Condiciones laborales
Reporteros  guerrerenses exigen frenar agresiones al gremio periodístico
MVS

Quadratin Guerrero

29 de agosto de 2017
Reclaman al presidente de la República el ataque a la libertad de expresión a través de agresiones a comunicadores y piden castigo a los responsables.
Reporteros de Guerrero protestaron en la explanada del Palacio de Gobierno para condenar la agresión que sufrieron familiares del comunicador Manuel Cruz Calderón la madrugada del lunes sobre la Autopista del Sol.
Cerca de 25 reporteros de distintos medios, se concentraron en la entrada del edificio donde a nombre de sus colegas, Bernardo Torres leyó un documento donde se narró la agresión que sufrió la esposa de Cruz Calderón, quien forma parte del diario Este Día.
En el documento se indicó que a las 5 de la madrugada del lunes, hombres armados despojaron de un vehículo y dinero en efectivo a la familia, y posteriormente los amarraron y los arrojaron a una barranca metros más adelante.
Asimismo se expuso que el hecho ocurre en medio de una escalada de agresiones en contra del gremio y muchas veces en complicidad con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Por lo anterior, los reporteros exigieron al presidente de la República Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores frenar la ola de agresiones en su contra, además de investigar y castigar a los responsables de estos hechos.
En último año, se registraron 4 agresiones por día contra defensores humanitarios: Comité Cerezo
El Comité Cerezo México señala que en el último año 579 personas defensoras de Derechos Humanos sufrieron algún tipo de agresión.
 
Abuso de periodistas
Historiales cuestionables empañan Comité de Protección a Periodistas
Homozapping
Fuente Ovejuna Red de Medios Digitales
29 de agosto de 2017
A través de un comunicado público, periodistas de Jalisco buscan desmarcarse de la más reciente selección de miembros del llamado Comité de Protectores de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Y es que entre los integrantes del recién creado organismo, se encuentra un acusado de usar armas de fuego en áreas de trabajo, un ex director de obra pública, y otros, con fuertes relaciones con el poder político.
La lista de los integrantes titulares, quedó conformada de la siguiente manera: Estrada Juárez Juan Manuel, Gómez Limón y González Pedro Ernesto, Jiménez Figueroa Fascinación Eydie Beirut, Jurado Partes Hans, Loera Ochoa Esperanza, Martínez Madrigal Arturo, Mora Cortes Moisés, Ramírez Zúñiga Jesús y Sossa Ruelas Martha Delia.
En cuanto a los suplentes, se nombró a las siguientes personas: Bravo Luisjuan Roxana, Galera Vidal Alejandra Guadalupe, González Mauricio José Benjamín, Marmolejo Gabilondo Olga María, Ortega Montes Rubén, Paredes Martínez Josué, Rangel Guerrero José Adrián, Ulloa Leaño José Luis Roberto y Vélez Estévez Jorge Ernesto.
Sobre los perfiles que ya quedaron estipulados, el nombre más recurrente entre los puestos relacionados con la función pública y el periodismo, es el de Moisés Mora Cortés. Este hombre ha laborado en diversas dependencias estatales como: coordinador de Prensa de la Dirección de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, y se le relaciona con el “gusto por las armas”, incluso, dentro del gremio de periodistas, es conocido el caso de confrontación entre éste y el director de la Revista Proceso en Jalisco, Felipe Cobián.
En la columna que Cobián entregaba cada semana titulada El partidero, se reveló el gusto por las armas y la relación familiar con un militar del ahora miembro del Comité de Protección a Defensores, además, de cómo maltrataba a sus subordinados.
En el mismo semanario, la periodista Gloria Reza, denunciaba de un presunto encubrimiento a un par de funcionarios municipales por actos de pederastia. La reportera hace mención a que en las oficinas de ese medio de comunicación, había llegado una carta que habría enviado el ahora miembro del Comité Estrada Juárez, al contralor Morales Aceves, el 28 de junio de 2011.
El texto donde Reza señala a dos funcionarios de incurrir en delitos sexuales contra menores de edad, habría llegado primero a las manos de Bertha Hernández exdirectora del DIF Guadalajara y en seguida, a las del ahora gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, entonces Alcalde tapatío. Y a nueve meses de su publicación, las autoridades no habían realizado seguimiento del caso, tampoco así, el titular de la fundación FIND, Juan Manuel Estrada. Ahora, el acusado es también miembro de dicho comité.
Asimismo, este colectivo de medios posee el acta firmada ante el Congreso del Estado de Jalisco, en la que el suplente del Comité, el ingeniero José Luis Roberto Ulloa Leaño, habría notificado al Legislativo, su baja como director de Obras públicas del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca.
Más irregularidades
Otro de los aspectos cuestionables sobre la convocatoria y sus procesos es el de los requerimientos para ocupar dicho cargo, que el Gobierno del Estado de Jalisco fijó de manera escrita en su plataforma de internet, es que según se reveló en la petición de transparencia número UT/2062-07/2017, estos “requisitos” ya estipulados, no pueden ser solventados o probados, debido a su inexistencia.
La unidad de transparencia del gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz, respondió que no existe documento alguno que pruebe la experiencia de los recién nombrados integrantes del Comité de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco. Hecho que preocupa a un sector del gremio.
“Al respecto me permito hacer de su conocimiento, que una vez que fue realizada una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los archivos y bases de datos que obran en este sujeto obligado, no fue posible localizar la información solicitada en los términos peticionados por el ciudadano, razón por la cual en este acto se solicita a este H. Comité de Información confirmar la inexistencia de la información requerida”, cita el documento emitido por la Secretaría General del Gobierno de Jalisco.
A pesar de todas estas irregularidades, Sandoval Díaz, frente a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), donde fue aprobada y entregada a la Secretaría de Gobernación la propuesta de Reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se galardonó a sí mismo con la creación de un Protocolo de Defensa y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humano y Periodistas (también aprobado en esa sesión), asegurando que mandaría dicho protocolo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para su revisión. La cual hasta el momento es inexistente.
Asimismo, sin probar que los integrantes a presidir el Comité de Protectores de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas poseen experiencia en protocolos de seguridad, el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, presentó el pasado 23 de agosto de 2017 a sus integrantes. Además, el funcionario público de primer nivel dijo que los periodistas deberían “estar contentos” por la conformación de dicho equipo.
“Hay perfiles académicos, hay también de instituciones de este… ligadas al periodismo, debo decirlo, y también de organizaciones sociales. Entonces creo que es un consejo muy plural y sobre todo, seremos muy respetuoso de las opiniones que emita este consejo como lo hemos hecho con el propio consejo de atención a víctimas (…)”, dijo López Lara.
“Desde el gobierno federal están muy interesados en que todo este tipo de consejos funcionen y participen y estén evaluando, yo creo que todos ustedes (los periodistas) deben de estar contentos porque es un organismo en este caso, social completamente”.
Las ONG lo rechazan
Las organizaciones civiles rechazan el trabajo. No sólo periodistas creen que el tema dista mucho de sus objetivos. La periodista y activista por los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación, Jade Ramírez, comentó que la misma conformación del Comité violenta los estatutos y acuerdos a los que llegaron las organizaciones defensoras para proteger a periodistas, y lamentó, que los integrantes del comité desconozcan este hecho.
“Desde tiempo atrás ya veíamos que se avecinaba esta situación de parte del Gobierno del Estado de validar una iniciativa legislativa que ha trabajado a espaldas del gremio de los periodistas y de los defensores de derechos humanos”, señaló Ramírez.
“Entonces toda vez que el Legislativo la aprueba sin hacer foros, ni consultas, ni busca la aprobación o el conocimiento pleno por parte de quien se supone que va a beneficiar que son los periodistas y defensores, pues comienza una serie de análisis de lo que está realmente pasando con la política pública y de ahí tomamos la decisión, o más bien, se toma la decisión en CEPAD (Centro de justicia para la paz y el desarrollo) de lanzar un comunicado, un pronunciamiento respecto a la publicación de la convocatoria”.
La posición de Periodistas de a Pie (PdP) respecto a los mecanismos locales, ha sido muy clara desde un inicio, “no se necesitan crear más instancias de gobierno en lo estatal”, agregó Jade Ramírez, periodista y defensora.
Panorama general
Los periodistas Alberto Osorio y Jorge Covarrubias en la publicación del 13 de diciembre de 2014 de la versión impresa del semanario Proceso Jalisco, documentaron el declive de la protección a periodistas en el estado. El tema del reportaje lo basaron en la indefensión en la que se encontraban 121 trabajadores de los medios de comunicación de Jalisco, debido a que la administración de Aristóteles Sandoval, a través la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), habían decidido no dar resolución a las demandas por violación a los derechos laborales de los demandantes. Y los periodistas  concuerdan.
Es más un trámite que un protocolo de protección. O por lo menos ésa es la visión de los comunicadores entrevistados por esta red. Rodrigo Rivas, periodista especialista en la fuente legislativa, comenta que el protocolo para la conformación se llevó sin ningún material de respaldo, además, asegura que la discusión del proyecto fue escasa.
“Yo lo sentí así ¿No? Como un trámite, de que había que sacarlo, y había que cumplirlo; no quiero demeritar a quien participó y a lo mejor es responsabilidad mía haberme involucrado un poco más, no lo hice lo reconozco. Pero sí desde cómo se aprobó aquí la Ley, y de cómo se llevó allá (Al Ejecutivo) siento que se aprobó porque había que hacerlo”, comentó Rodrigo Rivas, periodista.
 
En México, periodistas hacen el trabajo del gobierno: Villoro
Milenio Jalisco
EFE
29 de agosto de 2017
El escritor y periodista mexicano, Juan Villoro, dijo que los periodistas en México realizan “un trabajo de investigación que el propio gobierno no está haciendo”, y esa es la razón por la que se vuelven un blanco para el crimen organizado.
“Si el gobierno investigara todos estos vínculos y todas las redes de financiamiento del narcotráfico, no serían los periodistas quienes dieran estas noticias y quienes se pusieroan en peligro. El periodista está haciendo un ejercicio de sustitución”, agregó.
Según datos de Reporteros sin Fronteras, México es el país más peligroso para ejercer la profesión, mientras que la ONG Artículo 19 identificó más de 400 agresiones de distinto tipo a periodistas durante el año pasado.
“Estamos ante un problema que tiene artistas sociales, económicas, culturales y simbólicas internacionales. Vivimos al lado del máximo consumidor de drogas y máximo vendedor de armas del planeta, México es un país de paso y esto tiene una artista bilateral muy importante y se trata de una economía que mueve grandísimos recursos”.
Para Villoro, el conflicto bordea las diferencias sociales, de exclusión social, de falta de acceso a la educación, a la salud, a un empleo digno, a vivienda, entre otros. “No es posible que el crimen organizado prospere sin complicaciones con empresarios, militares, policías y políticos que le sirven de fachada”.
El pasado 22 de agosto fue asesinado el periodista mexicano Cándido Ríos Vázquez. Con su muerte suman diez los comunicadores asesinados en México, en lo que va del 2017.