión.
El 1o. de noviembre la coordinadora ejecutiva, Patricia Colchero, envió un oficio al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (con copia al juez que lleva mi caso) informándole del interés de la Junta de Gobierno del Mecanismo sobre mi situación y solicitándole que tomen en cuenta los estándares internacionales en este tipo de litigios.
Ignoro el efecto que tendrá en mi juicio. Lo importante es que el Mecanismo ya reconoció que es competente en asuntos de este tipo. Sigue entonces que esta dependencia tendrá que atender a colegas en una situación similar. Entre otros, El Mañana de Nuevo Laredo, Roxana Romero de Vanguardia, Norma Trujillo de La Jornada Veracruz y Roberto Pimentel, un defensor de derechos humanos en Guanajuato.
Además de poner frenos legales a los abusos en las demandas por daño moral, el Mecanismo debe combatir las agresiones en medios digitales e incorporar la perspectiva de género a los análisis de riesgo, entre otros asuntos. Pero eso queda para el nuevo gobierno que recibirá un Mecanismo preparado para defender mejor a periodistas y defensores amenazados.
Libertad de expresión
Diagnóstico sobre libertad de expresión
Mural
Sergio Aguayo
7 de noviembre de 2018
Opinión
Sin buscarlo ni quererlo, me inscribieron en un club tan selecto que sólo tiene tres miembros. Humberto Moreira y Eruviel Ávila, exgobernadores del PRI, seleccionaron a Pedro Ferriz de Con, Humberto Padgett y a mí, para demandarnos por daño moral y pidieron indemnizaciones por 10 millones de pesos o más.
En México han crecido los choques entre tres derechos: la libertad de expresión, el honor y la información. Una consecuencia perversa es la “moda” de utilizar tribunales para presentar demandas desproporcionadas que buscan intimidar y desgastar a periodistas y defensores de derechos humanos.
Proteger a periodistas importa porque, como argumenta Benjamin Smith en su más reciente libro (The Mexican Press and Civil Society), los periodistas han sustituido a la Iglesia y a los maestros como intermediarios entre sociedad y Estado. Una función similar juegan los Organismos de la Sociedad Civil de derechos humanos. Ese papel explicaría la ferocidad del acoso contra periodistas y defensores.
Empezaba 2016 cuando publiqué una columna sobre la detención del profesor Humberto Moreira en España. Apoyándome en documentos judiciales de aquel país y en información generada en México, aseguré que el profesor había sido un gobernador indiferente hacia las víctimas, que olía a corrupción y era modelo de impunidad. El profesor dejó pasar seis meses y en julio me demandó por 10 millones de pesos; esa era la cantidad que resanaría el daño causado por mis palabras. Siempre he pensado que se trataba de una forma de intimidación por las investigaciones que he estado coordinando sobre las atrocidades de Los Zetas en el norte de Coahuila; que terminaron de apoderarse de esa región cuando el profesor fue gobernador.
Durante los primeros meses del juicio, el profesor fue el consentido del juez, pues le cumplía todas sus peticiones, incluidas algunas bastante descabelladas. A los seis meses, y después de interponer varias inconformidades, pasaron el caso a otro juzgador donde he sido tratado con imparcialidad. Eso no me ha librado de recorrer el vía crucis de los trámites costosos y las diligencias engorrosas. El sistema judicial se esmera en maltratar la dignidad y el honor. Si pudiera demandarlos, ¿cuánto les pediría?
Me quejo pero soy consciente de que, en comparación con otros colegas, he sido un privilegiado por la solidaridad y el arropamiento que me han dado los lectores, El Colegio de México, los medios donde publico, Artículo 19, Propuesta Cívica y el Bufete Beristain que me defiende gratuitamente (yo cubro los costos). Otro ángulo es la energía con la cual han evadido su responsabilidad las instituciones públicas; han evitado meterse en las demandas por daño moral.
Un caso emblemático es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Fue creado en 2012, depende de la Secretaría de Gobernación y desde su fundación me hicieron beneficiario. En su etapa inicial fue una burocracia inservible, pero ha sabido responder a críticas y sugerencias y es indudable su mejoría, constatada en un estudio reciente realizado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede). Dicho esto, hasta hace días se negaba a reconocer que las demandas por daño al honor son una agresión.
El 1o. de noviembre la coordinadora ejecutiva, Patricia Colchero, envió un oficio al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (con copia al juez que lleva mi caso) informándole del interés de la Junta de Gobierno del Mecanismo sobre mi situación y solicitándole que tomen en cuenta los estándares internacionales en este tipo de litigios.
Ignoro el efecto que tendrá en mi juicio. Lo importante es que el Mecanismo ya reconoció que es competente en asuntos de este tipo. Sigue entonces que esta dependencia tendrá que atender a colegas en una situación similar. Entre otros, El Mañana de Nuevo Laredo, Roxana Romero de Vanguardia, Norma Trujillo de La Jornada Veracruz y Roberto Pimentel, un defensor de derechos humanos en Guanajuato.
Además de poner frenos legales a los abusos en las demandas por daño moral, el Mecanismo debe combatir las agresiones en medios digitales e incorporar la perspectiva de género a los análisis de riesgo, entre otros asuntos. Pero eso queda para el nuevo gobierno que recibirá un Mecanismo preparado para defender mejor a periodistas y defensores amenazados.
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