Tema: Transpariencia y acceso a la información

Subtema: INAI

 

Ordenan al INE informar geolocalización de dispositivos usados para recabar firmas

La Jornada

Denis A. García

17 de septiembre de 2018

Informativo

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó al Instituto Nacional Electoral (INE) que informe sobre la geolocalización de los dispositivos utilizados al momento de la captura de los apoyos para las candidaturas independientes.

Durante la sesión del Pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena presentó el asunto luego que el INAI había declarado inexistente la información cuando en otra solicitud había indicado que sí contaba con esos datos.

“Se considera que la entrega de dicha información abunde en la transparencia y rendición de cuentas del proceso de recolección de apoyos para aspirantes a candidaturas independientes de Diputados Federales, Senadores y Presidente de la República, sin que comprometa la confidencialidad del domicilio de las personas que otorgaron el apoyo”, sostuvo Ibarra Cadena.

Remarcó que la entrega de esa información no compromete el domicilio de las personas que dieron su apoyo ya que la ubicación que arroja el dispositivo es el lugar donde se capturó el apoyo a algún candidato independiente.

Indicó que es pertinente otorgar la información solicitada por el particular, dado que después de la calificación de la elección presidencial subsisten una serie de actos que la autoridad administrativa electoral debe sustanciar, como la fiscalización de los gastos de proceso.

“El ciudadano necesita de los insumos que se han generado en el tema de candidaturas independientes, a fin de que la información la pueda utilizar para realizar diversos ejercicios críticos en la materia”, agregó.

 

Tema: Transparencia y acceso a la información

Subtema: otro

 

Tuiteros ganan a funcionarios; el caso puede llegar a la SCJN

Excélsior

JUAN PABLO REYES

18 de septiembre de 2018

Informativo

 

CIUDAD DE MÉXICO.

 

Por violar el derecho de acceso a la información, en los últimos meses, diversos jueces federales de todo el país han ordenado a servidores públicos desbloquear de sus cuentas de Twitter a ciudadanos que estaban excluidos.

 

Para los juzgadores, el que un funcionario como un alcalde, secretario, fiscal o consejero del INE bloquee a alguien de sus redes sociales, es discriminatorio y limita el derecho de acceso a la información de carácter público que ahí transmite.

 

“Se vulnera su derecho de acceso a la información de interés público, que documenta en la misma a través de las publicaciones que realiza, que reflejan las actividades llevadas a cabo en ejercicio del puesto público desempeñado”, han coincidido los jueces.

 

Por ejemplo, en octubre de 2017 en una sentencia sin precedentes en México, un juez federal ordenó al alcalde de Nogales, Sonora, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, desbloquear de su cuenta de Twitter a un ciudadano, luego de que este último interpuso un amparo.

 

El munícipe argumentó ante el juez que la cuenta de Twitter es de uso personal y no es financiada por el ayuntamiento, sin embargo, en la investigación realizada al perfil del funcionario se estableció que la cuenta es utilizada para destacar las tareas del gobierno municipal.

 

Polémica

 

Para el profesor-investigador y especialista en derecho, Juan Jesús Garza Onofre, si bien es cierto que el fallo en análisis es un avance para la protección de los derechos en la era digital, y para reconfigurar las relaciones que generamos entre gobernantes y gobernados, también lo es que la sentencia, lejos de estar exenta de controversias, deja varias interrogantes abiertas.

 

“Aunque en la misma sentencia se pueda interpretar que lo concluyente para conceder el amparo fue la naturaleza de la información publicada por el alcalde en su cuenta de Twitter, lo cierto es que este tipo de distinciones destellan una forma ingenua de ejercicio profesional donde sólo importará conocer y ceñirse a las reglas que se necesiten aplicar para las cuestiones públicas que se presenten en el día a día, de manera automática, sin entrar a su valoración personal o privada”, expuso.

 

El más reciente caso es el del fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, pues a inicios de septiembre, un juez concluyó que el funcionario vulneró el derecho de acceso a la información de Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, periodista y académica, a quien bloqueó en la red social de Twitter.

 

Para el juez Jorge Holder Gómez, el derecho de acceso a la información garantiza que todas las personas puedan solicitar información al Estado respecto de los archivos, registros, datos y documentos públicos, siempre que sea solicitada por escrito, de manera pacífica y respetuosa.

 

“La Constitución también exige que el Estado informe a las personas sobre aquellas cuestiones que puedan incidir en su vida o en el ejercicio de sus derechos (información de interés público), sin que sea necesaria alguna solicitud o requerimiento por parte de los particulares; y que, no puede dejar de indicarse, es publicada en forma voluntaria en su cuenta personal en la red social Twitter”, sostiene el juzgador.

 

Otros casos

 

Otros funcionarios que han sido demandados ante el Poder Judicial de la Federación son los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama quien, para evitar gastos innecesarios en un juicio, desbloqueó de su cuenta de Twitter a John Ackerman. Lorenzo Córdova también fue demandado por Ackerman.

 

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, bloqueó al periodista Luis G. Hernández, quien amagó con proceder legalmente si no podía revisar los tuits del legislador. Horas más tarde, fue desbloqueado.

 

Al tratarse de un tema novedoso relacionado con las nuevas tecnologías de la información, el caso podría ser analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que podría decidir en definitiva si el bloqueo a un ciudadano en alguna red social por parte de un servidor público viola los derechos humanos.

 

 

Tema: Transparencia y acceso a la información

Subtema: otro

 

 

Información pública disponible no permite evaluar acciones de reconstrucción a un año del #19S

Aristegui Noticias

Redacción AN

17 de septiembre de 2018

Informativo

 

A un año del desastre ocasionado por el sismo del 19 de septiembre, Transparencia Mexicana y Fundar reportaron que hasta ahora la información pública disponible sobre los fondos destinados a  la reconstrucción de las ocho entidades golpeadas, no es suficiente para conocer el número real de viviendas que se han reconstruido, quiénes han recibido los apoyos de vivienda o cómo se puede comprobar que los recursos entregados fueron recibidos por las personas que lo requerían.

 

Las organizaciones señalan que una de las razones de la falta de claridad es la inconsistencia entre las bases de datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y las de BANSEFI.

 

Por tal razón señalaron como necesario que en el marco de la transición gubernamental, la administración saliente, las donatarias y fideicomisos autorizados y no autorizados deben publicar información general, financiera y de gestión que aún está pendiente o incompleta para poder realizar una valoración clara sobre el avance físico y financiero de las obras.

 

Esta demanda en respuesta a que de acuerdo con información pública actual, el sector educativo, el de vivienda y en el monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, son los que concentran el 71 por ciento de los recursos federales, el equivalente a $27,059,763,605 pesos. Sin embargo, los datos existentes no permiten identificar por ejemplo, el número real de viviendas dañadas en donde se canalizaron estos apoyos.

 

Las autoridades habían estimado más de 38 mil millones de pesos como costo total de la reconstrucción, sin embargo, Transparencia Mexicana y Fundar señalaron que los recursos públicos tan sólo autorizados para el FONDEN son casi diez veces más que el valor monetario de donativos privados reportados por donatarias y fideicomisos autorizados, que recaudaron alrededor de 3 mil 900 millones de pesos.

 

Sobre los recursos privados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a donatarias y fideicomisos autorizados tres Informes de transparencia relacionados con donativos recibidos por los sismos de septiembre del 2017.

 

Sin embargo, la falta de lineamientos que estandaricen la transparencia y la rendición de cuentas del sector privado traen consigo retos significativos para valorar sus resultados e impactos.

 

Tema: Transparencia y acceso a la información

Subtema: otro

 

Trump ordena publicar información respecto a Rusia y las elecciones en EU

Excélsior

EFE

17 de septiembre de 2018

Informativo

 

ESTADOS UNIDOS

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a los servicios de Inteligencia que hagan pública la información clasificada en relación con la investigación de la llamada trama rusa.

 

Según un comunicado de la portavoz presidencial Sarah Sanders, Trump reclamó al Departamento de Justicia, incluido el FBI, y a la oficina del director de Inteligencia Nacional que se desclasifiquen distintos documentos relativos a las pesquisas, entre ellos los mensajes de texto de distintas personas implicadas en la trama.

 

Entre ellas se encuentra, James Comey, el ex director del FBI despedido por Trump en mayo de 2017, y el que fuera su número dos y posteriormente director interino, Andrew McCabe.

 

También el ex agente del FBI Peter Strzok, que fue destituido en agosto pasado, meses después de que se conociera que había intercambiado mensajes con su amante y compañera de trabajo, Lisa Page, sobre sus esfuerzos para frenar a Trump en la campaña presidencial.

 

Page es, precisamente, otra de las personas de la lista difundida por la Casa Blanca, en la que también se encuentra Bruce Ohr, un empleado del Departamento de Justicia que comenzó ser criticado por el presidente al hacerse públicos sus vínculos con un dosier lleno de detalles sórdidos sobre Trump.

 

Además, Trump solicitó la “inmediata desclasificación” de otros documentos.

 

Entre ellos hay 21 páginas de una solicitud de Comey de junio de 2017, con base en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), para poder controlar las comunicaciones del que fuera asesor de la campaña electoral en 2016 del ahora presidente, Carter Page.

 

Otra de las informaciones reclamadas son los informes del FBI de las entrevistas con el propio Bruce Ohr en el marco de la investigación de la trama rusa y todos los relativos a las entrevistas en conexión con la petición de FISA sobre Carter Page.

 

La portavoz justificó la medida por las solicitudes que han recibido de comités del Congreso, aunque no precisó cuáles ni cuántos, y “por razones de transparencia”.

 

El anuncio se enmarca en un contexto en el que las averiguaciones de la trama rusa parecen haber avanzado significativamente en los últimos días después de que el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, aceptara cooperar con las autoridades y declararse culpable de varios cargos de fraude.

 

¿QUÉ ES LA TRAMA RUSA?

Estados Unidos acusa a Rusia de robar correos electrónicos del Partido Demócrata que distribuyó Wikileaks en la antesala de las presidenciales de noviembre con el objetivo de ayudar a Trump a ganar las elecciones. Varias personas del entorno de Trump tienen lazos con Rusia. El FBI y el Congreso investigan si hubo algún tipo de coordinación entre el equipo de Trump y el Gobierno ruso en la injerencia electoral.

 

 

Tema: Transparencia y acceso a la información

Subtema: Proteccion de datos personales

 

 

Algunos partidos no han devuelto listas, pero INE garantiza protección de datos

Aristegui Noticias

Redaccion AN

17 de septiembre de 2018

Informativo

 

A pesar de que algunos partidos políticos no han entregado los cuadernillos que incluyen el listado nominal, el Instituto Nacional Electoral (INE) garantiza la salvaguarda y protección de los datos personales de ciudadanos que participaron en las elecciones del 1º de julio pasado.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE,  indicó que los partidos políticos, por acuerdo con el Instituto, están obligados a devolver las listas nominales en los 10 días posteriores a la elección, o de lo contrario serán sujetos de responsabilidad.

“Estamos haciendo un análisis puntual de los partidos que no han entregado los cuadernillos, ya que el INE no debe permitir que estas normas no se cumplan”, enfatizó.

De acuerdo con un comunicado del INE, en esos cuaderillos, los datos de los electores están acotados, explicó Córdova. En procesos electorales anteriores, el cuadernillo contenía el nombre, la fotografía, la Clave de Elector, la CURP, el domicilio completo, así como la referencia del OCR (caracteres de reconocimiento óptico), es decir, el número del plástico de la credencial para votar.

Por primera vez en una elección federal, los cuadernillos tuvieron únicamente el nombre, la fotografía, el estado, el municipio y la sección electoral, esto es, los datos necesarios para que los representantes de los partidos pudieran identificar o verificar que el ciudadano que votaba en la casilla es quien tenía el derecho a hacerlo. Ninguno de esos datos le permite, a quien tenga ese cuadernillo en su posesión, vulnerar, en términos de suplantación de identidad, los datos de los ciudadanos.

“Los datos de las y los ciudadanos no están en riesgo -subrayó Córdova-, con independencia de que no se haya entregado ese cuadernillo, lo cual es ya una irregularidad que vamos a sancionar con mucha severidad”, subrayó.