INAI

INAI advierte que falta de fiscal anticorrupción pone en riesgo alcance del SNA

 

El  Financiero

Anabel Clemente  

13 de octubre del 2017

El comisionado presidente Javier Acuña aseguró que hasta que no haya un fiscal, no van a entrar en vigor las leyes que tipifican los actos de corrupción. El Senado sigue sin nombrar al fiscal.

“Para que funcione plenamente este Sistema hace falta el Fiscal Anticorrupción porque hasta que no se nombre, van a entrar en vigor los nuevos tipos legales, para combatir la corrupción”, aseguró al participar en el evento conmemorativo por los 15 años de la vigencia del derecho de acceso a la información en la entidad.

El comisionado presidente explicó que si bien la reforma al Código Penal Federal tipifica las conductas que configuran un acto de corrupción, éstas cobrarán vigencia una vez que sea nombrando el Fiscal; no obstante, en el Senado aún no hay un consenso para realizar el nombramiento.

El comisionado presidente del INAI destacó que tanto la organización que encabeza, como los órganos de transparencia de los 32 estados no fueron creados para erradicar la corrupción, pero sí han apoyado a identificar y visualizar dichos actos.

“Si en algo han servido las 33 instituciones de transparencia, a nivel nacional, es en que se han puesto más lupas para que se conozca el mérito y la virtud del funcionario, pero también los desfalcos, los horrores, los socavones, las pifias, las burlas y los errores políticos”, apuntó.

 

Sin fiscal, el Sistema Anticorrupción puede quedar incapacitado: INAI

MVS

René Cruz González

12 de octubre de 2017

Hasta que no se nombre el fiscal, no podrán entrar en vigor los nuevos tipos legales.

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó que la falta del Fiscal Anticorrupción pone en riesgo las capacidades y alcances del Sistema Nacional.

Al participar en el evento conmemorativo por los 15 años de la vigencia del derecho de acceso a la información en Querétaro, el titular del organismo subrayó que hasta que no se nombre el fiscal, no podrán entrar en vigor los nuevos tipos legales, para combatir la corrupción, lo que podría traer como consecuencia que el sistema quede un poco incapacitado.

Indicó que esta tarea es urgente, debido a que la ciudadanía quiere ver con claridad las consecuencias de lo que se hizo.

“El Fiscal Anticorrupción hace falta por una razón, porque hasta que se nombre el fiscal van a poderse poner en valor los nuevos tipos legales para combatir la corrupción. Sin el Fiscal Anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción puede quedar un poco incapacitado para llevar a cabo la labor que ojalá pudiéramos hacer ya, porque urge a la población ver con mayor claridad qué consecuencias, efectos, no solamente las causas que ya las conocemos, la sociedad moderna quiere efectos, quiere ver en qué se traduce lo que se hizo”.

Acuña subrayó que el SNA y el Sistema Nacional de Transparencia son instancias públicas creadas para contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Señaló que el INAI y los órganos garantes del derecho de acceso a la información de cada entidad federativa no fueron creados para erradicar la corrupción; sin embargo, su función si ha contribuido de manera significativa a identificar y visualizar dichos actos.

 

Diagnósticos sobre transparencia

Datos exhiben que la tortura se disparó 1,376% con EPN; y detrás hay servidores públicos: ONGs

Sin Embargo

Juan Luis García Hernández

11 de octubre de 2017

La tortura en México es una práctica generalizada, alertó desde el 2015 el ex Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas Juan Méndez. La declaración causó molestia en el Gobierno federal, que de inmediato respondió que la aseveración no correspondía “con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos” que hacía el país en contra de ese delito. A inicios de este año, el Informe del representante del organismo internacional refrendaba su sentencia.

A dos años de la primera afirmación de la ONU, las cifras sobre tortura del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto dan cuenta que esta las denuncias por ese delito no sólo no disminuyeron sino que crecieron de manera exponencial en la presente administración.

Los datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhiben el aumento de los reportes de este crimen.

El sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa acumuló 374 averiguaciones previas por presuntos actos de tortura, en tanto que Peña Nieto acumuló 5 mil 521 entre el 2013 y el 2016. Un aumento de mil 376 por ciento, sin que aún finalice el actual periodo de Gobierno.

Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, expuso que además del número de averiguaciones de la PGR es preocupante la falta de castigo de este tipo de delito.

“El gran problema del Sistema de Justicia es la poca capacidad de investigación. Eso influye mucho porque existe una conciencia entre policías y autoridades que incurren en la tortura de que las posibilidades de ser castigados son pocas”, explicó.

“Generalmente estos temas se investigan y se sancionan de manera individual, sobre un agente policial, sobre un miembro del Ejército. La ley del Ejército es distinta a la ley civil. Sin embargo, lo que sí hemos notado es que hay una solapación institucional hacia estas prácticas”, dijo Antia Mendoza Bautista, Directora de Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz).

El encubrimiento de la tortura se da de forma informal, y muchas de los actos de tortura responden a una presión de las cúpulas policiales para obtener confesiones que respalden las carpetas de investigación por supuestos delitos, detalló la directora.

“Existen sanciones individuales pero eso no ha cambiado, ni genera un incentivo para cambiar estas prácticas en nuestra policía porque no hay sanciones a la institución”, amplió.

Por ejemplo, entre el 2014 y el primer semestre 2017 el Poder Judicial de la Federación registra 22 personas sentenciadas.

Esto representa el 45 por ciento de las 48 causas penales en el mismo periodo, y también representa el 0.28 por ciento de las 7 mil 810 averiguaciones previas y carpetas de investigación (así llamadas en el nuevo sistema de justicia) de esos años.

De acuerdo con una solicitud de transparencia hecha a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 161 de 282 quejas por tortura, entre el 2013 y el primer semestre 2017, culpan a la Policía Federal. Lo que es igual al 57 por ciento del total de expedientes en ese periodo.

El conjunto de quejas registradas en la CNDH casi se triplicaron durante el periodo de Enrique Peña Nieto, quien acumuló hasta junio 282, en contraste con su antecesor, el panista Felipe Calderón, quien sumó 99.

En junio, el Nuevo Sistema de Justicia Penal cumplió su primer año de funcionar. Édgar Cortez ve que la entrada puede traer un impacto de disminución a la tortura, aunque aún es pronto para ver resultados.

“Ahora con estos proceso de juicios orales, y audiencias públicas, probablemente contribuirán a que sea más difícil torturar. Si presentas a una persona con signos de tortura en una audiencia pública es mucho más difícil negarlo”, explicó el investigador.

Además, los jueces de control, quienes son los encargados de evaluar en un primer momento los casos, podrán determinar en qué condiciones se han hecho las detenciones u obtenido declaraciones.

Ya con el Nuevo Sistema, los primeros seis meses de 2017 registran mil 482 carpetas de investigación por tortura, una cifra similar a las mil 484 acumuladas en todo el 2016.

Los estados con mayor número de carpetas de investigación por este delito en 2017 son Oaxaca con 101, seguido por Coahuila y Nuevo León con 85.

Caso contrario a los estados de Jalisco, San Luis Potosí con ninguna carpeta; Campeche, con dos; y Baja California Sur, con tres.

 

¿De qué sirve detenerlos si los ex gobernadores se quedan con lo robado?, reclaman especialistas

Sin Embargo

Dulce Olvera

12 de octubre de 2017

Ante el incierto destino de los más de 206 mil millones de pesos desviados del erario público por parte de 15 ex gobernadores, especialistas en transparencia exigen a las autoridades una investigación para detectar la ruta de ese dinero en empresas, cuentas bancarias, propiedades o inversiones en territorio nacional y global con el objetivo de recuperarlo y devolverlo a las entidades desfalcadas en un momento en que el país necesita reconstruirse.

La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que considera los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, expone que todos los bienes asegurados –incluyendo los billetes y monedas de curso legal, divisas y los de valor artístico– serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Su control comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión para ser devueltos en las mismas condiciones.

Manuel Guadarrama, abogado y coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que una de las sanciones que deberían aplicarse a los gobernadores que desvían los recursos es la de “resarcir el daño ocasionado al erario público al ser dinero de todos los mexicanos” y, en caso de no recuperar el dinero, “es una omisión del debido proceso por parte de la autoridad judicial”.

Por ello, dijo, es necesario fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) porque “durante este sexenio su actuación ha quedado bastante disminuida y prácticamente se ha ido desmantelando”, sus órganos internos de control deben de tener un rol protagónico, ya que son los encargados de vigilar la correcta actuación de los funcionarios públicos.

En cuanto a la fiscalización, la capacidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –encargada de analizar el uso de recursos transferidos– es limitada en cuanto a efectos jurídicos.

“Es imprescindible el uso de la tecnología existente. Los nuevos modelos de negocios incluyen las transacciones electrónicas y las aplicaciones que permiten dar un seguimiento puntual a cada peso. El uso del efectivo debería quedar disminuido a cero, sin embargo muchos de los gobiernos estatales siguen manejando efectivo del recurso público para contrataciones o nómina”, sostuvo Manuel Guadarrama, investigador en temas de transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto y derecho administrativo.

Paulina Gutiérrez Jiménez, directora del centro de investigación Ciudadano, interesado en el control ciudadano de lo público, coincidió en que ese dinero del erario público es de los mexicanos y si las autoridades “fallaron” en vigilar que se aplique correctamente, tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad.

“El primer responsable es el Estado porque son instancias –como la PGR– a las que les pagamos y no están haciendo su trabajo de vigilar”, afirmó.

En noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rescataron tras un convenio con dos empresas fantasma 421 millones de pesos desviados del erario público por el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y la devolvieron a la Tesorería de la entidad.

“Los bienes que resulten del dominio público de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México o de los municipios, se restituirán a la dependencia o entidad correspondiente, de acuerdo con su naturaleza y a lo que dispongan las normas aplicables”, afirma la Ley.

Incluso pueden ser donados. La Ley determina que en casos excepcionales, de conformidad con el monto, plazo o tipo de bienes, podrán ser donados o asignados a favor de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social.