La contrarreforma
Homo Zapping
Gabriel Sosa Plata
18 de abril de 2017
La imposición de los diputados a la contrarreforma en los derechos de las audiencias, debe obligar al Senado abrir sus puertas a un debate serio y democrático para que prevalezca el interés general y no los intereses político-partidistas, mientras se acercan las competidas elecciones intermedias y federales.
Si bien la contrarreforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sólo ha sido dictaminada y aprobada por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, se prevé que esta semana se suba al pleno para su aprobación final. Por los acuerdos políticos, se da como un hecho que pasará sin problema alguno.
La batalla está en el Senado. La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que encabeza Zoé Robledo, debe hacer lo que no hicieron las diputadas y los diputados y analizar, de frente a la sociedad, qué tan convenientes son estos cambios a la ley. Muchos consideramos que son un retroceso enorme a los objetivos de la reforma estructural de telecomunicaciones.
Esta semana la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), que agrupa a la mayoría de las defensoras y defensores de audiencias en funciones, emite un posicionamiento en el que exige una consulta abierta y plural, así como un ejercicio de congruencia y honestidad a los legisladores para que prioricen el bienestar común y no la lógica coyuntural para ganar simpatías de algunos concesionarios de radiodifusión que piensan que reconocer derechos de las audiencias atenta contra su libertad de expresión, lo que no es así.
En la exigencia de la AMDA coinciden organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Observatel, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), A Favor de lo Mejor, entre otras.
En su comunicado, la AMDA da cuenta puntual de los retrocesos: se elimina la obligación de los concesionarios de aportar elementos para distinguir la publicidad de la información y se suprimen todos los derechos de las audiencias que derivan de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que no están incluidos expresamente en el artículo 256, “con lo cual quedarían sin efecto, por ejemplo, las líneas de acción establecidas para que los contenidos respeten el interés superior de la niñez o la equidad de género”.
De igual manera se eliminan atribuciones de supervisión, vigilancia y sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Por ejemplo, pierde competencia para multar a los concesionarios que rebasen los topes máximos de transmisión de publicidad establecidos en la ley y se deroga la atribución de determinar suspensión precautoria de transmisiones.
La figura de la Defensoría de las Audiencias también se debilita pues ya no se mandata a que se ajuste a criterios de imparcialidad e independencia y “los concesionarios elegirían libremente al defensor de sus audiencias, sin que sea posible establecer requisitos que eliminen conflicto de interés”.
Amparos contra SEGOB
Como se sabe, la embestida contra los derechos de las audiencias no sólo es obra de los diputados, sino también del presidente Peña Nieto y la presidencia del Senado a través de las controversias constitucionales que interpusieron en contra de los lineamientos del IFT y los artículos de la ley relacionados con esta materia.
Si no fuera suficiente, desde la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong se desarrolla otra batalla en contra de las audiencias infantiles, bajo prácticas deplorables.
Ya en este espacio hemos comentado que Clara Luz Álvarez, reconocida académica de la Universidad Panamericana y excomisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), presentó en enero de 2016 un amparo en contra de los lineamientos de clasificación de programas de radio y televisión, publicados por la Secretaría de Gobernación (Segob), por ser contrarios a los derechos de niñas y niños. En primera instancia se lo otorgaron en varios puntos.
Sin embargo, para sobreseer dicho amparo, la Subsecretaría de Normatividad de Medios, a cargo de Andrés Chao, publicó el pasado 15 de febrero nuevos lineamientos, que dejaron prácticamente intactos los artículos más regresivos del documento sustituido (de noviembre de 2015), para mantener el estado de las cosas y agotar a las organizaciones, madres y padres de familia que específicamente rechazan que en los medios electrónicos se reduzcan los horarios para la transmisión de programas infantiles y se amplíen los destinados a los adolescentes y adultos.
Con la nueva clasificación, niñas y niños se exponen a más contenidos con escenas de violencia, palabras soeces y uso de drogas y, por supuesto, a más anuncios de “comida chatarra” y publicidad engañosa, en contra de las mismas políticas públicas de los derechos de la niñez y abatimiento de la obesidad impulsadas por diferentes dependencias.
La novedad de estos lineamientos es que generaron más recursos litigiosos. Como se esperaba, Clara Luz Álvarez presentó hace algunos días otro amparo que, es de suponerse, obtendrá ante la solidez de sus argumentos y lo resuelto en primera instancia por la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
No fue la única madre de familia que ha recurrido a la protección de la justicia. También lo hicieron otros padres y madres de familia y organizaciones como la AMDA.
Por su parte, la Asociación A Favor de lo Mejor presentó una demanda de acción colectiva contra la Secretaría de Gobernación y a la Subsecretaría de Normatividad de Medios porque considera que la entrada en vigor de los lineamientos violenta los derechos fundamentales de la niñez, establecidos en la Constitución, así como los artículos tercero, cuarto, diecisiete y demás relativos y aplicables de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Recuerda que “las principales violaciones radican en las clasificaciones B, B15 y C que presentan contenidos claramente agresivos en horarios donde está presente la infancia, además de contravenir en la tendencia internacional de horarios más tardíos y reforzados para garantizar la protección de la infancia”.
Son tiempos adversos para el derecho a la información y la libertad de expresión. Ya muy atrás quedó el ímpetu por las reformas estructurales, el Pacto por México, la defensa por los derechos fundamentales y la eliminación de los poderes fácticos. En la clase política hay ahora otras prioridades, un descuido generalizado en la impartición de justicia y en la ejecución de políticas públicas en este ámbito (y otros). Esto explica los asesinatos de más periodistas, mayor número de agresiones a medios de comunicación, la impunidad y la contrarreforma a los derechos de las audiencias.