INAI
PGR debe informar sobre droga asegurado en 2016 y 2017: INAI
El Financiero
Redacción
22 de noviembre de 2017
CIUDAD DE MÉXICO.- El aseguramiento de drogas reportado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), de agosto a diciembre de 2016 y de enero a junio de 2017 es la información que la Procuraduría General de la República (PGR) debe presentar.
De acuerdo con una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la PGR entregó información incompleta a un particular que solicitó la información sobre los kilogramos de mariguana, cocaína, ice, cristal, heroína y diversas drogas asegurados y puestos a disposición de la procuraduría entre 2013 y 2017.
Del análisis del caso, el pleno encontró que la PGR turnó la solicitud a diversas áreas; sin embargo, únicamente la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, adscrita a la Ofialía Mayor, y la SEIDO entregaron la información de acuerdo con lo requerido por la particular.
En ese sentido, el comisionado presidente, Javier Acuña Llamas aseguró que, para cumplir adecuadamente la solicitud de acceso a la información, es necesario proporcionar los datos del CENAPI en la totalidad del periodo emplazado.
Por lo anterior, a petición del comisionado presidente, el pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la PGR y le instruyó dar a conocer la información relativa al aseguramiento de drogas, reportada por el CENAPI, donde se incluya el periodo de agosto a diciembre de 2016 y de enero a junio de 2017.
Ordena Inai a PGR datos sobre decomiso de drogas en 2016-2017
La Jornada
Notimex
22 de noviembre de 2017
Ciudad de México. Por instrucción del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), la Procuraduría General de la República (PGR) deberá dar a conocer información sobre el aseguramiento de drogas, reportado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), de agosto a diciembre de 2016 y de enero a junio de 2017.
El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que la determinación permite clarificar los avances en el combate al narcotráfico y a los aspectos que rodean los ejercicios de decomiso y de aseguramiento de estupefacientes en todas sus variantes.
De acuerdo con comunicado del Inai, un particular solicitó información sobre los kilogramos de mariguana, cocaína, ice, cristal, heroína y diversas drogas aseguradas por las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno en el país, que han sido puestas a disposición de la PGR entre 2013 y 2017.
En respuesta, la PGR informó que la solicitud fue turnada para su atención al CENAPI, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y a la Oficialía Mayor.
De las instancias señaladas, la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, adscrita a la Oficialía Mayor, proporcionó estadística con información relacionada con la droga asegurada en el periodo de enero de 2013 a junio del 2017, por el particular presentó un recurso de revisión argumentando información incompleta.
En alegatos, la PGR hizo del conocimiento del solicitante que el CENAPI proporcionó una relación denominada Aseguramiento de Drogas del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016 y el total; asimismo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) entregó un cuadro estadístico desagregado en droga, año y total.
Del análisis de la Ponencia del comisionado Acuña Llamas se desprende que el sujeto obligado turnó la solicitud a diversas áreas, pero únicamente las correspondientes a la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, adscrita a la Oficialía, y la SEIDO entregaron la información de acuerdo con lo requerido por la particular.
En ese sentido, Acuña Llamas apuntó que, para cumplir adecuadamente la solicitud de acceso a la información, es necesario proporcionar los datos del CENAPI en la totalidad del periodo emplazado, por lo que el pleno del Instituto Nacional de Transparencia determinó modificar la respuesta de la PGR y le instruyó dar a conocer la información que se solicita.
INAI ordena a PGR dar a conocer cantidad de drogas aseguradas en el último año
MVS
René Cruz González
22 de noviembre de 2017
El INAI señala que un particular solicitó información sobre los kilogramos de marihuana, cocaína, ice, cristal, heroína y diversas drogas aseguradas por las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer la información relativa al aseguramiento de drogas, reportada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), de agosto a diciembre de 2016 y de enero a junio de 2017.
El comisionado presidente del organismo, Francisco Javier Acuña Llamas destacó que el ejercicio del asunto permite clarificar ante la mirada pública los avances en el combate al narcotráfico y a todos los aspectos que rodean los ejercicios de decomiso y de aseguramiento de estupefacientes en todas sus variantes”.
Una particular solicitó los kilogramos de marihuana, cocaína, ice, cristal, heroína y diversas drogas aseguradas por las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno en el país, que han sido puestas a disposición de la PGR entre 2013 y 2017.
En respuesta, la PGR informó que la solicitud fue turnada para su atención al CENAPI, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y a la Oficialía Mayor (OM).
De las cuales, la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, adscrita a la OM, después de realizar una búsqueda en sus archivos y bases de datos, proporcionó estadística con información relacionada con la droga asegurada en el periodo de enero de 2013 a junio del 2017.
Por lo anterior la particular presentó un recurso de revisión ante el INAI en el que manifestó que la PGR le entregó la información incompleta.
En sus alegatos, la PGR hizo del conocimiento de la particular que el CENAPI proporcionó una relación denominada Aseguramiento de Drogas del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016 y el total; asimismo, la SEIDO entregó un cuadro estadístico desagregado en droga, año y total.
Mientras que la SEIDF no localizó antecedente y/o registro alguno relacionado con la petición, y la SCRPPA indicó que la unidad competente es la OM, a través de la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales.
Por último, la Oficialía Mayor reiteró la información estadística proporcionada en el oficio de respuesta, relacionada con la droga asegurada en el periodo peticionado.
En ese sentido, Acuña Llamas apuntó que, para cumplir adecuadamente la solicitud de acceso a la información, es necesario proporcionar los datos del CENAPI en la totalidad del periodo emplazado.
Cierra INAI avalúos de planta chatarra
Mural
Rolando Herrera
22 noviembre 2017
Con el argumento de que no se utilizaron recursos públicos en su adquisición y por tanto le es aplicable el secreto bancario, comercial y fiscal, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) clasificó como confidenciales los avalúos hechos a la planta de Agro Nitrogenados.
Haciendo suyo el argumento esgrimido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fue el sujeto obligado que un primer momento negó el acceso a los documentos, el Pleno del INAI consideró que Pro Agro Industria S. A. de C. V., la filial de Pemex mediante la cual en 2013 se hizo la compra, es un sujeto de derecho privado.
“En el informe de la auditoría que se alude no se desprende la indicación por parte alguna de la Auditoría Superior de la Federación relativa a acreditar que en la compra-venta de la planta de fertilizantes se ejercieron recursos públicos”, expuso la comisionada ponente Ximena Puente.
“Incluso, en la diligencia de acceso a la información clasificada, el sujeto obligado reiteró que la documentación presentada pertenece a Pro Agro Industria S.A. de C.V., así mismo señaló, y cito textualmente: ‘la auditoría en comento se realizó por interés general a efecto de fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones relacionadas con el proceso de adquisición de la planta, sin embargo, se llegó a la conclusión que en dicha adquisición no fueron utilizados recursos públicos'”.
Esta determinación del INAI se dio pese a que cuando se hizo la adquisición de Agro Nitrogenados, una planta que no había operado por 14 años y que fue considerada como chatarra, Pemex y sus filiales eran consideradas empresas paraestatales, pues todavía no entraba en vigor la reforma energética que les cambió el estatus jurídico.
Los comisionados Arely Cano y Óscar Guerra, aunque votaron a favor del proyecto, emitieron votos particulares, al considerar que si bien ahora Pro Agro Industria es una persona moral de derecho privado en su momento fue parte de Pemex y la inversión para la adquisición de la planta, que ascendió a 275 millones de dólares, provinieron de la entonces paraestatal.
“Considero que no es aplicable (la reserva) en virtud de que existe un vínculo entre las operaciones que se realizaron con la intervención de la filial de Pemex, por lo que se trata de documentación que incide en el ámbito público, máxime si se toma en cuenta que la información obra en el expediente de una auditoría que se practicó a Petróleos Mexicanos”, comentó Cano.
En febrero pasado, al dar a conocer el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, la ASF reveló que la adquisición de la planta se realizó con un sobrecosto de 93.1 millones de dólares y que el 60 por ciento de la planta era chatarra.
También reveló que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), al realizar un avalúo a la planta, advirtió a Pemex del deterioro en el que se encontraba ésta.
“(…) La mayoría de los equipos se encuentran a la intemperie expuestos a condiciones ambientales de salinidad, alta oxidación, lluvia, viento y polvo, esto provoca que los equipos tengan alta velocidad de deterioro físico”, citó la ASF al Instituto en su informe.
Oculta INAI transa de planta chatarra
Mural
Rolando Herrera
23 noviembre 2017
Los mexicanos no podrán conocer las condiciones en que se encontraba la planta de Agro Nitrogenados que adquirió Pemex en 2013.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) clasificó como confidencial dicho expediente.
El argumento fue que Pro Agro Industria, la filial de Pemex que hizo la compra en 2013 por un sobre costo de 275 millones de dólares (3 mil 575 millones de pesos de aquel entonces) es ahora un sujeto de derecho privado, derivado de la reforma energética.
REFORMA publicó cómo la ahora empresa gastó en esa planta para producir urea, cuyas instalaciones y maquinaria tenían más de 30 años de antigüedad y 14 de inactividad.
El pleno del INAI determinó ayer que tanto el avalúo hecho a la planta por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) como el reporte de evaluación de las instalaciones realizado por Pemex Petroquímica son expedientes confidenciales.
El organismo hizo suyo un argumento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –que fue la primera entidad que negó el acceso a los documentos– en el sentido de que la filial Pro Agro Industria es ahora un sujeto de derecho privado.
Aunque votaron a favor, los comisionados del INAI Óscar Guerra y Areli Cano presentaron votos particulares para explicar que Pro Agro Industria no debe considerarse una empresa moral de derecho privado, ya que recibe recursos de Pemex.
“Considero que no es aplicable (la clasificación) en virtud de que existe un vínculo entre las operaciones que se realizaron con la intervención de la filial de Pemex, por lo que se trata de documentación que incide en el ámbito público”, señaló Cano al razonar su voto.
A favor también votaron los comisionados Ximena Puente, Rosendoevgueni Monterrey y Francisco Javier Acuña. Se ausentaron Patricia Kurczyn y Joel Salas, pues estaban en una comisión oficial.
Alejandro González, miembro de la sociedad civil en el Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, calificó la resolución como preocupante, pues sienta un precedente que considera que las empresas productivas del Estado no son sujetas del derecho de acceso a la información.
“Me parece que se buscan argumentos muy dudosos al considerar que los recursos de Pemex, incluso previos a la reforma energética, no son recursos públicos. Si los recursos de Pemex no son recursos públicos, entonces, qué son”, cuestionó.
El deterioro de la planta fue confirmado por la ASF en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, que refirió el avalúo hecho por el Indaabin, en el cual se estableció que el 60 por ciento del equipo era inservible.
Oculta INAI transa de planta chatarra
Diario Reforma
Rolando Herrera
23 de noviembre de 2017
La compra a sobreprecio de la planta chatarra Agro Nitrogenados, hecha por Pemex en 2013, quedará en secreto.
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) determinó ayer que, en esa cuestionada compra de 275 millones de dólares, no se usó dinero público.
REFORMA publicó cómo Pemex, bajo la gestión de Emilio Lozoya, gastó la cantidad millonaria en esa planta para producir urea y cuyas instalaciones y maquinaria tenían más de 30 años de antigüedad y 14 de inactividad.
La comisionada ponente, Ximena Puente, argumentó que, tras la entrada en vigor de la reforma energética, Pemex, que pasó de ser una paraestatal a una empresa productiva del Estado, y sus filiales se convirtieron en compañías privadas a las cuales no les aplica el derecho público.
Por tanto, determinó que no le es aplicable el secreto bancario, comercial y fiscal; clasificó, asimismo, como confidenciales los avalúos que se hicieron a la planta de Agro Nitrogenados.
Amparándose en una consideración de la Auditoría Superior de la Federación, el INAI determinó que Pro Agro Industria, S. A. de C. V., que fue la filial de Pemex mediante la cual, en 2013, se hizo la compra, es un sujeto de derecho privado.
Esta determinación del INAI se dio pese a que, cuando se hizo la adquisición de Agro Nitrogenados, Pemex y sus filiales eran consideradas empresas paraestatales, pues todavía no entraba en vigor la reforma energética, que les cambió el estatus jurídico.
Los comisionados Arely Cano y Óscar Guerra emitieron votos particulares en contra de esta decisión.
“Existe un vínculo entre las operaciones que se realizaron con la intervención de la filial de Pemex, por lo que se trata de documentación que incide en el ámbito público, máxime si se toma en cuenta que la información obra en el expediente de una auditoría que se practicó a Petróleos Mexicanos”, señaló Cano.
En febrero, al dar a conocer el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, la ASF reveló que la adquisición de la planta se realizó con un sobrecosto de 93.1 millones de dólares y que el 60 por ciento del complejo era chatarra.
También dio a conocer que el análisis del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) advertía del deterioro de la planta.
Alejandro González, miembro de la sociedad civil en el comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, calificó la resolución como preocupante.
“Si los recursos de Pemex no son recursos públicos, entonces ¿qué son?”, cuestionó.
Ordena INAI a PGR informar sobre decomisos de drogas en 2016 y 2017
Aristegui Noticias
Redacción
22 de noviembre de 2017
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR), dar a conocer las cifras e información sobre el aseguramiento de drogas, reportado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), de agosto a diciembre de 2016 y de enero a junio de 2017.
A través de un comunicado, el INAI informó que la instrucción se da luego de un recurso de un particular que argumentó haber recibido información incompleta tras una petición de información hecha a la PGR.
La primera solicitud que el beneficiario de la resolución del INA hizo, se refería en específico a la información sobre los kilogramos de marihuana, cocaína, ice, cristal, heroína y diversas drogas aseguradas por las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno en el país, que han sido puestas a disposición de la PGR entre 2013 y 2017.
En respuesta la PGR informó que la solicitud fue turnada para su atención al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y a la Oficialía Mayor.
La Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, adscrita a la Oficialía Mayor, proporcionó estadística con información relacionada con la droga asegurada en el periodo de enero de 2013 a junio del 2017, por el particular presentó un recurso de revisión argumentando información incompleta.
Tras la revisión, el órgano concluyó que el sujeto obligado turnó la solicitud a diversas áreas; sin embargo, únicamente las correspondientes a la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, adscrita a la OM, y la SEIDO entregaron la información de acuerdo con lo requerido por la particular, por ello instruyó a la PGR dar a conocer la información completa sobre los decomisos.
El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que la determinación permite clarificar los avances en el combate al narcotráfico y a los aspectos que rodean los ejercicios de decomiso y de aseguramiento de estupefacientes en todas sus variantes.
Informes y Diagnósticos sobre transparencia
Homo Zapping (Publicado por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia)
El Zappo
22 de noviembre de 2017
OBSERVACOM, junto con la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) y el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), organizan el Foro “Libertad de expresión y derecho a la información en México y América Latina”, que tendrá lugar mañana 23 de noviembre en México.
Allí se presentará el libro “La concentración infocomunicacional en América Latina: Nuevos medios y tecnologías, menos actores”, un nuevo estudio de OBSERVACOM a cargo de los investigadores argentinos Martín Becerra y Guillermo Mastrini, editado por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) de Argentina.
El evento comenzará con la mesa “Diversidad y Pluralismo mediático: procesos de concentración en América Latina”, donde Guillermo Mastrini presentará el nuevo libro, con los comentarios del investigador mexicano Raúl Trejo Delabre y Aleida Calleja, Coordinadora de Advocacy de OBSERVACOM.
Luego tendrá lugar una mesa sobre derechos de las audiencias, donde expondrán Gabriel Sosa Plata, miembro de OBSERVACOM, recientemente designado como Presidente de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID), Mastrini y Adriana Solórzano, Presidenta de AMDA.
Foro “Libertad de expresión y derecho a la información en México y América Latina”
Presentación “La concentración infocomunicacional en América Latina en el S.XXI”
Jueves 23 de noviembre, 9 AM
Auditorio Pablo González Casanova. FCPyS UNAM, Ciudad de México.
Hechos de corrupción pueden ser denunciados por internet
Mediatelecom
Redacción, RCN Radio
23 de noviembre de 2017
La Oficina Transparencia por Colombia puso al servicio de los ciudadanos un Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, para acompañar y asesorar a las personas frente a las denuncias.
El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, dijo en RCN Radio que “consideramos que la ciudadanía tiene un rol fundamental en este contexto actual del país en el que estamos en una ola de indignación frente a la corrupción”.
Agregó que ahora “tenemos la posibilidad de no quedarnos con los brazos cruzados, sobre todo aquellas personas que estén evidenciando, que tangan un grado de conocimiento frente a situaciones que pueden ser de presunta corrupción”.
Todo ciudadano trabajador de una entidad o un ciudadano independiente puede recibir de manera gratuita y en total confidencialidad la orientación necesaria para que su denuncia no quede en el aire.
El director de Transparencia hizo hincapié en que “con esto se podrá determinar que la información está relacionada con una situación de corrupción, de delitos contra la administración pública y en ese caso qué tipo de elementos se necesitan fundamentar muy bien”.
Con esta asesoría se busca fortalecer las capacidades de la ciudadanía para hablar y no callar ante hechos de corrupción que se estén evidenciando.
“A partir de hoy pueden ingresar al sitio web www.transparenciacolombia.org.co y ahí van a encontrar un vínculo directo a un formulario electrónico en el cual le pedimos unos datos muy básicos, le pedimos que nos comparta la información a grandes rasgos de la que tiene conocimiento, incluso puede adjuntar documentos, videos, fotos y en el mismo lugar donde está el formulario hay una explicación para poder compartir esa información con nosotros” dijo Andrés Hernández.
Finalmente el director de Transparencia por Colombia dijo que “aquí lo que estamos haciendo es guardando toda confidencialidad respecto a la información, pues en el marco legal de nuestro país es algo que se puede realizar, siempre y cuando también llevemos esta información a las autoridades competentes”.
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