Libertad de expresión – 1ro de marzo de 2017

Agresiones contra periodistas o medios
Asaltan a periodistas de EL UNIVERSAL en avenida Juárez
El Universal
Redacción
31 de marzo del 2017
La noche de este viernes un periodista de esta casa editorial fue asaltado en Avenida Juárez, cuando salía de laborar alrededor de las 23 horas.
En el cruce de esa avenida con Balderas, dos hombres lo abordaron. Uno de ellos lo sujetó del cuello mientras el otro esculcó en sus bolsas.
El reportero se sintió asfixiado y golpeó al agresor, a lo que uno de ellos respondió con una mordida en el antebrazo. Tras una primera valoración, personal médico de esta casa editorial determinó que el periodista requerirá mayor atención médica.
El grupo consumía solventes en la vía pública.
Finalmente, los ladrones se llevaron un equipo de telefonía celular. Y partieron rumbo a la Alameda Central.
En la zona ha sido común a últimas fechas la presencia de jóvenes drogadictos y también de atracos.
Reubicación
Luego de que el pasado 8 de febrero autoridades del gobierno capitalino retiraron a un grupo de personas en situación de calle en Artículo 123, entre Humboldt y Balderas y que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local resguardan la zona para que no regresen, un grupo de alrededor de 40 personas deambula por las calles cercanas y pernoctan afuera del edificio de la Contraloría y en las puertas del Palacio Chino, mismo que hace unos meses fue cerrado.
Ante la presencia de las personas en situación de calle, vecinos, turistas y trabajadores que laboran en las inmediaciones de estos edificios han sufrido de agresiones, malos olores e incluso asaltos.
Sobre la calle Iturbide, decenas de jóvenes se concentran en las afueras del Palacio Chino, la mayoría inhala solventes, duermen y defecan en el lugar, los vecinos han tenido que acordar con ellos para que mantengan limpio el lugar, pues no han tenido respuesta de las autoridades.
En la noche, algunos de los jóvenes en situación de calle caminan por los alrededores y buscando una moneda o algún alimento se acercan a los que caminan en la zona.
“Dame un peso”, “dame una fumada” o “me das”, son algunas de las solicitudes que estas personas hacen a la gente; sin embargo, hay algunos que exigen e incluso insultan a las personas que nos les dan una moneda o el alimento que llevan en la mano.
Personal de esta casa editorial ha sido agredido, escupido, y correteado en esta zona.
 
Miroslava Breach intercambió correos con sus asesinos
Reporte Indigo

31 de marzo de 2017

La Fiscalía General e Chihuahua dio a conocer que identificó a los agresores de la corresponsal de ‘La Jornada’, Miroslava Breach Velducea al ubicar correos electrónicos que intercambió con ellos.
Las autoridades dictaron las órdenes de aprehensión el jueves y podrían ser ejecutadas en cualquier momento.
Según las versiones difundidas en varios medios de comunicación, uno o dos de los autores materiales del asesinato mantenían comunicación con la periodista cercana al gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
El contenido de los correos no ha sido dado a conocer, sin embargo, estarían relacionados directamente con su labor periodística, móvil que se siguió desde que Miroslava fue baleada fuera de su domicilio el pasado 23 de marzo.
Las autoridades no dieron detalles de los nombres y características de los presuntos asesinos para no entorpecer las investigaciones.
El pasado fin de semana, cientos de periodistas protestaron en diversas ciudades del país para exigir justicia por el homicidio de Miroslava, pero también de Ricardo Monlui, columnista baleado el 19 de marzo en el estado de Veracruz; y de Cecilio Pineda acribillado el 2 de marzo en Guerrero, relacionados con su actividad profesional.

Demandan periodistas al gobierno de EU
Diario Reforma
EFE
1 de abril de 2017
Dos periodistas interpusieron una demanda contra el Presidente Donald Trump y otros miembros del Gobierno al alegar que figuran en una “lista de eliminables” en ataques antiterroristas con drones.
Los litigantes son Ahmad Zaidan, ex director de la cadena Al Yazira en Islamabad, y el periodista freelance Bilal Kareem, cuya demanda fue interpuesta este jueves por la organización defensora de derechos humanos Reprieve en un tribunal de Washington.
Los dos periodistas niegan cualquier vínculo con organizaciones terroristas en la demanda, interpuesta también contra el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo; el Secretario de Defensa, James Mattis; el Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y el Fiscal General, Jeff Sessions, entre otros.
Zaidan, de nacionalidad paquistaní y siria, y Kareem, ciudadano estadounidense que ha trabajado en Siria en los últimos años, sostienen que fueron incluidos por error en la lista durante el Gobierno del demócrata Barack Obama y que Trump mantuvo esa medida de manera ilegal.
La demanda argumenta que los datos de viaje, comunicaciones, contenidos en redes sociales y contactos de ambos informadores están incluidos en algoritmos que usa EU para identificar terroristas.
“Esos algoritmos les han identificado como personas a las que matar, no porque sean terroristas, sino porque la metodología empleada por los demandados resulta en la muerte injustificada de gente inocente”, aduce la demanda, que acusa al Gobierno de Trump de violación de la Constitución estadounidense y de la ley internacional.
Documentos filtrados por Edward Snowden, ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad de EU (NSA, por sus siglas en inglés), y publicados en 2015 por la web The Intercept indican que funcionarios estadounidenses catalogaron a Zaidan como miembro de la red terrorista Al Qaeda y el grupo Hermanos Musulmanes.
El reportero, que entrevistó varias veces al ya fallecido Osama bin Laden, aparecía también en una lista de vigilancia de terroristas en esos documentos, informó este viernes el diario especializado Politico.
Kareem, por su parte, arguye en la demanda haber evitado por poco ser asesinado en cinco ataques aéreos distintos en el último año.
 
Censura
Prohíbe Tamaulipas hacer “memes”
Publímetro
Víctor Badillo
01 abril de 2017
El Congreso local de Tamaulipas aprobó por unanimidad reformas al Código Penal del estado, donde incluyeron prohibiciones a la realización de “memes”.
El 23 de marzo del presente año dentro del oficio SGG/240/17 recibido a las 16:24 horas en la Oficialía de Partes del Congreso estatal, se entregó un documento de 38 páginas dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado,Beda Leticia Gerardo Hernández, en el cual se exponían reformas a los artículos 207 y 189, los cuales establecen, entre otras cosas, prohibir que las imágenes de redes sociales sean utilizadas para dañar o desprestigiar a funcionarios de la administración panista o en contra de sus instituciones.
Gerardo Hernández no supo explicar cual era la intención de esas reformas que se aplicaron, sin embargo, fueron aprobadas por el Congreso del cual ella es presidenta.
“Articulo 207 Quáter.- Al que sin autorización utilice o copie o modifique información contenida en sistemas o equipos de informática o redes sociales protegida por algún mecanismo de seguridad que modifique, dañe o desprestigie a alguna persona o institución privada, se le impondrá una sanción de dos a cinco años de prisión y una multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad Media de Actualización”, dice la reforma aplicada, pero añade que se aumentará una tercera parte de dicha pena cuando el delito sea cometido en contra de alguna institución o servidor público.
Las reacciones de abogados especialistas no se hicieron esperar, pues aseguraron que preparan una serie de amparos en contra de estas reformas penales que están encaminadas a violar la libertad de expresión y de pensamiento.
“Me parece increíble que a estas alturas del partido los políticos de Tamaulipas estén más preocupados por su imagen que por sacar al estado de la inseguridad”, dijo el experto en derecho penal, Giovanni Moreno.
El articulo 189 reformado también fue criticado por los juristas.
“(El artículo 189) se entiende por ultraje toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público estatal o municipal o contra instituciones públicas que puedan implicar ofensa o desprecio” dice la nueva ley que aún no se publica en el Periódico Oficial.
Esta reforma contempla penas de seis a dos años de prisión.
“Este gobierno se ha pasado el articulo 6to constitucional por el arco del triunfo”, dijo Atotonilco González, un vendedor de frituras que despacha a las afueras del Congreso estatal.
Periodistas consultados en Ciudad Victoria y Reynosa, señalaron que dentro de las reformas aplicadas recientemente también se incluyeron unos apartados en donde se prohíbe a los medios informativos reportar los acontecimientos violentos en tiempo real.
El Articulo 171 Quáter inciso IX, reza lo siguiente:
“A quien por vía telefónica o cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza, que se efectué por hilos, radioelectricos, medios ópticos, físicos, vía satelital u otros sistemas electromagnéticos o por cualquier medio avise o indague sobre actividades, operativos, ubicación o, en general respecto de las labores que realice los elementos de las fuerzas armadas, o instituciones de seguridad publica.
“Quedan exentas las personas que en ejercicio del periodismo o que desempeñen su trabajo en medios de comunicación difundan dicha información después que se lleven a cabo las acciones descritas”, establece el documento reformado.
Algunos miembros del parlamento tamaulipeco confesaron que no leyeron a detalle la información de estas reformas y que ya estudian la manera en darle reversa a la misma.
El Gobierno Estatal anunció en un boletín que no trató de agredir la libertad de expresión como se lo han manifestado durante este viernes.
“La reforma al Código Penal de Tamaulipas de ninguna manera tiene como fin coartar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, ni tampoco la acción de particulares que den a conocer hechos en el momento que ocurren” dice el informe.
“El objetivo de las modificaciones es eliminar y erradicar prácticas criminales que ponen en riesgo la efectividad de operativos de Fuerzas Armadas y policiacas en el combate a la delincuencia, o aquellas que pudieran permitir el uso indebido o manipulado de información privada o pública que puedan generar un daño a las personas o el patrimonio”, señala el documento.
 
Diagnósticos sobre libertad de expresión
Matar a un periodista
Raúl Rodríguez Cortés
31 de marzo del 2017
En el antiguo calendario romano no todos los días eran idus. Sólo lo eran los 13 de cada mes, excepto en marzo, mayo, julio y octubre que se fijaron el 15. Eran días de buenos augurios por marcar la mitad del mes, hasta los de marzo del año 44 antes de Cristo, cuando fue asesinado Julio César. No hizo caso el dictador de la advertencia de un ciego: “¡cuídate de los idus de marzo!”. Lo pasaron a cuchillo al salir del Senado. Desde entonces, no solo el día, sino el mes entero, quedó asociado a la tragedia y la fatalidad.
Estos días han sido los idus de marzo para el periodismo mexicano. En el mes fueron asesinados tres colegas, dos de ellos en menos de una semana. Súmense el ataque a otro, que lo tiene entre la vida y la muerte, y las múltiples agresiones a varios más, apenas consignadas por unos cuantos medios. Todos, según lo sabido hasta ahora, por sus denuncias contra los poderosos, sean mafiosos o narcos, políticos o negociantes corruptos. Todos, por ejercer su derecho a informar, a aproximar a su público a las verdades que oculta este México corrompido y violento.
El 2 de marzo fue baleado en Ciudad Altamirano, Guerrero, Cecilio Pineda Brito, director del diario La Voz de la Tierra Caliente y ex colaborador de esta casa editorial. El 19 de marzo cayó abatido a tiros en Yanga, Veracruz, Ricardo Monlui Cabrera, director de la publicación digital El Político y columnista de El Diario de Xalapa. El 23 de marzo fue asesinada en Chihuahua, Miroslava Breach Valducea, corresponsal de La Jornada. Y el 29 de marzo dejaron gravemente herido a Armando Arrieta Granados, jefe de redacción de La Opinión de Poza Rica.
De acuerdo con Reporteros sin Fronteras, México se ha convertido en el tercer país más peligroso para los periodistas, apenas superado por dos que están en guerra: Siria y Afganistán. Y aquí cabe una precisión. No solo mueren periodistas en el fuego cruzado de un enfrentamiento armado. También mueren por informar, por denunciar la corrupción de políticos y mafiosos, por desenmascarar los abusos de los poderosos.
La organización independiente de derechos humanos Artículo 19, contabiliza en nuestro país 285 asesinatos de periodistas entre 1934 y 2017. Eran muy poco frecuentes durante los primeros años de este recuento. En el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) fue asesinado uno, en el de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) otro y en el de Adolfo López Mateos (1958-1964) uno más.
En el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976), aún en medio de la guerra sucia, solo está consignada la muerte de uno. Pero a partir de ahí, asociados a la creciente descomposición del Estado de Derecho y, por supuesto, a la violencia desatada por la sangrienta e inútil guerra contra el narcotráfico, los asesinatos de periodistas han escalado.
Con José López Portillo (1976-1982) fueron diez; con Miguel de la Madrid (1982-1988) 35; con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 24; con Ernesto Zedillo (1994-2000) 20; con Vicente Fox (2000-2006) 32; con Felipe Calderón (2006-2012) 112; y con Enrique Peña Neto van 48.
Los estados donde más se han cometido son Veracruz (33), Tamaulipas (31), Chihuahua (30), Sinaloa (25) y Guerrero (22). Y los años en que más periodistas han sido asesinados son 2010 y 2012 con 24 casos cada uno.
Entre los más impactantes están el del columnista Manuel Buendía (30 de mayo de 1984), Héctor El Gato Félix Miranda, directivo del Semanario Zeta de Tijuana (20 de abril de 1988) y la reportera de Proceso Regina Martínez Pérez (28 de abril de 2012). Pero la mayoría han sido de medios locales, en comunidades donde informar es un ejercicio de alto riesgo. Y un dato sobrecogedor: 95% de los casos permanecen impunes.
Al hacer este recuento vino a la memoria un libro estremecedor del que tomé el título de esta entrega: Matar a un periodista (el peligroso oficio de informar). Su autor, el periodista canadiense Terry Gould, indaga sobre el asesinato de siete periodistas locales de países difíciles. Pero no solo sigue la pista de sus verdugos y de la manera en que cometieron sus crímenes. Profundiza en el ser y la vida de las víctimas: ¿qué impulsa a esas mujeres y hombres, qué obsesión, rectitud, sentido de la justicia o rabia contra el poder y la impunidad los conduce a jugarse la vida solo por la verdad?
Juan Miguel Muñoz, de El País, publicó un reportaje sobre Terry Gould en el que deja claro: “Los periodistas representan el derecho de la gente a saber lo que hacen los personajes públicos, desenmascaran a la delincuencia cuando la policía se niega a perseguirla o forma parte de ella, y ayudan a los ciudadanos a conocer y comprender las actividades que grupos armados ilegales y terroristas llevan a cabo en la zona. Si los periodistas pueden ser asesinados como represalia por su trabajo y los asesinos no pagan por su delito, las sociedades en que se producen esos asesinatos estarán a merced de sociópatas”.
Matar a periodistas es una expresión más de esa crisis que solo está en la mente de algunos, según dijo Peña Nieto.
INSTANTÁNEA. EXPRÉS. Hoy entra en operación el Paso Exprés de Cuernavaca que conecta la autopista a la capital morelense con el segundo piso del Periférico de la Ciudad de México. Esta obra se suma a otros accesos a la zona metropolitana del Valle de México ya concluidos: la autopista La Marquesa-Toluca, las ampliaciones a 10 y 8 carriles de la México-Puebla, y la México-Pachuca; y la nueva autopista Chalco-Puebla. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza prometió que los siete accesos restantes estarán listos antes de que concluya este gobierno: el primer tramo de la Pirámides-Texcoco, la Peñón-Texcoco, la rehabilitación de la México-Querétaro, la autopista Atizapán-Atlacomulco, el Viaducto Avenida 602 y la construcción del Viaducto Chamapa-La Venta.
 
Peña Nieto: se debe mejorar la protección; reprueban ataques a prensa
Excélsior
Vanessa Alemán
1 de abril de 2017
El presidente Enrique Peña Nieto condenó las agresiones perpetradas contra defensores de derechos humanos y los asesinatos de periodistas ocurridos recientemente en los estados de Chihuahua, Guerrero y Veracruz.
“Es inaceptable que una persona sea atacada por proteger a personas o por hacer uso de su libertad de expresión; un agravio a un periodista o a un defensor de derechos humanos es una afrenta a la sociedad en su conjunto”, resaltó el mandatario.
Durante su intervención al recibir el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el mandatario federal acotó que ante esta realidad se debe hacer una revisión del diseño y operación de los mecanismos del Estado mexicano para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos.
“Es necesario fortalecer los instrumentos y acciones de protección en el ámbito federal y desde luego también en el ámbito local, esta es una responsabilidad que exige corresponsabilidad”, afirmó.
Asimismo, el mandatario detalló que una de las prioridades del gobierno mexicano es garantizar los derechos humanos de los migrantes, principalmente a quienes retornan al país, y el garantizar como una estrategia prioritaria y permanente el que las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia.
“No obstante importantes avances como los centros de justicia para las mujeres y el mecanismo de alerta de violencia de género, aún hay grandes desafíos y retos pendientes que requiere que renovemos nuestros esfuerzos”, precisó.
En este sentido, el Presidente de la República agregó que la violencia contra las mujeres tiene graves costos sociales, económicos y de salud; además de que destruye a las familias y gangrena a la sociedad.
“Por ello no puede haber espacio a la indiferencia y nadie debe ser cómplice de la violencia y discriminación en contra de las mujeres”, reiteró el mandatario.
En contraste con la petición del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez de no legislar para dar marco de actuación a las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo federal, reconoció su labor e insistió que es otro de los grandes pendientes del estado mexicano.
“Es un tema relevante porque permitirá dar certidumbre a los ciudadanos y a nuestras instituciones armadas mejorando nuestro orden legal de protección a los derechos humanos”, puntualizó.
En respuesta a la exigencia del ombudsman nacional de privilegiar leyes para castigar la desaparición forzada, el Ejecutivo federal, subrayó que es urgente garantizar el derecho a la verdad, a la memoria de las víctimas y mitigar la aflicción y la angustia de sus familias esclareciendo estos hechos, por lo que agradeció al Congreso la discusión de iniciativas en torno a estos temas.
 
Todos somos Miroslava
Homo Zapping
Jorge Meléndez Preciado
31 de marzo de 2017
Ahora sabemos, Cecilio Pineda había denunciado a Raybel Jacobo, líder de la banda Los Tequileros, y ligado al diputado local, Saúl Beltrán (Salvador García Soto, El Universal, 28 de marzo). Pero el fiscal de Guerrero, Xavier Olea, anda buscando cichis a las culebras, en lugar de perseguir a los hampones que tiene corrompida a la policía de esa entidad. Y Balbina Flores, de Reportero sin Fronteras, hizo un llamado urgente porque la familia de Cecilio está en graves problemas económicos y un hijo del periodista tiene una enfermedad incurable.
Ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto.
Enrique Peña Nieto se reúne con centenas de militares y las familias de éstos y lanza la consigna: “Crisis, sólo en sus mentes”, a todos aquellos que hemos insistido que la economía va de mal en peor, según datos de Moodys, que no puede ser acusada de izquierdista.
Bueno, que la situación de la inseguridad en el estado de México- donde se repartirán más de seis mil millones de pesos en dádivas desde tabletas hasta láminas- es incierta, lo demuestra el anuncio de Alfredo del Mazo, candidato del PRI, quien dice: “Lo que hay que cambiar es la inseguridad. ¡Fuerte y con todo!” (Animal Político, 28 de marzo). Eruviel Ávila sólo menea la cabeza a falta de otras articulaciones.
Pero no se crea que Peña Nieto se echa para atrás. Hace un encuentro internacional en Acapulco- la cuarta ciudad más peligrosa del mundo, desde luego con un despliegue de fuerzas armadas increíble- y dice que ya somos la séptima u octava potencia en turismo, captando 20 mil millones de dólares anuales. Pero no hay una defensa visible, seria, a fondo de los migrantes, los cuales envían 26 mil millones de dólares, seis mil más que el turismo. Pero, claro, para nuestras autoridades los mexicanos que se fueron son invisibles hasta el año próximo, cuando vengan las elecciones y se busque el voto en el exterior.
Miroslava Breach fue enterrada como deseaba, según su compañera de afanes, Marcela Turati (Proceso, número 2108), sin ceremonias para que los políticos, a muchos de los cuales denunció, no se colgaran de sus trabajos y denuncias. Pero no debemos olvidar que el 29 de julio de 2016, Miroslava fue parte de un Alerta del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual antes tenía magras cantidades para esas tareas y ahora no cuenta con un peso para su operación, aunque sí varios burócratas muy bien pagados para simular que hacen su chamba.
Seguramente por eso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encargó a Rodrigo Santiago Juárez, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que atraiga el caso. El cual debe tratarse seriamente, no como el de Rubén Espinoza, donde la autoridad de la Ciudad de México filtró infinidad de datos, desvió las investigaciones y llegó a una conclusión de un solo culpable, algo absurdo. ¿Cambiará el rumbo de los jueces ya ido el presidente del Poder Judicial, Edgar Elías Azar, muy ligado a Televisa?
También supimos que en seis años van dos mil 20 ataques a periodistas y de 800 carpetas elaboradas. La Fiscalía de la PGR que dice defender la libertad de expresión, únicamente ha resuelto tres casos. Esto según Artículo 19 (SinEmbargo, 28 de marzo). Y añade la organización internacional, el 53 por ciento de los delitos son cometidos por los llamados servidores públicos. En 2016 hemos tenido 11 asesinatos de compañeros. Y del año 2000 a esta fecha hay 23 tecleadores desaparecidos. La eficacia de la Fiscalía es de 0.25 por ciento.
¿Quién encabeza dicha oficina? El licenciado Ricardo Nájera, anteriormente vocero de varios procuradores (sic que se mueve en los pantanos).
La mencionada institución, lejos de dar alientos, generalmente desacredita a los informadores. Y se ha olvidado de casos tales como el de Regina Martínez y Moisés Sánchez. Bueno hasta en internet tenemos 72 casos de ataques a los que difunden noticias por ese medio.
En el sexenio de Peña Nieto, tan alegre y difundidor de buenas nuevas, hay un homicidio de periodista cada 26 días. En marzo de este año van tres y otro, Antonio Heras (Baja California) se salvó por diversas circunstancias.
Eso sí, en 4 años de esta administración se han erogado a los medios (¿oficiales?) la suma de 34 mil millones de pesos. Y en 2016 será de 9 mil millones de pesucos.
Órganos de defensa a los periodistas inservibles, aumento de la violencia en todo el país, marchas en diferentes estados (recientemente desde Oaxaca a Baja California pasando por la CdMx y Puebla) y centenas de despedidos en los medios por la crisis que al parecer no existe, sino es un invento de mentes calenturientas.
A fin de cuentas, todos debemos ser Miroslava Breach para no bajar jamás la voz.

jakysahagun

abril 1, 2017

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