Agresiones contra periodistas o medios
Ejecutan a probable asesino de Miroslava Breach
Unomásuno
Juan Carlos Fonseca
20 de abril de 2017
César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del estado de Chihuahua informó que se está investigando el probable vínculo entre los crímenes de un hombre al cual se identificó como Gabriel Federico Ochoa Cárdenas y de la periodista Miroslava Breach Velducea.
El nexo entre ambas muertes violentas ocurridas en la ciudad de Chihuahua surge después de que los presuntos agresores de Ochoa Cárdenas dejaron a un lado de su cadáver una cartulina con un mensaje en el que lo señalan como el responsable del crimen de la periodista.
Gabriel Ochoa Cárdenas fue asesinado el martes en la tarde, dentro de un taller mecánico en calles Río Yaqui y Río Bravo, colonia Junta de los Ríos.
Los peritos especializados en la escena del crimen aseguraron cerca del cuerpo una cartulina con un mensaje, cuyo contenido fue filtrado a los medios de comunicación.
“Este es el marrano que asesinó a la periodista Miroslava por orden del 80 en complicidad con Pablo Ernesto Rocha Esto (sic) es la prueba de que no queremos marranos haciendo Injusticia”, cita textualmente el escrito.
Carlos Arturo Quintana, apodado “El 80” es identificado por la propia Fiscalía General del Estado como integrante del Cártel de Juárez y Pablo Ernesto Rocha Acosta renunció el pasado mes de diciembre a su cargo como director de la
 
Censura
Denuncia SIP insólita persecución de medios de comunicación ecuatorianos
El Sol de México
OEM En Línea
20 de abril de 2017
Miami , EU.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció hoy la persecución de la prensa ecuatoriana por parte del presidente, Rafael Correa, quien la acusó de “no reproducir noticias que publicó un diario argentino” contra el candidato de la oposición en las pasadas elecciones.
SIP volvió a acusar el uso de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador como arma de persecución en contra de los medios de comunicación ecuatorianos, a los que el gobierno de Rafael Correa acusa de no reproducir noticias que publicó un diario argentino en contra del candidato de la oposición durante las recientes elecciones presidenciales.
La SIP calificó de “insólito” el proceso iniciado por la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), el brazo ejecutor de la Ley Orgánica de Comunicación, que asumió una denuncia del presidente Rafael Correa durante una de sus sesiones sabatinas. Correa denunció públicamente que varios medios ecuatorianos no se hicieron eco de una noticia que el diario Página 12 de Buenos Aires publicó sobre el candidato electoral de la oposición, Guillermo Lasso, a quien ese diario lo acusó de poseer empresas off shore y de otras irregularidades financieras.
“Estamos ante un caso insólito en el que se usa la ley mordaza del Ecuador para castigar por omisión a los medios de su país. Pese a que el presidente Correa invoca el tema de censura previa, lo que estamos viendo es cómo se viola sistemáticamente el derecho de los medios a su libertad de criterio editorial”, señaló el presidente de la SIP, Matt Sanders, editor senior y gerente general del Deseret Digital Media, de Salt Lake City, Utah.
Por su parte, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó que “una vez más se observa como la ley mordaza es usada como una celada para entrometerse en los contenidos y criterios editoriales de los medios”.
Sanders y Rock sostienen que la Ley de Comunicación es una legislación autoritaria que tiene muchas “sutilezas útiles” que legitiman la censura y que el gobierno la creó para protegerse, sobre la base de constantes reprimendas, multas y sanciones que pueden hasta provocar el cierre de los medios. “Estamos ante un gobierno que creó un arma de censura, la peor que se ha creado en la etapa democrática de América Latina para violar en forma sistemática la libertad de prensa”.
Rock opinó que, “si fuera por el Gobierno de Correa”, los medios de comunicación ecuatorianos “deberían informar de todo lo que se publica en el mundo a su favor y callar lo que se le critica, para así evitar que se incentive la desestabilización democrática”.
Ambos dijeron que el gobierno ecuatoriano hace responsable de un supuesto delito de un ciudadano a los medios de comunicación, cuando debería ser la Fiscalía Nacional la que debería investigar a ese ciudadano.
“Ni los medios ni los periodistas pueden ser responsabilizados por un delito de un individuo ni ser auxiliares de la Justicia”, subrayaron.
El Observatorio Ciudadano por una Comunicación con Calidad, organización allegada al gobierno, denunció el 27 de marzo a los diarios El Universo, El Comercio, La Hora y Expreso, así como los canales Televicentro, Ecuavisa y Teleamazonas, por “censura previa” al no reproducir en sus medios un reportaje de Página 12 del 15 de marzo sobre el presunto enriquecimiento de Lasso, ex candidato opositor a la Presidencia por el partido CREO.
El argumento para la demanda consistió en que los siete medios omitieron publicar información considerada de interés público en el marco de la actividad electoral que atravesaba el país en ese momento. El reportaje fue dado a conocer en Ecuador por el presidente Rafael Correa a través de su cuenta en Twitter y reproducido por medios oficiales.
La Ley Orgánica de Comunicación completa la sanciona de la censura previa con una multa de 10 salarios básicos unificados. Las audiencias ante la Supercom se celebraron del 11 de abril al 17 de abril y en las próximas semanas se espera la decisión del organismo oficial.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.