3 temas de telecom que quedaron fuera del TLCAN 2.0
El Financiero
Itzel Castañares
16 de agosto de 2017
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en su apartado de telecomunicaciones dejó fuera la discusión los temas de conectividad universal, homologación del espectro y convergencia entre México, Estados Unidos y Canadá, dijeron expertos.
La conectividad universal es una política que promueve, como en el caso de Estados Unidos, que la población de menores recursos tenga acceso a internet o telefonía, para lo cual los operadores y el gobierno invierten para llevar los servicios a zonas remotas, un escenario distinto al de México.
Jorge Bravo, analista de Mediatelecom, Policy & Law, dijo que México debería tener un programa de conectividad universal que actualmente no tiene.
Otra de las apuestas que no se incluyeron en el debate del TLCAN es la convergencia en la que todos los jugadores del sector de telecomunicaciones ofrezcan todos los servicios, algo que en el mercado mexicano aún no es posible.
Abel Hibert, excomisionado de la extinta Cofetel, dijo que los temas que Estados Unidos pudo plantear para la discusión son el comercio electrónico y la homologación de equipos que están ligados a actividades comerciales de interés para ambas naciones.
 
Otros temas de telecom que faltaron para la renegociación del TLCAN: experto
El Financiero
Itzel Castañares
15 de agosto de 2017
La conectividad universal, la homologación del espectro y la convergencia entre México, Estados Unidos y Canadá, son otros de los temas en materia de telecomunicaciones que impactan a los involucrados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pero que no fueron puestos sobre la mesa de renegociación que empieza este miércoles.
“A pesar de contar con una reforma en telecomunicaciones, México es un país que no tiene una política de conectividad universal”, consideró Jorge Bravo, analista de Mediatelecom, Policy & Law.
En México sólo hay acceso a servicios de telecomunicaciones en todos los rincones del país. Esto difiere con Estados Unidos, que promueve una política de conectividad con la población de menos recursos en la que los operadores, de la mano del gobierno, invierten y llevan los servicios a las zonas más remotas.
Bravo dijo que México deberá tener un programa de conectividad universal, un plan que, aseguró, no ha cumplido la Estrategia Digital Nacional, la cual integra programas de conectividad por parte del gobierno en zonas remotas pero no fomenta la inversión de operadores y concesionarios.
Para el experto, la apuesta de conectividad es el proyecto de la Red Compartida, dado que la competencia ha dejado ‘huérfanas’ zonas densamente pobladas, además de que el preponderante (América Móvil) no tiene ningún interés en invertir en estas zonas ya que aumentaría su poder.
“El punto es que exista una especie de homologación regulatoria, pues el país vecino sí tienes planes de acceso universal, es decir, de conectividad en todo el país, mientras en México no hay un programa de esa índole y ese podría ser un tema pues, si Estados Unidos tiene un programa así para conectar sus zonas rurales, ¿por qué México no?”, indicó.
Aunque Bravo precisó que no es propiamente un tema de la renegociación, en la coyuntura estos países deben buscar equiparar las prácticas regulatorias, el libre comercio y el flujo transfronterizo.
Asimismo, en un escenario posible el experto vislumbra que Estados Unidos podría solicitar que la canalización de la banda de 700 MHz sea similar en México, quien se rige bajo el esquema Asia Pacífico, a fin de evitar eventuales inconsistencias e interferencias en la operación al estar bajo diferentes estándares.
En México, la banda de 700 se liberó tras el apagón analógico en 2015 para ser utilizada para servicios móviles de voz y datos.
Otra de las apuestas es la convergencia, un escenario en donde todos los jugadores del sector de telecomunicaciones puedan ofrecer todos los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión restringida, algo que en el mercado mexicano aún no es posible para América Móvil por ser preponderante, aunque sí es uno de sus objetivos.
Entre los objetivos planteados por Estados Unidos está promover la oferta competitiva de servicios facilitando la entrada al mercado a través de una regulación transparente y un regulador independiente, así como garantizar compromisos para proporcionar a los proveedores de telecomunicaciones un acceso razonable a la red mediante la interconexión y con los recursos y medios necesarios.
 
La agenda regulatoria en litigio
Mediatelecom
Aleida Calleja (La Silla Rota)
15 de agosto de 2017
La agenda regulatoria en telecomunicaciones y radiodifusión está más que activa, algunas de las definiciones en torno a ella están en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Veamos algunas.
Tarifa cero. El amparo interpuesto por Telcel – Telmex en contra del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que determina que mientras sea un Agente Económico Preponderante no podrán cobrarles a sus competidores la interconexión desde sus redes para conectar al usuario final en las llamadas telefónicas pero sus competidores sí pueden cobrarle en el caso de que utilice sus redes. Por la gratuidad que se da al resto de las compañías telefónicas para usar las redes de América móvil es que se le denomina como tarifa cero. El caso quedó en manos del ministro Javier Laynez en la Segunda Sala de la Corte.
El centro de la disputa es si el congreso tiene la facultad para determinar las tarifas de interconexión o si debe ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien, con base a estudios de mercado determine cuánto deben pagar los competidores al preponderante; es decir, es una función regulatoria del IFT y no del Congreso.
Se esperaba con mucha expectación el proyecto de sentencia, que fue publicado el pasado jueves y da la razón a América Móvil, es el IFT quien tiene la libertad regulatoria para determinar las tarifas para la terminación de las llamadas en sus redes y que el congreso se extralimito al haber determinado una tarifa unilateralmente que afecta a la empresa en sus negocios. Lógicamente se tendría que aplicar una retroactividad para que las empresas tuvieran que pagar por el uso que han hecho de la red del señor Slim, sin embargo, el ministro Laynez establece que el pago tendrá efectos a partir de la fecha de aprobación de la sentencia, la cual se discutirá este miércoles 16 de agosto, de acuerdo con las tarifas que establezca para tal caso el IFT.
Mucha tinta y declaraciones han corrido sobre este caso a favor y en contra, algunas que me parecen exageradas como que se va de por medio toda la reforma en telecomunicaciones. Hay quienes sostienen que es una decisión técnica y otros política, lo cierto es que tiene una parte de ambas, pues las decisiones técnicas siempre tienen una carga política. Todo parece indicar que el ministro Laynez tiene los votos suficientes para que se apruebe su proyecto de sentencia, lo veremos este próximo miércoles.
Los amparos de AT&T. La SCJN también deberá resolver los tres amparos interpuestos por esta empresa en contra del artículo 137 que ordena al IFT publicar periódicamente las tarifas de interconexión. AT&T quiere impedir la publicación de los precios que cobra a sus competidores por llamadas terminadas en su red, porque de acuerdo con su argumento esa publicidad interfiere en las negociaciones que tiene con sus competidores por este cobro.
Derechos de las audiencias. Como se recordará, se interpusieron controversias constitucionales por parte del Senado y la Consejería Jurídica de la Presidencia en contra de los Lineamientos sobre los Derechos de las Audiencias emitidos por el IFT y en contra de las facultades de este para tutelarlos o garantizarlos, las cuales fueron turnadas al ministro Alberto Pérez Dayán, en tanto la Cámara de Diputados aprobó una minuta de reformas a la LFTR que prácticamente derogan estos derechos y arrebatan al IFT sus facultades en la materia. Esta contrarreforma estaba lista para aprobarse de inmediato en el Senado, al estilo la Ley Televisa, en el periodo extraordinario que nunca ocurrió. Se esperaba que la SCJN resolviera el caso antes de que iniciara el periodo ordinario de sesiones en el Congreso este septiembre y así evitar el albazo que quiere dar el legislativo, adelantándose al poder judicial al reformar la ley, dejando sin materia a la Corte para su dictamen, pero resulta que el tema se retiró de la lista de casos pendientes a resolver.
El IFT difirió la entrada en vigor de los Lineamientos para el 16 de agosto en lo que resolvía la Corte, pero como eso no sucederá de nueva cuenta el Pleno aprobó otra vez diferirlos hasta el 16 de noviembre, dejando sólo en pie el artículo transitorio 43, que determina el uso de lenguaje de señas mexicana o subtitulaje oculto en idioma nacional para las televisoras que tengan más del 50% de cobertura nacional.
Es lamentable la decisión del regulador, en tanto aplaza los lineamientos para hacer efectivos los derechos de las audiencias, gasta millones de pesos en una Unidad Móvil que tiene entre otros objetivos llegar a miles de estudiantes de educación básica para dar a conocer los derechos de los usuarios en telecomunicaciones y de las audiencias en servicios audiovisuales, o sea derechos que ha determinado no entren en vigor.
Se suponía que la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión reduciría la alta litigiosidad que desgastaba al sector, pero parece que no. En el caso del regulador y sus facultades muchos litigios nos estaríamos ahorrando si en su momento el IFT hubiera interpuesto la controversia constitucional por sus facultades como lo habían planteado las dos comisionadas Labardini y Estavillo, ¿no cree?
En otros temas. En el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, la oficina de la presidencia de Estados Unidos emitió un documento con los temas a incluir en dicha renegociación entre los que se incluyen los temas de telecomunicaciones, la fuente se ha centrado mucho en ese tema, pero creo que poco se ha abordado las implicaciones que tienen las propuestas integradas en las secciones sobre Comercio Digital de Bienes y Servicios y Flujo de Datos Transfronterizos, donde pueden intuirse condiciones muy desventajosas para nuestras industrias culturales y digitales.
La semana pasada se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca el Foro Internacional sobre Medios Comunitarios e Indígenas organizado por la UNESCO y el IFT, por primera vez en la historia el regulador hace un evento de este tipo con esta parte del sector, algo que considero positivo, ojalá que esto dé pie a mejorar la política regulatoria en los hechos y no quede como un mero acto testimonial.
 
Qué hay en juego con la tarifa cero
Mediatelecom
Raúl Trejo Delabre (La Crónica de Hoy)
15 de agosto de 2017
La disputa en torno a la “tarifa cero” en telefonía ha sido presentada como un asunto técnico, pero es mucho más que eso. Se trata de un litigio de carácter político, que puede tener consecuencias jurídicas y económicas muy graves y que afecta directamente a los usuarios de servicios telefónicos. Ese diferendo es decisivo para acotar o preservar los privilegios que ha tenido América Móvil, el consorcio dominante en el mercado de la telefonía en México.
La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que está cumpliendo tres años estableció una fuerte restricción para Telcel y Telmex. El artículo 131 dispone que, mientras sigan siendo preponderantes, esas empresas no pueden cobrar a otras compañías la interconexión a sus números telefónicos. Eso significa que Telcel o Telmex no pueden cobrar por llevar a su destino una llamada desde un número registrado, por ejemplo, en ATT o Axtel. Pero Telcel y Telmex sí deben pagar cada llamada a las líneas manejadas por otras firmas.
Ésa es una medida de regulación asimétrica para propiciar la competencia y equilibrar el mercado. En México, una empresa de telefonía es “preponderante” cuando cuenta con más de la mitad de los usuarios, suscriptores, tráfico o capacidad utilizada en sus redes. Telmex tiene el 64% del mercado en telefonía fija y el 65% en telefonía móvil.
La “tarifa cero”, como se  ha denominado a esa restricción, es una medida drástica debido a la privilegiada condición monopólica que las telefónicas del empresario Carlos Slim disfrutaron durante largo tiempo. Telmex y Telcel pudieron acaparar el mercado e imponer tarifas ante usuarios que no tenían más remedio que contratar con éstas.
Por eso, la ley de 2014 indicó que a las empresas no preponderantes no se les cobrará tarifa de interconexión. Así se estableció desde la iniciativa presidencial que luego sería aprobada por los senadores y diputados. América Móvil, desde luego, no estuvo de acuerdo. En septiembre de aquel año, Telcel presentó una demanda de amparo que ha llegado a la Suprema Corte.
Telcel sostiene que el Congreso de la Unión no tiene competencia legal para establecer tarifas de conexión y que ésa es atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Lo mismo dice el proyecto de sentencia que ha difundido el ministro Javier Laynez para presentarlo en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.
Telcel y Laynez dicen que la tarifa cero “invade” la autonomía constitucional del IFT. Algunos comentaristas incluso, con innecesario dramatismo, han dicho que se trata de un “secuestro regulatorio”. Desde luego ni el órgano regulador ni los siete comisionados que lo encabezan están secuestrados por la imposibilidad de establecer precios de interconexión para los servicios del operador telefónico preponderante. El Instituto determina el valor de la interconexión entre otras empresas, cuando éstas no se ponen de acuerdo en tales precios, y dispone de otras medidas para regular ese mercado.
La autonomía del IFT es uno de sus atributos fundamentales y se debe, entre otros motivos, a la irrefrenada discrecionalidad que durante décadas tuvo el gobierno federal para manejar las telecomunicaciones. Esa ausencia de reglas y contrapesos permitió la decisión presidencial que tomó Carlos Salinas, y mantuvieron sus sucesores, para que Telmex ejerciera el monopolio en telefonía fija, y luego Telcel se desarrollara con grandes ventajas en telefonía celular.
El IFT es autónomo para que sus decisiones no dependan de presiones políticas ni corporativas. Esa autonomía, por supuesto, no implica que tome decisiones a su antojo. Para no incurrir en la discrecionalidad que tanto daño le hizo al país y a las telecomunicaciones, el IFT está ceñido a reglas muy claras. La ley indica, entre muchísimas otras disposiciones, el segmento de la banda FM en el que pueden transmitir radiodifusoras comunitarias, las franjas del espectro radioeléctrico destinadas a la red compartida de banda ancha, el tiempo máximo que puede ocupar la publicidad en radio y televisión, la fecha en la que debía concluir la transición a la televisión digital. La tarifa cero forma parte de esa puntillosa pero pertinente meticulosidad en la ley.
Se puede discrepar con varias de esas reglas, pero su existencia no implica que el Congreso haya actuado ilegalmente al expedirlas. La Constitución lo faculta para crear y reformar leyes en materia de telecomunicaciones y no indica el nivel de generalidad o precisión que deben tener.
Los impugnadores de la tarifa cero sostienen, además, que como los diputados y senadores no son expertos en telecomunicaciones, no pueden establecer tales normas. Con esa lógica, el Congreso tendría que abstenerse de legislar en numerosos campos. Por fortuna, puede tener asesores y hacer consultas como las que el Senado abrió antes de aprobar la Ley de Telecomunicaciones. La idea de que únicamente los especialistas pueden decidir en asuntos determinados por consideraciones técnicas implica una inaceptable patrimonialización del conocimiento.
Otro argumento contra la tarifa cero ha señalado que, a causa de ella, las nuevas empresas de telefonía no han tenido incentivos para invertir. También se decía, hace tres años, que América Móvil dejaría de gastar en infraestructura porque no le convendría ampliar o mejorar sus redes para que estuvieran al servicio de otras compañías. Los datos del IFT sobre inversión privada en telefonía desmienten esas suposiciones. En 2013, esa inversión fue de 27 mil millones de pesos y para 2016 ascendió a más de 51 mil mdp. En telefonía celular implicó 33 mil 600 millones de pesos en 2013 y, después de haber disminuido en los dos años siguientes, llegó a casi 34 mil mdp en 2016. La inversión privada total en telecomunicaciones pasó de 60.8 mil mdp en 2013 a 85 mil el año pasado.
En esos cuatro años la inversión privada en telefonía fue superior a 267 mil millones de pesos. De esa cantidad, la mitad (133.7 mil mdp) correspondió a Telmex y Telcel. La tarifa cero no disuadió al consorcio dominante, ni a las empresas recién llegadas, para invertir en esos negocios. En cambio, una resolución de la Corte contra la tarifa cero sería un mensaje ominoso para las empresas que quieren invertir en ése o en otros sectores de la economía mexicana, como explicó ayer Juan E. Pardinas en Reforma.
El proyecto de sentencia favorece la demanda de Telcel, aunque, paradójicamente, reconoce que la tarifa cero “puede haber permitido la incorporación de nuevas empresas en el sector, así como la reducción de tarifas al consumidor final”. Ese documento recuerda que, si bien de manera limitada, la presencia de América Móvil en el mercado ha disminuido (a fines de 2016 tuvo 3% menos que el año anterior). Así que ese consorcio tuviera derecho a cobrar las tarifas que dejó de recibir por el servicio de interconexión se “alteraría el curso de la tendencia favorable”.
¿A cuánto asciende el costo no pagado por la tarifa cero? Hace tres años la consultora Media Telecom aseguró que América Móvil dejaría de recibir más de 11 mil millones de pesos al año. Por otra parte la consultora CIU ha estimado que entre 2014 y 2017 Telmex y Telcel han dejado de ganar 1,050 millones de dólares, que son casi 19 mil millones de pesos.
América Móvil no recibirá ese dinero porque, aun cuando Telcel pretendía en su demanda que las otras empresas pagaran la interconexión que dejó de cobrarles, el proyecto de dictamen no lo considera así. Ésa era una pretensión absurda porque los cambios legales no pueden tener efectos retroactivos. Pero ese rubro de la demanda ha funcionado como carnada para que, si la Corte desconoce la validez del 131, se pueda decir que por lo menos no aprobó el pago de tres años de tarifas de interconexión. El proyecto de sentencia, por otra parte, indica que esa resolución beneficiaría sólo a Telcel, pero no a Telmex.
La tarifa cero favorece la competencia. Cuando Telcel y Telmex dejen de tener más de la mitad del mercado, el IFT podría autorizar el cobro por la interconexión. En julio de 2014 América Móvil anunció que, para evitar las consecuencias legales por ser preponderante, vendería parte de Telcel y Telmex hasta reducir su presencia en el mercado a menos de 50%. No lo hizo y por eso se mantienen la tarifa cero y otras medidas.
Suspender la tarifa cero no significaría respaldo alguno al IFT ni a su autonomía, pero sí, en cambio, sería un triunfo que Telcel no se merece. Tampoco los usuarios de telefonía de otras empresas merecen los nuevos cargos que tendrían que pagar. El costo actual de la interconexión celular con empresas distintas a Telcel es de 19 centavos por minuto. Si se mantuviera ese costo para la interconexión con Telcel, un usuario que habla 20 minutos diarios a números de esa empresa tendría que pagar 1,400 pesos anuales por ese nuevo cargo.
Las empresas telefónicas que rivalizan con Telcel y Telmex sostienen que terminar con la tarifa cero sería devastador para la reforma en telecomunicaciones. Eso no es verdad. La reforma tiene una complejidad y alcances que van mucho más allá de una tarifa, por ultramillonarias que sean las ganancias que implique. Lo que está en juego son la facultad del Congreso para expedir reglas capaces de acotar a los monopolios, la solidez de normas y condiciones para la inversión privada y el derecho de la sociedad a tener servicios telefónicos más competitivos y menos costosos.