INAI

INAI asesora a estados para homologar leyes de protección de datos personales

MVS

Notimex

3 de marzo de 2017

La dependencia reconoció que el proceso será complejo y representa un reto.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) asesora a los congresos de los estados para que puedan cumplir, en tiempo y forma, con la homologación e implementación del la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, aseguró la comisionada Patricia Kurzcyn Villalobos.

Según informó INAI, la comisionada señaló lo anterior, luego de reconocer que el proceso será complejo y representa un reto, si bien confió en la voluntad de las partes para perfeccionar las leyes.

Al presentar la nueva Ley ante el Comité de Protección de Datos Personales y Transparencia de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Kurzcyn Villalobos recordó que la fecha límite para que los congresos locales cumplan con el proceso de homologación es el próximo 27 de julio.

De acuerdo con un estudio que presentó esta semana el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), hasta el momento sólo dos estados de la República han realizado las reformas constitucionales locales necesarias para implementar toda la normatividad anticorrupción que debe estar lista antes de esa fecha.

La comisionada Kurzcyn destacó los alcances de la nueva legislación, así como la colaboración y asesoría que el INAI está llevando a cabo con los congresos estatales para que puedan cumplir con la homologación en el tiempo previsto y recordó que la Ley tiene un marco general que permite homogenizar las bases de datos y condiciones del tratamiento de datos personales.

Algunas de las complicaciones de implementar esta legislación, se deben a que los sujetos obligados por la misma, son tan heterogéneos como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los órganos autónomos y partidos políticos en sus niveles federal, estatal y municipal.

También se contempla la “Portabilidad de Datos”, que dará certeza sobre el manejo correcto, provisional, seguro, confidencial y privado de los datos personales, donde sea que éstos se encuentren.

Entre los aspectos importantes a tomar en cuenta, es que la Ley contempla facultades de verificación y la instauración de un sistema de medidas de apremio, cuyas multas van de los 11 mil 323 pesos a los 113 mil 235 pesos (150 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización).

Las sanciones pueden deberse a negligencia, dolo, mala fe; incumplimiento de plazos; manejo incorrecto de datos personales, ausencia o insuficiencia del aviso de privacidad; incumplimiento de la confidencialidad o malas prácticas de seguridad o desacato a actos de verificación o resoluciones del INAI, entre otras.

De ahí las dificultades prácticas de homologar las legislaciones en los estados, habida cuenta de que el tiempo comienza a ser un factor. Sin embargo, la comisionada insistió en que el INAI asesora a los congresos locales para facilitar el proceso.

En forma complementaria, aseguró que pese a este reto, México presenta avances en el procedimiento para adherirse al Convenio 108 del Consejo de Europa, del 28 de enero de 1981, para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de carácter personal.

 

Diagnósticos sobre transparencia

Controversia por transparencia

El Universal

Editorial EL UNIVERSAL

4 de marzo del 2017

El derecho a la información es básico para la salud de la democracia. Incluye la posibilidad de que los ciudadanos conozcan por sí mismos, de primera mano los antecedentes de los servidores públicos, sus intereses y el patrimonio con el que cuentan. De este modo se asegura el control de la sociedad sobre sus funcionarios en tanto que disminuye los incentivos a conductas corruptas.

En la construcción de ciudadanía y de instituciones fuertes, cimentadas en valores democráticos fundamentales, la sociedad mexicana se ha topado continuamente con el anquilosamiento de un sistema de intereses políticos, partidistas que se niegan a ser reestructurados y limitados. ¿Qué justificación tiene un servidor público para negarse a dar a conocer su situación fiscal, patrimonial y de intereses, a pesar de que así lo manda la ley?

Como publica hoy EL UNIVERSAL, el Poder Judicial de la Ciudad de México, integrado por del Tribunal Superior de Justicia local, el Tribunal Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, promovió desde junio de 2016 una controversia constitucional contra la Ley de Transparencia, que los obliga a difundir aquellos tres documentos relacionados con su patrimonio. Es decir, los encargados de hacer valer la ley la desconocen a conveniencia, además de que buscan impedir el cumplimiento de un derecho ciudadano, el de la información.

Los magistrados de estos organismos están entre los servidores públicos que mayores ingresos perciben en la Ciudad. Así, dichos funcionarios no toman en cuenta que con su afrenta a la ciudadanía, al resistirse a publicar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses —su 3de3— generan desconfianza entre la sociedad a la que sirven. Cuando la población recela de sus servidores públicos, éstos pierden credibilidad y capacidad de maniobra para desempeñar su tarea.

Ya en 2016 las leyes anticorrupción padecieron un ataque similar desde el poder público. Precisamente los congresistas que definieron aquel marco legal aprobaron que los servidores públicos no estén obligados a hacer públicas las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses. A diferencia de entonces, los funcionarios de la capital se oponen a una ley que deben acatar.

Nuestra sociedad está dolida desde hace tiempo por la corrupción vista a todos niveles de las instituciones públicas. Las autoridades fiscalizadoras dan cuenta de forma cotidiana sobre las inconsistencias en el uso de los recursos en todos los rincones del país. La clase política y los funcionarios de alto nivel demuestran recurrentemente su desinterés en transformar estas realidades. Los mexicanos deberán decidir cuándo y dónde marcarles el alto