Diagnósticos sobre libertad de expresión
SIP: policías, entre los agresores de la prensa
El Universal
Teresa Moreno
3 de abril del 2017
Con 119 asesinatos de reporteros y atentados en contra de las instalaciones de 50 medios de comunicación en los últimos 17 años, México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, afirma el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y señala a la policía como uno de los principales responsables de las agresiones contra periodistas.
“El país es considerado el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en América. Desde 2000 a la fecha se reportan 119 asesinatos, de los cuales 12 corresponden a mujeres, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, expone.
Destaca que en los últimos 17 años se cometieron 50 atentados contra instalaciones de medios de comunicación, y que en los últimos seis años, de 798 investigaciones por agresiones contra periodistas, sólo tres personas han recibido condena. En la actual administración del gobierno federal “30 son los periodistas asesinados desde que [Enrique] Peña Nieto asumió la Presidencia”.
En su reporte preliminar, que aún debe ser aprobado en la reunión de medio año de la SIP, la cual se celebra en Antigua Guatemala, Guatemala, agrega que la policía se ha convertido en uno de los principales responsables de las agresiones contra la prensa.
“Las autoridades de los tres órdenes de gobierno son responsables, en muchos casos, de las agresiones contra la prensa, que superan a los atentados provocados por el crimen organizado. La policía se ha convertido en uno de los principales responsables de las agresiones contra la prensa, la que recurre a la autocensura para garantizar su seguridad”, menciona el texto.
Señala que los medios de comunicación han tenido que recurrir a la autocensura “para garantizar su seguridad” y que ante la decisión de medios de comunicación de omitir información, las redes sociales se han convertido en fuentes alternas: “Ante presiones del Estado, la prensa nacional omite en gran medida la denuncia de atentados o acoso a comunicadores y medios locales”, señala.
El reporte destaca el asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea, el 23 de marzo pasado, frente a su casa en la ciudad de Chihuahua, y la determinación del director del diario Norte de Ciudad Juárez de no seguir imprimiendo la publicación tras 27 años de circulación, puesto que “entre otras cosas, no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso”.
Destaca el asesinato de otros cuatro periodistas entre diciembre y marzo: Ricardo Monlui Cabrera, de Veracruz; Cecilio Pineda Brito, de Guerrero; Adrián Rodríguez Samaniego, de Chihuahua, y el ataque que sufrió el veracruzano Armando Arrieta Granados.
Precisa que a raíz de los tres asesinatos en el mes de marzo, el de Ricardo Monlui, Cecilio Pineda y Miroslava Breach, senadores cuestionaron los altos costos de la Fiscalía Especial para Atención contra Delitos a la Libertad de Expresión (FEADLE), y que incluso hubo una petición al procurador General de la República, Raúl Cervantes, para que se presentara a comparecer.
El reporte hace una cronología de las agresiones que han sufrido comunicadores entre diciembre de 2016 y marzo de 2017. La SIP enlista 13 casos de agresiones a periodistas que, si bien no tuvieron víctimas mortales, pusieron en riesgo la seguridad de los reporteros. Estas agresiones, ocurrieron en el Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Chihuahua, Baja California, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila, a manos de civiles, deportistas, autoridades estatales y policías.
“El 7 de enero, Laura Sánchez Ley, [entonces] corresponsal del diario EL UNIVERSAL, y su esposo Luis Alonso Pérez, colaborador de Animal Político y Univisión, así como Jesús Bustamante, fotoperiodista del diario Frontera, fueron agredidos por agentes de la Gendarmería y de la Policía Estatal, mientras cubrían el desalojo de manifestantes en la planta de Pemex ubicada en Tijuana, Baja California”, indica.
El informe dice que durante 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó una solicitud de los partidos Morena y PRD para hacer modificaciones al derecho de réplica.
Como informó EL UNIVERSAL, las modificaciones demandadas por ambas instituciones políticas proponían eliminar el requisito de información falsa o inexacta para ejercer el derecho de réplica. Los partidos pretendían que cualquier persona que se sintiera afectada u ofendida por una publicación de un medio de comunicación, podían demandar el derecho a réplica, aunque la información fuera verdadera.
El documento, que se hizo público a través de la plataforma www.sipiapa.org, señala al estado de Puebla como una de las cinco entidades “más agresivas” para ejercer el periodismo en México, y menciona las acciones que ha realizado el ex gobernador Rafael Moreno Valle en contra de periodistas que denunciaron el uso de recursos públicos para apuntalar sus aspiraciones presidenciales.
“El ex gobernante Rafael Moreno Valle, atacó, amenazó y denunció a través de terceros, a comunicadores, afectando su estabilidad personal, patrimonio y libertad. Periodistas denunciaron que [Rafael] Moreno Valle privilegia con dinero público su candidatura a la Presidencia del país”.
El documento preliminar señala que a finales de enero, la Presidencia de la República presentó ante la SCJN una controversia constitucional contra la Ley Federal de Telecomunicaciones bajo el argumento de que esta es anticonstitucional por anticipar actos de censura, y que envió una petición al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para posponer la entrada en vigencia de una serie de lineamientos cuya aplicación “lesionaría la libertad de expresión”.
“Según la SIP, las regulaciones a las telecomunicaciones, redactadas bajo el argumento de la defensa de los derechos de las audiencias, se entrometen en los contenidos de los medios de comunicación electrónicos, establecen criterios de veracidad, imponen divisiones expresas sobre noticias, opiniones y espacios de publicidad, imponiendo fuertes multas que, ante infracciones reiteradas, pueden derivar en la clausura de los medios”, señala.
 
Periodismo y derechos humanos
El Universal
Luis Raúl González Pérez
3 de abril del 2017
El recrudecimiento de los ataques a la libertad de expresión, que ha dejado como saldo reciente los homicidios de la periodista Miroslava Breach, en el estado de Chihuahua; y los periodistas Ricardo Monluí Cabrera, en Veracruz, y Cecilio Pineda, en Guerrero —que merecen la más amplia condena de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos—, así como amenazas contra comunicadores como Héctor de Mauleón, Denise Maerker, Denise Dresser, Julio Astillero, Olivia Zerón, José Luis Montenegro, Bela Braun y Kennia Velázquez, entre otros compañeros del gremio, debe alertarnos a la sociedad entera y a las autoridades a no ser indiferentes ante esos reprobables hechos que constituyen mensajes y amagos a la seguridad del resto de los comunicadores, a quienes se busca amedrentar para impedir que realicen sus labores profesionales. Igualmente destaco la más reciente agresión al periodista Armando Arrieta en Veracruz, lo que confirma el clima adverso que en nuestro país enfrenta la libertad de expresión.
Es obligación de las autoridades poner fin al círculo perverso que va desde las amenazas hasta el homicidio contra los periodistas, trayecto que pasa por el miedo, la incertidumbre, la duda y en no pocas ocasiones la autocensura, sin olvidar el cierre de medios informativos, el obligado cambio de profesión de periodistas, el autodestierro o la movilidad forzada.
No pueden soslayarse las dos amenazas más relevantes que se ciernen sobre la libertad de expresión: el crimen organizado y el abuso de poder, que constituyen, hoy en día, una realidad que con lamentable frecuencia golpea una y otra vez los espacios de libertad del periodismo con el propósito de censurarlo, sumarlo a fines y causas ajenas, inhibirlo, reprimirlo o castigarlo.
El grave problema en que se han convertido las agresiones contra periodistas y su consecuente impunidad, tiene su origen, en gran parte, en la crisis estructural que padece la procuración de justicia en nuestro país, ya que ni a nivel federal ni en las entidades federativas existe una adecuada investigación ministerial —ya sea por incapacidad, negligencia, aquiescencia o complicidad— que permita el esclarecimiento total de los casos, salvo contadas excepciones como resultado de la intensa presión mediática, teniendo su efecto en la arraigada impunidad.
Los hechos nos demuestran que mientras las agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación van en aumento, la actuación de las autoridades procuradoras de justicia federales y estatales afecta el acceso a la justicia de periodistas y medios informativos, constituyendo una doble victimización.
La falta de diligencia de las autoridades gubernamentales de seguridad pública, de procuración de justicia genera, en gran medida, que los agravios contra informadores queden impunes o que no se agoten las líneas de investigación procedentes, especialmente las relacionadas con el ejercicio de su labor profesional.
Alarma, por tanto, que en un sinnúmero de ocasiones la autoridad actúe con debilidad e incurra en evidentes omisiones frente a su responsabilidad de investigar y procurar justicia.
Los agravios a periodistas que no se atienden hasta su esclarecimiento total, reparación integral del daño a la víctima y castigo a los responsables, dañan la libertad de expresión, el derecho a la información de toda la sociedad y estimulan la autocensura. La impunidad debe dejar de ser el sello distintivo en las agresiones a periodistas.
Para terminar con la impunidad, deben completarse debidamente las investigaciones ministeriales, lograr la protección eficaz para el ejercicio periodístico, impulsar la actuación eficiente de las autoridades procuradoras de justicia, sancionar a las autoridades que actúen con dolo o negligencia, fortalecer el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño, así como revisar la competencia de las distintas autoridades y sus mecanismos de rendición de cuentas. Y en esa tarea también deben participar los propios medios de comunicación, en su calidad de empresas y patrones. La defensa de las libertades de expresión y de información es un compromiso de todos. ¡Nunca más los profesionales del periodismo deben quedar desprotegidos!
En estos momentos aciagos para el quehacer periodístico debe subrayarse el valor, compromiso y entrega con que desempeñan su labor, que debe contar con un entorno seguro. ¡El valor no debe ser inhibido!
Como consecuencia de los tres homicidios recientes de periodistas, hay dos elementos que deben considerarse: en ninguno de esos casos, al parecer, se había dado a conocer una situación de riesgo; no es que no la hubiera, sino que las víctimas no alzaron la voz, lo que refleja su alto grado de desconfianza en las instituciones y en las autoridades; por otra parte, y a pesar de la falta de un entorno seguro, el gremio periodístico continúa con su necesaria labor cotidiana.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refrenda, una vez más, su solidaridad con los familiares de los periodistas recientemente asesinados, y con todo el gremio periodístico, al tiempo que observará el resultado de las indagatorias para que pueda romperse el sello de la impunidad.