Tema: Transparencia y acceso a la información
Subtema: ITEI
Revisarán transparencia de Zapopan, Hospital Civil y otras
Mural
Katia Diéguez
6 de septiembre de 2018
Informativo
El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) sorteó a los 37 sujetos obligados que verificará este año sobre sus medidas de seguridad y entre los elegidos salieron el Ayuntamiento de Zapopan, el Hospital Civil de Guadalajara, la Secretaría de Salud y el fideicomiso de Ciudad Creativa Digital.
La evaluación se dará en un plazo de 50 días y se revisarán las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para el manejo y tratamiento de datos personales.
Según la presidenta del ITEI, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, algunos de los sujetos obligados sorteados serán interesantes de evaluar por la cantidad de información que manejan como el Hospital Civil y todos sus expedientes clínicos o la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) por la información de los afiliados a sus programas.
“Va a ser un buen ejercicio para ellos (los sujetos obligados) que les va a permitir destacar en esta materia y garantizarle a la sociedad que están teniendo todo este cumplimiento en las medidas de seguridad del tratamiento de su información”, dijo Cantero Pacheco.
El sorteo se hizo de manera pública este miércoles en sesión del pleno y se eligieron a ocho ayuntamientos del interior del Estado, tres de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un fideicomiso, un organismo autónomo, siete organismos descentralizados municipales del interior del estado, tres del Área Metropolitana, cinco órganos desconcentrados, un partido político, uno del poder judicial, uno del legislativo y seis del ejecutivo.
La revisión será con base en los principios generales que la Ley de Protección de Datos Personales establece y se tomarán 19 rubros de los 132 que tiene dicho documento.
La notificación les llegará a los 37 sujetos obligados en el transcurso de tres días, y a partir de eso la Dirección de Datos Personales del ITEI determinará las recomendaciones con un plazo de 20 días para atender o si no serán sujetos a una sanción.
Sujetos obligados
-Ayuntamientos del interior:
Encarnación de Díaz
Ayotlán
Degollado
Tolimán
Tala
Atoyac
Amatitán
Tolotlán
Juanacatlán
Zapotlanejo
Zapopan
-Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
-Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
-Organismos Descentralizados Municipales:
DIF Chiquilistlán
Instituto Municipal de la Mujer en San Julián
Instituto Municipal de la Juventud Mazamitla
DIF Totatiche
SIAPA Tapalpa
SIAPA Talpa de Allende
DIF San Martín de Hidalgo
– Organismos Descentralizados Municipales ZMG:
Instituto Municipal de la Vivienda Guadalajara
Red de Bosques Urbanos de Guadalajara
Instituto Municipal de la Mujer Tonalá
-Órganos Desconcentrados
Registro Estatal de los Servicios Público de Tránsito y Transporte
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo del Estado de Jalisco
Hospital Civil de Guadalajara
Instituto Jalisciense del Emprendedor
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco
-Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco
-Consejo de la Judicatura
-Congreso del Estado de Jalisco
-Poder Ejecutivo:
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Despacho del Gobernador
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo Económico
Tema: Transparencia y acceso a la información
Subtema: INAI
Inai pide dar a conocer montos del ISR devueltos por el SAT
La Jornada
Ana Langner
05 de septiembre de 2018
Informativo
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe dar a conocer los montos que, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), fueron devueltos a estados y municipios durante el periodo comprendido entre 2016 y 2018, indicó el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Por unanimidad, el Pleno del organismo autónomo aprobó la propuesta del comisionado Joel Salas Suárez, mediante la cual se instruyó entregar información solicitada por un particular y comunicarle el fundamento legal bajo la cual solicitaron la devolución del ISR.
Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Salas Suárez expresó que, la información pública sirve para que las autoridades fiscales demuestren que se están tomando las medidas necesarias para que puedan cumplirse las promesas de campaña del futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, en materia de combate a la corrupción, pobreza y desigualdad.
Detalló que el SAT había declarado que la información estaba clasificada como confidencial, al estar protegida por el secreto fiscal, ya que los contribuyentes tienen derecho a la confidencialidad de sus datos.
Inconforme, el particular impugnó dicha clasificación y, en alegatos, el SAT señaló que, aunque los estados y municipios son organismos públicos también son personas morales para efectos fiscales hacia su régimen interior y, por lo tanto, son contribuyentes como cualquier otro.
Sin embargo, en el análisis del caso, la ponencia de Salas Suárez determinó que los datos de las devoluciones de impuestos sobre la renta efectuadas a municipios y entidades federativas, corresponden a personas morales que ejercen recursos públicos.
Así, argumentó, la información sobre la administración de los recursos económicos de los organismos públicos de los tres niveles de gobierno, deben sujetarse al principio de máxima publicidad.
Por ello, señaló, el agravio presentado por el particular fue fundado. “Los estados tienen la obligación de garantizar los derechos de sus ciudadanos y proveer bienes y servicios públicos”.
El comisionado advirtió que, “para procurar e impartir justicia, fomentar el desarrollo, disminuir la desigualdad y velar por las libertades de la población, los gobiernos necesitan recaudar impuestos. La política fiscal es la principal vía por la que el Estado mexicano se allega de recursos”.
Por ello, “se esperaría que, ante la importancia de estos ingresos, tanto estados, como municipios, cumplan cabalmente con sus obligaciones fiscales, ya que abonan a la recaudación federal (y) los mexicanos tenemos derecho a conocer si están cumpliendo justamente con estas obligaciones”.
El comisionado Salas Suárez destacó también que, una de principales propuestas de campaña del ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es el combate a la corrupción, la pobreza y la desigualdad que prevalecen en nuestro país.
“Para que el futuro gobierno federal cuente con suficientes recursos para llevar a cabo sus propuestas, que incluyen una ambiciosa agenda social, es importante que la recaudación se lleve a cabo de forma eficiente, de lo contrario, deberá aumentar la deuda pública o incumplir con algunas de las promesas que se hicieron en campaña a la ciudadanía”, dijo.
“La información pública es crucial para que, a través de sus autoridades fiscales, entre ellas el SAT, se demuestre que se están tomando las medidas necesarias para cumplir estas promesas de campaña y que sus decisiones estén debidamente justificadas”, enfatizó.
Tema: Transparencia y acceso a la información
Subtema: INAI
CNBV debe informar sobre ciberataques, ordena Iai
La Jornada
Ana Langner
05 de septiembre de 2018
Informativo
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) proporcionar información sobre ciberataques que hayan impactado a las entidades del sistema financiero de México.
Con esta instrucción la CNBV debe proporcionar la versión pública del “Reporte de Eventos de Pérdida de Información Administrada a través de Medios Electrónicos”, el cual contiene datos sobre los daños que generaron los ciberataques.
En un inicio, el sujeto obligado, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, había reservado la información por cinco años.
El comisionado Joel Salas Suárez hizo hincapié en que, en este asunto, la información pública permitirá a los ciudadanos entender las vulnerabilidades del sistema financiero y conocer las acciones de las autoridades para prevenir este tipo de ataques.
Al citar pesquisas de la empresa desarrolladora de herramientas de ciberseguridad, SonicWall, Salas Suárez destacó que México es el tercer país con más ciberataques en el mundo. Tan solo en el último año, el 78 por ciento de las empresas e instituciones sufrió por lo menos un ataque y se estima que, al mes,17 por ciento de los mexicanos que tienen acceso a internet los experimentó.
“El último gran ataque en México fue contra el sistema financiero durante abril y mayo de 2018. Cinco entidades financieras perdieron más de 300 millones de pesos por fallas intencionadas en la conexión del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), mediante las cuales se realizaron transferencias no autorizadas a cuentas falsas”, apuntó.
Transparencia y acceso a la información
INAI
El Economista
Pablo Zárate
06 de septiembre de 2018
Opinión
Por petroleros que seamos como país, durante mucho tiempo los estudiantes mexicanos interesados en convertirse en petroleros estuvieron en desventaja con el resto del mundo. Bajo la secrecía pemexiana, si su profesor no era de Pemex, era bastante más probable que conocieran los registros geofísicos de pozos noruegos, que tenían información abierta, que los mexicanos.
En muchos casos, el aprendizaje universitario se limitaba a la descripción a distancia de los libros de texto. Claro que hubo excepciones. Pero, en su gran mayoría, los estudios técnico-publicados antes del 2014 tenían borrados los nombres de los pozos y de los estudios sísmicos. Podrían servir como ejercicio técnico e intelectual genérico, pero aportaban poco en el auténtico desarrollo del conocimiento del subsuelo mexicano.
Dudo que haya sido porque Pemex hiciera un esfuerzo consciente por limitar a los estudiantes mexicanos. Sería absurdo creer que la intención era prevenir que los estudiantes mexicanos que no tuvieran contactos privilegiados se pudieran especializar, por ejemplo, en los carbonatos mexicanos.
Pero sí es claro que, quien no tenga acceso a este tipo de información geofísica no puede calcular o auditar reservas y planes productivos. Aun con la confesión del ingeniero Inguanzo que describí la semana pasada (quien afirmó que Pemex conscientemente infló sus reservas probadas durante mucho tiempo), un investigador no podría comprobar su dicho con auténtica independencia de Pemex o de Inguanzo. Tampoco se podría cuestionar contundentemente planes controversiales, como las grandes inversiones desplegadas en Chicontepec. El conocimiento de la información de flujos, volúmenes de roca y propiedades físicas serían imposibles de conseguir, a menos que Pemex quisiera compartir algo.
Afortunadamente, las cosas han cambiado. Reconociendo que el trabajo de Pemex fue a nombre de los mexicanos y bajo su auspicio, la reforma energética estableció los mecanismos para hacer pública toda la información de hidrocarburos (geofísica) generada en nuestro país desde 1904, algo así como obligaciones de transparencia en el entorno técnico petrolero. Para seguir con la metáfora, el nuevo modelo energético creó, dentro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), a su propia plataforma de obligaciones públicas del IFAI (hoy INAI): el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH). A través de él, cualquier universidad o centro de estudios pueden tener acceso completo y gratuito a todo el acervo de información de estudios y pozos con más de dos años de antigüedad. Cualquier ciudadano puede pedir acceso al cuarto de datos del CNIH y observar la misma información que las empresas usan para tomar sus decisiones de inversión a partir de las rondas petroleras. También podrían escoger pagar para poder llevarse esta información y procesarla por sus propios equipos especializados, como las empresas deciden hacerlo cuando identifican algo de interés.
Hoy, un profesor universitario preparando a los petroleros mexicanos del futuro puede usar ejemplos concretos. Un estudiante mexicano puede escoger hacer su tesis sobre un tipo de yacimiento particular y ya no tiene que borrar el nombre de los pozos. Puede prepararse como los petroleros de buena parte del mundo y generar información con valor no sólo genérico sino muy específico.
Igual que en el caso del INAI en acceso a datos de gobierno, el valor de la transparencia en datos petroleros va mucho más allá de su valor pedagógico, por alto que sea. Esto también tiene un valor de revisión, auditoría, anticorrupción. Se necesita conocimiento técnico y un poder de procesamiento computacional elevado, tal y como se necesita cierta especialización para navegar con éxito en el mar de información del INAI para llegar a hallazgos relevantes. Pero, a partir de esta base, un investigador mexicano podría auditar las reservas campo por campo y los ritmos reportados de producción pozo por pozo. Quizás no nos hemos dado cuenta. Pero, similar a la tendencia con el INAI, hasta el comentario político petrolero, sea sobre reservas, descubrimientos o producción, se está volviendo técnicamente auditable por un creciente número de estudiantes y profesionales.
Si aceleramos el paso, esto nos puede transformar para bien. Industria, gobierno y academia tienen mucho que hacer por facilitar el acceso al software y al hardware necesario para que nuestros investigadores petroleros puedan aprovechar por completo las nuevas posibilidades y oportunidades de tener datos petroleros abiertos.
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