Diputados van por castigar radiodifusión pirata  

El Universal

Suzzete Alcántara

05 de octubre del 2017

La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó castigar con pena de hasta seis años de prisión, un máximo de 300 días de multa, y la inhabilitación para obtener una concesión, a quien preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin la autorización correspondiente.

Ello modifica el Código Penal Federal y precisa que “quien use, aproveche o explote” bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión, se le impondrá prisión de dos a seis años.

Además de aplicarse multas de 100 a 300 días y procederá el decomiso de instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza.

Los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, resaltan que personas sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin una autorización, serán inhabilitadas para obtener, por sí o por medio de otra persona, una concesión por un plazo de cinco años.

La presidenta de la comisión, la diputada Lía Limón (PVME), aseguró que estas modificaciones “no atentan contra la libertad de expresión”, ya que buscan erradicar  las radios pirata y diferenciarlas de las comunitarias, toda vez que éstas últimas sí están reguladas en la ley antes mencionada.

Por ello, planteó la posibilidad de revisar los requisitos para otorgar una concesión de radio comunitaria que facilite e impulse estaciones con fines sociales que operen en el marco de la ley.

La diputada María Verónica Agundis del PAN, pidió revisar cuáles son los medios públicos y radios comunitarias que están funcionando bien y bajo qué esquemas, ya que no pueden comercializar tiempos por el tipo de concesión asignada.

El diputado Benjamín Medrano Quezada (PRI), explicó que no debe imperar en el país la ilegalidad, ya que hay concesionarios que pagan un título y su renovación cada año, que pagan impuestos y seguro social, y tienen personal.

Aclaró que no es lo mismo para personas que transmiten por internet, ya que no están reguladas y no existe prohibición en la ley, pero en caso de usar el espectro perteneciente al Estado, estos deberán contar con el documento que lo avale, ya sea gratuito o pagado.

De Movimiento Ciudadano, el diputado René Cervera, señaló que ambas modificaciones van en la idea de aportar a la legalidad de la operación de los distintos actores del campo de telecomunicaciones en el país, pero si pidió, buscar la mejor manera de salvaguardar los derechos de las comunitarias, para que no se vean afectadas por esta reforma.

El diputado Miguel Ángel Ramírez (PRI), propusó que antes de sancionar a los infractores, se les avise que están cometiendo un delito, ya que en muchas ocasiones son usadas para impulsar talento artístico.

El diputado de Morena, Virgilio Caballero, se manifestó en contra del dictamen ya que viola el artículo 7 de la Constitución Política.

“La propuesta es que se castigue a quienes operen sin permisos algún recurso de carácter comunicacional, es decir, se incluye implícitamente a las radios comunitarias que hay en el país y que son cientos”.  

“Las convierte en delincuentes, al grado que se les impondría de 2 a 6 años de prisión y decomiso de los instrumentos para comunicar; estamos ante un derecho categórico que tienen las comunidades”, aseguró el secretario de la comisión.

Del PRD, el diputado Sergio López Sánchez, se pronunció en contra, ya que consideró debía discutirse en comisiones unidas con la de Justicia. “Debemos dejar este tema pendiente y no trasgredir facultades de otra comisión”.

 

PRI pide seis años de cárcel contra medios que operen sin autorización

MVS

Angélica Melín Campos

4 de abril de 2017

Quienes incurran en esa práctica, también sufrirán el decomiso de sus instrumentos, objetos o productos del “delito”.

La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, reformas al Código Penal Federal  y a Ley Federal de Telecomunicaciones, propuestas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que contemplan penas de hasta seis años de cárcel y hasta 300 días de multa, así como la inhabilitación, a las estaciones de radio y televisión y a quienes presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión “fuera de la ley”, es decir, sin autorización o concesión formal.

El vicecoordinador de  la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Virgilio Caballero, advirtió que el proyecto aprobado es violatorio de la Constitución y tiene como fin criminalizar a los medios comunitarios e indígenas.

Los cambios legales señalan que quienes usen, aprovechen o exploten bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin tener autorización o una concesión, irán a la cárcel; aunado a que pagarán multas de entre 100 y 300 días.

Quienes incurran en esa práctica, también sufrirán el decomiso de sus instrumentos, objetos o productos del “delito, cualquiera que sea su naturaleza”.

Agregan que, quienes sean sancionados por prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin autorización de ley, podrán ser inhabilitados para obtener por sí mismo o a través de terceras personas, por un periodo de cinco años.

La presidenta de la Comisión y diputada del Partido Verde (PVEM), Lía Limón, rechazó que  esa reforma afecte la libertad de expresión y pidió a quienes se pronunciaron en contra, no confundir “radios”, televisoras o medios “pirata”, con radios comunitarias e indígenas, que están absolutamente reguladas.

En el debate, legisladores y legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional y el PVEM, se pronunciaron a favor de que la autoridad “revise” la operación de medios públicos y comunitarios, que por ley no pueden comercializar los tiempos que el Estado les asignó.

Incluso, la panista María Verónica Agundis Estrada dijo que “cualquier persona” está realizando transmisiones de radio y televisión, y con el pretexto de que son comunitarias, buscan sacar provecho.

“Últimamente ha habido un abuso, hoy cualquier persona compra un trasmisor de 20 mil pesos con el argumento de que va a tener una labor social y te dice que no está comercializando, que está haciendo menciones solamente”, refirió.

“No debe imperar en el país la ilegalidad; hay concesionarios que pagan un título y su renovación cada año, que pagan impuestos y seguro social, y tienen personal”, agregó el diputado del PRI, Benjamín Medrano Quezada, que también es secretario de la Comisión de Radio de San Lázaro.