Colombia: nuevo órgano convergente, ¿coherente o desproporcionado?

Mediatelecom

Sadi Contreras Fuset

24 de octubre de 2017

El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de las TIC, radicó en el Congreso de la República el “Proyecto de Ley 174 en Cámara de Representantes”, por medio del cual ordena la liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y crea el nuevo órgano convergente denominado: Comisión de Comunicaciones, transformando para tal fin la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) creada por la Ley 1341 de 2.009.

Es necesario hacer un análisis previo al inicio de los debates legislativos sobre la pertinencia, coherencia, proporcionalidad y funcionabilidad, de lo propuesto en este primer texto inmerso en el Proyecto de Ley en comento.

En primer lugar es indispensable revisar la redacción y la terminología empleada para dar sentido al objeto del nuevo órgano convergente:

ARTICULO 10.- Objeto: La Comisión de Comunicaciones será el órgano encargado de promover la competencia, el acceso a los servicios, garantizar la imparcialidad y el pluralismo informativo e imparcialidad informativa, regular e intervenir para evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de radiodifusión sonora y de televisión, de aplicaciones y de contenidos sobre redes que soportan estos servicios, así como de las tecnologías de la información y la protección de los derechos de los usuarios, con el fin de que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, refleje altos niveles de calidad, propenda por la consolidación de la economía digital, y evite las prácticas monopolísticas en la operación y explotación de los servicios, en los términos de la Constitución Política y la Ley.

Hablar de televisión hoy en un entorno cambiante, donde el término “televisión” pasó de ser un servicio único a ser un servicio de consumo de contenidos audiovisuales por diferentes plataformas, no encajaría en el ideal futurista que debe tener la aprobación de esta Ley. Ese término excluyente debería desaparecer de la norma e introducirse el de “servicios de productos audiovisuales multiplataforma”.

Por otra parte, el Proyecto de Ley fusiona las funciones regulatorias que tenía la ANTV con la CRC, lo cual es previsible, lógico y coherente, pero también mezcla las funciones regulatorias del nuevo órgano regulador convergente con las de promoción para el desarrollo de los contenidos o productos audiovisuales públicos que tenía la ANTV y que están bastante alejadas de la labor regulatoria, esencia del nuevo órgano propuesto.

Esto despierta una alarma que, para el fortalecimiento de las comunicaciones en el país, es subsanable sólo si en el marco del nuevo órgano se introduce la creación de una gerencia especial para el manejo, administración y ejecución del Fondo para el Desarrollo de los contenidos y productos audiovisuales multiplataforma públicos, con independencia del manejo general de la nueva Comisión de Comunicaciones, acompañamiento de una Junta Directiva compuesta por los Comisionados de Comunicaciones, pero que sólo actuara para los efectos de control en la ejecución del gasto aprobado.

Las políticas para la ejecución del recurso y el presupuesto del Fondo serían aprobadas por un comité conformado por los canales públicos, que son los verdaderos dolientes y beneficiarios, además de los auténticos conocedores de la realidad del mercado de los contenidos audiovisuales, garantizando un destino con planeación adecuada a las transformaciones del negocio y el cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Por último, el artículo 14 del Proyecto de Ley determina que los comisionados denominados representantes de la sociedad civil se escogerán mediante el mecanismo de proceso de selección realizado con universidades públicas o privadas. Está demostrado, por los resultados obtenidos, que esos procesos son un fracaso rotundo.

Las universidades están fuera del contexto real de los mercados variables, las necesidades regulatorias, los cambios en el negocio de la producción y emisión de contenidos audiovisuales han vivido, viven y vivirán en el mundo de lo ideal, mas no entienden el lenguaje de la transformación terrenal, o la entienden luego de realizar años de investigación que para el sector tecnológico son años de retraso. Que sean los interesados, afectados o beneficiados con la agilidad y eficiencia regulatoria quienes escojan los Comisionados representantes de la sociedad civil, que en realidad es la sociedad quien constituye el mercado como actor consumidor, productor, emisor y comercializador.

Adicionalmente se propone como requisito para ser Comisionado 2 especializaciones y 10 años de experiencia en el sector y especifica algunas profesiones obligatorias. No puede la Ley cerrar las oportunidades de manera radical y absurda, una especialización más los diez años de experiencia es completamente racional, coherente y proporcionado, y las profesiones con título propio son un exabrupto teniendo claro que la Comisión de Comunicaciones es eso, una Comisión, las labores especializadas dentro de la entidad a crearse las deben realizar las personas que ocupen los cargos a proveer con funciones específicas, una Comisión es general para los temas de comunicaciones y no específica para ejecutar funciones profesionales especializadas.

Así pues, hay variedad de ajustes que merecen el análisis del texto propuesto para que por fin en Colombia podamos tener una norma convergente que se adecue a los cambios de cara al futuro, pero no puede convertirse la nueva Ley en una excusa para ubicar sabios de Harvard sin empleo, arriesgando nuevamente el futuro de las comunicaciones tal y como hasta hoy ha sucedido en la Autoridad Nacional de Televisión con algunos de sus miembros, que por su largo tiempo de vida académica y poca práctica en el conocimiento del mercado, o por su amiguismo político, agudizaron el caos que hoy se vive en el sector y por el cual se hace necesaria la creación del nuevo órgano convergente.

Esperemos que tanto el gobierno como el Congreso tengan en cuenta éstas y todas las sugerencias con el fin de lograr estructurar una Ley que dé respuestas adecuadas a las necesidades que tiene el país en la materia.

 

GSMA percibe riesgos por cambios en regulación europea

Mediatelecom

Redacción

24 de octubre de 2017

Mats Granryd, director general de la asociación de operadores móviles GSMA, dijo que los cambios propuestos en el Código Europeo de Comunicación Electrónica ponen en riesgo los beneficios sociales y económicos más amplios a largo plazo para los que fue diseñada.

En una carta abierta a los líderes del Consejo Europeo, Granryd dijo que mantener los objetivos originales del código permitiría a la región recuperar un puesto como líder tecnológico en términos de despliegues 5G.

La industria de telecomunicaciones no ve “una acción centrada en la entrega de resultados tangibles”, a pesar de los llamamientos de la UE para establecer una Sociedad Gigabit y las ambiciones de los jefes de Estado de “recapturar el liderazgo digital de la región”, escribió Granryd.

Instó a “todas las instituciones europeas a mantener la presión para reformar el marco de telecomunicaciones”; una referencia a las demandas del Parlamento Europeo por enmendar algunas de las propuestas clave del código.

Si no se modifica, el código “representa una oportunidad única para alejarse de las visiones anticuadas del mercado digital y, finalmente, establecer una política de futuro que permita a la Unión Europea volver a ser vista como un centro de innovación tecnológica”, dijo Granryd.

El director general dijo que los líderes europeos deben mantener el rumbo en elementos clave, incluido aumentar el plazo de las licencias de espectro a un mínimo de 25 años, “una forma comprobada de atraer más inversiones en infraestructura de próxima generación” y reformar la gestión del espectro: una referencia aparente a propuestas para armonizar las asignaciones de espectro en toda la región.

Granryd sostendrá una reunión con los ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía del Consejo Europeo el 24 de octubre. La carta llega tres días después de que los directores de 30 operadores y proveedores de equipos argumentaron que a la industria le conviene más seguir las regulaciones actuales que aceptar las enmiendas de los Parlamentos Europeos.

Los cambios incluyen aumentar el poder de los reguladores nacionales, en medio de las preocupaciones sobre el poder ejercido por las grandes empresas en Europa. Se espera que las negociaciones con respecto al código continúen hasta principios de 2018.