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Milenio Jalisco
Carlos A. Sepúlveda Valle
30 de junio de 2018
Entre 1977 y 2014 se han hecho en México once reformas electorales, ocho de estas, 1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, (se dijo que era la “reforma electoral definitiva”), 2007 y 2014 fueron de amplio alcance ya que obligaron a modificar la Constitución y se expidieron nuevos ordenamientos o se adecuó la legislación federal y de las entidades. En cada una de esas reformas se garantizaron más derechos, se crearon nuevas (y muy onerosas) estructuras burocráticas, se autorizó la existencia de nuevos partidos políticos con más prerrogativas y sustanciales incrementos en el financiamiento público y el acceso gratuito a la TV, se establecieron procedimientos tortuosos, sistemas de impugnación complejos, y se regularon las precampañas, inter campañas y campañas de una manera disparatada. Los procesos electorales en todo el mundo se hacen con métodos sencillos ya que las tareas básicas de las autoridades electorales, normalmente funcionarios municipales o estatales, son registrar a candidatos, regular campañas, imprimir el material electoral, designar a los funcionarios, instalar las mesas de casilla, recibir la votación (la jornada dura diez horas), contar los votos y declarar a los ganadores. En las naciones desarrolladas y con mayor cultura cívica las elecciones se organizan en cuestión de días, ningún país cuenta con organismos profesionales permanentes como el INE, el TRIFE, las Fiscalías Especializadas en delitos electorales, tampoco tienen tantas leyes electorales (en nuestro país tenemos más de cien). Un ejemplo del absurdo a que hemos llegado lo tenemos en el artículo 41 de la Constitución que regula la organización electoral y las prerrogativas de los partidos políticos, el texto de ese numeral tiene prácticamente el mismo número de palabras que toda la Constitución de los Estados Unidos. En México existen 33 institutos electorales, 33 tribunales electorales y 33 fiscalías especializadas para delitos electorales, estos organismos están sumamente burocratizados, cuentan con más de 30,000 servidores públicos permanentes, la gran mayoría de ellos se aburre atrozmente ya que fuera de los meses de proceso electoral no tienen que hacer. Si este gasto electoral se destinara a algo productivo se podrían construir dos líneas 3 del tren ligero, cientos de kilómetros de autopistas o levantar decenas de centros hospitalarios cada año, nada justifica que la federación y los estados gasten más de 50,000 millones de pesos anualmente para pagar la burocracia electoral y el subsidio a los partidos políticos, y eso que en esa cantidad no se incluye el costo de los spots de radio y TV que se transmiten gratuitamente pero cuyo costo es de varias decenas de miles de millones de pesos. Este esquema se tiene que modificar, ya veremos que después de que se instale la nueva legislatura del nuevo Congreso de la Unión se volverán a hacer reformas a la Constitución y a las leyes que regulan los procesos electorales. Son muchos los puntos que se tendrán que modificar en la doceava reforma electoral de los últimos cuarenta años. Es imperativo reducir el número de spots, es ofensivo que la ley autorice que partidos, precandidatos y candidatos transmitan decenas de millones de anuncios a cargo del erario público. Si es cierto que en el proceso del 2018 se transmitieron 59 millones de spots (supongo que se incluyen el total de los tres años) esa publicidad tendría un costo muy superior a los 100,000 millones de pesos.
El financiamiento público a los partidos se debe reducir y el costo de la estructura electoral debe disminuir. En ningún país se gasta tanto en algo tan improductivo como organizar elecciones, un cálculo conservador arroja que cada minuto de los 600 minutos que dura la jornada en la que se emite el voto cuesta 400 millones de pesos, es decir que las elecciones le cuestan a la hacienda pública 80,000 millones de pesos cada año, gasto en el que no se incluyen las aportaciones particulares ni los recursos que legalmente pueden obtener los partidos, tampoco se considera el dinero “ilegal” o no fiscalizable que según expertos como Luis Carlos Ugalde supone hasta quince veces más de los montos autorizados (me parece excesiva esa suposición). Las abigarradas disposiciones electorales han convertido algo sencillo que es votar y contar los votos en algo sumamente complejo, después de cuatro décadas de “transición” no solo persiste la desconfianza en las elecciones sino que la preocupación de todos los partidos y candidatos es encontrar mecanismos que les permitan manipular la voluntad popular con el dinero público que reciben. La transición política en México es un proceso incompleto porque la mayoría de los ciudadanos desconfía de los políticos y porque estos desconfían de los procesos electorales a pesar de las costosas instituciones y las ingentes cantidades de dinero público que reciben para la promoción de sus ambiciones personales. csepulveda108@gmail.com
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Escombros del proceso electoral
Milenio Jalisco
Augusto Chacón
30 de junio de 2018
El día de la elección, a algunos les convendrá sembrar miedo para cosechar poder; el campo más fértil para pasar el arado está en las redes sociales. La libertad no es una noción que hallamos en los libros de historia, es una manera actual, y cotidiana, de ir siendo: nadie me va a decir qué pensar o por quien tengo que votar, nomás eso faltaba. No me engañan, si vienen a comprar mi voto es señal de que vale más de lo que quieren pagar; además, mi regalada gana y yo no están en venta, ni en renta. Mi voto solo no cambia las cosas. Mi voto solo afirma mi pensar y sentir político. La suma de los votos solos inicia los cambios, afirma un pensar y un sentir político de la comunidad que entiende que el resultado es la adición de los solos que sufragan, y de los que no. Dicen: mañana será la elección más grande (más costosa) de la historia. A quién le importa. Ya entrados en gastos, la historia nos sale debiendo mucho.
Si se trata de revisar los antecedentes para apelar a la confianza, pesa más “Ave, María, dame puntería”, que las plataformas electorales o lo escuchado en los debates. Razonar para decidir el voto o dejarse guiar por las meras entrañas; se antoja parafrasear el texto en el grabado de Goya: aquí, el sueño de la razón ha producido monstruos. La gente no está preparada para la democracia, dicen. Más bien, la democracia que aquí promueven y sus efectos no están a la altura de la gente, digo. Por ejemplo, hubo una aspirante decente que decidió no hacer trampa y la descalificaron; en esta democracia, ¿a quién se le ocurre actuar derecho?
Los que saben que aún no ha saben por quién votarán, saben algo, y saberlo, así de simple como es, es más de lo que han ostentado conocer muchos aspirantes. Gane quien gane, una secuela será común: la incertidumbre, y a ésta no la ahuyentarán los festejos encendidos, tampoco las acusaciones del tipo: ya verán, se los advertimos. ¿Y si las encuestas fallaron? ¿Y si el INE y Peña Nieto se hacen bolas? ¿Y si varios reclaman airadamente el triunfo? Ojalá no salgan con que las respuestas las dará el TRIFE. Voy a sufragar por el cambio, no me queda de otra; los billetes, incluso los de baja denominación, ya se los llevaron. Y pensar que hay adultos, millones, a los que no les interesan las elecciones y que no ven ni oyen el Mundial; gente pobre y con hambre que no sabe priorizar y no aprovecha la democracia que la envuelve. Según eso, somos impermeables a la política; sin embargo, resistimos mejor, con menos daños evidentes, meses con 70 millones de spots partidistas que 73 mm de lluvia en una hora. ¿Debemos diseñar un plan DN-III para luego de los huracanes electorales? Será por el calentamiento global, pero hoy son más anodinos y perjudiciales. ¿Y si no hubiera elecciones? Qué horror, gobernarían los mismos que no darían chance a los otros, que son los mismos. Entonces, ¡por la mismidad sin adjetivos! Legislación electoral: puedes hablar del suceso, sin mencionarlo; puedes publicar tus preferencias, sin tomar partido; puedes ejercer tu libertad, sin que se note. Interpretación de la ley: la equidad máxima entre candidatos sucede cuando no se alude a ellos; para los amorosos ojos de la ley, quien alcanza 40% en las encuestas es igual que quien araña 2%. A este paso, habrá límites: ningún candidato puede tener más votos que sus pares. Caso hipotético: quiero votar por éste; no se puede, por ése ya votaron muchos, elija otro, todos son ídem.
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30 de junio de 2018
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