La Corte ordena al Congreso emitir ley que regule el gasto en publicidad oficial

Animal Político

Redacción

15 noviembre de 2017

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto que ordena al Congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.

Esta resolución es el primer paso para reglamentar el gasto en comunicación social que hacen los gobiernos.

Los ministros votaron 4 a 1 a favor del proyecto de Arturo Zaldívar, que señalaba que la falta de regulación de la publicidad oficial tenía un efecto silenciador en los medios y era una restricción indirecta a la libertad de expresión.

Esta resolución deriva de la revisión de un amparo promovido por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.

En la demanda de amparo, Artículo 19 señala que el artículo tercero transitorio de la llamada “reforma político – electoral” aprobada desde febrero de 2014, ordenaba claramente que se debía emitir una ley específica para regular la contratación de publicidad oficial”.

La sentencia ratifica que, en efecto, el Congreso de la Unión ha sido omiso en expedir la ley que marcaba el artículo 8 transitorio de la reforma aprobada en febrero de 2014.

Originalmente el amparo fue tratado por un juez federal en materia administrativa en la Ciudad de México, quien determinó archivarlo (sobreseerlo) bajo el argumento de que no era procedente, ya que el amparo no aplicaba para temas “políticos electorales”, y que además se violaba el principio de relatividad pues la sentencia podría beneficiar a terceros ajenos al procedimiento.

Inconformes con esta decisión que ni siquiera analizó el fondo del tema, Artículo 19 pidió a la Corte atraer el caso y en agosto de 2015 la Primera Sala consideró que había elementos suficientes para que el caso fuera abordado por el máximo tribunal del país, ante la posible violación de derechos fundamentales con esta situación.

“Todas las autoridades tienen la obligación de respetar la Constitución, de tal manera que cuando existe un mandato constitucional, el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello por los tribunales de amparo, pues éstos tienen facultades para analizar la constitucionalidad tanto de las leyes como de las omisiones, y ordenar la restitución de los derechos de  los quejosos cuando estos son violados”, estableció la sentencia de este miércoles, de acuerdo con un comunicado de la SCJN.

La omisión de expedir la ley señalada, se agrega, “viola la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes.

La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión”.

 

Corte ordena a Congreso regular publicidad gubernamental

El Financiero

David Saúl Vela

15 de noviembre de 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución que regula la publicidad gubernamental.

“La Justicia de la Unión ampara y protege a Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. contra la omisión del Congreso de la Unión de expedir la citada ley reglamentaria”, dice la sentencia aprobada este miércoles por mayoría de cuatro votos a uno.

Según expediente, elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, el efecto de dicho de amparo es que el Congreso de la Unión “cumpla con la obligación” de emitir una ley que regule la publicidad gubernamental.

Lo anterior, dice la sentencia, debe ocurrir antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones del último año de funciones de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 2018.

Esta sentencia deriva de un amparo que promovió la organización no gubernamental Artículo 19, constituida el 13 de febrero de 2008 y dedicada a la promoción de los derechos a la libertad de expresión

Dicha organización se amparó contra la omisión del Congreso de reglamentar la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 relacionada con la transparencia en la publicidad gubernamental.

La reglamentación establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno en materia de gasto en comunicación social.

También debe garantizar que esos gastos se sujeten a criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

 

Decisión de la SCJN ataca censura a medios incómodos: Zaldívar

El Financiero

David Sául Vela

15 de noviembre de 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro Arturo Zaldívar calificó de histórica la decisión que tomó la Suprema Corte en torno a la publicidad gubernamental, pues aseguró que ésta ataca la censura indirecta que existe desde el gobierno contra medios de comunicación hostiles o no favorables.

“El que no haya claridad y no se esté reglamentando el ejercicio de los gastos de la publicidad oficial genera censuras indirectas a través de premiar o castigar, al no dar recursos o dar menos recursos a ciertos medios que pueden ser hostiles o no favorables a ciertas posturas de determinados gobiernos”, dijo el ministro.

En conferencia explicó que lo que se busca con esta sentencia es que el Congreso de la Unión emita una reglamentación que de claridad, eficacia y transparencia al gasto del gobierno en materia de publicidad, el cual debe ser equitativo.

Y es que advirtió que cuando no hay claridad en estas tema se afecta la libertad de expresión de los medios de comunicación y el derecho de los ciudadanos a la información, porque no tienen acceso a un debate democrático.

“Esto afecta la información que tenemos al estar tergiversada o haber ciertos temas que no se tocan debió a las consecuencias que trae el premio o castigo a partir de los gastos en publicidad”, insistió en ministro, quien fue ponente en el expediente aprobado por mayoría de cuatro votos a uno.

El ministro Zaldívar explicó que la decisión es también un “parte aguas” en la defensa de los derechos humanos de toda la ciudadanía porque es la primera vez que, a partir de un amparo, se obliga a uno de los poderes a cumplir con la Constitución.

Asimismo, a pregunta expresa, llamó al Congreso de la Unión acatar el fallo de la Suprema Corte que se dio con motivo del amparo que promovió la organización no gubernamental Artículo 19.

“Yo exhorto al Poder Legislativo a que cumpla con la sentencia. No me gustaría hablar en este momento de incumplimiento, porque me parece que si queremos seguir avanzando hacia un Estado democrático, hacia un Estado en el que efectivamente se cumpla el Estado de Derecho, la discusión sobre un incumplimiento ni siquiera tendría que estar en el tapete, no habría razón para que no se cumpla con la sentencia”, concluyó.

 

#MiLanaNoEsMordaza

El Financiero

Javier Risco | La Nota Dura

15 de noviembre de 2017

“Yo no pago para que me peguen”. Décadas después la famosa frase del expresidente priista José López Portillo es más actual que nunca. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un tema fundamental para el futuro del periodismo mexicano, que podría ayudar a erradicar dos de sus grandes males: la plenitud del poder para los medios favoritos del Estado y la guillotina para los incómodos.

No se trata de una imposición, de un golpe en la mesa, de una llamada directa desde el teléfono rojo. El tema que se discutirá hoy habla de la asfixia presupuestal, habla de la falta de una ley que regule la publicidad oficial en los medios, y de cómo sin ella se hace un ‘ejercicio arbitrario’ del presupuesto de comunicación social.

En abril, el Congreso federal tenía como límite para aprobar regulaciones a la forma en que se otorga discrecionalmente la publicidad oficial a los medios de comunicación. A pesar de ser un mandato constitucional, pasó abril, mayo, junio… y como hacen nuestros legisladores cuando quieren evadir un tema, simplemente lo pospusieron.

Frente a este agravio, la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, tramitó un amparo cuya revisión está ahora en la cancha del máximo tribunal de justicia de este país. Lo que ahí se resuelva marcará un antes y un después para los medios de comunicación, sobre todo para aquellos que han luchado por un periodismo independiente, sin que eso signifique su aniquilación financiera.

El proyecto a discutir lo elaboró el ministro Arturo Zaldívar, quien concluyó en su análisis: “En el caso que nos ocupa, la restricción indirecta a la libertad de expresión trae consigo además un ‘efecto silenciador’ de los medios de comunicación críticos, en la medida en que a través de la asfixia financiera se prescinde de puntos de vista que enriquecen el debate robusto que debe existir en una democracia sobre asuntos de interés público.

“Por lo demás, esta Suprema Corte advierte que este estado de cosas inconstitucional también tiene un efecto disuasivo en el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación en general, toda vez que las afectaciones financieras que sufren los medios críticos pueden llevar a los demás a adoptar posiciones deferentes con el gobierno, con la finalidad de no perder los recursos asignados a la difusión de publicidad oficial”, dice el documento.

Desde hace décadas y hasta ahora, tanto gobiernos locales como el Ejecutivo federal han usado la asignación de pautas comerciales, de las que muchos medios dependen para subsistir, presionándolos para ser portavoces no oficiales de la versión oficial. Aquel que ha osado salirse de la línea pierde su sustento económico y/o se alinea o se extingue. Es una clara forma de atentar contra la libertad de expresión, es una mordaza que ahora la SCJN tiene la oportunidad de quitarla.

¿Qué tanto les importa a los gobiernos su imagen pública y la información que se obtiene a través de los medios? Una forma de medirlo está en el excesivo gasto que hacen en materia de comunicación social. En las últimas semanas hemos sabido, justo por investigaciones periodísticas, que sólo Presidencia incrementó tres veces más su gasto en este rubro, pese a decir que está en ‘época de austeridad’.

Los gobiernos locales no se quedan atrás: nueve mil 500 millones de pesos dedicados a publicidad e imagen en 2016, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

A través de la campaña en redes sociales #MiLanaNoEsMordaza, Artículo 19 ha puesto el foco en el lugar correcto: una reglamentación de cómo, cuánto y a quiénes se les da gastos de publicidad –que no tendrían por qué estar satanizados si se emplearan correctamente y no como un soborno– daría a los medios de comunicación la posibilidad de cumplir su verdadera función, la de ser parte de la democracia de un país, en donde se es crítico con aquellos del gobierno, que sirviendo para el pueblo, no hacen su trabajo. Esta vez, la bola está en la cancha de la primera sala de la Corte.

 

Suprema Corte ordena al Congreso frenar despilfarro y uso de la publicidad oficial para la censura

Homo Zapping

Jenaro Villamil

15 de noviembre de 2017

Con un fallo histórico de 4 votos a favor y sólo 1 en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió a favor del amparo interpuesto por la organización Artículo 19 y, por tanto, determinó que el Congreso de la Unión tiene hasta el 30 de abril de 2018 para expedir una ley reglamentaria que regule el gasto de publicidad oficial y frenar que se utilicen los recursos públicos para inhibir la libertad de expresión por la vía de la propaganda gubernamental.

Considerada una resolución inédita, la Suprema Corte de Justicia determinó que el Congreso fue omiso ya que no legisló en torno al mandato del artículo 134 constitucional que estableció la obligación de todas las dependencias de gobierno y de los organismos autónomos de difundir información con fines educativos y de orientación social y que frene la designación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social en los medios de comunicación.

Tan sólo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración federal ha destinado hasta ahora un total de 38 mil millones de pesos en gasto publicitario entre enero de 2013 y agosto de 2017 sin ningún control y sin cumplir con los fines informativos que deben guiar dicha publicidad.

Artículo 19, al frente de una red de organizaciones civiles, como Fundar, Cencos, y otras, han documentado que este gasto implica un sobre ejercicio de 71.86 por ciento más de lo aprobado por el Congreso. Es decir, se ha gastado mucho más que lo autorizado y nunca se han fundamentado estas razones del despilfarro publicitario.

No sólo el gobierno federal ha despilfarrado el dinero público en promoverse. Tan sólo en 2015, los gobiernos estatales gastaron 11 mil 895 millones de pesos concentrándolo en un 70 por ciento en la promoción de los Ejecutivos locales. Ese fue el año de las elecciones federales.

Artículo 19 impulsó un amparo y solicitó que lo atrajera la Suprema Corte para determinar si este despilfarro debe continuar o el Congreso debe regular este ejercicio excesivo del gasto público.

Las organizaciones civiles han argumentado que este despilfarro publicitario está dominado por el ejercicio de la censura indirecta, ya que a los medios críticos o no gratos para el Ejecutivo federal se les han condicionado estos recursos, imponiendo un obstáculo para el desarrollo de un debate plural, crítico, desinhibido y robusto.

En las redes sociales se festejó desde la tarde de este martes el fallo con los hashtags #MiLanaNoEsMordaza y #PublicidadOficial.

 

Artículo 19 gana amparo en SCJN

El Economista

Dora Villanueva

15 de noviembre de 2017

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría de cuatro votos resolver en favor de  Artículo 19, un juicio de amparo por la “omisión legislativa” para emitir la legislación secundaria al 134 constitucional.

Con esta sentencia, el Congreso de la Unión tiene por mandato expedir la legislación en materia de publicidad gubernamental antes del  30  abril del 2018.

La demanda de amparo que metió Artículo 19, pide a la Corte obligar a diputados y senadores a hacer una ley que se prometió con la Reforma político-electoral de 2014 y que a la fecha no ha llegado.

“La omisión de la autoridad responsable viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de un marco normativo reglamentario al artículo 134 de la Constitución permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial”, argumentó la asociación en su demanda.

El proyecto, a cargo del ministro Arturo Saldívar, da la razón a Artículo 19 y  concluye que para el caso se acredita que el Congreso ha sido omiso en expedir la reglamentación para regular el gasto en materia de comunicación social.

“Esta omisión da lugar a un estado de cosas inconstitucional que vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión de la quejosa”, argumenta la sentencia.

Al tiempo que refiere que la ausencia de reglas deja abierta la puerta a que cualquier gasto en el tema sea potencialmente arbitrario.

Luego de que la Primera Sala concediera el amparo a Artículo 19, Ricardo Luévano, integrante de la asociación, celebró la resolución de la corte y la calificó de “histórica” y de un “muy buen mensaje” de cara al proceso electoral del 2018.

“Ha sido trascendente este avance para la historia dentro de la autonomías de los poderes, que este poder (la Corte) se pronuncie por una omisión legislativa tan evidente”, dijo.

 

Fallo histórico: SCJN ordena al Congreso legislar sobre propaganda del gobierno

Aristegui Noticias

Redacción

15 de noviembre de 2017

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles al Congreso de la Unión que regule la propaganda del gobierno.

Con mayoría de cuatro votos a uno, el máximo órgano resolvió en favor de Artículo 19, que interpuso una solicitud de amparo por la omisión de ambas Cámaras al no legislar en torno al tema.

La resolución establece: “La Justicia de la Unión ampara y protege a la Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, AC. en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en Materia Política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución”.

Así lo celebró Artículo 19, que lo consideró de inmediato como un “fallo histórico”.

La resolución deberá ser acatada “antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 2018″.

Por lo tanto, ambas Cámaras deberán emitir una ley reglamentaria que regule la propaganda, tal y como se había previsto al aprobar la reforma constitucional en la materia.

Según Artículo 19, en el fondo, lo que la organización pretende es que se regule el gasto de la publicidad oficial para que estos recursos no se utilicen de forma arbitraria, con opacidad o con fines de autopromoción. Y es que tan sólo de enero a abril de este año, el Gobierno Federal erogó 98 millones 599 mil 493 pesos en publicidad.

 

Legisladores rusos aprueban ley contra medios extranjeros

El Financiero

AP

15 de noviembre de 2017

MOSCÚ.- Legisladores rusos aprobaron por unanimidad una ley que permite al gobierno registrar a los medios de comunicación internacionales como agentes extranjeros.

La medida es una rápida respuesta a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de registrar a la televisora RT, financiada por el estado ruso, como agente extranjero por la presión de la Casa Blanca.

RT hace pocos días se registró en el Departamento de Justicia estadounidense como agente extranjero, acatando las órdenes de Washington.

La norma dará una herramienta al Ministerio de Justicia para designar a medios internacionales como agentes extranjeros, explicó Leonid Levin, diputado en la cámara baja del parlamento. Una vez entren en esta lista, estarán sometidos a requerimientos que suelen aplicarse a organizaciones no gubernamentales financiadas desde el extranjero.

La ley pasará ahora a la cámara alta y después deberá ser sancionada por el presidente Vladimir Putin.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos alegaron que RT sirvió de herramienta al Kremlin para entrometerse en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Moscú ha negado injerencia alguna.

El presidente Putin ha criticado duramente la medida contra RT, calificándola de violatoria de la libertad de expresión y advirtiendo que Rusia tomaría represalias.

En el debate en el parlamento ruso, el titular de la cámara Vyacheslav Volodin calificó la legislación como “una respuesta simétrica” contra Estados Unidos y señal de que “a nuestra prensa no se le trata así”.

El portavoz oficial ruso Dmitry Peskov afirmó que la nueva ley permitirá darle un marco legal a cualquier medida que se tome contra la prensa rusa en el extranjero.

“Ninguna restricción a la libertad de los medios rusos en el extranjero quedará sin respuesta”, dijo Peskov. Añadió que el gobierno “usará las oportunidades concedidas por esta ley para aplicar represalias cuando sea necesario”.

La ley deja al gobierno el poder de decidir cuáles medios extranjeros deberán ser considerados agentes foráneos, dijo Levin.

Destacó que la medida le permitirá a Rusia responder con proporción similar a cualquier restricción que Estados Unidos o cualquier otro país le imponga a la prensa rusa.

“Mi esperanza es que se usará una sola vez y que no habrá más necesidad de represalia”, expresó.

Pyotr Tolstoy, vicepresidente de la Duma y autor de la propuesta, vaticinó que el Ministerio de Justicia “tomará represalias contra entidades muy específicas”.

Enfatizó que la nueva ley abarca sólo a medios de comunicación extranjeros y no a medios rusos que obtengan financiamiento extranjero.

 

México rechaza propuesta de EU que beneficie a AT&T en TLCAN

El Financiero

Reuters

16 de noviembre de 2017

México rechazó una propuesta de Estados Unidos para incluir disposiciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que beneficiarían a AT&T, dijo el miércoles el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Durante la última ronda de conversaciones en Virginia, Estados Unidos, propuso incorporar la histórica reforma de telecomunicaciones de México en una disposición del TLCAN que se aplicaría sólo a México, dijeron a Reuters cuatro fuentes con conocimiento del asunto.

“Nos contaminó un poquito este debate de la tarifa cero y eso, de alguna manera, hizo que AT&T, que es norteamericana, pidiera a su gobierno que reflejara su interés en la negociación”, dijo Guajardo a Radio Fórmula. “Querían meter un anexo como si estuviera hecho a solicitud de parte; eso no es aceptable”, añadió el funcionario.

AT&T y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no hicieron comentarios.

La reforma de telecomunicaciones de México de 2013-14 tuvo como objetivo romper el dominio de América Móvil, la empresa de telecomunicaciones propiedad del multimillonario Carlos Slim que surgió de un monopolio estatal en la década de 1990.

Atraídos por la reforma, AT&T ingresó al mercado mexicano en 2014, gastando 4 mil 400 millones de dólares.

Pero el mercado se sumió en la incertidumbre en agosto, cuando la Suprema Corte de México dictaminó que América Móvil no debería ser impedida por la ley de cobrar a sus rivales por llamadas a su red, medida conocida como “tarifa cero”, lo que debilitó un punto clave de la reforma.

Los negociadores aún están trabajando para asegurarse de que la reforma esté incluida en el acuerdo, dijo Guajardo.

“Lo que dijimos es que no podemos aceptar un anexo específico”, dijo el secretario. “Podemos reflejar conceptualmente los compromisos que se reflejan en la ley, que para nosotros es muy importante consolidar”, añadió.

La reforma de las telecomunicaciones, que redujo drásticamente los precios para los consumidores, es uno de los logros del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que en diciembre entrará en el último de sus seis años.

 

México se opone a propuesta de EU que beneficiaría a AT&T en TLCAN

El Economista

Reuters

16 de noviembre de 2017

México rechazó una propuesta de Estados Unidos para incluir disposiciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que beneficiarían a AT&T Inc, dijo el miércoles el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo.

Durante la última ronda de conversaciones en Virginia, Estados Unidos propuso incorporar la histórica reforma de telecomunicaciones de México en una disposición del TLCAN que se aplicaría sólo a México, dijeron a Reuters cuatro fuentes con conocimiento del asunto.

“Nos contaminó un poquito de este debate de la tarifa cero y eso, de alguna manera, hizo que AT&T, que es norteamericana, pidiera a su gobierno que reflejara su interés en la negociación”, dijo Guajardo a Radio Fórmula. “Querían meter un anexo como si estuviera hecho a solicitud de parte; eso no es aceptable”, añadió.

AT&T y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no hicieron comentarios.

La reforma de telecomunicaciones de México de 2013-14 tuvo como objetivo romper el dominio de América Móvil, la empresa de telecomunicaciones propiedad del multimillonario Carlos Slim que surgió de un monopolio estatal en la década de 1990.

Atraídos por la reforma, AT&T ingresó al mercado mexicano en 2014, gastando 4,400 millones de dólares.

Pero el mercado se sumió en la incertidumbre en agosto, cuando la Suprema Corte de México dictaminó que América Móvil no debería ser impedida por la ley de cobrar a sus rivales por llamadas a su red, medida conocida como “tarifa cero”, lo que debilitó un punto clave de la reforma.

Los negociadores aún están trabajando para asegurarse de que la reforma esté incluida en el acuerdo, dijo Guajardo.

“Lo que dijimos es que no podemos aceptar un anexo específico”, dijo el secretario. “Podemos reflejar conceptualmente los compromisos que se reflejan en la ley, que para nosotros es muy importante consolidar”, añadió.

La reforma de las telecomunicaciones, que redujo drásticamente los precios para los consumidores, es uno de los logros del gobierno del presidente Enrique Peña, que en diciembre entrará en el último de sus seis años.