Agresiones contra periodistas o medios
SCJN falla a favor de periodista agredida en Guanajuato
El Economista
Redacción
6 de abril de 2017
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reponer el procedimiento en el juicio de amparo que promovió Karla Janeth Silva Guerrero periodista de El Heraldo del Bajío, en Silao, quien fue víctima de una agresión física en 2014, para que el juez decida si deben o no admitirse diversas pruebas supervenientes ofrecidas por la quejosa ante el Máximo Tribunal.
La comunicadora interpuso el amparo por la falta de atención de las autoridades de seguridad pública del municipio de Silao, Guanajuato, para evitar la agresión física de que fue víctima.
En su demanda, la quejosa responsabilizó al presidente municipal y al jefe de Seguridad Pública del municipio de Silao de agredirla física, emocional y patrimonialmente, mediante estructuras de poder del Estado, para afectar su labor como periodista y su libertad de expresión.
La Sala resolvió que debía revocarse la sentencia del Juez de Distrito que sobreseyó la demanda inicial, por considerar que la quejosa no acreditó la existencia del acto reclamado.
Por mayoría de tres votos, los Ministros determinaron que debe reponerse el procedimiento para el efecto de que el Juez de Distrito decida, con audiencia y pleno respeto de los derechos procesales de las demás partes interesadas, si tales constancias pueden llegar a generar convicción sobre la inconstitucionalidad de los actos controvertidos en el juicio de amparo.
La agresión ocurrió cuando Ornelas Martínez ingresó el 4 de septiembre del 2014 a las instalaciones del rotativo y fue golpeada por dos hombres.
El fallo se debió por el uso indebido de la fuerza y estructura de seguridad pública por parte del gobierno municipal de Silao, del que se habría servido el exalcalde Benjamín Solís Arzola para mandarla golpear y amenazar en 2014.
 
Diagnósticos sobre la libertad de expresión
Agresiones contra periodistas: muerte e impunidad
El Universal
Mauricio Farah
7 de abril del 2017
Tres periodistas han sido asesinados en México en los primeros tres meses del año, otro resultó herido de gravedad en un atentado y uno más salió ileso de un ataque en el que murió el escolta que le había asignado el mecanismo de protección.
Ya 2016 apuntaba que la violencia en contra de informadores iba en aumento, al alcanzar la cifra anual de 12, inédita incluso en México, donde hemos tenido que padecer el homicidio de 103 periodistas y la desaparición de 23 desde el año 2000 hasta el presente, de acuerdo con datos de Artículo 19.
Según esta organización, las agresiones en general aumentaron de 393 en 2015 a 426 en 2016.
Desafortunadamente estamos lejos del homicidio aislado, grave por sí mismo pero que no implica una tendencia, y ya hemos pasado también por la etapa en la que una agresión podría interpretarse como un desafío, una advertencia, por parte de los instigadores de los ataques.
Hoy estamos en una realidad atroz, en la que cada vez con mayor frecuencia y descaro, el crimen organizado y, según algunas evidencias, también integrantes del poder político local, dictan sencillamente la sentencia de muerte para castigar y reprimir al periodista objeto de sus rencores y para amedrentar al resto.
Llama la atención el imperio de la impunidad. En muy pocas ocasiones el presunto criminal es puesto a disposición de las autoridades judiciales. Menos aún son los casos que concluyen con sentencia condenatoria. Célebre es ya la inoperancia de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que reporta haber obtenido tres sentencias condenatorias de casi 800 casos que ha manejado en siete años. Proporciones similares se encuentran en la numeralia de las fiscalías locales.
Si es grave que muy pocos de los autores materiales hayan sido sentenciados, lo es aún más que ninguno de los autores intelectuales ha sido identificado. Para decirlo de otra forma, todos los que ordenaron la muerte o la desaparición de un periodista, y pagaron por ello, están libres, ni siquiera prófugos, porque no hay investigación que los haya señalado ni juez que haya librado una orden de aprehensión. Simplemente no existen.
¿Puede haber mayor aliento a la agresión a periodistas que esta impunidad perfecta para los perpetradores de los crímenes?
Otro dato Cero es el de los periodistas desaparecidos. Que se sepa, son 23. Ninguno de estos casos está resuelto. Y menos se avanzará si, como subrayó Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Defensa del Artículo 19, hoy nadie los busca.
Este escenario, tan adverso para los periodistas, para el ejercicio del periodismo, para la libertad de expresión y para el derecho a la información, debe ser revertido.
La creación y operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha implicado un gran esfuerzo, pero seguramente la experiencia adquirida hace posible ahora introducir cambios de funcionamiento para reducir tiempos de respuesta y para encontrar nuevas fórmulas de protección.
Con todo, el Mecanismo pudo haber salvado algunas vidas, lo que no es posible cuantificar porque no se cuenta lo que no sucede.
La Feadle, en cambio, representa un gran desafío para el procurador general de la República, porque desde su creación han sido magros sus resultados y no hay duda que requiere transformaciones de fondo, tanto en su andamiaje jurídico como en su operación.
De poco sirve que atraiga investigaciones si lo hace a destiempo, lo que podría estar relacionado con las limitaciones de sus facultades o bien con sus capacidades operativas.
Lo que es claro es que debe impedirse que prevalezcan o empeoren las condiciones en las que trabajan los periodistas, porque no puede aceptarse que siga permeando la tragedia en las vidas y las familias que se ponen en riesgo debido al cumplimiento de una actividad tan legítima como necesaria para el interés nacional.
 
Periodistas, Campa y la hipocresía
El Universal
Roberto Rock
6 de abril del 2017
Roberto Campa es el funcionario de más alto rango en la administración Peña Nieto con un mandato expreso para velar por la vigencia de los derechos humanos en el país, una de las asignaturas en las que el actual gobierno arrastra mayor saldo negativo.
En un par de semanas, Campa Cifrián cumplirá dos años al frente de la subsecretaría del ramo en Gobernación. Quizá debería aprovechar tal efeméride para renunciar a su encomienda, en especial si desea mantenerse como uno de los rostros todavía presentables en la política mexicana.
Argumentos para decir adiós no le faltan. Pero sería suficiente con que invocara el fracaso sistémico —federal y estatal, dentro y fuera del país— que exhibe el irrefrenable número de periodistas asesinados en México, la impunidad que domina este problema y la nula voluntad política para enfrentarlo.
Este tema desnuda una crisis mayor que ha atrapado a Campa. Porque no es la mismo prestarse para defender la incompetencia generalizada de un sistema, que intervenir en una simulación hipócrita.
En los meses recientes la oficina de Campa ha participado en un bloqueo del Estado mexicano para evitar una nueva visita conjunta de los relatores para la Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, Edison Lanza y David Kaye, similar a la realizada por ambas instancias en 2010. Una nueva gestión en este ámbito, cada vez más perentoria, ha encontrado en nuestras autoridades nada más que silencio y apatía.
Los motivos de la alarma que muestran ONU y OEA están a la vista: desde el año 2000, 123 periodistas han sido asesinados, de acuerdo con el registro más confiable, el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al menos otros 15 están declarados desaparecidos. Cientos de atentados —torturas, vejaciones, amenazas, tiroteos— han sido perpetrados en el mismo periodo contra informadores y contra instalaciones de empresas periodísticas.
La lista negra de este fenómeno, alimentado por la complicidad oficial, se acentúa en varios estados en cuya mayoría se ha producido una alternancia en el gobierno respectivo, pero no un giro en la actitud ante este drama. Esa lista la encabeza Veracruz, seguido por Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas.
Los casos recientes más graves los registran Veracruz y Chihuahua, por el número de ataques y la gravedad de los mismos. La llegada de dos gobernadores emanados del PAN, respectivamente Miguel Ángel Yunes y Javier Corral, no ha traído cambio alguno, salvo mayor dramatismo en los discursos.
Tanto los gobiernos estatales como la administración Peña Nieto han ignorado por años el modelo de una Mesa de Seguridad y Justicia, reiteradamente propuesto por múltiples instancias, como un espacio para coordinar a los órganos del Estado en todos los niveles y a la sociedad organizada, a fin de lanzar una agenda en este ámbito.
El hartazgo del sistema de justicia internacional ante el quebranto de un principio elemental en democracia —la protección de los periodistas y la defensa de la libertad de expresión—, atrajo ya los primeros pasos para imponer a México una nueva humillación, en el cuerpo de una condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
El pasado domingo 2 se cumplieron 12 años de la desaparición forzada del periodista Alfredo Jiménez Mota, quien laboraba en el diario El Imparcial de Hermosillo, Sonora, donde había revelado la actividad de mafias del narcotráfico en la región y sus nexos con autoridades. Los reportes disponibles dan cuenta de que policías federales lo secuestraron para entregarlo a un grupo criminal que lo habría asesinado y ocultado sus restos.
El caso fue presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la cual ha encontrado elementos para dotarlo del llamado Recurso de Admisibilidad para iniciar un proceso en contra del Estado mexicano por responsabilidad.
La desaparición de Jiménez Mota en 2005 —a los 23 años de edad— precipitó en 2006 la creación, por parte del gobierno de Vicente Fox, de lo que ahora se denomina Fiscalía Especial para Atender Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que ha tenido media docena de titulares y cuyo actual responsable, Ricardo Nájera, es un burócrata que en 20 meses no ha emprendido acción relevante alguna y confía a sus cercanos que su tarea prioritaria es aguardar su jubilación.
En 2012, en las postrimerías del gobierno de Felipe Calderón, se creó el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, una copia directa del modelo colombiano y que depende directamente del subsecretario Campa Cifrián. Se trata de otro espacio ganado por el apetito burocrático y por la inherente batalla de egos robustos.
Hay muy poca claridad sobre su eficacia preventiva y más todavía sobre el manejo de los presupuestos encomendados. Reportes internos dan cuenta de que al menos uno de los periodistas asesinados en los meses recientes recibía la “protección” de este Mecanismo, que ha sido replicado en muchos estados con los mismos escasísimos resultados.
 
Piden a México alejar autoridades locales de casos de crímenes contra prensa
El Sol de México
Agencia EFE
06 de abril de 2017
La exrelatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Catalina Botero pidió hoy apartar a las autoridades locales de las investigaciones de los asesinatos de periodistas en México al considerar que “manipulan las pruebas”.
En la presentación del informe anual de la organización Artículo 19 en México, la abogada señaló que estos casos deben ser investigados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), cuya creación no fue “caprichosa”.
“Hay que sacar los casos del lugar donde fiscal y jueces están sometidos al poder de funcionarios públicos corruptos”, por eso crearon la Feadle, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general), remarcó.
Es trascendental que, en el caso de los asesinatos a periodistas, no sean las procuradurías locales quienes inicien la investigación, porque “manipulan las pruebas”, indicó Botero.
El reporte de Artículo 19, titulado “Libertades en resistencia”, señala que a lo largo de 2016 la Feadle abrió 118 averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos contra la libertad de expresión; un número muy por debajo de las 426 agresiones documentadas por la organización el año pasado.
Botero consideró que lo que se está pidiendo a las autoridades no es “invertir millones de dólares” adicionales para esta causa, sino que simplemente “hagan su trabajo”
“Que cumplan la ley (…) estamos pidiendo cosas que podemos exigir sin que nos respondan que es imposible lo que se está pidiendo”, afirmó.
Asimismo, demandó que las autoridades mexicanas sigan las recomendaciones internacionales y que, cuando se produzca una agresión a un comunicador, se considere que el motivo pudo ser su trabajo periodístico: “Todo el bendito mundo les ha dicho que no pueden descartar esa hipótesis, y es la primera que descartan”.
La exrelatora indicó que, de acuerdo con el reporte, México “ha retrocedido en muchos aspectos” y que actualmente “hay zonas en las que se vive como en dictaduras” en cuanto a la falta de libertad de expresión, como el nororiental estado de Tamaulipas.
“No hay la menor duda de que México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en toda la región”, recordó.
Artículo 19 califica el 2016 como “un año histórico” para la prensa en México por la elevada cifra de agresiones, 29 % superior a lo registrado en 2013, el primer año del sexenio del actual presidente, Enrique Peña Nieto.
Asimismo, se registraron once asesinatos de periodistas, cuatro más que en 2015.
 
Se ha fallado en proteger a periodistas: Artículo 19
El Economista
Leopoldo Hernández
6 de abril de 2017
El estado ha fallado en proteger a los periodistas, garantizar la libertad de expresión y sancionar a los agresores, señaló Ana Cristina Ruelas, directora para México y Centroamérica de la organización Artículo 19.
“El gobierno mexicano no ha encontrado la solución a la violencia contra la prensa, al contrario, ha permitido que las condiciones para ejercer el periodismo se vulneren aún más. Su inacción deja que la impunidad prevalezca en 99.7% de los casos”, dijo.
Durante la presentación “Libertades en Resistencia”, correspondiente al 2016, indicó que ese año ocurrieron 11 asesinatos de periodistas, lo que lo convierte en el más mortífero para el gremio, pues durante el periodo de la Guerra contra el narco, en el 2006, 2008 y 2010, la organización contabilizó 10 casos.
El 2016 fue el año más violento para la prensa. Se registraron 426 agresiones, lo que representa un aumento de 7% con relación al 2015, donde se registraron 397.
“La impunidad ante la violencia contra la prensa hizo del 2016 un año histórico con cifras inéditas, un crecimiento de agresiones de 13% con respecto al 2013, primer año de gobierno de este sexenio y de 163% respecto al cuarto año de gobierno del presidente Felipe Calderón”, manifestó.
De acuerdo con el documento, 53% (226) de las agresiones contra la prensa ocurridas el año pasado fueron perpetradas por funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, incluyendo dos ejecuciones extrajudiciales.
En este rubro, 56 de estas agresiones se atribuyen presuntamente a autoridades federales, 91 a estatales y 79 de nivel municipal.
Mientras que 17 casos se le atribuyen al crimen organizado, 31 a partidos políticos, 69 a un particular y en 83 casos no existen elementos para determinar el origen de la agresión.
La Ciudad de México continúa siendo la entidad con el mayor número de agresiones registradas con 71, seguida de Oaxaca con 60, Veracruz con 58, Puebla con 28 y Guerrero con 26.
En relación con el tipo de agresión, en el 2016 los ataques alcanzaron el máximo de 81, las intimidaciones con 79, las amenazas con 76 contabilizadas, 58 privaciones ilegales de la libertad y 58 actos de acoso u hostigamiento.
Ana Cristina Ruelas consideró que aunque éstas son las formas más directas de agredir, el informe da cuenta de “cómo el aparato del Estado ha generado formas cada vez más abruptas para limitar los flujos de información y restringir la libertad de expresión”.
Expresó que los vínculos económicos de los medios de comunicación con los recursos públicos, “significan una alineación casi natural de las líneas editoriales a la postura oficial”.
Sobre el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos consideró que a pesar de tener mayor inversión en capacitación para que sea implementado, existen debilidades en la consideración de los análisis de riesgo y en la puesta en marcha de las medidas de seguridad federales a nivel local.
“La falta de coordinación efectiva del Mecanismo con las autoridades locales, pero más aún, con las que integran la Junta de Gobierno, la Segob, la PGR, la CNDH, la SRE y la CNS da cuenta de una falla general de la implementación, pues no habrá protección si no se ataca la impunidad”, dijo.
Mientras que de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Contra la Libertad de Expresión manifestó que “ha sido omisa” para la apertura de investigaciones de oficio.
En su oportunidad, Catalina Botero, ex relatora especial para la Libertad de Expresión en la CIDH, expresó que la prensa en México está sometida a dos presiones: la publicidad oficial y la violencia.
 
Artículo 19: 2016, el año más violento para la prensa en México
MVS
Rocío Méndez Robles
6 de abril de 2017
La organización resaltó el uso excesivo de la fuerza en el marco de las protestas sociales y la impunidad que impera en 99.75 por ciento de los casos de agresiones contra la libertad de expresión.
“El estado ha fallado en proteger, garantizar y sancionar, las autoridades de los tres niveles de gobierno han optado por la restricción de derechos para justificar su falta de respuestas”, reclamó Ana Cristina Ruelas, directora de la oficina en México de Artículo 19, en la presentación del informe Libertades en Resistencia.
Según el organismo, durante el año pasado se registraron 11 homicidios y 426 actos de violencia contra periodistas y medios, mientras se registró una exclusión de grupos marginados para acceder a información plural y objetiva.
De acuerdo con Artículo 19, hubo montos millonarios ejercidos de manera arbitraria y opaca en publicidad oficial, las leyes y mecanismos de protección cuestionan la calidad de los periodistas en vez de protegerlos, hay más restricciones al conocimiento de la historia desde archivos oficiales sobre los hechos más atroces del pasado reciente de México, y se documentó una vigilancia dirigida a activistas y periodistas que escrutan a los poderes del Estado.
Además, resaltó el uso excesivo de la fuerza en el marco de las protestas sociales y la impunidad que impera en 99.75 por ciento de los casos de agresiones contra la libertad de expresión.
En 2016, de las 426 agresiones a la prensa en México, 274 fueron en contra de varones, 97 en contra de mujeres y 55 en contra de medios.
“Los funcionarios públicos son la mayor amenaza a la libertad de expresión en México”, subrayó Ruelas al destacar que en 226 de los ataques, el perpetrador fue un funcionario público, en 69 fue un particular, en 31 agresiones fue un partido político, en 17 casos el crimen organizado y en 83 ataques a la prensa no hay elementos suficientes para conocer quién está detrás del ataque.
México es el país más peligroso para el ejercicio periodístico como se prueba con las cifras de casos y la Impunidad, dijo Catalina Botero, defensora humanitaria y ex relatora para libertad de expresión del sistema interamericano. “Los desafíos para la libertad de expresión son los desafíos para la democracia en México”, resaltó la experta.
“Sin libertad de expresión es imposible que se consolide una sociedad democrática. La transición mexicana está inconclusa, ha sido incompleta y ha retrocedido en muchos aspectos. Hay zonas en México que viven cómo vive la gente en dictaduras”, recriminó Botero.
“Uno de los problemas que uno tiene cuando está en resistencia es que pide demasiado, pero las recomendaciones de este informe se limitan a pedirle al Estado ‘sea transparente’, ¿dónde está lo subversivo?, al reclamarle a un Estado que se siente orgulloso de tener la primera ley de transparencia; el Estado creo una fiscalía especial para periodistas y lo único que se les pide es que hagan su bendito trabajo, solo se le está pidiendo que cumpla con la ley”, enfatizó Botero.
La Impunidad hacia la violencia contra la prensa hizo de 2016 un año de cifras inéditas, agregó Ruelas al llamar al gremio a “resistir al conjunto de violencias que se articulan estratégicamente entre diversos niveles de gobierno, autoridades y grupos de crimen organizado para que cada vez sea más complicado hacerse de información y ejercer la libertad de expresión”.
Esta violencia se han ido recrudeciendo y se vuelve má cínica, menos inhibida, dijo. En 91 casos, el agresor fue estatal, en 79 de las agresiones fueron municipales y en 56 ataques el perpetrador fue federal.
Al menos, 81 ataques a los periodistas fueron agresiones físicas, 79 intimidaciones, 76 amenazas, 58 privaciones ilegales de la libertad, 27 ataques a medios, 11 asesinatos y dos desplazamientos forzados.
La Ciudad de México encabeza el número de ataques con 71 casos, seguida por Oaxaca con 60 ataques, Veracruz con 58, y Guerrero y Puebla con 28 cada una de ambas entidades; Chihuahua registró 19 casos.
Botero destacó que en México se impone la dinero, a través de la publicidad oficial, o la bala, por vía de la violencia, para controlar el ejercicio libre de la información.
“El gasto en publicidad oficial se sigue acumulando y hasta diciembre de 2016, el gobierno federal reportó un ejercicio preliminar de más de 9 mil 26 millones de pesos y un gasto acumulado de 34 mil 109 millones de pesosd en los cuatro años del actual gobierno”, detalla Artículo 19.
“El gasto a nivel local también se ejerce en la opacidad, de forma indiscriminada y arbitraria. Si bien es cierto que la Ley General de Transparencia obliga a publicar los montos asignados y la utilidad de éstos, aún falta un largo camino por recorrer para reconocer el destino y la utilidad del gasto, pues son pocas las entidades que hoy por hoy justifican ejercicios millonarios con campañas que impactan en el ejercicio de derechos u obligaciones de las y los ciudadanos, detalla el informe.
Artículo 19 solo pudo acceder a los montos ejercidos en publicidad oficial en 24 entidades, porque Chiapas, Durango, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz no dieron cuenta sobre los montos erogados. No obstante, la suma del gasto conocido asciende a 2 mil 827 millones de pesos.
De hecho Catalina Botero, que dio puntual seguimiento al caso de la periodista Regina Martínez, subrayó que el prófugo Javier Duarte posiblemente “sea uno de los gobernadores más corruptos que haya tenido este país”; lo cierto es que Duarte “tiene el peor récord en materia de libertad de expresión y promoción de libertades democráticas”.
 
Hay deficiencias en la Fiscalía para la Libertad de Expresión: PGR
La Jornada
Roberto Garduño / Enrique Méndez
06 de abril de 2017
La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) opera con deficiencias y que de 48 expedientes de asesinatos y agresiones a periodistas sólo ha logrado tres sentencias condenatorias.
En una reunión con diputados que integran la comisión especial que da seguimiento a las agresiones a periodistas, la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, expuso que en los años recientes ‘‘se ha presentado una situación de inseguridad grave para quienes ejercen la libertad de expresión en México, en especial para periodistas’’, pero argumentó que el acceso a la justicia se cumple en el momento que se inicia la carpeta de investigación y el personal de la fiscalía entra en contacto con los familiares de las víctimas.
Al encuentro asistió también el fiscal Ricardo Nájera Herrera, quien la semana pasada dejó plantados a los legisladores. El funcionario comenzó su intervención de dos minutos con una disculpa y dijo que si no se presentó ese día se debió a que tuvo que organizar el envío de ministeriales a Veracruz para dar seguimiento a la agresión a Armando Arrieta Granados, periodista de La Opinión, de Poza Rica.
Interrogado por los diputados sobre la indagatoria por el asesinato de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach, respondió: ‘‘Era una persona importante en su estado, con gran penetración. Las notas que ella hacía eran muy importantes’’.
Sostuvo que la fiscalía a su cargo no ha descartado ninguna línea de investigación, y cuando se tenga la certeza de que no hay otra qué comprobar, se presentará el expediente ante el juez de control ‘‘para llevar a la gente ante la justicia’’.
Mientras, cuando la subprocuradora de Derechos Humanos citó la cifra de tres sentencias obtenidas contra responsables de los crímenes contra periodistas, el diputado Exaltación González Ceceña, del Partido Acción Nacional, expresó: ‘‘Son muy pocos. El Estado es el primer obligado a dar protección a los periodistas. Tienen hijos y tienen padres. El problema en el país es la impunidad y la falta de resultados’’.
Presentó una radiografía de las agresiones a periodistas en el país. Informó que desde la creación de la fiscalía, en 2010, se integraron 873 averiguaciones previas en el sistema penal tradicional, de las cuales quedan pendientes 107, mientras que desde la implementación del nuevo sistema penal acusatorio se han iniciado 121 carpetas, y ha tenido conocimiento inicial de 114 homicidios de comunicadores ocurridos desde 2000 hasta febrero pasado.
Explicó que desde 2010 se han integrado 368 expedientes por amenazas, 150 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robo, 66 por homicidio, 55 por privación ilegal de la libertad y 48 por daño en propiedad ajena, de los cuales ha ejercido esa facultad en 48 casos.
‘‘Las agresiones y homicidios en contra de periodistas no son sólo una agresión a la víctima directa, sino que agreden a la sociedad en su conjunto’’, afirmó.