¿Contar “lo bueno” o contar lo que es?

Sin Embargo

Adrián López Ortíz

29 de octubre de 2017

Arely Gómez, Secretaria de la Función Pública, dio el cantinflazo de la semana al afirmar que la corrupción es un asunto de percepción afectada por las redes sociales que distorsionan la realidad.

O sea, la corrupción que vemos y ha sido documentada no está allí, sino que los ciudadanos sólo la percibimos y las perversas redes sociales la distorsionan para afectar la imagen del gobierno.

Aunque ofenda por caradura, la Secretaria no dice nada nuevo. Todo lo contrario, está perfectamente alineada con el eslogan de gobierno de su jefe, el Presidente Peña Nieto: Lo bueno también cuenta y cuenta mucho… ¡ah, y sigue contando! Algo así pues.

La grosería es relevante porque esta semana sucedieron dos precedentes en materia de conversación pública y esa compleja relación entre percepción y realidad. Uno pésimo y otro muy prometedor.

Empiezo por el pésimo. Resulta que el Senado aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones. Una ley regresiva que atenta contra los derechos de las audiencias en materia de libertad de expresión. El experto Gabriel Sosa ha señalado continuamente que la nueva ley incluye muchas omisiones, pero la que más preocupa es la siguiente: le permite a los medios de comunicación seguir publicando propaganda sin la obligación de transparentar a las audiencias que ese contenido es pagado o patrocinado por alguien más.

¿Y por qué ese hecho es importante? Nada más porque de 2013 a 2016, Enrique Peña Nieto se gastó 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial. Un dineral que ha servido para sostener medios que le mienten a sus audiencias al esconderles que mucho del contenido destacado que se les ofrece es propaganda pagada por sus gobernantes.

En ese periodo, los proveedores que más recibieron publicidad oficial fueron Grupo Televisa (17 por ciento), TV Azteca (9.87 por ciento, Estudios Churubusco (3.34 por ciento), la agencia de publicidad Starcom Worldwide (3.15 por ciento), El Universal (2.69 por ciento), y Grupo Fórmula (2.69 por ciento), que en conjunto concentran el 38.81 por ciento (14 mil 073 mdp) del total del gasto según el informe “Contar lo bueno cuesta mucho” de FUNDAR.

El dispendio no solo no se ha reducido, como lo prometió el mismo Presidente durante su campaña, sino que promete mantenerse de acuerdo al Presupuesto de Egresos 2018. El objetivo de ese derroche es seguir empujando la idea de “que lo bueno cuenta” entre la población de cara a un año electoral.

Sin embargo, a pesar de la enorme inversión realizada en medios masivos, la estrategia ha resultado un fracaso rotundo de comunicación. Todos esos millones no han sido suficientes para que Televisa detenga su caída libre en publicidad y ratings, ni para que la aprobación del Presidente mejore.

Curiosamente, donde menos se invierte en publicidad oficial, es donde más golpeada se encuentra la imagen de Peña Nieto: el internet y las redes sociales. ¿Qué raro verdad?

El segundo precedente sirve para alimentar la esperanza. Y es que gracias al litigio promovido por Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, la Suprema Corte alista un amparo que obligaría a los legisladores a regular en materia de publicidad oficial.

El proyecto del Ministro Arturo Saldívar plantea que el Congreso de la Unión omitió emitir la ley que ordena el Artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 para que se regule el gasto en materia de comunicación social de conformidad con lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. Dicha omisión vulnera la libertad de expresión tanto en lo colectivo como en lo individual.

De votarse a favor, estaríamos ante un precedente jurídico trascendental que podría empezar a cambiar los incentivos y las reglas del juego en materia de libertad de expresión en México. Vale atenderlo, socializarlo y empujarlo.

Porque solo tendremos medios libres e independientes cuando su subsistencia no dependa de la discrecionalidad de los gobernantes en turno, sino del apoyo de sus audiencias y el patrocinio de sus anunciantes. Solo entonces podremos aspirar a que el periodismo sirva de contrapeso en un país donde dónde los periodistas y su oficio importan cada vez menos.

Porque como dijo el periodista Marcos Vizcarra al recibir el Premio Peter Mackler en Washington: “La sociedad nos ha dejado solos, pero los necesitamos”.

Tiene razón Marcos, pero la sociedad mexicana solo volverá a confiar en sus medios cuando dejemos de “contar lo bueno” y empecemos a contar lo que es.

Librero.

¿Como distinguir entre un cártel y una mafia?, ¿cuáles son los elementos que definen que una organización delictiva ha alcanzado el nivel de “mafia”? Jean-François Gayraud responde en un libro que es ya un clásico de la literatura sobre criminalidad mundial: “El G-9 de las mafias en el mundo: geopolítica del crimen organizado” (Tendencias, 2005). Un libro imprescindible para entender dónde estamos parados en México.

 

Luzbel, contenidos y Derechos de las Audiencias

Milenio Jalisco

Rubén Alonso

30 de octubre de 2017

Se dice que, para enfrentar al diablo, ese arcángel caído en desgracia (fuera de la Gracia), se requiere reconocer su existencia para así enfrentarlo, de lo contrario, como cualquier enemigo, hará de las suyas a su antojo. El primer artilugio del diablo es mostrarse como “luz bella”, atractivo, encantador. De ahí que se le denomine también como “Luzbel”.

El Congreso de la Unión, Diputados federales primero y el pasado jueves 26 de octubre los Senadores, aprobaron la contrarreforma en materia de Derechos de las Audiencias, suprimiendo la obligación de concesionarios de radio y televisión a diferenciar “con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” y “aportar elementos para distinguir entre publicidad y el contenido de un programa” (Art. 256, fracciones III y IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión), entre otros elementos como acotar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y obligaciones de concesionarios enmarcándolos más en la autorregulación a través de sus códigos de ética. Todo ello bajo el argumento de salvaguardar la libertad de expresión.

La contrarreforma en materia de telecomunicaciones se da fast track en el Senado. En el pleno se omitió el trámite de primera lectura del dictamen, la sacaron en una sola sesión; la Cámara de Diputados, a su vez, la dictaminó y aprobó previamente en tiempo récord.

Los legisladores cerraron cualquier posibilidad de debate público sobre el tema, máxime cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aportaría elementos en estos puntos al resolver las controversias constitucionales presentadas por Morena, PRD y la CNDH. Ahora, esas controversias quedarán sin materia y las audiencias a someterse a la decisión del Congreso de la Unión.

Pero el asunto no es sólo responsabilidad de los tomadores de decisiones. Desde el otro lado, desde la sociedad nos faltó mantener y promover el debate público sobre el tema. Estimo que fallamos y dejamos al “diablo” actuar solo, lo dejamos en su terreno y con sus artilugios. Los grupos económicos en telecomunicaciones y radiodifusión, autores y alentadores de esta contrarreforma ganaron la partida.

¿Qué nos queda? Mucho por hacer, como mayor educación-formación de audiencias en el consumo de contenidos, que dependen de la credibilidad. “Agua bendita” para identificar a Luzbel que nos ofrece ser como “dioses” consumiendo una jugosa manzana (contenido) preñada de gusanos.

 

MinTic rechazó propuesta de impuesto soportado en ley de hace 100 años

Mediatelecom

Redacción, El Tiempo (Colombia)

30 de octubre de 2017

En medio de la controversia que se ha desatado en Bucaramanga (Santander) por la propuesta que hizo la Alcaldía de esa ciudad dentro del proyecto de actualización del estatuto tributario, donde se plantea un impuesto a la telefonía móvil y fija, el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), David Luna, envió una carta al alcalde Rodolfo Hernández en la que expone su rechazo a la propuesta, argumentando que perjudicaría la apropiación de las personas por este tipo de tecnologías.

“Un impuesto de esta naturaleza desincentivaría el acceso y uso de los servicios de telefonía y generaría una carga irrazonable y desproporcionada a los usuarios de dichos servicios, generando una barrera en el acceso a la tecnología en dicha circunscripción”, señaló en el comunicado el funcionario.

El espectro radioeléctrico es un bien nacional, por lo que está sujeto al control del Estado y no de las jurisdicciones locales

Además, desde el Ministerio se dejó claro que el espectro radioeléctrico es un bien nacional, por lo que está sujeto al control del Estado y no de las jurisdicciones locales.

“La jurisdicción contenciosa en el marco de la revisión de los Acuerdos de algunos Concejos Municipales o Distritales que han establecido el impuesto de teléfonos y telégrafos urbanos, ha considerado que estas instancias territoriales no pueden pasar por alto que el Legislador señaló que el hecho gravado debe recaer únicamente sobre teléfonos urbanos, es decir, sobre los que pertenecen a la ciudad y se conectan en los domicilios de sus habitantes sin que pueda extenderse a servicios móviles, declarándolos ilegales”, sentenció Luna.

En el escrito, el David Luna insta al Alcalde a ajustar el proyecto, teniendo en cuenta argumentos de “inconveniencia, ilegalidad e inconstitucionalidad”.

La iniciativa promovida en Bucaramanga, que se sustenta en una ley del año de 1913 y que ha despertado el descontento en la ciudadanía, busca que los operadores de servicio incluyan en sus recibos mensualmente un aumento, que variaría de acuerdo al precio del plan.

Este nuevo tributo podría representar para la ciudad 11.000 millones de pesos adicionales al año, los cuales serían destinados para financiar programas de deporte, cultura y recreación.

Por ende, a un paquete de voz y datos por menos de 60.000 pesos se le aplicaría un gravamen del 3 por ciento sobre el valor total del recibo; pasaría a un 4 por ciento, si se paga entre 60.000 y 100.000 pesos, y a 5 por ciento si es más de 100.000 pesos.

Por su parte, la telefonía fija se gravaría con la Unidad de Valor Tributario (UVT) que establezca el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal y subiría dependiendo de los estratos.

Las voces de rechazo se elevaron también desde el Concejo de Bucaramanga, donde sería presentado el proyecto de actualización de el estatuto tributario para su aprobación.

El presidente del Concejo, Jaime Andrés Beltrán, criticó que se quieran recaudar recursos con un estatuto creado cuando no existían los celulares y más que la iniciativa se ponga sobre la mesa luego de que el Congreso aprobara en el 2016 el incremento del IVA del 19 % para telefonía móvil y celular.

“Si necesitamos dinero traigámoslos de Bogotá, busquemos otros mecanismos, pero no sobrecarguemos a la gente. Hay que hacer convenios nacionales, internacionales. ¿Por qué no nos movemos y de esa manera no gravamos a la gente con otro impuesto?”, manifestó el concejal, quien además recordó que el alcalde Rodolfo Hernández se había comprometido en campaña a no subir ni crear nuevos impuestos.