INAI

INAI ordena a SCT informar sobre impacto ambiental del NAICM

Excélsior

Andrea Meraz

7 de noviembre de 2017

El INAI exigió transparencia en las contrataciones de las obras públicas, en específico, las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En sesión ordinaria, el órgano de transparencia ordenó a la dependencia dar a conocer distintos documentos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Entre ellos, está la declaración internacional de impacto ambiental; plan de restauración ecológica; programas de rescate de flora y fauna; política de protección ambiental; medidas precautorias tomadas por las autoridades para contrarrestar impacto ambiental, entre otros.

Sin embargo, momentos después, negó dar la versión pública de un accidente ocurrido el pasado 29 de marzo en obras realizadas en Huixquilucan y en el que murieron tres trabajadores al quedar atrapados.

Los votos en contra fueron del comisionado presidente, Francisco Javier Acuña; las comisionadas, María Patricia Kurczyn y Ximena Puente de la Mora.

Los oponentes al proyecto del comisionado Joel Salas Suárez, señalaron que dar a conocer dicha información afectaría a la investigación del Ministerio Público.

 

Ordena INAI reservar peritaje de SCT

Mural
Rolando Herrera
07 noviembre 2017

Con el voto de calidad del comisionado presidente, Francisco Javier Acuña, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) determinó reservar el peritaje practicado a un accidente ocurrido en la construcción del Túnel de Huixquilucan en el que murieron cuatro personas.

Debido a la ausencia del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quien está de comisión fuera del País, y ante el empate de tres votos entre los seis comisionados asistentes, Acuña hizo uso de su voto de calidad para que el peritaje sea clasificado como reservado.

De acuerdo con los antecedentes del caso, expuso el comisionado ponente Joel Salas, un particular solicitó el peritaje que el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, prometió que se llevaría a cabo para deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido el 29 de marzo pasado, fecha en la que hubo un derrumbe en la obra que provocó el fallecimiento de cuatro trabajadores.

La Secretaría, añadió Salas, negó la entrega de la información con el argumento de que de darlo a conocer se afectaría la investigación que está realizando el Ministerio Público para esclarecer los hechos.

Al analizar el caso, Salas consideró que la negativa de la SCT es improcedente debido a que el solicitante le pidió el dictamen técnico que obra en sus archivos y no un documento contenido en la carpeta de investigación, la cual tiene el carácter de reservada.

Sin embargo, la mayoría del Pleno, conformada por Acuña, Ximena Puente y Patricia Kurczyn consideraron que si bien el peritaje obra en los archivos de la SCT tras el inicio de la investigación es un elemento de ésta y por tanto debe ser considerado como reservado.

 

INAI ordena a SCT entregar información ambiental del NAICM

Milenio Jalisco

Rafael Montes

7 de noviembre de 2017

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberá entregar a un ciudadano documentos del expediente de permisos ambientales para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Así lo ordenó por unanimidad el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual revocó la respuesta inicial de la SCT, en donde había argumentado que no era competente para entregar esa información. Un ciudadano solicitó los siguientes documentos: la declaración de impacto ambiental del NAICM, el plan de restauración ecológica y las acciones para mitigar el impacto ambiental de la modificación de la hidrodinámica de los humedales de la zona; los programas de rescate de flora y fauna; la propuesta de conservación de aves; el registro y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero y el plan de manejo de residuos y del agua. Además, conocer el impacto ambiental a corto, mediano y largo plazo que generará la construcción; la política de protección ambiental que se aplicará con la operación de la terminal y las medidas precautorias para contrarrestar el impacto ambiental y si hubo alguna recomendación por violaciones a derechos humanos en la comunidad de San Salvador Atenco.

La SCT respondió que no contaba con esa información y orientó al solicitante a preguntar al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, propuso revocar la respuesta de SCT con el argumento de que entre sus facultades sí está otorgar los permisos solicitados por el ciudadano y además, contar con toda la información requerida. Por ello, consideró que ella SCT debe entregar todo lo que pidió el ciudadano y que no podrá alegar “incompetencia”.

 

Diagnósticos sobre transparencia

Diputados de PAN y PRD piden cabeza de quien destapó ‘moches’

El Financiero

Víctor Chávez

7 de noviembre de 2017

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó y cuestionó los moches que diputados cobraban a los alcaldes, denunció la opacidad en el manejo de los recursos públicos en el Congreso de la Unión, y hoy los legisladores piden que se vaya.

 

Los duros informes del titular de la ASF, Juan Manuel Portal, incomodaron a los diputados, que hoy buscan evitar su posible reelección por ocho años en el cargo.

 

Luego de que en noviembre de 2013, cuando estalló el escándalo de que el coordinador parlamentario panista en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, fue señalado por el cobro de regalías a alcaldes de Guanajuato y Aguascalientes, a cambio de la entrega de recursos públicos, el auditor advirtió, en marzo de 2014, que la ASF estaba decidida a ir contra los moches, por lo que anunció que triplicaría el número de revisiones al gasto que hacen municipios con fondos federales. “Buscamos poder revisar que lo que se autoriza llegue allá y en los municipios que hayamos seleccionado ver que ese recurso se haya gastado completo, esa es una forma de amarrarlo. Para eso estimamos triplicar las auditorías que hicimos este año”, abundó.

 

También Portal Martínez criticó la opacidad en el manejo de las llamadas subvenciones secretas o extraordinarias que se manejan en las cámaras legislativas. “Actualizar y restructurar la administración interna de la Cámara de Diputados no es un tema tan administrativo, tiene mucho de político. Esta Legislatura ya no va a tener grandes avances, será la próxima la que defina qué se haría con las subvenciones, cómo transparentarlas”, comentó en febrero de 2012.

 

“En la Cámara de Diputados subsiste la falta de transparencia y rendición de cuentas respecto de la aplicación de las subvenciones a los grupos parlamentarios”, dijo en su informe de febrero de 2013.

 

“Cada año la Cámara de Diputados recibe recomendaciones para transparentar sus gastos”, reprochó en 2014 y en 2015 señaló: “Los legisladores deben acelerar los tiempos para concretar las reformas en materia de transparencia y, al mismo tiempo, adecuar su estructura administrativa interna para la rendición de cuentas”.

La respuesta vino fuerte, en febrero de 2015, del entonces presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Silvano Aureoles: “El auditor no tiene por qué entrometerse en el trabajo de los legisladores; que se dedique a hacer su trabajo”.

En 2016, Portal Martínez declaró que “sería deseable que funcionarios del gobierno de Veracruz vayan a la cárcel, como resultado del Informe de la Cuenta Pública 2014, rendido ante la Cámara de Diputados. Veracruz es la entidad con mayores desvíos y en muchas ocasiones el mandatario ha ofrecido mesas de trabajo que no cumple”.

Los diputados federales priistas veracruzanos pidieron la destitución del auditor superior y le enviaron una carta en la que señalaron que la ASF “es un organismo creado por el Estado mexicano, a partir del cual la Cámara de Diputados delega en él sus funciones de fiscalización, y el proceso de auditoría que lleva a cabo debe atender lo dispuesto en la Constitución y en las legislaciones vigentes en la materia”.

Hoy, a dos meses de dejar el puesto y con posibilidad legal de reelegirse otros ocho años, los coordinadores parlamentarios del PAN y PRD en la Cámara de Diputados consideran que lo más sano es un cambio y elegir a un nuevo auditor.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés, del PAN, pidió el relevo del auditor. “Se requiere de un fiscal superior que mejore el trabajo de fiscalización y contribuya eficazmente en el combate a la corrupción”, dijo y llamó a los partidos a “buscar acuerdos para elegir a un profesional con capacidad técnica, probada honestidad y fama pública”.

El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, consideró que “aunque se puede reelegir, yo creo que necesitamos renovar las instituciones y elegir un nuevo perfil”.

En su mensaje de despedida, el 27 de octubre –cuando entregó el segundo “informe individualizado” de la Cuenta Pública 2016–, Portal Martínez exhortó a los legisladores a que “ninguna persona puede ponerse por encima de las instituciones” y a darle a la ASF “un alcance mayor y mostrar una institución distinta, más coherente”.

 

Cambio de paradigmas para la integridad empresarial

El Financiero

Benjamin Hill

7 de noviembre de 2017

El número de noviembre 2017 de la revista Expansión dedica su portada y artículo principal a la publicación del “Ranking 500 Empresas Frente a la Corrupción (IC500)”, una iniciativa de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Transparencia Mexicana y Expansión, que incluye una plataforma digital (http://www.integridadcorporativa500.mx/). El ranking se realizó con información de 500 empresas que operan en México, reunida entre 2016 y 2017 sobre sus políticas de integridad corporativa publicada en sus páginas de Internet y otros medios. La metodología del ranking se basa en el componente de publicidad de las políticas anticorrupción del estudio “Transparency in Corporate Reporting (TRAC)” de Transparencia Internacional.

(http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2014_transparencyincorporatereporti?e=2496456/9997410). El ranking IC500 califica a las 500 empresas más importantes que operan en México en cuanto a la información publicada sobre sus compromisos anticorrupción, y hace un ranking por sector, por empresa, por país de origen de la empresa, un ranking específico para empresas públicas y algunos estudios de caso.

El principal valor de este tipo de rankings e índices sobre corrupción impulsados por la sociedad civil y medios de comunicación, es el de colocar un tema relevante, como lo es la integridad corporativa, en la agenda pública. Es posible que el ranking IC500, si se publica de forma periódica y en la medida que logre generar un impacto mediático importante, no sólo coloque el tema en la agenda, sino que sirva de incentivo para que las empresas evaluadas desarrollen acciones para obtener una mejor calificación y se genere una competencia sana, que al final lleve a una mayor transparencia en la publicación de las políticas de integridad corporativa. Una revisión superficial del IC500 muestra que hay pocas empresas mexicanas entre las mejor calificadas. De hecho, el origen de las empresas extranjeras que operan en México está correlacionado a su vez con la calificación en índices de corrupción de sus países de origen, lo cual nos dice algo sobre el componente cultural-institucional de la corrupción.

Este ranking llega en un momento de cambio de paradigmas para el tema de integridad empresarial en México. La Ley de Responsabilidades Administrativas establece nuevas responsabilidades para las empresas vinculadas a faltas administrativas relacionadas con actos de corrupción, y contempla sanciones que pueden ir desde la económica hasta la disolución de la sociedad, el equivalente para personas morales de la pena de muerte. La ley también plantea que la existencia de una política de integridad será tomada en cuenta al momento de establecer la gravedad de las sanciones.

Tanto el IC500 como la Ley de Responsabilidades se suman a un amplio abanico de estándares, estructuras de trabajo, recomendaciones, reglas, convenios multilaterales y leyes internacionales que presentan condiciones, sugerencias de acciones, obligaciones y políticas de integridad empresarial y de compliance que buscan crear una cultura de integridad y prevenir que las empresas incurran en costos derivados de multas y litigios relacionados con actos de corrupción, así como otros tipos de sanciones que pueden ser hasta penales.

Estos mecanismos incluyen la FCPA y la Ley Sarbanes-Oxley, de EU; Bribery Act, de UK; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; la Convención de la OCDE para Combatir Sobornos a Funcionarios Públicos Internacionales en Transacciones Comerciales; las Reglas de la ICC para Combatir la Corrupción; la Partnering Against Corruption Initiative (PACI) del Foro Económico Mundial; el “Código de Conducta Anticorrupción” de la APEC; el ISO37001 sobre sistemas de gestión antisoborno; el ISO19600 sobre estándares internacionales de gestión de compliance; el Manual sobre Anticorrupción, Ética y Compliance, elaborado por la OCDE, la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial; los Principios de Empresas para Enfrentar el Soborno, de Transparencia Internacional, así como la Guía sobre Gestión del Riesgo Empresarial de COSO, entre otros. Mención especial merece la Guía de Gestión de Riesgos para Empresas, elaborada por la ICC México y presentada apenas hace unos días, la cual busca convertirse en estándar internacional.

Ante las reformas legales recientes, este conjunto de iniciativas, así como la mayor importancia que adquiere la integridad empresarial en la opinión pública como medida para la prevención corresponsable de la corrupción entre empresas y gobierno, las empresas mexicanas enfrentan dos retos inmediatos. El primero de ellos es cómo diseñar, ante este gran abanico de opciones, obligaciones y recomendaciones, una política de integridad que no tenga como objetivo único el obtener una mejor calificación en el IC500, sino que le permita a la empresa prevenir de manera efectiva los costos asociados con la corrupción. El segundo reto es más bien institucional y tiene que ver con lo que el gobierno federal entiende como política de integridad empresarial, de tal forma que pueda ser tomada en cuenta para aliviar sanciones. Dado que no puede existir ambigüedad en esto, se vuelve indispensable para que la autoridad tenga un criterio único para definir qué es lo que se entiende como política de integridad y que exista un estándar nacional, basado en mejores prácticas pero que busque resolver los problemas específicos que enfrentan las empresas mexicanas ante la corrupción que se da en sus interacciones con las áreas de contrataciones públicas del gobierno.

 

Dudas sobre el Fiscal anticorrupción

Milenio Jalisco

Jorge Velazco

7 de noviembre de 2017

Hoy inician en el Congreso del Estado las comparecencias de los 12 abogados que pretenden ocupar el asiento disponible en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, personaje que gozará de una autonomía dicen, independientemente de que dependa de lo que será el Fiscal General del Estado, a grado tal que podrá iniciar carpetas de investigación en contra de su jefe. Existen serias dudas sobre la función del fiscal anticorrupción y del sistema en general, pues el riesgo de que el combate a los actos de corrupción desde y dentro del gobierno se convierta en una cacería de brujas o el sistema anticorrupción sea inoperante es alto, pese a la urgencia que tiene el país de disminuir los actos de corrupción. Basta tener como ejemplo lo que sucedió en el caso de otra Fiscalía Especializada, la de Delitos Electorales, en donde la salida de su titular Santiago Nieto, se convirtió por días en una especie de batalla campal por el poder, más que la defensa de una fiscalía autónoma dedicada a la persecución de delitos electorales. Fuimos testigos de las acusaciones entre partidos políticos de intereses mezquinos unos desde la defensa de la permanencia del fiscal y otros que pugnaron por su salida. Nunca vi a una oposición tan preocupada por una figura que en otros tiempos hubieran cuestionado por su actuar. Un fiscal autónomo, sin los controles necesarios puede convertirse en un arma de dos filos con usos prácticos para las vendettas políticas. De verdad, y no por ser pesimista, tengo serias dudas sobre la imparcialidad de las famosas fiscalías anticorrupción, tan mala ha sido la experiencia que le puedo decir que sin el famoso tinglado del Sistema Nacional Anticorrupción, México ya tenía las herramientas necesarias para combatirla. Códigos penales que contemplan delitos como el peculado, el lavado de dinero, la asociación delictuosa y la extorsión, a nivel federal una Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales que investiga y persigue delitos cometidas por servidores públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

O por ejemplo el Código Penal Federal tipifica el delito de cohecho y contempla sanciones por tráfico de influencias. Sin embargo, y con todas esas armas, existen casos escandalosos de enriquecimiento ilícito, inexplicable y fuera de toda lógica, que no veo sancionados, si en realidad se tuviera el ánimo de castigar la corrupción más de un personaje público estaría tras las rejas, por muchos motivos, pero no lo está.

Sí, al Sistema Anticorrupción del Estado lo componen diferentes ejes, contralorías encargadas de prevenir, las auditorías para fiscalizar el correcto uso del recurso público, una autoridad encargada de perseguirla, la Fiscalía Espacial, el Tribunal Administrativo encargado de juzgar los actos de corrupción, el instituto de transparencia garante de la información. El comité de participación ciudadana será actor importante en todo, excepto en la designación del fiscal, que es facultad del Congreso del Estado derivado de una terna de la que el Poder Legislativo tomará la mejor opción.

La pregunta es ¿qué garantía tenemos de la imparcialidad del nuevo fiscal? Y que el combate a los actos de corrupción no tendrán sesgo político como hasta hoy. Solo el tiempo responderá estas preguntas.

 

Protección de datos personales

Niegan que app vulnere datos personales
Mural
Héctor Gutiérrez
07 noviembre 2017

Consejeros y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) negaron que la aplicación móvil diseñada para la recolección de firmas ciudadanas vulnere los datos personales de los ciudadanos, como denunció el equipo de María de Jesús “Marichuy” Patricio.

Bárbara Zamora, abogada del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), denunció este martes en conferencia de prensa que la herramienta digital del INE almacena ilegalmente la foto de la credencial del ciudadano que acepta firmar, así como la clave de elector, la huella y la fecha de emisión.

En la conferencia también se proyectó un video sobre carpetas que contienen los datos de los ciudadanos y que además saturan la memoria de los teléfonos.

En entrevista, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, afirmó que los datos personales de los ciudadanos están encriptados y son borrados automáticamente del celular una vez que son enviados al INE.

Precisó que los datos de los ciudadanos sólo se almacenan en el teléfono de manera temporal y en archivos encriptados que no pueden ser abiertos cuando las firmas, por falta de conexión a internet, aún no se han enviado al organismo electoral.

“Para garantizar que no se pierda la información, los datos se quedan en el teléfono hasta que son enviados exitosamente al INE, de lo que se trata es que los auxiliares no pierdan el trabajo realizado”, dijo.

“Una vez que se concluye después de la firma un trámite, esta información se encripta y no es accesible por los auxiliares y una vez que es transmitida exitosamente se borra de los teléfonos”.

Ballados explicó que, incluso, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) validó el mecanismo.

“Ya hemos tenido reuniones con el propio INAI, que ha validado esta protección de los datos personales”, planteó.

“(La app) es diametral mejor que el método que teníamos antes, el método tradicional, porque ahí los auxiliares se quedaban con copia de la credencial de elector con fotografía”

El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, reiteró que la información de los ciudadanos está encriptada; sin embargo, se comprometió a revisar la información presentada por el equipo de “Marichuy” Patricio.

“Con todo gusto lo reviso, la verdad es que tenemos muy probada esa cuestión del borrado de los datos, la encriptación tenemos nosotros la llave”, mencionó.

El consejero Benito Nacif, por su parte, subrayó que no se puede acceder a la información encriptada en la aplicación.

“Lo dijeron, no sé si lo demostraron, no sé cómo pueden desencriptar esa información”, dijo.

 

Seguidores de ‘Marichuy’ denuncian que app del INE pone en riesgo datos personales

El Financiero

Magali Juárez

7 de noviembre de 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- Académicos, intelectuales y artistas que apoyan a María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy” en su camino a la candidatura presidencial denunciaron que con la aplicación para que los independientes recopilen las firmas, el Instituto Nacional Electoral (INE) incurre en violaciones constitucionales al poner en riesgo los datos personales de las ciudadanas.

En conferencia de prensa, Juan Villoro, Alicia Castellanos, Gilberto López Rivas y Bárbara Zamora, exigieron al órgano electoral federal no poner más trabas a la recopilación de firmas para que los independientes logren su registro

Como parte de la asociación civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, acusaron que el Instituto emitió una “falsa guía” de requerimientos técnicos para el uso de la app que diseñó y que al final exige la adquisición de dispositivos de por lo menos cinco mil pesos para que pueda funcionar, lo que está lejos de la realidad de la mayoría de la población.

Además, advirtieron que pese a las afirmaciones de los funcionarios del INE respecto a que la aplicación resguarda los datos personales, encontraron que la información de quienes apoyan con su firma a los independientes se queda resguardada en los teléfonos móviles, lo que implica violaciones a las disposiciones legales que debe cumplir el Instituto.

“El INE está obligado por la Constitución, así como por las disposiciones propias de su tarea a proteger los datos personales de todos y todas las ciudadanas que den su apoyo a través de la multicitada aplicación (…).

Tras una serie de denuncias hechas por las y los auxiliares de ‘Marichuy’ en el sentido de que sus teléfonos estaban empezando a fallar, que ya no podían capturar nuevos apoyos, descubrimos que sobre esto también mintió el INE. Los datos de todos y todas las personas que han dado su apoyo, en este caso, a ‘Marichuy’ se quedan en los dispositivos móviles de los y las auxiliares”, revelaron.

Ante esta situación, retieraron que no es posible que la autoridad electoral sostenga la utilización de la aplicación: “¿Era y sigue siendo inevitable insistir en el uso de una aplicación con estas características? Estamos convencidos que no. Y esperamos que no sea una vez más la desidia de los burócratas del INE la que prevalezca”, manifestaron.