Anatel aumenta participación en Oi e impide firma del plan reestructura

Mediatelecom

Itzel Carreño

07 de noviembre de 2017

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) anunció una medida cautelar para el operador brasileño Oi, que impide la firma de su plan de reestructuración hasta que los detalles sean analizados por el órgano regulador. Asimismo, amplía el acceso de la agencia de la empresa.

El presidente de la Anatel, Juárez Quadros, declaró “queremos conocer los términos para apreciar si hay o no daño a la sociedad, o al sistema brasileño de comunicaciones. Podemos hacer alguna reserva. Y el llamado PSA (Plan Support Agreement) podrá ser celebrado, siempre que atienda a las salvedades. En el momento, la caja de aproximadamente 7 mil millones de reales garantiza la continuidad de los servicios, pero no las inversiones necesarias”.

El presidente de la agencia reconoció que dentro de la compañía existía un desacuerdo entre la dirección ejecutiva y el consejo de administración, ya que los primeros se negaban a aprobar los términos del PSA.

Sin embargo, durante una reunión del consejo de administración se nombró a Hélio Costa y João Vicente Ribeiro para la directiva estatutaria, con lo cual obtuvieron los votos necesarios para aprobar el PSA.

Anatel indicó que Oi aún no puede firmar ningún PSA con acreedores, hasta que la agencia haya realizado un análisis asegurándose de que no amenaza parte del flujo de caja de Oi. El operador tiene 24 horas para presentar el PSA de manera íntegra. Mientras tanto, la propuesta no puede avanzar.

La medida también amplía el acceso de la agencia en Oi, para poder estar presente en las reuniones directivas, del consejo de administración, y garantizando el acceso a cualquier documento que la Anatel considere necesario.

Por otra parte, durante la última reunión del consejo de administración, Oi rechazó la propuesta de plan de recuperación presentada por el grupo de acreedores representados por Moelis & Co, G5 Evercore, y FTI Consulting, que juntos comprenden 22.6 mil millones de reales de la deuda de la compañía. El consejo consideró la propuesta un mero “bosquejo” de plan de recuperación y clasificó los términos en él presentes como “inaceptables”.

La compañía argumenta que no puede aceptar el plan alternativo “porque no se trata de una propuesta firme y vinculante”; asegurando que no ofrece ningún compromiso para nuevas inversiones.

Oi prevé realizar su Asamblea General de Acreedores el 10 de noviembre; sin embargo, si el séptimo Tribunal de Río de Janeiro mantiene la decisión de que antes de esa reunión Oi debe presentar un plan de recuperación con diez días de antelación, podría posponerse nuevamente.

 

TLCAN daría a IFT e IMPI ‘superpoderes’ sobre contenidos en internet

El Financiero

Itzel Castañares

7 de noviembre de 2017

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría dotar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de atribuciones adicionales en materia de contenidos una vez que se aborden los acuerdos en telecomunicaciones, aseguró Francisco de Rosenzweig, exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE).

En una charla en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, el exfuncionario de la SE apuntó que ello se daría con la finalidad de que, a través de una serie de criterios, estos organismos tuvieran la autoridad de ‘bajar’ de internet cierto tipo de contenidos.

“Lo que se busca es que los proveedores de servicio de internet no realicen funciones de policía ante contenido ilegal o sin autorización, y ahí radican no solo los derechos del usuario sino también los derechos de creación de contenido y de poder poner una serie de contenidos que probablemente no tienen la autorización de su creador”, subrayó De Rosenzweig.

De Rosenzweig detalló que, a diferencia de México, en Estados Unidos hay una legislación que permite criminalizar cualquier delito en contra de una violación a la propiedad intelectual en materia de servicios de internet con base en que cualquier proveedor de contenidos de la red que no cuente con autorización debe bajar ese contenido.

En el caso de México, explicó, una falta de esa magnitud se hace acreedora a una pena administrativa. Por ello, junto con Canadá, se buscaría una legislación eficaz sin tener que llevar a cabo una reforma a la legislación penal.

En ese sentido, De Rosenzweig afirmó que éste es uno de los temas ofensivos de Estados Unidos porque también implica el combate a la piratería al haber un interés de ir más allá de lo que pactó en el TTP.

“En la medida en que se protejan los derechos de los usuarios y haya reglas no discriminatorias, todo lo que se pueda agregar al TLCAN debe ser provechoso. Ya pasaron 25 años y, por ello, sí habría que buscar integrar todos los avances tecnológicos que han habido a fecha”, acotó De Rosenzweig.

Se prevé que la siguiente ronda de negociaciones se realice a mediados de este mes.

 

Retroceso en derechos audiencias en AL

Sin Embargo

Gabriel Sosa Plata

7 de noviembre de 2017

Reunidos en la ciudad de Brasilia, defensoras y defensores de las audiencias de diferentes países de América Latina se manifestaron en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), aprobada y promulgada en nuestro país, ya que es regresiva, contraria a la progresividad de los derechos humanos y del principio pro-persona.

Estos cambios “implican, en la práctica, la eliminación de derechos de audiencias, el debilitamiento de las defensorías de las audiencias, así como del Instituto Federal de Telecomunicaciones en sus atribuciones constitucionales en esta materia como regulador de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”, dice la Declaración de Brasilia, firmada el 30 de octubre por quienes integran la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID), en el marco de su cuarto congreso latinoamericano.

Lo ocurrido en México no es la excepción. En Argentina, por ejemplo, en el Congreso, no ha sido integrada la comisión que pondría fin a la acefalía de la Defensoría del Público, la figura más relevante en la región y quizás en el mundo en la defensa de los derechos de las audiencias y el derecho humano a la comunicación. Esta desatención de los legisladores no es fortuita

El gobierno de Mauricio Macri, como lo ha dicho el académico e investigador de la Universidad de Quilmes, Martín Becerra, se ha caracterizado por impulsar un  “proceso de regresión restauradora de las políticas audiovisual y de telecomunicaciones a niveles de los que rigieron la regulación del sector hasta 2008”, lo que ha llevado, entre otras decisiones, a prorrogar las licencias audiovisuales, anular los límites a la concentración de la propiedad de la televisión de paga, relajar las condiciones para que el Grupo Clarín incursione en las telecomunicaciones y para que las telefónicas ingresen al sector de la TV de paga. Todo ello “al margen de la ley, en sentido literal, es decir, sin que medie una legislación del Congreso que respalde dichas políticas” (véase su artículo “Comunicaciones: la promesa es ley”, en su página https://martinbecerra.wordpress.com/2017/06/22/comunicaciones-la-promesa-es-ley/, 22 de junio de 2017).

En Brasil también hay preocupación sobre el destino que tendrá la Ouvidoria (que es una figura similar a la defensoría de la audiencia) de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC). La EBC aglutina a los medios públicos federales y hace 10 años creó su Ouvidoria, a partir de una ley que dispone la participación, protección y defensa de los derechos de los usuarios de los servicios públicos. Sin embargo, la llamada Medida Provisional (MP) 744, aprobada en febrero de este año en el Senado, resta independencia y debilita al sistema.

Pía Barbosa, de Intervozes de Brasil, dice que esta reforma del gobierno de Michel Temer extingue la Junta de Síndicos, como espacio principal de participación de la sociedad civil en la gestión de la EBC, y el plazo fijo para la presidencia de la compañía. Ambos aspectos, explica, “eran los principales mecanismos de garantía de autonomía de la EBC en relación con el gobierno federal”. Y agrega: “Como quedó la (reforma), puede representar el final de la principal estructura de comunicación pública del país”. También explica que desde la publicación de la MP, decenas de trabajadores han sido despedidos, algunos programas han salido del aire y se ha generado una autocensura, al igual que acoso a periodistas que no se apegan a la línea gubernamental (véase su artículo “El Senado aprueba MP de Temer que desmonta la EBC”, 2 de julio de 2017, en https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/senado-vota-esta-semana-mp-que-desmonta-empresa-publica-de-comunicacao).

La Ouvidoria de la EBC es la única figura de este tipo que existe en Brasil, pero hay una presión social para que otros medios públicos y comerciales adopten mecanismos de autorregulación similares, en un país donde la concentración de muchos medios en pocas manos es un problema grave, con O’Globo a la cabeza.

COSTA RICA, AVANZA

Frente a los retrocesos, dos buenas noticias. En Costa Rica, el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), que agrupa a las estaciones de radio y televisión del gobierno central, creó recientemente su figura de la Defensoría, cuya primera titular es la periodista Nathalia Rojas. En la Declaración de Brasilia se reconoció al SINART y se exhortó a las autoridades costarricenses y del mismo Sistema a fortalecer las defensorías de las audiencias y considerarlas en otras plataformas de comunicación.

En Colombia, la ley de televisión 182 de 1995 que hizo posible la creación de las defensorías de las audiencias en las estaciones de TV sigue vigente, sin ningún intento legal de revertir los avances alcanzados, lo que demuestra la utilidad y factibilidad de la figura en las televisoras públicas y comerciales, con diferentes experiencias de promoción de los derechos de las audiencias, especialmente en programas de televisión en los que se analizan y se debaten casos que los televidentes sugieren al medio a partir de sus quejas o comentarios.

En la Declaración de Brasilia se reitera que es falaz el argumento de que los derechos de las audiencias vulneran la libertad de expresión; por el contrario, éstos son una vertiente del derecho a la información, dicen quienes suscribieron el documento: Cynthia Ottaviana, exdefensora del Público de Argentina; Joseti Marques, Ouvidora General de la EBC de Brasil; Doris Molina, defensora de las Audiencias de Canal Trece de Colombia; Mario Mantilla, defensor del Televidente de Canal TRO de Colombia; Nathalia Rojas, defensora de las audiencias del SINART; Fernando Oliveira, ex defensor de las radios de la Empresa Brasil de Comunicaciones (EBC); Flavia Pauwels, responsable de las relaciones internacionales de la Defensoría del Público de Argentina y Madalena Oliveira, vicepresidenta de la Asociación Portuguesa de Ciencias de la Comunicación (SOPCOM).

Por parte de México, también respaldaron el comunicado Beatríz Solís, defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y de Ingenio TV (DGTVE); Lucila Garza, defensora de las audiencias de Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y exmediadora del IMER; Josefina Hernández, defensora de lectores de El Independiente de Hidalgo, y quien esto escribe, como defensor de las audiencias de Canal 44, Radio UdeG y Señal Informativa de la Universidad de Guadalajara.

IFT: ¿BRAZOS CRUZADOS?

Regresando a México, una vez promulgada la contrarreforma, quedan varios caminos para revertirla. Además de los amparos de particulares, el IFT puede presentar una controversia constitucional por vulnerar sus facultades constitucionales en materia de derechos de las audiencias. Las posibilidades de darle la razón serían inmensas. De igual manera, el IFT no debe abrogar los lineamientos en derechos de las audiencias, como ayer recomendó la presidenta de Observatel, Irene Levy, sino suspenderlos hasta que la Corte resuelva las controversias constitucionales presentadas por el Poder Ejecutivo y el Senado. De lo contrario, advierte, “se perpetraría el mayor golpe a la autonomía del órgano en su corta historia porque se trataría de una complicidad activa -y no pasiva como el hecho de no interponer controversias-” (El Universal, 6 de noviembre). ¡De acuerdo!

 

Organizaciones sociales de México denuncian reformas que afectan los derechos de las audiencias

Homo Zapping (Publicado por Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia)

El Zappo

7 de noviembre de 2017

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y Artículo 19, entre otras organizaciones sociales mexicanas, pidieron a Senadores y al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que presenten una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las modificaciones realizadas a la Ley de Telecomunicaciones que limitan los derechos de las audiencias y quitan facultades al regulador, informó Aristegui Noticias.

“Las organizaciones firmantes hacen un llamado a los senadores que no respaldaron la minuta y a quienes en protesta se ausentaron de la sesión en la cual se atropellaron los derechos de las audiencias, que afecta a la nación entera y las generaciones por venir que serán audiencias de la radio y la televisión, a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, señala el comunicado de las organizaciones.

En relación al Pleno del IFT, las organizaciones hicieron un llamado para que “analice los efectos de la contrarreforma y apruebe un acuerdo del Pleno del organismo regulador para que ejerza sus facultades e inicie otro juicio de inconstitucionalidad ante la SCJN, que permita restaurar los derechos de las audiencias y su autoridad como Órgano garante”.

De acuerdo con las organizaciones, los pedidos se fundamentan en que la decisión del Senado violó el artículo sexto constitucional que prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística. A su vez, señalaron que se quitó facultades al IFT para “regular, emitir lineamientos y aplicar sanciones” a quienes transgredan los derechos de las audiencias, así como se quitó independencia a los defensores de las audiencias.

“Los legisladores colocaron por encima de los derechos de las audiencias (incluidas personas con discapacidad, niñas y niños) los intereses económicos y políticos de los concesionarios de la radio y la televisión, en pleno proceso electoral”, concluye el comunicado.

 

Piden regulación extra para infraestructura de Red Compartida

La Jornada

Miriam Posada García

7 de noviembre de 2017

Ciudad de México. El presidente de Grupo Altán, Eugenio Galdón encargado de desarrollar la Red Compartida, pidió que se establezca una regulación especial para esta infraestructura, debido a que no se le puede tratar como un operador más en el mercado, ya que tiene obligaciones constitucionales específicas que cumplir para dar cobertura al 92.2 por ciento de la población.

Destacó que en la licitación de la banda de 2.5 gigahercios (Ghz) se deben establecer condiciones específicas debido a que para la Red Compartida representa un riesgo que en la Constitución se le haya dado a ese espectro la misma importancia que a la banda de 700 con la que operará la Red.

Dijo que así como la Red tiene la obligación constitucional de dar acceso no discriminatorio y cubrir casi a todo el país, quien gane la banda de 2.5gigahercios debería tener las mismas condiciones. Asimismo dijo que es necesario establecer reglas claras para la participación de América Móvil en la licitación de la banda de 2.5 Ghz, debido a que en fechas recientes adquirió 60 megahercios de ese espectro que era de MVS.

Durante la ceremonia en la que recibió el reconocimiento Oportunidad Digital que otorgó la Alianza Mundial de Tecnologías de la Información y Servicios (WITSA) al proyecto de la Red Compartida, Galdón señaló que la Red Compartida se configura como una red exclusivamente mayorista, la única por ahora, al servicio de todos los operadores, por lo que debe tener un naturaleza distinta a la de los operadores minoristas.

“No compite con sus clientes sino que favorece desde la neutralidad la competencia entre aquellos. No es el cuarto operador de México sino una infraestructura que convierte el espectro en colectividad al servicio de todos los operadores. Tratar a la Red Compartida como un operador más sería tratarla como lo que no es. Ver a la Red como otro operador de hecho sería verla como lo que tiene prohibido ser por la propia Constitución”.

Por lo que consideró que la Red debe ser sometida auna regulación distinta a la del resto de los operadores, y también considerar riesgos como el que representa las condiciones en que se licite la banda de 2.5 Gigahercios.

“Un ejemplo que ilustra las dificultades a las que se podría enfrentar la Red Compartida es la licitación de la banda de 2.5 Gigahercios. Recordemos que este espectro fue marcado en el artículo 17 transitorio como el espectro de uso para los principios de acceso universal no discriminatorio, compartido y continuo, esto es tiene unos criterios de uso exactamente iguales a los del espectro de la banda de 700 Mhz sobre el que opera la Red Compartida”.

Además, dijo, es un espectro fundamental para la implantación de tecnología 5G en la Red Compartida por la complementariedad de la banda de 2.5 Ghz con la de 700 Mhz, “es igualmente imprescindible para que los objetivos de universalización en los hogares y las empresas sean técnica y económicamente viables”.

Con estos argumentos, Galdón dijo que en Altán consideran que el proyecto de licitación de la banda de 2.5 Ghz “debería reflejar la aplicación de estos criterios constitucionales en las reglas o en la autorización de la reciente adquisición del preponderante de un bloque de 60 megahercios en esa banda”.

Señaló que un operadora mayorista que quiere acceder al espectro para explotarlo de acuerdo con las condiciones que tiene impuestas, “no puede competir en una subasta de ese espectro contra el resto de los operadores que van a ser sus clientes, ponerte como operador mayorista a competir con tus propios clientes integrados o minoristas para tratar de revenderles a continuación lo que les ganaste y encareciste, probablemente no es la mejor política”.