Agresiones contra periodistas o medios

Periodista sufre agresión verbal por transeúnte en Australia (VIDEO)

Sin Embargo

Redacción

8 de noviembre de 2017

Una periodista australiana sufrió una dura agresión verbal durante un reportaje en vivo por parte de un transeúnte, quien profirió insultos de grueso calibre dirigidos tanto a su profesión como su aspecto físico. El video del incidente fue publicado por la víctima en su cuenta de Facebook.

El ataque ocurrió el pasado 6 de noviembre frente al edificio de la corte de Ballarat (Australia), donde la reportera local Maggie Raworth se encontraba trabajando en ese momento. La cámara del compañero de la periodista registró el instante cuando un hombre se acerca y comienza a insultarla.

“Consigan ambos un trabajo de verdad. ¡Jodidos periodistas, lo más bajo de lo más bajo!”, exclamó el transeúnte. Sin perder la calma, la reportera le preguntó “¿Cuál es su problema, señor?” y le cuestionó de manera respetuosa si le había hecho algo a él personalmente.

“Has elegido ser una periodista”, recriminó el hombre, molesto porque “del millón de profesiones” existentes Raworth escogió convertirse en una “mentirosa de mierda” para ganarse la vida.

No contento con descalificar su oficio, el hombre se refirió de manera despectiva a la figura de la reportera. “En cinco jodidos años estarás fuera de este trabajo, completamente arrugada y toda esa mierda” espetó el transeúnte y agregó: “Ya te estás poniendo gorda”.

Al notar que la mujer sacó de su bolsillo su teléfono para filmarlo, el autor exclamó desafiante: “¡Fílmame, perra! ¡Fílmame y hazme famoso!”

“Al menos yo gano dinero, a diferencia de ustedes. ¡Pendejos de un noticiero local!” concluyó el hombre antes de retirarse.

Según el canal 9News, donde trabajan los periodistas agredidos, la Policía ya estableció la identidad del atacante y está analizando presentar cargos.

 

Diagnósticos sobre transparencia

Piden informe sobre contratos del gobierno con “empresas fantasma”

El Informador

SUN

8 de noviembre de 2017

Las dependencias forman parte de rubros como salud, transporte, comunicaciones, energía y desarrollo social

El Comité de Participación Ciudadana presentó 99 solicitudes de acceso a la información para conocer si el Gobierno federal ha celebrado posibles contratos con las “empresas fantasmas” identificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El organismo indicó que entregó varias solicitudes de acceso a la información los pasados 30, 31 de octubre y el 2 de noviembre de este año, ante dependencias y entidades federales, para conocer si sus proveedores operan en la ilegalidad.

Estas dependencias operan en el sector salud, en el de transporte y comunicaciones, el energético y el de desarrollo social del país.
El Comité de Participación Ciudadana refirió que se busca conocer el RFC que utilizó en cada uno de estas “empresas fantasma”, así como datos el nombre y RFC del emisor y receptor, el folio, la fecha de emisión, los montos pagados, las fuentes de las transferencias bancarias, los impuestos federales trasladados y retenidos que constan en el CFDI y/o la factura, entre otros.

“El Comité de Participación Ciudadana (CPC ) entregó a cada uno de los sujetos obligados, junto con las solicitudes de acceso presentadas, un listado de contribuyentes que se han ubicado (presunta o definitivamente) en el supuesto del artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación (empresas fantasma) de acuerdo con información publicada por el SAT en su página electrónica.

Las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado deberán indicar con quienes de estos proveedores han firmado contratos”, dijo en un comunicado.

De acuerdo con el Comité, se interpusieron 36 solicitudes sobre sector de transportes y comunicaciones; 37 del sector salud; 12 en el sector de desarrollo social y 14 sobre sector energético.

 

Censura

Censura en Venezuela; Maduro prohíbe mensajes de odio

El sol de México

Reuters y EFE

09 de noviembre de 2017  

CARACAS, Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), conformada por aliados del Gobierno socialista, aprobó una ley que prohíbe los “mensajes de odio” difundidos por partidos políticos en medios y redes sociales.

La oposición teme que la norma sea una nueva vía para criminalizar las críticas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al ser interpretada y ejecutada por organismos gubernamentales.
El mandatario Nicolás Maduro, por su parte, sostiene que la norma es necesaria para evitar nuevas olas de protestas violentas como las que pedían su renuncia y sacudieron al país entre abril y julio de este año, dejando unos 125 muertos.

“(La ley) es para cualquier tipo de organización que pretenda fundarse sobre la discriminación, sobre el odio, sobre los mensajes de guerra”, dijo la presidenta de la constituyente, Delcy Rodríguez, tras la aprobación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

“Para las redes sociales también hay regulaciones muy específicas. Está prohibida la promoción, deben retirar los mensajes que promuevan el odio, la guerra, la intolerancia en un lapso de seis horas. Si no, van a ser sujeto de sanciones”, agregó.

SANCIONES POLÍTICAS

La Constituyente aprobó inhabilitar a los partidos y organizaciones políticas que promuevan el “odio” en el país, prohibiéndole, de esta manera, participar en elecciones en caso de que incurran en delitos de intolerancia y “fascismo”.

La medida es parte de la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, que fue votada por unanimidad y entrará en vigor una vez que sea publicada en la gaceta oficial.

Durante la sesión, la ANC explicó que los partidos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual (…) y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia no podrán ser inscritos” ante el Consejo Electoral.

Se estableció, asimismo, que de incurrir en uno de estos delitos también se “revocará la inscripción de aquellos partidos políticos y organizaciones políticas que incumplan” con lo previsto en la ley.

Maduro, Delcy Rodríguez, y el resto de primeras espadas del oficialismo tachan a menudo de “fascistas” a los partidos de la oposición, a los que se refieren habitualmente como “derecha apátrida”.

 

Veta Venezuela imágenes sexuales en medios

Excélsior

AP

8 de noviembre de 2017

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela prohibió la publicación de imágenes con contenido sexual implícito y explícito en los medios impresos, digitales y por suscripción que puedan terminar en manos de niños y adolescentes.

El organismo indicó en un comunicado divulgado este miércoles que la Sala Constitucional declaró con lugar un amparo solicitado por dos mujeres en contra de las supuestas “publicaciones pornográficas” del semanario deportivo El Heraldo, del Grupo Editorial 6° Poder.

En consecuencia, prohibió a ese medio publicar cualquier ejemplar del semanario impreso o digital y aun por suscripción privada o anuncios publicitarios que tengan contenido sexual explícito o implícito.

La sentencia se extendió a todas las publicaciones semejantes.

También fue prohibida cualquier publicación que remita a direcciones electrónicas que puedan ser consultadas libremente por niños y adolescentes.

El Tribunal exhortó al Ministerio de Comunicación e Información y a CONATEL, el órgano regulador de telecomunicaciones en Venezuela, a buscar y cancelar las direcciones electrónicas de contenido pornográfico publicadas en los referidos medios.

La Sala Constitucional remitió además la decisión a la Fiscalía General para que inicie una investigación con miras a determinar si la difusión impresa o digital del semanario El Heraldo y de otras publicaciones del Grupo 6° Poder se incurrió en algún delito o falta que pudiera ofender a las mujeres.

 

Venezuela avala ley que amenaza a los medios

El Universal

EFE y AFP

09 de noviembre de 2017

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó ayer una “Ley contra el Odio” que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan “el fascismo”.

La polémica ley fue expresamente solicitada por el presidente Nicolás Maduro a la Constituyente oficialista para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que según el oficialismo dispararon la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto, y dejaron 120 muertos.

“Quien públicamente (…) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (…) será sancionado con prisión de 10 a 20 años”, establece el artículo 20 de la citada ley.

El texto —refrendado una vez más por unanimidad en la Constituyente oficialista— prevé también la posibilidad de castigar con penas de ocho a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio, la misma medida que se aplicará al personal sanitario que discrimine a la hora de prestar atención.

La ley permitirá prohibir e inhabilitar para las elecciones a los partidos políticos que “promuevan el fascismo” o el odio racial, étnico, político, social, ideológicos, de género y orientación. “Venezuela pone hoy esta ley a disposición del mundo. No exportamos solamente petróleo, queremos exportar paz, amor, tolerancia en un mundo gravemente amenazado con los poderes imperiales.

Nosotros vamos ahora a exportar la paz para el mundo”, afirmó la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez. Con las disposiciones aprobadas, la Constituyente —un suprapoder instaurado por el oficialismo que no reconoce ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional— obliga a los medios de comunicación públicos y privados a difundir contenidos avalados por el Estado que estimulen “la diversidad” y “la tolerancia”.

Los dueños de los medios que no se avengan a poner su programación o sus páginas a estos mensajes se exponen a sanciones de hasta 4% de sus ingresos fiscales brutos en el ejercicio anterior al periodo en que ocurran los hechos.

La ley tampoco deja sin regular las redes sociales, y las personas jurídicas responsables de estas plataformas y de los medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes “de odio” deberán responder con el pago de multas.

Dos disposiciones transitorias propuestas por Rodríguez suponen además la derogación de cualquier otra regulación existente que contradiga a la “Ley contra el Odio”, que crea una Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica con la que están obligados a cooperar todos los ciudadanos.

Entre los 15 integrantes de esta comisión hay miembros de la Constituyente, varios ministros, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, así como el fiscal general Tarek Saab, representantes de organizaciones sociales y otros altos cargos del Estado. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) alertó que la ley “sólo legitimará la censura y criminalizará la opinión”, y la tachó, vía Twitter, de “atentado directo contra la libertad de expresión”.

El diputado opositor Armando Armas ve en el texto de la Constituyente “un manual de procedimientos para la represión” que no hará sino “agravar la situación económica y social” de Venezuela.

Para la ex presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, la ley “pretende la legalización de la represión con apariencia jurídica”. La ONG Espacio Público contabiliza 148 medios de comunicación cerrados desde 1999, cuando llegó al poder Hugo Chávez, fallecido en 2013.