Agresiones contra periodistas o medios
Urge ONU a México proteger a periodistas
Gabriela Sotoymayor
25 de abril de 2017
Alta Comisión de ONU para los DH consideró que asesinatos de periodistas en el País
están fuera de control, por lo que llamó a protegerlos.
Los asesinatos de periodistas en México parecen estar inmersos en una espiral ascendente y fuera de control, acusó la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).
“El asesinato de cuatro periodistas mexicanos, con un quinto herido de gravedad, en un periodo de sólo seis semanas, entre marzo y abril, pone de relieve la situación atroz a la que hacen frente los medios de comunicación mexicanos, que parece estar en una espiral fuera de control”, dijo a REFORMA el portavoz del ACNUDH, Rupert Colville.
“En particular, el hecho de informar sobre el crimen o la corrupción en México se ha convertido en uno de los trabajos más peligrosos del planeta”, observó.
“Si bien (el Alto Comisionado) reconoce las dificultades que enfrentan relacionadas con el crimen organizado, instamos a las autoridades a hacer todo lo posible para proteger a los periodistas”, urgió.
El ACNUDH exhortó al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a realizar todos los esfuerzos necesarios para llevar a los perpetradores ante la justicia.
Llamó al Gobierno a llevar a cabo un esfuerzo decisivo para garantizar que los que están detrás de lo que calificó como una corriente sin fin de asesinatos, sean llevados ante la justicia.
Para el ACNUDH, la rendición de cuentas es imperativa antes de que reportar sobre el crimen en México sea una actividad en extinción con todas las implicaciones negativas que eso pueda acarrear.
 
Huye periodista de Chihuahua por amenazas
Reforma / Redacción
25 de abril de 2017
Tras recibir amenazas, la periodista Patricia Mayorga, corresponsal de Proceso y El Diario de Juárez, huyó y está en proceso de exiliarse.
La periodista Patricia Mayorga Ordóñez, corresponsal de la revista Proceso y de El Diario de Juárez en la Ciudad de Chihuahua, huyó de la entidad y se encuentra en proceso de exiliarse en el extranjero tras recibir amenazas.
“Es lamentable que un periodista tenga que salir de su tierra porque las autoridades no ofrecen garantías para realizar su trabajo, no hay condiciones de seguridad que garanticen su vida”, indicó Rocío Gallegos, directora editorial de El Diario de Juárez, al dar a conocer la situación de la comunicadora.
Los amagos contra Mayorga Ordóñez iniciaron hace aproximadamente un año, cuando junto con su colega Miroslava Breach dio cobertura a la situación de violencia en la Sierra Tarahumara y la corrupción pública.
Breach, corresponsal del periódico La Jornada y colaboradora de Norte de Ciudad Juárez, fue asesinada a tiros el 23 de marzo en la capital estatal.
El riesgo para Mayorga Ordóñez creció tras el homicidio de su colega.
El Diario de Juárez informó que la noticia de su exilio se mantuvo en secrecía por cuestiones de seguridad solicitadas por la propia Mayorga Ordóñez, pero se dio a conocer debido a información que autoridades estatales han expuesto públicamente sobre el caso.
El medio impreso agregó que hace un mes tuvo conocimiento de que la Fiscalía General del Estado (FGE) tenía información de la condición de riesgo que enfrentaba debido a su trabajo periodístico y, aunque solicitó al Estado datos sobre las amenazas, a la fecha no ha obtenido respuesta.
El Diario de Juárez ya sufrió el asesinato de dos periodistas: Armando Rodríguez Carreón, en noviembre del 2008, y Luis Carlos Santiago, en septiembre del 2010.
Se informó que Mayorga Ordóñez dejó el Estado el pasado 6 de abril con el respaldo del Comité de Protección para Periodistas y de agrupaciones de protección a la libertad de expresión, como Periodistas de a Pie.
Por la urgencia, el Gobierno estatal pagó el vuelo para que abandonara Chihuahua. Además, también le dispuso escoltas por dos semanas en ese estado.
La periodista se acogió al mecanismo federal de protección a periodistas mientras sale del País.
 
Censura
Nuevo nivel de sofisticación en la censura de noticias
El Economista
Notimex
25 de abril de 2017
La censura global de noticias de parte de gobiernos, actores no estatales y corporaciones alcanzaron nuevos niveles de sofisticación y complejidad, pese a que abundan las herramientas tecnológicas de comunicación y difusión de información, según un reporte divulgado este martes.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) difunfió un informe en el que destacó que en años recientes han surgido métodos singulares de controlar el flujo de información, incluida la presión financiera sobre los periodistas y los medios de información.
Titulado “Ataques contra la Prensa: la Nueva Cara de la Censura”, el documento subrayó que gobiernos, actores no estatales y empresas explotan también lagunas legales para evitar la divulgación y utilizan programas automatizados en redes sociales (conocidos como bots) para frenar la crítica.
“Después de la elección (presidencial) de Donald Trump, el surgimiento de noticias falsas y el ambiente hostil para los periodistas creado por la retórica de Trump, ha suscitado preocupación en Estados Unidos”, indicó el director ejecutivo del CPJ, Joel Simon, en un comunicado que acompaña el informe.
Simon añadió, no obstante, que al margen de lo que sucede en Estados Unidos lo que ocurre en el mundo obedece a “tendencias (que) son más profundas, más perdurables y más preocupantes”.
“En tanto que estamos inundados de información, existen tremendas lagunas en nuestro conocimiento del mundo, lagunas que crecen debido a ataques violentos contra los medios, a los nuevos sistemas de control de información de gobiernos y al poder de la tecnología de censurar y supervisar”, opinó.
Identificó tres categorías de estrategias para controlar y administrar la información: lo que llamó represión 2.0; el control político encubierto; y la captación de tecnología.
La represión 2.0 utiliza nuevas tecnologías de la información, como teléfonos inteligentes y medios sociales, para actualizar antiguas tácticas de censura estatal que incluyen incluso el encarcelamiento de voces críticas, explicó.
El control político encubierto significa un intento sistemático por ocultar actos represivos disfrazándolos bajo normas democráticas, como justificar la censura en internet con el argumento de suprimir expresiones de odio y la incitación a la violencia, expuso Simon.
Mientras, la captación de tecnología significa utilizar las mismas tecnologías que han generado el auge global de la información para acallar a la disidencia, monitoreando y vigilando a los críticos, bloqueando sitios web y utilizando a los troles cibernéticos para silenciar ciertas voces.
“Estas estrategias han contribuido al aumento de los asesinatos y encarcelamientos de periodistas en todo el mundo. De hecho, a finales del 2016 había 259 periodistas encarcelados, la mayor cifra jamás documentada por el CPJ”, precisó el directivo.
Simon señaló que “los enemigos de la libertad de expresión han atacado el nuevo sistema informativo global a cada nivel, y han empleado la violencia y la represión contra periodistas específicos, con el objetivo de controlar las tecnologías de las que dependen para transmitir las noticias”.
Afirmó que los censores han sembrado la confusión y la desinformación para que la información crítica no llegue al público de ninguna manera significativa.
Subrayó, sin embargo, que la creación de nuevas estrategias represivas son respuestas al poder liberador de la información independiente.
El informe está compuesto por varios artículos escritos por renombrados periodistas.
 
Diagnósticos sobre libertad de expresión
México y Cuba, los países latinoamericanos con peor “libertad de prensa”
El Universal
EFE
26 de abril de 2017
México y Cuba son los dos países latinoamericanos donde está más amenazada la libertad de prensa, según el último informe de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Cuba, en el puesto 173 (el 171 en 2016), es el único país de la “lista negra”, integrada por 21 estados, de esta organización, junto a países como Egipto, Libia, Irán, Yemen, Siria, China y Corea del Norte, donde el deterioro de la libertad de prensa es “muy serio”.
México, Guatemala, Colombia, Venezuela y Honduras están en el grupo calificado como de “situación difícil”.
En este grupo, Guatemala está en el puesto 118 (121 en el informe de 2016), Colombia en el 129 (134), Venezuela en el 137 (139), Honduras en el 140 (137) y México en el 147 (149).
El informe, que habla de un deterioro global de la libertad de prensa incluso en las democracias occidentales, señala también que el país latinoamericano con mayor libertad es Costa Rica, que en el sexto puesto está en el “grupo blanco” (buena situación).
En el caso de México se destaca el deterioro que ha sufrido desde 2002, año en que ocupaba el puesto 75: ha caído más de 75 puestos en los últimos quince años.
Desde que se elaboró el informe de 2016 en México, donde según RSF impera la corrupción y el crimen organizado a nivel local, han sido asesinados diez periodistas, “con una nueva avalancha de asesinatos en marzo de 2017”.
“En los estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, es extremadamente peligroso para los periodistas cubrir noticias sensibles y la impunidad para los crímenes contra los medios alimenta un círculo vicioso que se alimenta año tras año”, dice el análisis.
“En términos del riesgo para los periodistas, México está ahora solo detrás de Siria y Afganistán”, destaca.
En cuanto a Cuba, RSF afirma que es “la perpetuación del régimen comunista estilo soviético la razón por la que es el país más hostil para la libertad de prensa de toda América Latina”.
“El monopolio del Estado y de la información no ha terminado con la muerte de Fidel Castro, que -dice el informe- debe ser recordado no como el padre de la revolución cubana, sino también como uno de los depredadores de la libertad de prensa más importantes del planeta”.
Respecto a otras naciones del continente americano, Uruguay en el puesto 25 (20 el pasado año), Chile en el 33 (31) y Belice en el 41 (36) están en el grupo donde la situación de la libertad de prensa es “satisfactoria”.
Argentina en el puesto 50 (54 en 2016), Haití en el 53 (53), República Dominicana en el 59 (62), El Salvador en el 62 (58), Perú en el 90 (84), Nicaragua en el 92 (75), Panamá en el 96 (91), Brasil en el 103 (104), Ecuador en el 105 (109) y
Bolivia en el 107 (97) son los países latinoamericanos del grupo con “problemas perceptibles”.
El informe cita el caso de Chile como uno de los países donde se ha deteriorado la libertad de prensa por perseguir a los filtradores o delatores.
“Aunque la caída de dos puestos es poco espectacular, la adopción de enmiendas legislativas que penalizan las filtraciones en las investigaciones judiciales ha provocado un amplio debate en la sociedad chilena”, señala.
“Las enmiendas pasaron cuando algunos políticos, grandes empresarios y oficiales militares estaban siendo investigados en presuntos casos de corrupción, abuso de autoridad o captación ilegal de fondos de campaña”, dice el informe.
Un total de 180 países están incluidos en el índice sobre la libertad de prensa elaborado por RSF, de acuerdo con unos indicadores que evalúan el pluralismo, la independencia de los medios, el marco legislativo en el que se desenvuelven y la seguridad con la que los periodistas hacen su trabajo.
El peor país del mundo en cuanto a libertad de prensa es Corea del Norte, “que continúa siendo una dictadura propia de la Guerra Fría” y donde “escuchar una emisora de radio de fuera del país puede llevarte a un campo de concentración”
 
Entorno autoritario para periodistas
El Economista
AP y Reuters
25 de abril de 2017
Caracas. Un total de 14 periodistas fueron detenidos y 106 agredidos en Venezuela durante las cuatro semanas de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, denunció este martes el principal sindicato del sector.
“Se trata de una cifra alarmante y que dista mucho de las garantías que un Estado democrático debe proveer para el ejercicio de los derechos a decir y a saber”, señaló el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa en un comunicado.
La organización sostuvo que la mitad de los arrestos de reporteros fueron realizados por efectivos de la militar Guardia Nacional que, “lejos de facilitar las condiciones para el ejercicio profesional, hostigan, golpean, intimidan e imposibilitan cualquier intento por dar cobertura oportuna a las manifestaciones”.
Funcionarios gubernamentales acusan a medios de comunicación nacionales e internacionales de “magnificar” los focos violentos de las protestas, que han dejado 26 muertos, cientos de heridos y 437 detenidos, para presentar al mundo una imagen distorsionada de Venezuela.
Tribunales desconocen órdenes de Fiscal
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció que tribunales han desconocido la solicitud de liberar a personas detenidas en manifestaciones opositoras sin seguir el debido proceso.
“Ni en los estados de excepción se puede suspender el debido proceso, yo estoy obligada a garantizar el debido proceso, este tipo de situaciones deben ser revisadas. El país necesita seguridad jurídica”, lanzó Ortega en su primera declaración a la prensa desde que comenzaron las protestas el pasado 1 de abril.
La fiscal usó como ejemplo una “situación anómala” en el estado Nueva Esparta (noreste), donde el organismo que dirige solicitó la libertad de un grupo de personas detenidas por la militarizada Guardia Nacional en una manifestación.
El acta de detención “no narra la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que fueron aprehendidas las personas. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál era la conducta que desarrolló la persona para aprehenderla? Porque eso es importante en un acta policial (…) Esto impide imputar delito por carencia absoluta de la más mínima información para hacerlo”, precisó.
“Apegados al ordenamiento jurídico solicitamos la nulidad de tal detención. Eso no fue acogido por el tribunal que optó por mantenerlos detenidos hasta la presentación de fiadores. Es probable que estas personas sí hayan cometido delitos, pero no hay nada que lo sustente”, siguió.
Ortega informó que hasta el momento 1,289 personas han sido aprehendidas, de las cuales 217 están siendo presentadas ante los tribunales y 65 fueron acusadas.
Posible reunión de la OEA
La Organización de Estados Americanos (OEA) evaluará la posibilidad de convocar una reunión de cancilleres sobre la crisis en Venezuela durante una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente este miércoles, en medio de la profundización de la crisis política en el país petrolero.
La sesión, la quinta en la OEA sobre Venezuela en un mes, fue solicitada por 16 de sus 34 países miembros (México apoya la celebración) que, “considerando la creciente preocupación” continental sobre ese país, buscan elevar el debate al nivel ministerial.
La oposición venezolana alista una nueva marcha para este miércoles hacia el centro de Caracas, otro desafío para el presidente Nicolás Maduro quien ha tenido una reacción de desprecio contra los opositores.