Diagnósticos sobre transparencia

Publicidad gubernamental

El Financiero

Edna Jaime

10 de noviembre de 2017

Debo reconocer que en mi trayectoria profesional nunca he sido objeto de censura ni de presión alguna. He manifestado y he escrito mis ideas o las de la institución que represento con plena libertad. No conocí el rigor del viejo régimen que con astucia amedrentaba o cooptaba a sus detractores. Por fortuna me ha tocado vivir en el México que se ha abierto a la libre expresión. En los últimos tiempos, sin embargo, algo parece estar cambiando. Hay señales que indican un viraje. Un intento por controlar a los medios y con ello la libre expresión. Gravísimo sería que regresáramos a prácticas superadas y nos quedáramos sólo mirando.

Para empezar hay que decir que existe un pecado de origen: una bolsa de recursos públicos enorme que se utiliza a discreción en materia de publicidad oficial. No hay supervisión, criterios, ni transparencia sobre el uso de estos recursos.

En lo que va de esta administración federal se han gastado más de 38 mil 247 millones de pesos en este rubro. En este lapso, en cada ciclo fiscal se han presentado sobreejercicios que no son menores: 49% en 2013, 35% en 2014, 80% en 2015 y 134% en 2016. Lo que esto quiere decir es que el Ejecutivo federal ha gastado mucho más de lo que el Legislativo le ha autoriz

Hay dos efectos perniciosos en este gasto. El primero supone el costo de oportunidad de estos recursos, esto es, lo que se dejó de hacer en otros ámbitos prioritarios como la salud, la educación, la justicia o el medio ambiente, por canalizar recursos a este rubro.

Hay otro efecto también muy grave. Esta bolsa multimillonaria de recursos está domesticando a medios de comunicación, sobre todo a los que dependen fuertemente de la publicidad oficial para existir. Dice el dicho que el que paga manda. Y a billetazos parece que se está dictando línea editorial a distintos medios. Para decirlo de otra manera, con nuestro propio dinero se está dañando el trabajo periodístico y hasta la libre expresión.

Después de ganar la elección, Enrique Peña Nieto, entonces candidato electo, escribió una columna titulada “El comienzo del cambio”, en la que prometía que una de sus iniciativas prioritarias sería la creación de un organismo regulador externo del gasto en publicidad oficial. Dicha iniciativa nunca se materializó.

Este mismo tema formó parte de la agenda del Pacto por México, unos de los rubros de aquel acuerdo macro que se desdeñó.

Posteriormente, la reforma política de 2014 estableció la necesidad de reglamentar el artículo 134 de la Constitución, que fue reformado en 2007 para establecer parámetros a los que se debía ceñir la publicidad oficial. A la fecha, el Legislativo no se ha tomado la molestia de hacer su trabajo.

Parece evidente que las fuerzas políticas de todos los signos entienden la potencia del dinero para controlar medios de comunicación, y para ejercer el poder sin la molestia de ser incomodados por una prensa crítica. Por eso hacen mutis antes los excesos. Por eso no legislan sobre lo que están obligados.

Fundar, organización que ha seguido este tema puntualmente, ha lanzado una plataforma a la que las autoridades pueden adherirse para transparentar su gasto en publicidad. Otras iniciativas ciudadanas se suman a estos ejercicios como forma de suplir lo que no está establecido en ley.

Estos esfuerzos son encomiables, pero no suficientes. La publicidad oficial debe estar expresamente regulada, con parámetros que sigan las mejores prácticas internacionales. Sólo así podríamos romper los códigos de codependencia que caracterizan la relación poder-medios de comunicación y darle a nuestra democracia los espacios de libertad deliberativa que necesita.

Artículo 19, otra organización civil, presentó una demanda de amparo contra la omisión del Legislativo de trabajar sobre la ley reglamentaria del 134 constitucional. La Suprema Corte deberá definirse sobre el tema. Su decisión puede ser el game changer. Lo que rompa con la relación viciada y simbiótica que atenta sobre el derecho a saber y a estar informados.

Veremos qué curso sigue este tema tan delicado. Sería muy lamentable ir para atrás.

* La autora es directora de México Evalúa.