INAI
El INAI ordena al INM difundir apoyos a migrantes repatriados
El Informador
SUN
1 de octubre de 2017
El Instituto Nacional de Migración se reserva datos tras solicitud de información ciudadana, ya que dice limitarse a la canalización de los beneficiarios hacia las dependencias responsables
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) dar a conocer los apoyos otorgados en el programa “Somos Mexicanos”, a los connacionales repatriados de Estados Unidos de 2014 al 12 de junio de 2017.
Ello luego de que el INAI modificó la repuesta que el INM dio a la solicitud de información presentada por un ciudadano.
El Instituto, que depende de la Secretaría de Gobernación se declaró incompetente el número de ayudas proporcionadas a quienes tuvieron que dejar Estados Unidos como consecuencia de la política migratoria de ese país, con el detalle por tipo de atención, estado y municipio.
El INM argumentó que su participación se limita a la canalización de los eventuales beneficiarios hacia las dependencias o entidades responsables, razón por la cual orientó al particular a presentar su requerimiento a las instancias competentes de los ámbitos federal, local y municipal.
Inconforme por considerar que el INM, como coordinador de la estrategia, debe contar con la información requerida, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI.
Al presentar el caso, la comisionada Areli Cano refirió que en el Informe de Labores de Gobernación se dio a conocer de septiembre de 2016 a junio de 2017, fueron repatriados desde la nación vecina del norte, 138 mil nacionales, a quienes se les brindó apoyo para su reintegración al país, mediante la estrategia en comento.
En este contexto, se llevó a cabo el análisis del caso, en el que se consultó la información publicada por el INM en su portal, de la cual se advirtió que cuenta con unidades administrativas competentes, para conocer los datos solicitados, como la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, responsable de dar cumplimiento a las políticas y directrices en materia migratoria y las delegaciones locales en las entidades federativas, encargadas de administrar las estancias migratorias.
Así el pleno del INAI consideró procedente modificar la respuesta del INM y le instruyó hacer búsqueda exhaustiva de la información, en la Dirección General de Coordinación de Delegaciones y en cada una de sus delegaciones en el país, a fin de proporcionar al particular la información que obre en sus archivos.
El INAI ordena al Instituto de Migración hacer pública las ayudas otorgadas a mexicanos repatriados
Sin Embargo
EFE
1 de octubre de 2017
México, 1 oct (EFE).- El Instituto Nacional de Migración (INM) debe dar a conocer de manera pública las ayudas otorgadas a los mexicanos repatriados de Estados Unidos, estableció hoy el órgano de transparencia.
En un boletín, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijo que ordenó al INM revelar la cantidad de apoyos otorgados dentro de la estrategia llamada “Somos mexicanos” hasta junio de 2017.
Esto con el objetivo de que beneficiarios y sociedad “pongan bajo el escrutinio las previsiones y el accionar institucional”.
La resolución del INAI da respuesta a una solicitud de información de un particular, frente a la cual el instituto declaró que no es competente para conocer estos apoyos, ya que su participación se limita a la canalización de beneficiarios a las dependencias responsables.
No obstante, el órgano de transparencia “llevó a cabo el análisis del caso, en el que se consultó la información publicada por el INM en su portal, de la cual se advirtió que cuenta con unidades administrativas competentes para conocer los datos solicitados”.
“Somos mexicanos” es una estrategia implementada por el Gobierno federal para reincorporar en el país a los mexicanos repatriados frente al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.
Según un informe de la Secretaría de Gobernación, de septiembre de 2016 a junio de este año hubo 138 mil nacionales repatriados desde EU a quienes se les brindó apoyo para su reintegración.
La comisionada Areli Cano subrayó que la información que debe hacer pública el INM cobra especial relevancia ante las acciones recientes del Gobierno de EU, “que han afectado principalmente a jóvenes beneficiados del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés)”.
“Es de esperarse el incremento de flujo de connacionales que retornen a nuestro territorio nacional”, por lo que es necesario que se dé a conocer quiénes son los beneficiarios de “Somos mexicanos” y se detalle en qué consisten estos apoyos, defendió la comisionada.
Diagnósticos sobre transparencia
El Financiero
Salvador Nava Gomar
2 de octubre de 2017
ASUNCIÓN, Paraguay.- Esta semana se conmemoró el Día Internacional del Derecho a Saber. Extraviado entre las tragedias que nos aquejan y las efemérides que nos acechan, puede pasarse por alto la importancia de este derecho fundamental, hasta hace relativamente poco, no nato en México.
En tanto integrante del primer núcleo redactor de la Ley Federal de Transparencia (Grupo Oaxaca, como nos bautizó G. Thompson, del New York Times), la sociedad civil organizada de Paraguay me invitó a Asunción a un Congreso en el que sentaron a los precandidatos a la presidencia de la república para firmar un pacto protransparencia que pondrá en marcha quien gane. Si bien el camino del acceso a la información lleva mucho más tiempo y avances en México que en Paraguay, ¿pueden imaginarse a nuestros precandidatos en la misma mesa, frente a la sociedad civil y los medios, comprometiéndose juntos a transparentar sus acciones? Yo no.
Pocas características tan definitorias de nuestros tiempos como la información. Con más de 100 millones de teléfonos celulares en el país, acceso a redes y en general un mundo interconectado, el “estar enterados” se da por descontado. Más aún por los jóvenes que mueven sus dedos por teléfonos y tabletas de una manera inalcanzable para los no millennials.
Sin embargo, hay pocos sucesos tan relevantes en la historia como la forma en que nos fuimos conectando a través de la información. De las pinturas rupestres de la última glaciación (hace 40,000 años) al Código de Hammurabi (Babilonia, 1,750 aC.) mucha agua corrió para tener la primer ley pública; es decir, reglas que se comunicaban a los integrantes de una sociedad. Después de inventada la escritura, por muchos siglos los libros se difundieron en copias manuscritas hechas por copistas que no sabían leer, sino que imitaban signos que no comprendían. Había copias de libros, cuya hechura podía llevarse hasta diez años. En 1459, Gutenberg inventó la imprenta y cambió la historia para siempre con la difusión masiva del conocimiento. Tanto, que Lutero reconoció en ello una especie de hecho divino, pues con la impresión de la Biblia se quitaban intermediarios (curas, obispos, cardenales y el mismo Papa) entre los hombres y Dios.
El derecho a saber implica preguntas incómodas a los tenedores públicos de la información; y ya que estamos con Lutero, recordemos que su separación de la Iglesia católica comenzó con el cuestionamiento ético de las indulgencias. Sus tesis contra la avaricia y el paganismo fueron clavadas en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, se copiaron y rápidamente se difundieron por toda Europa; uno de los casos más trascendentes del inicio de la imprenta.
Siguiendo con la historia, James Watt, en 1775, mejoró sustancialmente las máquinas de vapor (optimizando su energía) y ello derivó, entre otras cosas y hasta 1840, con el inicio de procesos mecánicos para triturar madera y convertirla en pulpa de celulosa que deviene en papel, superando por mucho el papiro egipcio, los pergaminos grecorromanos, las pieles de cabra curtidas con cal, bambú, seda, arroz, cáñamo y algodón.
De la pregunta incómoda de Lutero, la imprenta de Gutenberg y la máquina de Watt a la unión de redes y computadoras que comenzó en las universidades de California en el 69 (anunciando el comienzo de la Internet), el derecho a saber deviene en consecuencia ineludible.
Conmemorarlo sólo puede hacerse con la honra de hacer público lo que es público, lo que no sucede con el registro de algunos constructores de edificaciones caídas en el sismo, la nula transparencia del Fonden, las encuestas de Morena para escoger candidato al Gobierno de la Ciudad de México, las investigaciones sobre Odebrecht, la casa blanca, los familiares huachicoleros, los bienes de Anaya y un largo etcétera que se nos sigue presentando como zanahoria enfrente del camino del Estado.
Desde luego que también es momento de balances positivos. De ese remoto 2001 en el que un grupo de profesores empezamos a discutir la necesidad de regular la información pública, a la lógica de los gobiernos abiertos y el manejo de redes de hoy, la información ya está dispersa en el mundo para consultarse de manera remota (World Wide Web); los mexicanos sabemos más de lo nuestro y ya es parte de lo cotidiano la denuncia por opacidad o mentira; las herramientas jurídicas y tecnológicas para que el Estado cumpla con su obligación de informar, responder y rendir cuentas; y, en suma, para hacer valer nuestro derecho a saber.
¿Qué esperan para sacar la lana de la reconstrucción?
Sin Embargo
Sanjuana Martínez
2 de octubre de 2017
Algunas autoridades pretenden que las familias regresen a vivir a estos inmuebles dañados, algo que incrementaría el nivel de riesgo. Foto: Especial
De manera desvergonzada el gobierno sigue pidiendo donativos. “Es para estimular la generosidad de los ciudadanos”, dicen. Pero ya estuvo bueno. Ahora toca al gobierno disponer del dinero dentro del presupuesto destinado a los desastres naturales y también de los importantes donativos que hemos recibido.
Dos cosas necesitamos analizar: por un lado, las listas con nombres y apellidos del Cártel Inmobiliario y después los mecanismos necesarios para lograr el uso honesto de los recursos destinados a los damnificados.
¿A cuántas personas mató el cártel inmobiliario en el sismo del 19 de septiembre? La corrupción mata. Y las cifras que nos ha dejado el temblor nos revelan un sistema anquilosado de constructoras e inmobiliarias enriqueciéndose a costa de la vida de miles de ciudadanos.
Los 361 muertos no son la consecuencia de un fenómeno natural, el mayor responsable no fue solo el sismo, también son responsables las autoridades que aceptaron corromperse y ceder a la voracidad de la mafia de los llamados desarrolladores de la construcción, auténticos buitres del cemento y la tablaroca.
Autoridades-constructores-inmobiliarias, son la santísima trinidad de la corrupción y la mafia instalada en la Ciudad de México y otros estados de la República.
El sismo nos dejó 50 mil inmuebles con pérdida total, la mayoría de estos no cumplían las normas sísmicas de construcción y algunos ni siquiera las normas básicas de edificación.
A las 50 mil propiedades derrumbadas hay que sumarle las 140 mil edificaciones afectadas que ya no podrán ser habitadas. Algunas autoridades pretenden que las familias regresen a vivir a estos inmuebles dañados, algo que incrementaría el nivel de riesgo.
Pero la corrupción es esto. Protección Civil asegurando que el edificio está en perfectas condiciones para ser habitado, cuando saben que no es así, pero gracias a la corrupción los constructores y dueños de los inmuebles consiguen solucionar su problema.
La corrupción esta presente cuando el constructor o desarrollador construye un edificio en base a unos planos distintos a los que fueron autorizados por el gobierno en turno.
También está presente cuando los empresarios de la construcción prefieren sobornar a las autoridades para ahorrarse dinero en los materiales de construcción y en lugar de utilizar varilla ancha para la estructura de acero del inmbueble, deciden hacerlo con varilla delgada; en lugar de muros de contención deciden hacer muros de tablaroca.
Los escombros dejaron al descubierto el desprecio a la vida que tienen las constructoras y las autoridades corruptas. Desvelaron la ínfima calidad de los materiales de construcción. Exhibieron las trampas, las tranzas, los crímenes. Porque el Cártel Inmobiliario mata igual o más que cualquier otro cártel de las drogas.
Miguel Ángel Mancera y también el gobierno de Enrique Peña Nieto, el secretairo de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, están obligados a hacer justicia a los afectados por el sismo. Se requieren denuncias, juicios y castigos ejemplares a los depredadores inmobiliarios.
Después de esto, pasaremos a la etapa de la reconstrucción. Urge un consejo ciudadano para el maneja de los donativos. El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha hecho las cuentas. Seguimos esperando que nos digan a cuánto ascienden las donaciones que aportaron el sector corporativo, los mexicanos en el exterior, las instituciones y los gobiernos extranjeros y las estrellas y deportistas.
Peña Nieto y su gabinete no ofrece transparencia en estas cuentas, pero la sociedad civil lleva contabilizados un billón 85 millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos. Los donadores como Facebook, Google, Unicef, China, el Vaticano, Rusia e incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, están esperando la prueba fidedigna del buen rumbo que ha tomado su dinero.
Queremos ver que todo este dinero llegue directamente a los damnificados por el terremoto. Si hay entre 80 y 100 mil familias afectadas, es obvio que sólo en donativos se puede solventar sus problemas con la entrega de una cantidad razonable para comprarse una propiedad.
Tal y como sucedió en el sismo de 1985 cuando un comité ciudadano integrado por organizaciones sociales se encargó de velar por el buen destino de los recursos, así ahora necesitamos establecer una estructura ciudadana para la administración de las donaciones y también del presupuesto del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que asciende a 9000 millones de pesos, cantidad que puede aumentar gracias a un bono catastrófico emitido por el Banco Mundial por más de 6000 millones de pesos.
La desconfianza de los ciudadanos contra el gobierno es legítima. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido uno de los más corruptos de la reciente historia. Los gobernadores de todos los partidos han robado a manos llenas sin apenas consecuencias judiciales.
Un billón de pesos en donativos en manos de funcionarios corruptos, es igual a poner a un grupo de vampiros en un banco de sangre dedicado a la donación altruista. Está en su naturaleza. Así son nuestros funcionarios y políticos. Nos han demostrado que el concepto de decencia no lo conoce, que son incapaces de respetar el dolor y la necesidad de los afectados por el sismo. Si ellos mismos se corrompieron para permitir construir edificios en mal estado, con más razón serán capaces de robar dinero destinado a los damnificados.
¿Llegará finalmente ese dinero a las manos que lo necesitan?La sociedad civil debe exigir transparencia en el uso de estos recursos. Los lineamientos del Fonden son muy claros: el dinero debe utilizarse para resolver las necesidades de damnificados, la reconstrucción o bien construcción de viviendas y la reparación de todos los daños en la ciudad y en los monumentos históricos.
Insisto. La corrupción mata. Quienes murieron en el sismo deberían estar vivos. Quienes perdieron sus casas, deberían seguir en ellas. Quienes sufrieron derrumbes, deberían tener seguridad. Quienes se quedaron sin nada, merecen una respuesta pronta, expedita y contundente del gobierno. Es su obligación. Se lo deben a las víctimas del temblor. ¡Saquen ya el dinero!. El tiempo apremia. Y las necesidades son muchas. Los damnificados están desesperados.
El desastre del Fondo de Desastres
Sin Embargo
Jorge Zepeda Patterson
1 de octubre de 2017
Las tragedias no solo sacan los mejor y lo peor de los seres humanos, también exhiben en estado puro las virtudes y los defectos de una sociedad en su conjunto. Si algo deja en claro el sismo de hace unos días es la compasión y la solidaridad de los mexicanos para con los caídos en la desgracia. Eso, en lo positivo. Lamentablemente también hace evidente el enorme vacío de liderazgo que experimenta nuestro país.
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de meter mano al bolsillo y ayudar a los que perdieron todo, pero desconfiamos hasta el infinito de las vías disponibles para canalizar los recursos en beneficio de las víctimas. Ha sido maravilloso ver la presión de la opinión pública sobre los partidos políticos y sobre el poder legislativo para que se reasignen a favor de la reconstrucción los faraónicos presupuestos dedicados a las elecciones y otros gastos de las cámaras. Una presión de tal magnitud que ha obligado a cada uno de los partidos a declarar públicamente su beneplácito a la medida.
Hasta allí hay consenso. Lo que sigue es una rebatinga aún más caótica que los minutos posteriores a un sismo, cuando el cuerpo y el alma siguen cascabeleando tras la brutal sacudida. Por lo menos en ese instante suelen aparecer líderes espontáneos que piden a los vecinos a alejarse de las paredes y protegerse de cables sueltos y desprendimientos; surgen personas que desatascan el tráfico con gestos claros y asertivos; capataces improvisados que ponen orden en una cadena de brazos que descombra un edificio.
Por desgracia el país no cuenta con esos liderazgos, espontáneos o no. Existe una crisis de legitimidad tal de la clase política que la credibilidad está por lo suelos. Enrique Peña Nieto ha hecho lo posible por aparecer con su chaleco de explorador en todos los escenarios posibles, sabedor de que el manual de supervivencia política exige no cometer el pecado de distanciamiento exhibido por Miguel de la Madrid en el temblor de 1985. Por lo menos no se ha puesto a jugar golf durante estos días, algo que se agradece.
Pero a todo el mundo le da repelús aceptar que sea Hacienda o cualquier otra institución federal quien canalice el reparto de las partidas extraordinarias destinadas a la asistencia de las víctimas. En plenas pre campañas presidenciales, en las que Hacienda, Educación Pública y Gobernación están presididas por los candidatos oficiales en punta, el “sospechosísmo” no es gratuito. En las elecciones del Edomex de este verano los ministerios federales fueron convertidos en oficinas de promoción del voto priista. Tratándose de una elección aún más importante, existen muy pocas dudas de que la maquinaria oficial volverá a recurrir a las prácticas clientelares en los próximos meses, en particular con todo aquello que deba entregarse a votantes potenciales.
Por su parte, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que sería la vía obvia para administrar y asignar los recursos extraordinarios para responder al sismo, es objeto de enormes críticas por su opacidad. Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Fondo de Desastres es en sí mismo un desastre de transparencia y legalidad: tiene cero sobre 100 puntos en materia de lo que la ley le exige ventilar públicamente. Este año el presupuesto regular le otorgó 6 mil millones de pesos y las normas le obligarían a hacer público el padrón de beneficiarios de los apoyos otorgados. Algo que los funcionarios del Fonden ignoran olímpicamente. ¿Cómo no sospechar que hay un manejo político y clientelar de tan cuantiosos recursos? Bansefi, el banco oficial que canalizaría los recursos a los damnificados a través de tarjetas de débito, está dirigido por Virgilio Andrade, el amigo de los Pinos que debió salir de la secretaría de la Función Pública por sospechosos vínculos con sus padrinos políticos.
Los partidos de oposición han propuesto otras alternativas, pero por lo general siempre a organizaciones sociales afines a su agenda. Alguno exige la formación de un Fondo extraordinario encabezado por ciudadanos para ejercer los recursos. Morena de plano mejor designó a un comité de personas destacadas (entre ellos Elena Poniatowska) aunque todos simpatizantes López Obrador.
Carlos Slim ha ofrecido su organización humanitaria para canalizar la ayuda de los donantes con la promesa de aportar un peso adicional por cada peso depositado en las cuentas de la fundación. Pero Slim mismo despierta suspicacias entre la población en su conjunto y, evidentemente, no es una opción para dar salida a los recursos públicos.
En suma, no es que no supiéramos que existe un vacío de liderazgo en el país. Pero es triste constar que incluso en la tragedia no hay manera de asumir una tregua, un pacto de caballeros. Demasiada mezquindad o quizá simplemente la precaución que deriva de tantos años de opacidad y corrupción.
Protección de datos personales
Panameños crean supra plataforma de direcciones
Mediatelecom
Mileika Lasso, La Estrella de Panamá
02 de octubre de 2017
Cuatro de cada siete personas en el mundo está fuera del radar de los gobiernos y las empresas, lo que representa que el 60% de la población mundial —unos cuatro mil millones de personas— viven sin una dirección física, según un estudio de la Unión Postal Universal (UPU), organismo especializado de las Naciones Unidas.
Esa aseveración denuncia la negación al derecho de ser visible al mundo de un grupo considerable de personas. Ante esa realidad, Synchronized Solutions, una empresa constituida en Panamá hace siete años, desarrolló una supra plataforma de direcciones sincronizadas, que integra y comparte información de las comunidades, mediante direcciones estandarizadas y complementarias a las nomenclaturas existentes.
En una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá , Adolfo J. Arguello, presidente de la compañía, explicó elcance y las facilidades que brinda la supra plataforma, que consta de un ecosistema de tres ‘soluciones’, que han denominado PointerMaps, PointerCollect y PointerExpress.
El ejecutivo, que instaló en Panamá el plan piloto de la plataforma, comentó que las direcciones sincronizadas son una base de datos maestra de códigos únicos que tiene cada infraestructura y sus detalles adicionales, a nivel nacional y no solo en el área céntrica de la ciudad, complementando y habilitando la nomenclatura actual. Son mapas virtuales con direcciones físicas codificadas individualmente.
En el caso de PointerMaps, es la A pp para ubicar correctamente todos los destinos en Panamá. En su versión móvil, que es descargable desde las tiendas de los sistemas operativos Android y iOS, utiliza la localización GPS de los teléfonos inteligentes, dándole al usuario la opción de hacer búsquedas, además de conocer y guardar su dirección en su libreta de contactos, crear lugares favoritos y compartir una dirección por medio de otras App s.
Mientras que en la versión web, da acceso a la base maestra de direcciones, visualización de puntos de interés, como restaurantes, bancos, escuelas, así como resultados del censo para diversos análisis de mercadeo directo.
‘Un ejemplo típico en Panamá es que las direcciones no son precisas. En el área de Bella Vista se encuentra la calle Juan Guizado, pero coloquialmente es más conocida como ‘la calle de los ahuevaos’, debido a los robos, un extranjero una persona que llega del interior del país no sabría dar esa dirección, eso se evita con la aplicación’, dijo.
En el caso de la seguna App PointeCollect, sirve para recolectar y compartir información con una dirección precisa en tiempo real, a través de formularios hechos a la medida y fáciles de configurar. Donde se puede crear un formulario único y a la mediada, además de recibir notificaciones mediante geolocalización sobre reportes, eventos, promociones, descuentos, entre otros.
Finalmente, PointerExpress, es una solución integral para los servicios de distribución y logística, enlazado con la base maestra de direcciones para entregas seguras. Permite solicitar envíos, administrar las direcciones de destinatarios, seguimiento a envíos, enviar notificaciones electrónicas, gestión de recogidas y entregas, escaneo de códigos de barras, fotos y firmas digitales, además de rutas con secuencia de entrega y mapa en línea para seguimiento.
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